Informe elaborado por: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Córdoba)



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Informe elaborado por:

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Córdoba)

Fundación Proyecto Don Bosco

Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC-Andalucía Acoge)

Agradeciendo la colaboración:

Cruz Roja (Córdoba)

Fundación Secretariado Gitano (Córdoba)

Fundación Pro Libertas (Córdoba)

ÍNDICE


  1. PLANTEAMIENTO GENERAL



  1. MARCO SOCIO-JURÍDICO DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS (MENA) EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA



  1. Contextualización

  2. Ordenamiento jurídico de referencia

  3. Primeras conclusiones



  1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS JÓVENES INMIGRANTES EXTUTELADOS OBJETO DE ESTUDIO.




  1. Características personales

  2. Situación administrativa actual

  3. Sistema de protección

  4. Recursos para ex tutelados




  1. CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS



  1. Valoración del estudio de campo




  1. Propuestas de las entidades y colectivos que han participado en la elaboración de este documento.


1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Entidades y colectivos cordobeses, que de manera directa o indirecta tenemos contacto diario con las realidades vinculadas al fenómeno migratorio en nuestra ciudad, venimos observando desde hace tiempo una situación que valoramos como muy preocupante.

La presencia y contacto directo con esta realidad nos ha hecho detectar una creciente presencia de jóvenes de origen inmigrante que durante su minoría de edad han estado bajo la tutela de la Junta de Andalucía. La circunstancia de que nuestras actuaciones estén dirigidas y orientadas a personas en situación o en riesgo de exclusión social nos ha llevado a reflexionar respecto a si las herramientas y dispositivos del sistema de protección de menores y, sobre todo, si los programas previstos para su inserción social tras el cumplimiento de la mayoría de edad están teniendo los resultados deseados.

Partiendo de la situación descrita, durante el pasado mes de mayo decidimos hacer un sondeo para intentar formarnos una visión de conjunto de la situación de los jóvenes de origen inmigrante ex tutelados en la ciudad de Córdoba. Para conseguir una intervención positiva sobre una realidad, previamente es necesario conocerla: solo así, las medidas implantadas darán una respuesta ajustada a las necesidades. De esta manera, el análisis que en este momento presentamos se centra en un grupo de estos jóvenes que tienen vinculación con las entidades firmantes.

La metodología utilizada para la recogida de datos se ha basado en un cuestionario. La aplicación de este instrumento de medición para la recopilación de la información ha sido llevada a cabo por técnicos/as de las diferentes entidades. Conscientemente se ha adoptado un enfoque dialógico y participativo susceptible de ser aplicado a la población ya mencionada, sin renunciar al rigor conceptual y metodológico que resulta imprescindible en toda investigación.1

La perspectiva cuantitativa nos ha servido para cuantificar las diferentes trayectorias personales que subyacen tras las situaciones de exclusión y abandono de éstos jóvenes inmigrantes. Y, desgraciadamente, la realidad que hemos observado en tan sólo un mes nos ha confirmado que la sensación de preocupación que crecía dentro de cada colectivo social en particular se ha revelado como fundada al poner en común los datos obtenidos entre todos/as.

La intención de estas páginas es, por una parte, poner de relieve con algunas cifras el riesgo o situación de exclusión social en la que se encuentran un importante número de estos chicos/as en nuestra ciudad y, por otra, avanzar algunas propuestas que desde los colectivos sociales cordobeses que suscribimos este informe creemos necesarias para una mejor integración social de los menores extranjeros no acompañados tutelados una vez cumplida la mayoría de edad.

Finalmente, como resultado de lo anterior, realizar una llamada de atención a las administraciones competentes y responsables en esta materia tan sensible para que se analice que está fallando en el sistema de protección de menores y en los recursos sociales previstos para la mayoría de edad de los jóvenes de origen inmigrante ex tutelados, poniendo a su disposición una batería de propuestas consensuadas y la disponibilidad del tejido social cordobés de trabajar conjuntamente con las administraciones responsables en la puesta en marcha de esas iniciativas u otras que podamos valorar como útiles para que los jóvenes ex tutelados puedan desarrollarse como ciudadanos libres y autosuficientes en el seno de nuestra sociedad.

