Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros



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Alegatos específicos




Gloria Beatriz Jorge López (P-1413-04)


  1. El Estado alegó que la peticionaria no había sido apelante única en el proceso que resolvió aumentar su pena, por lo que no se le había violado la no reformatio in pejus. El Estado también sostuvo que dicha petición es inadmisible en tanto la misma habría sido presentada fuera del plazo de seis meses, dado que la sentencia de fecha 30 de marzo de 2004 dictada por la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia, fue notificada el 07 de Junio de 2004, y la petición fue recibida por la Comisión el 27 de diciembre de ese mismo año.


Juan Cancio García Robles (P-808-04), Juan Alonso Aranda Company (P-804-04), Álvaro espejo Sebastián (P-806-04), Wilfredo Patricio Guzmán Moya (P-778-04), Rodolfo Palmi García (P-983-04), José Manuel Mattos Palacios (P-949-04), Eloy Nelson Ramírez Falero (P-1016-04), Roberto Lorenzo Rodríguez Arévalo (P-1195-04), Fortunato Felix Utrilla Aguirre (P-1204-04), David Alcides Gutierrez Cueva (P-1280-04), Felipe Tenorio Barbarán (1244-04), Aydé Sebastiana Chumpitaz Luyo (P-1305-04), Marco Antonio Meneses Mendo (P-369-05), Walter Sayas Baca (P-1236-05), Lyly Ruth Conislla Monroy (P-391-06)


  1. El Estado alegó que la restricción de los beneficios penitenciarios no atenta contra la finalidad resocializadora de la pena, ni viola la Convención Americana. En criterio del Estado, los beneficios penitenciarios son derechos subjetivos que el juez otorga de acuerdo a su valoración, por lo que no son derechos de que se goza automáticamente. Finalmente sobre este punto, el Estado alega que el legislador tiene total libertad para regular la política criminal. Además, el Estado alega que las restricciones en el acceso a beneficios penitenciarios no violan el derecho de igualdad, puesto que “tiene más valor la vida y democracia que la igualdad”, y en todo caso las personas procesadas por terrorismo no son bajo la ley peruana, las únicas que no pueden obtener beneficios penitenciarios, encontrándose en esta categoría los condenados por tráfico de drogas, trata de personas, etc.


Isaac Quispe Gonzáles (P-905-04)


  1. El Estado alegó que en relación a la presunta tortura de que el peticionario había sido objeto por parte de la DINCOTE, el hecho de que éste no hubiese presentado una denuncia formal al respecto, había impedido que el Estado tuviera hechos concretos que investigar, desvirtuando tal acusación.


Alex Manuel Puente Cárdenas (P-1012-04)


  1. El Estado alega que el peticionario fue puesto en libertad el 23 de marzo de 2010, con lo que existiría una sustracción de materia para conocer del caso.

Eloy Nelson Ramírez Falero (P-1016-04)


  1. El Estado alegó que los alegatos de caducidad de la acción penal eran inválidos, puesto que el peticionario habría sido juzgado y sentenciado sólo por los hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia en 1991 de la norma que amplió en su caso el término de caducidad de 10 a 15 años.


Javier Luis Quevedo Yauremucha (P-1188-04)


  1. El Estado alegó que existe sustracción de materia en el caso, dado que el peticionario habría sido puesto en libertad el 26 de septiembre de 2008, tras haberse acogido al beneficio de libertad condicional. De igual forma, el Estado alegó que al peticionario le fueron proporcionados todos los tratamientos médicos que requería, de 1996 a 2007.


David Alcides Gutierrez Cueva (P-1280-04)


  1. El Estado alegó que la detención del peticionario se enmarcó dentro de la declaración de un estado de emergencia “que suspendía el derecho a la libertad física y a la inviolabilidad de domicilio en el momento de los hechos”, lo que en criterio del Estado es compatible con la Convención Americana.


Felipe Tenorio Barbarán (1244-04)


  1. El Estado alegó que el peticionario no fue objeto de torturas, aportando un examen de medicina legal realizado el 25 de mayo de 1994, que demostraría que éste no presentaba lesión física alguna. Además, el Estado arguyó que el mismo peticionario en su declaración ante la Policía, había expresado no haber recibido maltratos, lo que fue recogido en la sentencia condenatoria del 5 de diciembre de 2005.


Hernán Ismael Dipas Vargas y Miguel Angel Dipas Vargas (P-663-98)


  1. El Estado alegó que Hernán Ismael Dipas Vargas no había interpuesto a nivel interno ningún recurso que le permitiera exigir al Estado una indemnización por las violaciones de derechos humanos que en su criterio se le hubiesen causado.


Rafaél Jara Macedo (P-657-05)


  1. El Estado alegó que el peticionario tuvo la oportunidad de impugnar la decisión condenatoria que obtuvo luego de 2003, y que el hecho de que hubiese obtenido un fallo condenatorio no implica que sus derechos humanos se hubieran violado.


Miguel Ángel Talavera Estupiñán (P-897-05)


  1. El Estado aduce falta de agotamiento de recursos internos en vista que Talavera Estupiñan se encontraría encausado junto con otros coencausados en otro proceso por delito de terrorismo que se tramita ante el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, bajo el No. 108-2006.


