Informe de la Conadep Septiembre de 1984



Descargar 1.16 Mb.
Página2/31
Fecha de conversión02.05.2018
Tamaño1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ADVERTENCIA


Los casos que se mencionan en el presente Informe surgen del aporte testimonial y documental recibido, habiendo sido seleccionados con la sola intención de fundamentar y ejemplificar la exposición, la que a su vez resulta de la totalidad del material reunido, es decir, de la palabra de testigos directos de esos hechos. No se excluye la posibilidad de algún error, ni se descarta la existencia de muchos otros casos que pudieran ser mas ilustrativos para cumplir esa finalidad.
Respecto de las personas que aparecen nombradas por las funciones que desempeñaron, o incluidas ocasionalmente en la transcripción de testimonios que las involucran en hechos que puedan ser configurativos de delitos, esta Comisión Nacional no les asigna la responsabilidad que la referencia del caso pudiera sugerir, en tanto carece de facultades para ello y en razón de que tal facultad es privativa del Poder Judicial en el ordenamiento constitucional argentino.

CAPÍTULO I – LA ACCIÓN REPRESIVA

A. Introducción general


Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad.
Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo sólo han conocido horrores semejantes a través de crónicas de otras latitudes.
La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel «¿será cierto?» con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse? Y la angustiante inquietud de advertir que víctimas y victimarios fueron nuestros contemporaneos, que la tragedia tuvo a nuestro suelo por escenario y que quienes así afrentaron nuestra historia no ofrecen todavía actos o palabras de confiable arrepentimiento.
Asume esta Comisión la tremenda y necesaria responsabilidad de afirmar, concluidas estas primeras investigaciones, que todo cuanto si gue efectivamente sucedió, mas allá de los pormenores de algunos de estos sucesos individualmente considerados, de cuya existencia sólo pueden dar fehaciente testimonio quienes fueron sus directos protagonistas.
Pero meses y meses de escuchar denuncias, testimonios y confesiones, de examinar documentos, inspeccionar lugares y realizar cuanto estuvo a nuestro alcance para arrojar luz sobre tan estremecedores acontecimientos, nos autorizan a aseverar que existió una metodología represiva concebida para producir actos y situaciones como los que en adelante se informarán, cuya secuencia secuestro-desaparición-tortura, será analizada en los capítulos siguientes.
Cada uno de los testimonios incluidos bien pudo haber sido seleccionado al azar entre los miles de legajos que contienen relatos similares. Los incorporados a este informe son sólo una ínfima muestra del copioso material hasta ahora reunido.
Cualquiera de ellos por sí solo, permitiría formular la misma condena moral a la que arriba esta Comisión; pero es su pluralidad pródiga en referencias semejantes y convergentes, lo que cimenta incontrastablemente nuestra certidumbre acerca de la existencia y puesta en práctica de tal metodología represiva.
Los casos transcriptos no son de aquellos que constituyan excesos, ya que tales excesos no existieron si se entiende por ello la comisión de actos aislados, particularmente aberrantes. Es que todo el sistema, toda la metodología, desde su ideación, constituyó el gran exceso; lo aberrante fue práctica común y extendida. Los actos «especialmente» atroces se cuentan por millares. Son los «normales» .
Se ha dicho reiteradamente que aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad que incurrieron en «excesos» durante la lucha antisubversiva fueron o portunamente en juiciados a iniciativa de las autoridades de dichas fuerzas.
Esta Comisión desmiente rotundamente tal aserto, toda vez que de la información obtenida hasta el momento no surge que miembro alguno de las Fuerzas de Seguridad haya sido procesado por estar involucrado en la desaparición de personas o por aplicación de tormentos o por la muerte de detenidos alojados en los centros clandestinos de detención.
Las autoridades militares del Proceso de Reorganización Nacional denominaron «excesos» a los delitos perpetrados por efectivos militares o policiales con fines particulares, sin autorización de sus superiores, al margen del accionar represivo.
Como se verá más adelante, homicidios, violaciones, torturas, extorsiones, saqueos y otros graves delitos, quedaron impunes, cuando se perpetraron en el marco de la persecución política e ideológica desatada en esos años.