Antes de entrar en el análisis de los datos recabados y las propuestas que al hilo de los mismos realizamos, es imprescindible contextualizar el marco socio-jurídico del que parten los jóvenes inmigrantes ex tutelados, especialmente en lo que afecta a su condición de menores extranjeros no acompañados bajo la tutela de la administración de la que salen al cumplir la mayoría de edad, y que, sin lugar a dudas, marca su trayectoria vital posterior.

2. MARCO SOCIO-JURÍDICO DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS (MENA) EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

A) Contextualización

El fenómeno de los/as niños/as que emprenden su proyecto migratorio en solitario empieza hacerse presente en España en la segunda mitad de los años 90, incrementándose y consolidándose desde el inicio del presente siglo hasta nuestros días.

Sin ánimo de realizar un profundo análisis del complejo entramado de motivaciones y realidades que determinan que un/a niño/a migre sólo/a, podemos resaltar dos circunstancias que creemos básicas para entender el por qué de la existencia de un mayor número de MENA en España que en otros países de su entorno:


  1. La cercanía geográfica a África, continente emisor de migraciones. Los 14 km. del Estrecho, las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla o la cercanía de la islas Canarias al Oeste africano facilitan la posibilidad de ese salto que, por razones puramente “logísticas”, es mucho más difícil en cualquier otro país europeo.

  2. La frontera entre España y el Magreb es una de las más desiguales del planeta. Representa un verdadero abismo desde el punto de vista de renta “per capita”, y lo que es más importante, la igualmente abismal diferencia de índice de desarrollo humano entre las dos orillas refleja la creciente brecha entre países empobrecidos y enriquecidos.

La combinación de ambos factores tiene como resultado por una parte, el “efecto expulsión” de la pobreza y falta de oportunidades para la niñez y juventud del Magreb2 y del África subsahariana y por otra el “efecto atracción” que supone la cercanía no sólo geográfica, sino también cultural/mediática (el gran impacto que tiene el fuerte seguimiento de los medios de comunicación españoles en el Norte de África y la imagen idealizante que transmiten aquéllos/as compatriotas que consiguieron llevar hacia adelante su proyecto migratorio).

De todas maneras, sean cuales sean las causas que provocan la presencia de los denominados “MENA” en nuestra ciudad, como en el resto de España, su situación es clara y concreta: son niños/as y carecen de la protección de padres o tutores en nuestro país.

Se trata de menores de edad que se encuentran en una situación de desamparo y, esa condición, por encima de cualquier circunstancia (por supuesto independientemente al hecho de cuál sea su situación administrativa respecto a su entrada, estancia o residencia en España) es la que debe primar a la hora de la toma de decisiones que les afecten. Y lo anterior, no se basa en un posicionamiento filosófico o ideológico, sino que es un mandato expreso del ordenamiento jurídico vigente en España en general, y en Andalucía en particular.

B) Ordenamiento jurídico de referencia

Dentro de los instrumentos de Derecho Internacional ratificados (y por tanto vinculantes) por España, se puede partir del art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que mandata en general una especial protección a la infancia. Concretando ese mandato surge la Convención ONU sobre los Derechos del Niño en 1989, donde se explicita que en el reconocimiento de los derechos del/la niño/a no se puede hacer distinciones por el origen nacional (art. 2), construye el concepto conocido como “interés superior del menor” que es el que debe presidir todas las decisiones que les afecten (art. 3), afirma que en la atención de las necesidades de los/as niños/as no puede ser “excusa” la limitación de recursos sociales –reenviando incluso a la cooperación internacional- (art. 4), el derecho del menor a ser escuchado (art. 12), derecho a la protección pública para menores que no puedan recibir la de su familia (art. 20) o la obligación de las Partes en este tratado de tener como objetivo educativo para sus niños/as: Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre…” (art. 29.1.d).

