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INFORME No. 3/16

CASO 12.916

INFORME DE FONDO

NITZA PAOLA ALVARADO ESPINOZA, ROCÍO IRENE ALVARADO REYES, JOSÉ ÁNGEL ALVARADO HERRERA Y OTROS

MÉXICO


OEA/Ser.L/V/II.157

Doc. 7


13 de abril 2016

Original: español





Aprobado por la Comisión en su sesión No. 2060 celebrada el 13 de abril de 2016





Citar como: CIDH, Informe No.3/16, Caso 12.916.

Fondo. Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes, José Ángel Alvarado Herrera y otros. México. 13 de abril de 2016.





www.cidh.org


INFORME No. 3/16

CASO 12.916

FONDO


NITZA PAOLA ALVARADO ESPINOZA, ROCÍO IRENE ALVARADO REYES, JOSÉ ÁNGEL ALVARADO HERRERA
Y OTROS

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13 DE ABRIL DE 2016
ÍNDICE


I.RESUMEN 3

II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 4

III.POSICIONES DE LAS PARTES 5

A.Posición de los peticionarios 5

B.Posición del Estado 7

IV.HECHOS PROBADOS 9

A.Contexto de desapariciones forzadas en México 10

B.Sobre Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera y sus familias 14

C.Sobre los hechos que rodearon la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes 15

D.Sobre los procesos internos adelantados en relación con la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera 23

 Dentro de las consideraciones para determinar el archivamiento el Agente del Ministerio Público consideró: a) que las denuncias presentadas por María de Jesús Alvarado Espinoza y Patricia Reyes Rueda son ambiguas pues señalan que a sus familiares se los llevaron personas vestidas como militares pero no refieren particularidades de estos que permitan detectar a personal militar ubicada en la entidad donde se realizaron los hechos; b) solamente a la civil Patricia Reyes Rueda le constan los hechos; c) el personal militar de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua, depende de la 5ª zona militar y su jurisdicción no se extiende hasta el municipio de Buenaventura Chihuahua; d) el 35 batallón de Infantería no realizó operativos desde el 26 de diciembre de 2009 en Buenaventura, Chihuahua; e)el personal militar no aseguró el vehículo de donde fueron sustraídos Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera; f)no existe ningún elemento del ejercito de apellido “Meza”; g)no se encontraron detenidos a los civiles Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en las instalaciones del 35 Batallón de Infantería, como resulta de la inspección realizada. Anexo II. Expediente judicial. Tomo XV. Determinación de cierre de la averiguación previa PGJM/AMPME/CDJUAREZ/196-II-IV/2010, página 570-689 del pdf. (Anexo al escrito de observaciones sobre el fondo de los peticionarios recibido el 3 de noviembre de 2014). 25

E.Sobre los hostigamientos, amenazas y efectos en la familia posteriores a la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera 45

V.ANALISIS DE DERECHO 49

A.Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida (Artículos 3, 7, 5 y 4 de la Convención Americana) en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 del mismo instrumento); y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Artículo I a) 49

B.Derecho a las garantías y la protección judicial (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) en relación con la obligación de respetar los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículos 1.1 y 2 del mencionado instrumento) y artículo I.b) y IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 55

C.Derechos a la integridad personal, vida privada y familiar, libertad de circulación y residencia y deber de especial protección de niños y niñas (artículos 5, 11, 19 y 22 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana) 64

VI.CONCLUSIONES 68

VII.RECOMENDACIONES 68



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  1. RESUMEN





  1. El 26 de junio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH”, “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”), recibió una petición presentada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Justicia Para Nuestras Hijas (JPNH) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) (en adelante “los peticionarios”)3, en representación de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera así como de sus familiares, en la cual se alegó la violación por parte de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante también “México”, “el Estado” o “el Estado mexicano”) de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”).




  1. Los peticionarios afirmaron que el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez, Municipio de Buenaventura, Estado de Chihuahua, un grupo de entre 8 y 10 militares detuvieron a Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera mientras se encontraban a bordo de un vehículo estacionado afuera de la casa de un familiar y con posterioridad procedieron a detener a Rocío Irene Alvarado Reyes cuando ésta se encontraba en el domicilio de su madre. Indicaron que hasta la fecha no se conoce el paradero de ninguno de los tres. Los peticionarios alegan la falta de una investigación efectiva y con la debida diligencia respecto de estos hechos así como la responsabilidad internacional por una serie de violaciones en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas. La petición fue presentada tras una solicitud de medidas cautelares que fueron otorgadas el 4 de marzo de 2010 y posteriormente fueron elevadas a la Corte Interamericana como medidas provisionales.




  1. El Estado indicó que ha realizado una serie de diligencias judiciales encaminadas a la búsqueda de las personas desaparecidas así como a la persecución y sanción de los responsables de los hechos. Refirió que en casos de desaparición forzada las investigaciones deben seguir una línea particular pero la investigación debe valorarse en su conjunto tomando en cuenta que se trata de una obligación de medio y no de resultado y que no cualquier omisión del Estado es determinante para establecer su responsabilidad internacional. En ese sentido, la respuesta del Estado a la petición consistió fundamentalmente en informar sobre las diligencias de investigación a nivel interno.




  1. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 11, 19, 22 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, de los artículos I y IX, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “la CIDFP”) en perjuicio de las personas que se detallan en el presente informe. Asimismo la Comisión concluyó que no cuenta con elementos para pronunciarse sobre la supuesta violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “la Convención de Belém do Pará”). Finalmente, la Comisión formuló las recomendaciones respectivas.



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