B. El secuestro


Si bien constan en los archivos de la CONADEP denuncias acerca de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es a partir de ese día que son privadas ilegitimamente de su libertad decenas de miles de personas en todo el país, 8.960 de las cuales continúan desaparecidas al día de la fecha.
La metodología empleada fue ensayada desde antes de asumir el gobiemo militar (Operativo «Independencia» en Tucumán). Se distingue de los métodos empleados en otros países por la total clandestinidad en que se obraba; la detención de personas seguida de su desaparición y la pertinaz negativa oficial a reconocer la responsabilidad de los organismos intervinientes. Su período de aplicación es prolongado, abarca a toda la Nación y no se limita a los grandes centros urbanos. Las estadísticas elaboradas en base a los testimonios recibidos arrojaron los siguientes porcentajes:
Personas detenidas ante testigos, que continúan en condición de desaparecidas:
Detenidos en su domicilio ante testigos............................62,0 %

Detenidos en la vía pública........................... .................24,6 %

Detenidos en lugares de trabajo.......................................7,0 %

Detenidos en lugares de estudio.......................................6,0 %

Desaparecidos que fueron secuestrados en

Dependencias Militares, Penales o Policiales,

estando legalmente detenidos en esos establecimientos........0,4 %
Lugar de Desaparición
En el domicilio 62,0%

En la vía pública 24,6%

En el lugar de trabajo 7,0%

En el lugar de estudio 6,0%

En dependencias militares o policiales 0,4%

Incursión de los secuestradores o «patota» en los domicilios. Nocturnidad. Anonimato

Con la intempestiva irrupción del grupo a cargo del secuestro comenzaba el primer acto del drama que envolvería tanto a las víctimas directas como a los familiares afectados. De éstos y de otros miles de testimonios que están en los archivos de la CONADEP, deducimos que dentro de la metodología del secuestro como forma de detención, los operativos se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares pudieran actuar.