En el ámbito de la Unión Europea España ha ratificado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), que también reconoce explícitamente el derecho de los/as menores a la especial protección pública, la primacía del “interés superior del menor” y el derecho a ser oídos en las decisiones que les afecten (art. 24).

Todos estos principios tienen su reflejo en la legislación española, donde la propia Constitución en su art. 39.4 dispone que “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Como desarrollo específico de la normativa internacional, a la que reenvía el citado artículo de la Constitución, se aprobó en 1996 la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LO 1/1996): art. 1 afirma que esta ley se aplica a todo/a menor que se encuentre en España sin distinción por nacionalidad o situación administrativa, art. 2 establece la prevalencia del “interés superior del menor”, art. 9 reconoce el derecho del menor a ser oído, art. 10 establece el derecho de los MENA bajo tutela de la administración el acceso en igualdad a los servicios públicos y el derecho a ser documentados, art 11 insiste en que no pueden ser excusa para desatender los derechos del menor la falta de recursos sociales y que las actuaciones de los poderes públicos deben tener entre sus objetivos la inserción social de los menores y los arts. 12, 18 y 21 recogen las obligaciones de la administración en situaciones de desamparo y en la gestión del acogimiento residencial.

Por su parte, el art. 172 del Código Civil establece lo que se conoce como “tutela automática” de la administración competente en protección de menores para todo/a niño/a (sin distinción por origen o situación administrativa) que se encuentre en situación de desamparo y define que se entiende por situación de desamparo “…la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material…”

Ya de una forma específica para los denominados MENA, el art. 35 de la LO 4/2000 (“Ley de extranjería”), insiste en la asunción por parte de la administraciones competentes de la tutela de los MENA en caso de que no sea posible la reagrupación familiar. Determina también la obligación de impulsar la regularización administrativa de los niños/as por esas administraciones. El art. 92 del Reglamento que desarrolla la LO 4/2000 concreta el proceso administrativo para hacer efectivo lo anterior, siendo especialmente reseñable lo dispuesto en su apartado 5 respecto a los plazos en los que se debe otorgar la autorización de residencia a los MENA bajo tutela de los servicios de protección de menores y a la situación de los MENA tutelados que alcanzan la mayoría de edad sin haber obtenido la citada autorización, cuya interpretación jurídica ha sido bastante polémica y el optar por una u otra interpretación tiene consecuencias prácticas de gran calado para los/as chicos/as.

Por último, es necesario acercarse a la legislación andaluza que afecta a estas cuestiones. Para empezar hay que centrarse en lo dispuesto en el recientemente reformado Estatuto de Autonomía. En su art. 12 establece que son destinatarios de las políticas públicas andaluzas y titulares de todos los derechos del Estatuto toda persona con vecindad administrativa en Andalucía, el art. 18 recoge una vez más la especial protección de la que son acreedores los menores de edad sin distinción y la primacía de su interés superior y el art. 37 prevé como principios rectores de las políticas públicas:


8.º La integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal.

9.º La integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes.”

En materia de competencias, el Estatuto en sus arts. 61, 62 y 63 establece que son competencias de la CA de Andalucía:

  1. La competencia exclusiva en materia de protección de menores.

  2. Las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias.

  3. Las políticas activas de empleo.

La Ley del Menor de Andalucía (1/1998) por su parte comienza proclamando en el art. 2 que todos/as los/as menores en Andalucía gozarán de todos los derechos reconocidos por los tratados internacionales ratificados por España, por la Constitución… sin distinción por razón de nacionalidad y reconoce el interés superior del menor y el derecho a ser oído (arts. 3 y 14). Art. 9 determina la obligación de la administración andaluza de facilitar la integración social de los menores, haciendo una especial referencia a los menores extranjeros. El art.19 recoge lo siguiente: “f) Se potenciará el desarrollo de programas de formación profesional e inserción laboral de los menores sometidos a medidas de protección, con el fin de facilitar su plena autonomía e integración social al llegar a su mayoría de edad.”
De capital interés para la cuestión que nos ocupa resulta lo establecido por el art. 37 de la Ley del Menor de Andalucía:

2. Al menos, durante el año siguiente a la salida de los menores de un centro de protección, la Administración de la Junta de Andalucía efectuará un seguimiento de aquéllos al objeto de comprobar que su integración socio-laboral sea correcta, aplicando la ayuda técnica necesaria.