Miguel Cuno Choquehuanca (P-1108-05)


  1. El Estado alega que el peticionario fue puesto en libertad tras una decisión del 28 de agosto del 2006 que declaro procedente el beneficio penitenciario de libertad condicional, con lo que existiría una sustracción de materia para conocer del caso.


Luis Raul Ruiz Escurra (P-244-06)


  1. El Estado alegó que en relación a la presunta tortura de que el peticionario había sido objeto por parte de la DINCOTE, el hecho de que éste no hubiese presentado una denuncia formal al respecto, había impedido que el Estado tuviera hechos concretos que investigar, y que en todo caso dichos alegatos habían quedado desvirtuados por el certificado de medicina legal producido al día siguiente de la detención de la presunta víctima, que consignó que ésta no tenía lesiones físicas recientes. El Estado también sostuvo que dicha petición es inadmisible en tanto la misma habría sido presentada fuera del plazo de seis meses, dado que la sentencia de fecha 11 de julio de 2005 emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, habría sido “recibida por el peticionario el 11 de septiembre de 2005”, con lo que el vencimiento del plazo de 6 meses habría operado el 11 de marzo de 2006. Para el Estado, dado que la petición se habría recibido el 14 de marzo de 2006, la misma estaría por fuera del plazo convencional.


Rufo León Ccala (P-248-06)


  1. El Estado alegó que en relación a la presunta tortura de que el peticionario había sido objeto por parte de la DINCOTE, el hecho de que éste no hubiese presentado una denuncia formal al respecto, había impedido que el Estado tuviera hechos concretos que investigar. Respecto al certificado médico legal aportado por el peticionario que registraba la presencia de excoriaciones, el Estado alegó que dicho certificado databa de 9 años después de su detención, y que en el mismo no figuraba ninguna lesión de magnitud que revelase indicios de tortura.


Juan Carlos Quispe Gutierrez (P-889-06)


  1. El Estado alegó que en relación a la presunta tortura de que el peticionario había sido objeto por parte de la DINCOTE, el hecho de que éste no hubiese presentado una denuncia formal al respecto, había impedido que el Estado tuviera hechos concretos que investigar. El Estado también alegó que el peticionario presentó la petición por fuera del plazo de 6 meses luego de que le fue notificada la última decisión judicial a nivel interno.


Maruja Arango Chávez (P-1101-06)


  1. El Estado alegó que los alegatos de tortura hechos por la peticionaria quedan desvirtuados por el examen médico legal que se le practicó el 9 de octubre de 1995, que refiere que para ese momento la presunta víctima no presentaba lesiones recientes.


Miriam Beatriz Espino Salas y Familia (P-1141-06)


  1. El Estado también alegó que la peticionaria presentó la petición por fuera del plazo de 6 meses luego de que le fue notificada la última decisión judicial a nivel interno. Según el Estado, la última decisión judicial a nivel interno se emitió el 10 de agosto de 2005 y la petición se presentó el 14 de octubre de 2006, 14 meses después. Según el Estado, “no habiendo la peticionaria exhibido fecha cierta de la notificación de esta sentencia definitiva, este acto procesal se entiende efectuado en menos tiempo del señalado”.


Mirtha Ymelda Simón Santiago y Familia (P-1147-06)


  1. El Estado también alegó que la peticionaria presentó la petición por fuera del plazo de 6 meses luego de que le fue notificada la última decisión judicial a nivel interno. Según el Estado, la última decisión judicial a nivel interno se emitió el 21 de septiembre de 2005 y la petición se presentó el 27 de octubre de 2006, 13 meses después. Según el Estado, resulta “imposible que se haya notificado esta sentencia en abril del 2006”.


Aurelio Sernaque Silva (P-1387-06)


  1. El Estado alegó que el peticionario no agotó los recursos internos, pues en su criterio, éstos sólo se encontrarían agotados cuando la Corte Suprema de Justicia resolviera un recurso extraordinario de revisión o cuando el Tribunal Constitucional decidiera un recurso de habeas corpus que el peticionario hubiera podido interponer.


Nancy Benavente Hinostroza y Otros (P-1506-06)


  1. El Estado interpuso la excepción de caducidad del plazo de seis meses, pues la última decisión judicial se emitió el 8 de septiembre de 2005, y la petición sólo fue recibida por la CIDH el 30 de septiembre de 2006, más de un año después.


Jacinto Antonio Huayanay González (P-71-07)


  1. El Estado alegó que el peticionario no agotó los recursos internos, al no haber interpuesto un habeas corpus contra la sentencia que dejó en firme su condena de 25 años de prisión.


María Beatriz Azcárate Vidalón (P-112-07)


  1. El Estado adujo que los alegatos de tortura habían quedado desvirtuados con un certificado médico que reposaría en el expediente, indicando que la presunta víctima no había sido objeto de torturas.


Nancy Lourdes Mejía Ramos (P-1048-08)


  1. El Estado alegó que la peticionaria interpuso su petición por fuera del plazo convencional de 6 meses.


Mario Germán Vasquez Rojas (P-236-08)


  1. El Estado alegó que el peticionario interpuso su petición por fuera del plazo convencional de 6 meses.



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