Generalmente, en el domicilio irrumpía una «patota» o grupo integrado por cinco o seis individuos. A veces intervenían varios grupos, alcanzando hasta 50 personas en algunos casos especiales.
Los integrantes de la «patota» iban siempre provistos de un voluminoso arsenal, absolutamente desproporcionado respecto de la supuesta peligrosidad de sus víctimas. Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a éstas como a sus familiares y vecinos. Previo al arribo de la «patota», solía producirse en algunos casos el «apagón» o corte del suministro eléctrico en la zona en que se iba a realizar el operativo.
La cantidad de vehículos que intervenían variaba, ya que en algunos casos empleaban varios autos particulares (generalmente sin chapa patente); en otros contaban con el apoyo de fuerzas regulares, las que podían estar uniformadas, en camiones o camionetas identificables como pertenecientes a alguna de las tres fuerzas y, en algunos casos, helicópteros que sobrevolaban la zona del domicilio de las víctimas.
La intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el su suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo.
En el legajo N° 3860, obra la denuncia de la desaparición de Alberto Santiago Burnichon, en las siguientes circunstancias:
«El 24 de marzo de 1976, a la 0.30 hs., penetraron por la fuerza en nuestro domicilio de Villa Rivera Indarte, en la provincia de Córdoba, personas uniformadas, con armas largas, quienes se identificaron como del Ejército junto con personas jóvenes vestidas con ropas deportivas. Nos encañonaron y comenzaron a robar libros, objetos de arte, vinos, etc., que fueron llevados al exterior por los hombres uniformados. No hablaban entre ellos sino que se conunicaban mediante chasquidos de los dedos. El saqueo duró más de dos horas; previamente se produjo un apagón en las calles cercanas a nuestro domicilio. Mi esposo, que era gremialista, mi hijo David y yo fuimos secuestrados. Yo fui liberada al día siguiente, luego lo fue mi hijo, quien estuvo detenido en el Campo "La Ribera". Nuestra casa quedó totalmente destruída. El cadáver de mi esposo fue hallado con siete impactos de bala en la garganta.»
Lucio Ramón Pérez, Temperley - Pcia. de Buenos Aires (Legajo N° 1919), relata del siguiente modo el secuestro de su hermano:
«El 9 de noviembre de 1976 fue secuestrado mi hermano. Estaba descansando en compañía de su esposa y de su higo de 5 años, cuando a las 2 de la madrugada fueron despertados por una fuerte explosión. Mi hermano se levantó, abrió la puerta y vio a cuatro sujetos que saltaban por el cerco.
Vestían de civil, uno con bigotes y turbante (pullóver arrollado en la cabeza) y llevaban armas largas. Tres de ellos entraron al departamento y obligaron a mi cuñada a cubrirse los ojos y le dijeron al nene que cerrara los ojos. Los vecinos dicen que mi hermano fue alzado de los hombros por dos sujetos e introducido en un Ford Falcon. Eso es lo último que supe de él. También dicen que había varios coches y una camioneta; muchos sujetos estaban detrás de los árboles con armas largas. Habían interrumpido el tránsito y un helicóptero sobrevolaba la casa.»
Las «patotas» efectuaban los operativos de secuestro a cara descubierta. En la Capital Federal y en otros grandes centros urbanos, su anonimato estaba garantizado por los millones de rostros de la ciudad.
En las provincias, donde su identificación era más probable dado que alguno de los secuestradores podía ser vecino de la víctima, debían disimular sus facciones. Es así que se presentaban usando pasamontañas, capuchas, pelucas, bigotes postizos, anteojos, etc.
En el único lugar donde esta regla no se cumplió totalmente fue en la provincia de Tucumán, donde el aparato represor actuaba con la mayor impunidad, y la población se hallaba más indefensa y expuesta a su acción.

María Angélica Batallan, provincia de Tucumán (Legajo N° 5794) relata del siguiente modo el secuestro de su hijo Juan de Dios Gómez:


«El 10 de agosto de 1976, a las 6 de la tarde un grupo de militares al mando del Tte. Flores que andaban en una camioneta, detuvieron a mi hijo en el Ingenio Santa Lucía, en la despensa donde trabajaba. Después me lo trajeron para la casa, ahí nos amenazaron a mí y al padre. Revisaron todo. Después se fueron con mi hijo y no tuvimos más noticias de él».
Momento de Desaparición
De noche 62,0%

De día 38,0%



Luz verde (o Area Liberada)

Queda en claro que cuando la «patota» o «Grupo de Tareas» debía efectuar un operativo, llevaba el permiso de «LUZ VERDE». De esta manera, si algún vecino o encargado del edificio se ponía en contacto con la seccional de policía mas próxima o con el coman do radioeléctrico pidiendo su intervención se le informaba que estaban al tanto del mismo pero que no podían actuar.


Para trasponer una jurisdicción policial, las fuerzas operantes debían pedir la «luz verde», lo cual hacían mediante el uso del radiotransmisor, o bien estacionando unos minutos frente a la respectiva comisaría o, incluso, al propio Departamento Central.
Adolfo T. Ocampo (Legajo N° 1104) relata del siguiente modo el secuestro de su hija Selma Julia Ocampo:
«A las 2 de la madrugada del 11 de agosto de 1976, penetraron en el edificio y derribaron la puerta del departamento de mi hija y se introdujeron en éste. Otros hombres se quedaron vigilando el departamento. Este episodio fue presenciado desde el departamento de en frente por el Capitán de Navío Guillermo Andrew quien merced a un llamado telefónico logró que llegaran al lugar dos camiones del Ejército. Los dos grupos se trabaron en un intenso tiroteo (aún hoy pueden apreciarse los impactos en el frente). El tiroteo se detuvo cuando las fuerzas recién llegadas y a las órdenes del Capitán ya citado pudieron oir a los victimarios gritar: «TENEMOS ZONA LIBERADA», acorde a esto, se retiraron las fuerzas, dejando actuar a los victimarios, quienes después de destruir y robar, se llevaron a Selma y a una amiga, Inés Nocetti, ambas desaparecidas al día de la fecha...»