3. Para llevar a efecto lo señalado en el punto anterior, la Administración de la Junta de Andalucía podrá recabar la colaboración de los Servicios Sociales Comunitarios gestionados por las entidades locales, así como de cualesquiera otros organismos e instituciones públicas o privadas que se consideren convenientes, los cuales vendrán obligados a prestarla.

En la misma línea, el art. 41 de la citada ley contempla que: “…compete a las Administraciones Públicas de Andalucía la responsabilidad en el seguimiento de las medidas por ellas adoptadas para la protección de los menores, así como de los recursos necesarios para la adecuada aplicación de tales medidas durante la vigencia de las mismas…” y que en ese seguimiento “… la administración competente podrá recabar la colaboración de otras administraciones, así como de cualesquiera otros organismos o instituciones públicos o privados que se consideren convenientes, los cuales vendrán obligados a prestarla siempre que resulte posible, en función de las atribuciones del órgano requerido.”


La disposición adicional 8ª de la Ley del Menor de Andalucía concluye: “ La Administración de la Junta de Andalucía , en colaboración con la Administración del Estado, procurará la adecuada atención e integración social de los menores extranjeros que se encuentran en situación de riesgo o desamparo, durante el tiempo que éstos permanezcan en nuestra Comunidad Autónoma…”
La Ley andaluza 1/1998 ha tenido su desarrollo reglamentario a través del Decreto 42/2002 (Régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa en Andalucía) y del Decreto 353/2003 (Acogimiento residencial en Andalucía).
C) Primeras conclusiones
De este sucinto repaso de la normativa vigente respecto a la protección de menores en general y de los MENA en particular podemos extraer las siguientes conclusiones:


  • Los menores extranjeros no acompañados deben ser considerados por encima de cualquier otra circunstancia como niños/as. Su nacionalidad o situación administrativa no deben representar obstáculos para que, en su caso, el interés superior del menor prevalezca como para cualquier niño/a.

Sin embargo, desgraciadamente, lo anterior no siempre parece tan obvio. Como ejemplo, se pueden destacar los reiterados intentos de repatriación de MENAs a sus países de origen por parte de diversas CCAA españolas (no en Andalucía, a fecha de hoy, afortunadamente) que jurisprudencia igualmente reiterada ha declarado como no ajustados a Derecho por no haber respetado derechos básicos del menor como el de ser oídos, el acceso a asistencia letrada, conflicto de intereses con la entidad que ejercía la tutela…


También existe un reciente ejemplo que afecta directamente a la comunidad autónoma andaluza, como la llamada de atención del Defensor del Pueblo Estatal por el retraso a su juicio injustificado de la declaración de desamparo de los MENA que se encuentran en Andalucía en las circunstancias previstas en el art. 172 del Código Civil.
En esta misma línea, señalar una última cuestión que trasciende lo estrictamente jurídico, pero que tiene igual o mayor importancia. Determinados mensajes vertidos desde los medios de comunicación o desde instancias políticas que vinculan insistentemente a los MENAs con la delincuencia o la marginalidad, o que ponen en cuestión su condición de niños/as necesitados/as de protección con declaraciones del siguiente tenor literal: “pertenecen a la clase media-alta y vienen aquí de la misma manera que las familias andaluzas envían a sus hijos/as de Erasmus” respecto a los MENA que llegan a Andalucía jugándose la vida en pateras y bajos de camiones consideramos que hacen un flaco favor respecto a la necesaria sensibilización social sobre esta realidad.