Secuestros en presencia de niños

Cuando había niños en la familia que era «chupada», la represión procedió de distintas maneras:




  1. Niños dejados en la casa de algún vecino para que éste se hiciera cargo, hasta tanto llegara algún familiar de la víctima.

  2. Niños derivados a Institutos de Menores, que los entregaban a familiares o los cedían en adopción.

  3. Secuestro de los niños para su posterior adopción por algún represor.

  4. Entrega directa del niño a familiares de la víctima, lo que en muchos casos se hizo con el mismo vehículo que transportaba a la madre.

  5. Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio donde aprehendían ilegalmente a los padres.

  6. Trasladarlos al mismo Centro Clandestino de Detención, donde presenciaban las torturas a que eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia de éstos. Muchos de estos niños hoy figuran como «desaparecidos». (Ver capítulo respectivo).

En la denuncia por la desaparición de Simón Antonio Riquelo (Legajo N° 7143) la madre relata del siguiente modo el secuestro de su hijo.


«El 13 de julio de 1976, entre las 23 y 23.30 horas, golpearon fuertemente la puerta de mi domicilio en el Barrio de Belgrano, en esta Capital. En ese momento me encontraba terminándole de dar el pecho a mi hijo Simón. Forzaron la puerta y entraron entre 10 y 15 personas vestidas de civil, pero que se identificaron como miembros del Ejército Argentino y del Ejército Uruguayo. Uno de los oficiales se presentó como el mayor Gavazzo, del Ejército Uruguayo. Encontraron material escrito del cual surgió que yo trabajaba por la causa de la libertad en Uruguay; entonces comenzaron a torturarme y a interrogarme. Cuando me sacaron de la casa les pregunté qué iba a ocurrir con el niño. Me responden que no debía preocuparme, que el niño se iba a quedar con ellos, y que esta guerra no es contra los niños. Esa fue la última vez que vi a Simón y que tengo noticias de él.»

Rehenes y «ratonera»

En los casos que los efectivos intervinientes no encontraban a la víctima en su domicilio se armaba lo que denominaban una «ratonera», permaneciendo en su casa hasta que éste cayera en la trampa.