  • No se puede aducir la falta o el colapso de recursos sociales para no asumir las responsabilidades de las administraciones competentes en lo concerniente a la correcta protección y atención de estos niños (previsto de forma expresa en el art. 4 CODH y art. 11 LOPJM). Por todos es sabido que en nuestra provincia el problema de plazas no es relevante, al ser una de las provincias con menor número de menores inmigrantes tutelados, existiendo de manera habitual algún tipo de plaza disponible en los distintos recursos residenciales para menores.




  • La obligación de la entidad que ostente la tutela de promover la documentación de los MENA bajo su protección. Es alarmante el número de chicos/as extranjeros/as que han estado bajo la tutela pública que llegan a la mayoría de edad en situación administrativa irregular, lo que supone un obstáculo prácticamente insalvable para su integración. La citada polémica interpretación del art. 92.5 del reglamento de la LO 4/2000, según la cuál no se debe realizar por parte de los servicios de protección actuación alguna encaminada para la consecución de la autorización de residencia hasta que no hayan transcurrido 9 meses desde que está bajo su custodia el MENA y la falta de coordinación entre administraciones competentes en materia de menores, sus entidades colaboradoras, subdelegaciones del Gobiermo… creemos que están en la base de esta situación.




  • Uno de los objetivos más reiterados respecto a los sistemas de protección de menores, es la consecución de una correcta inserción e integración social de los mismos. Es decir, que la responsabilidad de las entidades que asuman la tutela de un menor en situación en desamparo, sobre todo si se mantiene esa situación hasta la mayoría de edad del/la niño/a tutelado/a, va mucho más allá de paliar la situación de riesgo del menor que se produzca en el momento que se aprecie el desamparo, alcanzando a la obligación de dotar al/la tutelado/a de todas las herramientas afectivas, sociales, formativas y laborales necesarias para que pueda alcanzar un adecuado grado de inserción una vez se extinga la tutela.



  • Muy vinculada a lo anterior está la obligación de control y seguimiento de las administraciones competentes de las distintas mediadas previstas para la atención de los/as tutelados. Y como punto clave en la materia sobre la que versa este informe, el seguimiento previsto por el art. 37.2 de la Ley del Menor de Andalucía para los/as jóvenes tras su salida de un centro de protección, que debe tener al menos un año de duración, en aras de comprobar su correcta inserción socio-laboral. Consideramos que un correcto cumplimiento de este mandato legislativo es una de las piedras angulares para evitar las situaciones tan poco deseables como las que muestran los datos que a continuación exponemos.

El desarrollo reglamentario de este artículo y el correlativo sistema de recursos sociales sólido y estructurado (y que tenga en cuenta sus especiales características) para la adaptación de los/as jóvenes inmigrantes ex tutelados/as a la vida independiente tras su mayoría de edad es una de las necesidades prioritarias en este campo.
Evidentemente, otros muchos elementos de la normativa vigente en el ámbito de la protección de menores merecerían un detallado análisis, pero las indicadas son las más relevantes bajo nuestro punto de vista.

3. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS JÓVENES INMIGRANTES EXTUTELADOS OBJETO DE ESTUDIO.
A continuación exponemos los datos recabados en el estudio de campo realizado y concluiremos con las propuestas de las entidades y colectivos que suscriben este documento para una mejor atención de los/as jóvenes inmigrantes extutelados/as de nuestra ciudad y de Andalucía en general.


Descripción del estudio de campo
Ámbito temporal de la recogida de datos: Mes de mayo del año de 2009.
Ámbito territorial: Córdoba capital (a través de los recursos sociales de atención directa gestionados por nuestras entidades y colectivos).
Nº de informes: 18. Se incluyen los datos de aquéllos informes en los que se pudo recopilar todos los datos básicos requeridos. Hemos tenido contacto en este tiempo con al menos siete chicos más, pero al no tener una información completa respecto a los mismos no se han incluido en el estudio de campo.
Categorización de la información: Características personales, Situación administrativa actual, Sistema de protección, Recursos para extutelados.
A. Características personales:


Gráfico 1. Distribución por sexo






Gráfico 2. Distribución por nacionalidad


Gráfico 3. Distribución por edad



B. Situación administrativa actual




c. Sistema de protección
Gráfico 6. Localización recursos residenciales utilizados



Gráfico 7. Titularidad de los centros residenciales utilizados



Gráfico 8. ¿En cuántos centros de protección estuvieron?