En tales situaciones, el operativo de secuestro o «chupada» se extendía varias horas o días, renovando las guardias. En todos los casos los familiares eran tomados como rehenes, siendo sometidos a brutales presiones y atropellos. Los secuestradores usaban todo lo que podían para proveerse de comidas y bebidas. A esto se sumaba naturalmente la requisa del inmueble y el posterior y casi seguro saqueo de los bienes.
Si accidentalmente alguien se hacía presente en el domicilio, era también retenido en calidad de rehén. En el caso de que la víctima principal no apareciera, los secuestradores podían llevarse a su objetivo secundario (parientes o moradores de la vivienda).
Tal lo que sucedió en el hogar de la familia Barroca, según el relato del jefe de familia (Legajo N° 6256).
«El viernes 15 de julio de 1977 a las 22.15 horas encontrándonos en nuestra casa mi esposa, mi hija Mirta Viviana y yo, escuchamos que desde afuera nos dicen por un megáfono que sabían que yo era suboficial de la Armada, y que debíamos salir con los brazos en alto, ya que habían dinamitado la casa en su frente. Asi lo hicimos, viendo que los "delincuentes" vestían de civil, eran ocho y estaban fuertemente armados con armas automáticas, típicas de las fuerzas "paramilitares".
Luego dentro de la casa se dieron a la tarea de un interrogatorio exhaustivo sobre las actividades de la familia. Mi otra hija Graciela Mabel regresó a nuestra casa a las 23 horas procedente de la casa de una compañera donde había ido a estudiar, ya que al día siguiente tenía un examen en la Facultad de Ciencias Exactas. La detuvieron en el pasillo de la casa y no sabemos qué hicieron con ella ya que mi otra hija era interrogada con los ojos vendados en el comedor y mi esposa con los ojos también vendados estaba en el dormitorio. A la una de la mañana del sabado 16 de julio de 1977 antes de dar por concluído el operativo, el que parecía oficiar de 2° jefe me manifestó que se llevaban a Graciela para ser interrogada por un "capitán"; que no le había encontrado nada, pero que había pertenecido a la JUP Juventud Universitaria Peronista) y nosotros sabíamos lo que eso significaba. También indicó que rogaramos para que Graciela no tuviese nada y que si así era, sería liberada a los cinco o seis días. Cuando hice la denuncia en la Comisaría de Villa Martelli, para denunciar el secuestro de mi hija y el avasallamiento de mi domicilio, se me expresó confidencialmente, que no había tal secuestro porque la habían detenido fuerzas del Ejército y de Superinteridencia Federal.»
El operativo que culminó con el secuestro de Roque Nuñez (Legajo N° 3081) tuvo connotaciones de pesadilla, como se desprende del testimonio de su hija:
«El día 21 de abril de 1976 a las cuatro de la mañana irrumpieron en mi domicilio varios hombres vestidos de civil; venían fuertemente armados y se identificaron como pertenecientes a la Marina y a la Policía Federal y cuyo jefe decía ser el Inspector Mayorga. Se llevan a mi papá, que tenía en ese momento 65 años. Al día siguiente mi hermano Miguel presentó un recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado de San Isidro. Ese mismo día a las 21 volvieron a mi casa, llevándose detnida a mi madre, la encapucharon y trasladaron por cinco días a un lugar que no pudo identificar, donde la interrogaron con mucha violencia. Los integrantes de las Fuerzas Armadas permanecieron en la casa a partir de esa detención. El día 23, al entrar mi herrnano Miguel en el domicilio, también fue secuestrado. Durante el operativo que duró cuatro horas el día 21 y treinta y seis a partir del día 22, los responsables no permitieron que nadie me auxiliara, ya que soy cuadrapléjica (parálisis en los cuatro miembros) y debí permanecer en la misma posición sin comer ni ser atendida en mis neesidades fisiológicas, amenazada de continuo para que llamara por teléfono a mi hermana María del Carmen. En esas circunstancias cayó el teléfono al suelo, siendo cambiado por otro aparato, que aún esta en mi domicilio. Al retirarse los responsables de esta operación, se llevaron un auto Ford Falcon que yo había adquirido. Mi madre fue puesta en libertad, con los ojos vendados a dos cuadras de mi casa. Mi padre y mi hermano, permanecen desaparecidos. Posteriormente fui informada de que mi hermana María del Carmen Nuñez, su esposo Jorge Lizaso y un hermano de éste, Miguel Francisco Lizaso, fueron secuestrados, siendo su departamento totalmente saqueado. Ellos también siguen en la condición de desaparecidos.»

El botín de guerra

Los robos perpetrados en los domicilios de los secuestrados eran considerados por las fuerzas intervinientes como «B0TÍN DE GUERRA».