Gráfico 9. Dónde viven actualmente



D. Recursos para extutelados

Gráfico 10. Respecto a los recursos para extutelados (de todo tipo residenciales, formativos, públicos, privados…)


E. Empleo

Gráfico 11.



F. Formación

Gráfico 12. Formación reglada.



Gráfico 13. Formación para el empleo


  1. CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS

a) Valoración del estudio de campo.

A la luz del trabajo realizado y de nuestra experiencia diaria, entre otros, existen tres elementos clave a la hora de valorar la situación de una persona para poder determinar su inclusión o exclusión social: vivienda, nivel formativo y empleo.

En el caso de que esa persona sea extranjera, una circunstancia previa a determinar será sin lugar a dudas la situación administrativa en la que se encuentra. En el presente informe se ha insistido precisamente en esos “factores de inclusión” descritos para intentar plasmar lo más fielmente posible la realidad de los jóvenes inmigrantes ex tutelados en la ciudad de Córdoba.

Desgraciadamente, los datos arriba expuestos dibujan un panorama poco alentador:



  • Situación administrativa. La mitad de los chicos (nueve) se encuentran en situación documental irregular, y entre éstos la mayoría ni siquiera estaban en trámites de regularización.

A nuestro juicio esta circunstancia es especialmente grave, ya que para una persona con nacionalidad extranjera encontrarse en la irregularidad administrativa es colocarse en una suerte de inexistencia jurídica que les aboca a una práctica imposibilidad para hacer valer sus derechos ciudadanos y les cierra las puertas a la mayoría de los recursos sociales que podrían facilitar su integración social.

Pero ni siquiera los nueve chicos documentados están libres de trabas desde el punto de jurídico-administrativo a la hora de su inclusión social, ya que cinco tienen premiso de residencia, pero no de trabajo.

De todo lo anterior se concluye que únicamente cuatro de los dieciocho chicos pueden alcanzar a día de hoy por vías regulares ingresos a través del empleo con los que atender a sus necesidades básicas, lo que pude ayudar a explicar las cifras sobre el empleo que se especifican más adelante.


  • Vivienda. En este punto los datos son demoledores.

De los dieciocho casos valorados, tan sólo en tres se podría decir que tienen cubiertas sus necesidades de vivienda de una manera normalizada. Del resto destacan la circunstancias extremas de 6 de ellos, que directamente están en situación de calle o durmiendo en chabolas (o en infraviviendas en estado ruinoso).

  • Nivel formativo. Otra circunstancia que llama la atención por lo negativo.

En España se supone que el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria debería ser el mínimo que tiene que poseer cualquier persona tras pasar por el sistema educativo. Pues bien, y aún teniendo en cuenta las especiales características de estos chicos, sorprende que ninguno de ellos posea el citado título. Pero incluso considerando los PGS o PCPI como formación reglada, tan sólo cuatro completaron alguno de estos programas, por lo que catorce no tienen ninguna formación académica reglada reconocida.

Lo anterior se podría ver en parte atenuado con una formación específica para el empleo adecuada. Sin embargo, comprobamos que en ocho casos a la ausencia de formación académica se une una inexistente pre-formación laboral, lo que supone un hándicap casi definitivo a la hora de plantearse una inserción en el mercado de trabajo.



  • Empleo. Tampoco en este parámetro, íntimamente relacionado con el anterior y con el de la situación documental, podemos encontrar una mínima lectura positiva.

De los dieciocho chicos a los que se les pudo realizar el informe completo, diecisiete estaban desempleados. Tan sólo uno se encotraba trabajando dado de alta en la Seguridad Social. Es más, de los diecisiete desempleados, seis llevaban menos de un año sin trabajo; el resto 1 año o más o directamente nunca habían trabajado.