Estos saqueos eran efectuados generalmente durante el operativo de secuestro, pero a menudo formaban parte de un operativo posterior, en el que otra «patota» se hacía cargo de los bienes de las víctimas. Esto configuraba un trabajo «en equipo», con división de tareas bajo un mando unificado.
«Mi esposo -Jorge Eduardo Alday - fue secuestrado el día 22 de agosto de 1977, entre las 11 y las 12 horas del mediodía, cuando salía de la empresa Carlos Calvo S.R.L. de cobrar sus haberes», relata su esposa en el legajo N° 4512 y prosigue: «Fue un grupo de personas civiles fuertemente armadas, que después de golpearlo y desmayarlo lo introdujeron en un auto particular sin patente partiendo con rumbo desconocido. En la misma fecha de la desaparición de mi esposo, a las 16 hs. fueron allanados mi domicilio y el de mis padres, ambos en la localidad de Valentín Alsina, Pcia. de Bs. As., en procedimientos similares, con mal trato, gran despliegue de personas armadas, violando domicilios vecinos y rodeando totalmente las manzanas. Cuando regresé a mi domicilio, fui detenida en la puerta por esas personas, que tenían a mi madre como rehén "por si yo no llegaba". Me vendaron los ojos y me maniataron. Fui trasladada a un lugar que no puedo precisar, donde me sometieron a todo tipo de tormentos físicos y morales, a la par que me hacían un interrogatorio incoherente. Me liberaron a las cuatro horas en las inmediaciones de Villa Dominico. Cuando me detienen a mí y tenían a mi madre como rehén, vi cómo cargaban en camiones todos nuestros enseres y pertenencias, sin rastros de que hubiese vivido persona alguna en éste. Cuando fuimos a realizar la denuncia correspondiente en la subcomisaría de Villa Diamante y en la 3°de Valentín Alsina, nos informaron que habían actuado en el procedimiento las «Fuerzas Conjuntas», y que éstas habían solicitado «AREA».
También en estos casos la seccional de policía correspondiente había sido advertida para que no interviniera ni recibiera las correspondientes denuncias de secuestro y robo. Si bien el saqueo implica un beneficio económico para los integrantes de la «patota» y sus mandos superiores, otra de las motivaciones era el «castigar» a los familiares de los desaparecidos, extendiendo de esta manera el terror.
Así lo hicieron con los familiares de Rita Verónica Eroles Turucz, Legajo N° 3351:
«El 21 de mayo de 1978 a las 13.30 hs. a la quinta que tenemos en Hornos, Pcia. de Buenos Aires, llegaron unos siete u ocho vehículos particulares y un furgón de productos alimenticios. Descendieron más de 30 personas que vestían de civil, aunque usaban camisas de fajina debajo de los sacos. Irrumpieron saltando cercos y forzando ventanas de nuestra casa. Mientras tanto habían obligado a todos los habitantes del pueblo a reunirse en la estación de ferrocarril. Todo lo hicieron por la fuerza. Los colocaron boca abajo no permitiéndoles mirar ni moverse. El trato fue brutal. Cuando se retiraron, se llevaron detenidos a mis hijos Ronaldo y Verónica, al esposo de mi hija, Daniel Bidón Chanal, y a un empleado nuestro de nacionalidad uruguaya, Luis Carvalho. Los cuatro siguen aún desaparecidos. Mientras estuvieron en nuestra casa, destruyeron montones de cosas y robaron una edición antigua del Quijote de la Mancha, una Biblia del año 1400 escrita en latín, restaurada, un diccionario bilingüe de 7000 páginas, una colección de «Caras y Caretas» del siglo XIX, una fusta inglesa antigua con virola de plata trabajada, un rifle Mauser de la Guerra Argentino-Paraguaya, articulos de electrónica como radios y grabadores y los marcos de plata de varios cuadros».

Torturas en el domicilio de la víctima

En esta suerte de maratón criminal, se registraron casos en que los interrogatorios de las víctimas comenzaban en el propio domicilio, sin esperar el traslado al centro clandestino de detención, en presencia de los familiares, víctimas también del feroz tratamiento.