  • Otros datos a destacar. Entre el resto de elementos que se han querido analizar en este documento, quisiéramos destacar dos que pueden ser significativos a la hora de “dar pistas” sobre las posibles causas de las circunstancias descritas.

En primer lugar, diez de los chicos pasaron por dos o más centros de protección distintos durante el tiempo que estuvieron bajo la tutela de la administración.

En segundo lugar, tan sólo ocho de ellos han pasado por alguno de los recursos existentes para jóvenes ex tutelados (programa labora, plan mayoría de edad o cualquier otro ofertado por entidades sociales privadas para este perfil).



b) Propuestas de las entidades y colectivos que han participado en la elaboración de este documento.

Con carácter general, desde los colectivos y entidades sociales que suscribimos este informe insistimos en que el punto de partida básico para conseguir una correcta integración cívica, social y laboral de los jóvenes inmigrantes ex tutelados reside en que durante todo el proceso de tutela bajo el que se encuentran durante su minoría de edad prime su condición de niños/as necesitados/as de protección respecto a cualquier otra circunstancia; y por ende que su interés superior como menores guíe cualquier decisión que les afecte.

Aunque durante el somero repaso a la normativa vigente en la materia hemos podido comprobar que parece que en “la letra de la ley” ese espíritu si ha empezado a consolidarse, sin embargo creemos que en parte de la ciudadanía, en determinados medios de comunicación y en algunas prácticas administrativas en lo concerniente a los MENA se sigue anteponiendo su condición de migrantes a la de niños/as en situación de desamparo.

Teniendo como referencia lo anterior, en este apartado queremos realizar algunas propuestas concretas de actuación que se pueden impulsar desde las administraciones competentes en aras de una mejor integración de los jóvenes inmigrantes extutelados de Andalucía en general y de Córdoba en particular:



  • Establecer mecanismos de coordinación realmente efectivos entre las distintas administraciones que de una forma directa o indirecta intervienen en todo el itinerario de protección/inserción de los jóvenes inmigrantes extutelados, tanto durante su etapa de menores tutelados como una vez cumplida la mayoría de edad.

En concreto, sería básico que la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social como competente en materia de protección de menores y de políticas sociales en general, la Consejería de Empleo por sus competencias en políticas migratorias, las Subdelegaciones del Gobierno por sus competencias respecto a la situación documental y los Servicios Sociales Comunitarios Municipales al ser en la mayoría de los casos las administraciones más cercanas a las realidades sociales necesitadas de protección habiliten programas, protocolos y pautas de actuación comunes y coordinadas en este ámbito.

De igual importancia sería mejorar la comunicación y coordinación con las entidades sociales que trabajan en la protección de menores, ya que en muchas ocasiones son las que realmente tienen la responsabilidad diaria respecto a la formación y cuidado integral de estos/as chicos/as.



  • En el aspecto de la situación documental de los jóvenes inmigrantes ex tutelados, consideramos que es inadmisible que un considerable porcentaje de ellos lleguen a la mayoría de edad sin contar con sus correspondientes permisos de residencia y trabajo.

Para ello es esencial en primer lugar que no se dilate la declaración de desamparo de los MENA, tal como reclama el Defensor del Pueblo español. Desde que se produzcan efectivamente las circunstancias previstas en el art. 172 del Código Civil sin más dilación se debe formalizar la declaración, en aras de la mejor protección de los/as niños/as en cuestión. La declaración no establece un “status” jurídico irreversible; en el caso de que más tarde no se confirmara en todos sus extremos la situación de desamparo siempre se podrá revocar, considerando prioritario establecer los máximos mecanismo de protección.

En segundo lugar, una vez establecida la tutela legal del MENA en cuestión por parte de la administración competente, consideramos que no debe seguirse la interpretación del art. 92.5 del reglamento de la LO 4/2000 que determina que el plazo de 9 meses que señala significa que no debe realizarse ninguna actuación tendente a la consecución de la autorización de residencia, sino que la interpretación correcta a nuestro juicio sería la sostenida por gran parte de la doctrina jurídica experta en materia de extranjería, que defiende que esos 9 meses son el plazo máximo para que el menor cuente con su autorización de residencia.



  • También desde un punto de vista jurídico, es urgente el desarrollo reglamentario del mandato contenido el art.37.2 de la Ley del Menor de Andalucía (Ley 1/1998), que establece la obligación de realizar un seguimiento de al menos de un año a los jóvenes ex tutelados. El no contar con un decreto u orden que precise específicamente los organismos responsables del seguimiento (habla de la Administración de la Junta de Andalucía en general) y los recursos concretos a utilizar en el mismo provoca que a día no exista en Andalucía un sistema de seguimiento formalmente establecido. Tan sólo existen algunas iniciativas dispersas como el Programa Labora o el Plan de Mayoría de Edad, que no cuentan con un instrumento normativo que los desarrollen y que se han mostrado claramente insuficientes y faltos de cohesión.

  • Vistos los altísimos índices de fracaso escolar entre los jóvenes inmigrantes ex tutelados, se deberían ampliar en gran medida los instrumentos de refuerzo educativo adaptados a las especiales circunstancias de estos/as chicos/as. De nuevo aquí reclamamos un mayor esfuerzo de coordinación con la Consejería de Educación con el objetivo de identificar cuáles son los principales obstáculos en el ámbito escolar para los MENA y diseñar y llevar a la práctica los citados refuerzos. Una mínima formación académica es una condición básica para su integración social una vez cumplida la mayoría de edad.

  • Los datos recogidos en este informe respecto a la situación de vivienda de los jóvenes inmigrantes ex tutelados patentizan que es inexcusable trabajar para establecer una red de recursos de vivienda de transición tras la mayoría de edad. Creemos que los/as destinatarios/as de estos recursos deberían ser los ex tutelados/as en general, ya sean de origen nacional o extranjero, pero quizás la necesidad sea más acuciante para los/as de origen extranjero debido a que la práctica totalidad de ellos/as carecen de vínculos familiares o sociales en Andalucía o en el resto de España a los que poder acudir en última instancia para cubrir las necesidades de vivienda. Habría que incrementar considerablemente el número de plazas de pisos tutelados para jóvenes inmigrantes extutelados por una parte, dotándolos de medios y medidas socioeducativas que faciliten la maduración y la autonomía de estos jóvenes, y por otra incluirlos entre los colectivos prioritarios en el acceso a la vivienda de promoción pública y a la vivienda protegida de alquiler, entre otras medidas. No se debería alcanzar la mayoría de edad sin tener asegurada el disfrute del uso de algún tipo de alojamiento (como haríamos con cualquiera de nuestros hijos)

  • En el ámbito del empleo, sería necesario establecer planes de inserción laboral integrales y personalizados para los jóvenes inmigrantes extutelados.

Dentro de esos planes de inserción, reiteramos la importancia de la formación laboral, por lo que también se debería reforzar su carácter prioritario en el acceso a todos los recursos públicos en materia de formación y empleo: escuelas-taller, casas de oficio, cursos de FPO, prácticas en empresas…

Proponemos igualmente incluirlos dentro de los perfiles que permiten a las empresas ordinarias acceder a incentivos para la contratación, así como potenciar la relación con las empresas de inserción socio-laboral para facilitar la entrada de jóvenes inmigrantes ex tutelados en las mismas e incluso que se establezcan criterios de discriminación positiva a su favor en convocatorias públicas de empleo.



Por último, en el marco de los planes de inserción se propone crear programas de acompañamiento específicos para este colectivo dentro de los recursos del Servicio Andaluz de Empleo y de los dispositivos de Andalucía Orienta.

Informe elaborado por:



Agradeciendo la colaboración de:



1Hemos adecuado el método a la dimensión considerada en el objeto, y ello no de manera arbitraria, sino con el rigor que el propio objeto demanda para que su tratamiento pueda calificarse de científico.

2 En Córdoba, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias andaluzas, la mayoría de los jóvenes proceden del Magreb, si bien, de manera puntual existen casos procedentes del África subsahariana.




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