Carlos Alberto Campero (Legajo N° 1806) regista este imborrable recuerdo:
«Mi madre fue llevada al negocio y bajo amenazas de muerte la golpearon utilizando métodos que ni a los animales salvajes se les puede aplicar. En el negocio teníamos un turbo ventilador al cual le cortaron el cable y enchufándolo lo utilizaban como picana, pero para que esto tuviera más eficacia destapaban botellas de agua mineral para mojar a mi madre, la cual había sido atada con anterioridad a una silla; mientras realizaban este acto de salvajismo, otro le pegaba con un cinto hasta ensangrentarle el cuerpo y desfigurarle la cara. Después de haber transcurrido un rato bastante prolongado optaron por llevarnos a todos, menos a Viviana, de seis meses de edad, que junto con Griselda, mi hermana de 13 años, quedaron en el domicilio».
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
«El 10 de junio me secuestran en mi domicilio en Martín Coronado - declara Jorge César Casalli Urrutia (Legajo N° 3889). Penetraron por la fuerza unas 10 personas y poniéndome un revólver en la cabeza, procedieron a destrozar la casa buscando armas. En un momento me tiraron al piso y con un cable de un artefacto eléctrico, comenzaron a torturarme. Mientras tanto mi esposa fue castigada y golpeada en otra habitación. Después de una hora y media de estar en mi casa, me vendaron los ojos y me pusieron en el piso de un coche, fueron a buscar a un amigo.»

Conclusión del operativo secuestro

Con el traslado del secuestrado al CCD finaliza el primer eslabón de un tenebroso periplo. Amenazados y maniatados, se los ubicaba en el piso del asiento posterior del vehículo o en el baúl, sumando al pánico la sensación de encierro y muerte. Se procuraba así que el terror no se extendiera más allá de la zona donde se desarrollaba el operativo.


«A las 3 de la mañana del 3 de julio de 1976, fui trasladada por un grupo de 15 personas vestidas de civi - declara Mirta Caravelli de Mansilla (Legajo N° 4073) fuertemente armadas. Me trasladaron vendada y con un pullóver en la cara, amordazada y esposada en un Renault 12, supuestamente a La Perla (por el tiempo y por recorrido que realizaron)»
Las víctimas no solamente fueron arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo, como ilustra la denuncia por la desaparición de Juan Di Bernardo (Legajo N° 4500):
«Mi hijo estaba internado en el Hospital Alvear a consecuencia de haber sido atropellado por un automóvil. Tenía programada una intervención quirúrgica para el 15-5-78. La noche del día 12-5-78 se presentaron algunos sujetos con guardapolvos blancos. Iban armados. Obligaron a los pacientes internados en la sala 14 de traumatología a permanecer en sus camas y taparse las caras con las sábanas. Estos sujetos pasaron a Juan a una camilla, lo cubrieron y se lo llevaron en una ambulancia».

Tabicamiento

En la totalidad de los secuestros se privaba de la visión a las víctimas. En el lenguaje de los represores, se denominaba «tabicamiento» a la acción de colocarle a la víctima el «tabique», o elemento para privar de la visión


Ello se efectuaba generalmente en el mismo lugar donde se secuestraba o «chupaba». Los elementos empleados a tal fin eran vendas o trapos que los propios captores traían consigo o prendas de vestir de las víctimas, tales como camisas, pullóveres, camperas, etc., o sábanas, toallas, etc.
«Estaba yo trabajando en la empresa Pavón S.A. de Rosario, provincia de Santa Fe- declara Marcelo Daniel Vilchez (Legajo N° 7001) cuando mi jefe, el Sr. Miguel Pavan, me llamó a su oficina. Me dirigí ahí, donde estaban dos personas vestidas de civil que se identificaron como de la policía. Me tomaron por el cuello y me sacaron afuera, donde había un tercer hombre. Me amenazan de muerte y me introducen a un Renautl 12 Break. Dentro del automóvil me agachan la cabeza y me la tapan con un pullóver. De allí me llevan a la Jefatura donde, entre gritos y golpes, me sacan el pullóver y me colocan una venda en los ojos...».
Con el posterior ingreso de las víctimas a los Centros Clandestinos de Detención, se abría la etapa decisiva en el proceso de su desaparición.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal