Informe final sobre paraguay



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MECANISMO DE SEGUIMIENTO OEA/Ser.L/II.7.10

CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) MESECVI-IV/doc.85/12

CUARTA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTE 26 marzo 2012

16 de abril de 2012 Original: Textual

Washington D.C



PARAGUAY

INFORME DE PAÍS


INFORME FINAL SOBRE PARAGUAY
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE PARAGUAY AL

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE


LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ”

BREVE RESEÑA DE LOS AVANCES REGISTRADOS EN EL PAÍS

  1. LEGISLACIÓN

Desde mediados del siglo pasado, la República de Paraguay empezó a adoptar una serie de medidas para incorporar la ciudadanía de las mujeres, involucrando el tema de la violencia: ratificó, en 1986, la CEDAW y, mediante Ley 605 del 21 de junio de 1995, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará; todo lo cual dio base para un proceso legislativo que culminó con la aprobación de la Ley 1600/2000 Contra la Violencia Doméstica. En la última década, Paraguay también ratificó otros instrumentos internacionales, como el Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución y la Pornografía Infantil, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños/as.


Se observa que si bien la Convención de Belém do Pará conforma el Derecho Positivo Nacional razón por la que puede servir de fundamento a las decisiones judiciales; sin embargo, con la promulgación de la Ley 1600 Contra la Violencia Doméstica, promulgada el 6 de octubre de 2000, baja a la praxis jurídico-social parte de la esencia de la Convención de Belém do Paá, y desafía todo un nuevo sistema de incipiente protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia en Paraguay1.
Avances
Luego de la primera ronda de evaluación, el Informe País señala que se han dado algunos avances sobre todo a partir de la promulgación de la Ley 3440 del 16 de julio de 2008, Art. 229 referente a violencia familiar, en la que se expresa: “El que, en el ámbito familia, ejerciera o sometiera habitualmente a violencia física o dolores psíquicos considerables sobre otro con quien conviva, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos año o multa”. De esta forma se mantiene a la violencia familiar como un hecho punible y asigna pena de penitenciaría además de la multa. Otro avance se destaca por incluir dolores psíquicos, como forma de manifestación de la violencia. Aún se considera insuficiente la configuración de este hecho punible en el código por condicionar la habitualidad y la redacción en género masculino. Respecto a la habitualidad de las agresiones, la violencia física y un vínculo de convivencia entre la víctima y el agresor, restringe la disposición de la Convención de Belém do Pará que no incluye la exigencia de esos requisitos para la tipificación de violencia contra la mujer. También fue modificado el artículo 128 que pasó a ser de coacción sexual y violación, entre otros. En el Código Penal se mantiene la disminución de las penalidades en los casos en que existe una relación entre la víctima y el agresor, aspecto también contrario a lo expreso en la Convención.
Con relación a la trata de personas, el actual Código Penal, Ley No.1160/97, modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 3440/08, hace punibles e incorpora la diferencia entre trata de personas con fines de explotación sexual y la trata con fines de explotación personal y laboral, en los artículos 129b y 129c; asimismo, en el mismo artículo castiga la rufianería. La entrada en vigor de esta ley fue a partir del 16 de julio de 2009 en toda la República del Paraguay, y para los artículos 104, 148, 154, 165, 181, 182, y 316, a partir del 17 de julio de 2008.
También se modifica el Código Penal, en lo referente a las conductas penalizadas que se realiza contra niños y adolescentes, descritas como Maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, en su artículo 134, pasa a ser cambiado por el artículo 1 de la Ley Nº 3440/08; el Abuso sexual en niños, descripto y penado en el Artículo 135, también modificado por la citada ley vigente; Abuso sexual en personas bajo tutela, en su artículo 136; y, el Estupro, en el artículo 137, también modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 3440, donde se destaca en el informe que este hecho, específicamente sí hace mención a una mujer, que es víctima de un hombre, y que textualmente dispone: “1º.- El hombre que por medio de la persuasión lograra realizar el coito extramarital con una mujer entre catorce y dieciséis años, será castigado con pena de multa….
La Ley No. 1160/97 del Código Penal en el artículo 133 sanciona sobre el “Acoso Sexual” en su inciso.”1º.- El que con fines sexuales hostigara a otra persona, abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones…”. Asimismo, el Artículo 84 del Código Laboral, Ley Nº 213/93, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 496/95, dispone como causal justificada de terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador, los actos de violencia, acoso sexual, injurias o malos tratos del empleador y sus representantes, familiares y dependientes, obrando éstos con el consentimiento o tolerancia de aquel dentro del servicio y cometidos contra el trabajador…”. Este artículo precedentemente mencionado, no sanciona o castiga al empleador por la comisión del hecho de acoso en el ámbito labora.
El Informe País señala que si bien es cierto la legislación penal Paraguaya, no castiga al femicidio como tal, sí se encuentra descripto en el artículo 105 inciso 2º numeral 1. La pena podrá ser aumentada hasta treinta años cuando el autor: 1) matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino, o a su hermano;…”. Se puede interpretar que la mujer madre fue incluida en esta norma penal completa, como así mismo el término cónyuge, que si bien es cierto no hace distinción de cónyuge hombre o mujer, la mayoría de los casos de homicidio en el ámbito familiar, y como consecuencia de la violencia dentro de ese mismo ámbito son las mujeres, concubinas y cónyuges. En este marco, en fecha 25 de noviembre del 2009 y en conmemoración al “ DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, se realizó una campaña de comunicación y sensibilización, denominada “BASTA DE COMPLICIDAD, LA VIOLENCIA MATA”, difundida a través de radios y televisión con la participación de autoridades del gobierno, artistas y periodistas nacionales.
Se cuenta con una Ley de “Aseguramiento Presupuestario de Salud Reproductiva y Kit de Partos.
Otros avances
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, además de coordinar con la H. Cámara de Diputados – Comisión de Equidad Social y de Género, concertó con la H. Cámara de Senadores -Comisión de Equidad de Género y Desarrollo Social- la presentación y estudio para el rechazo de los proyectos de Ley sobre la Reorganización Administrativa de las Secretarías dependientes de la Presidencia de la República y sobre la creación del Ministerio de Desarrollo Social. En ambos casos con el objetivo de preservar es estatuto jurídico que tiene actualmente el mecanismo nacional. Con ambas Cámaras del Congreso y con la Corte Suprema de Justicia –a través de la Secretaría de Género del Poder Judicial- se participa también del Anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres, de acuerdo a las disposiciones de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención Belén Do Pará”. El objeto es “sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual, económica, institucional y femicida contra la mujer y proteger los derechos de las víctimas de violencia”. Constituye el punto de partida para lanzar un proceso de debate y formulación de una nueva propuesta (y no una reforma) de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
La Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República coordina con la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, para el estudio y aprobación del Proyecto de Ley de Salud Sexual Reproductiva y Materno Perinatal. En el Art.1 establece: “Contribuir al desarrollo pleno de las personas a través del respeto, reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad de hombres y mujeres.
Obstáculos
En el Informe Sombra de CLADEM Paraguay, se indica que: La Ley 1600 y las disposiciones existentes en el Código Penal-Ley 1160/97 modificada por la Ley 3440 del año 2008 son insuficientes y no contempla la multiplicidad de tipos penales en las que las mujeres y niñas son específicamente víctimas de violencia, por lo que el Paraguay se encuentra ante un vacío legislativo contribuyendo a la impunidad contra la violencia hacia las mujeres. Añadiendo que esta es la razón principal para que ha llevado a implementarse actualmente un amplio proceso nacional para la formulación del proyecto de Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.
La vigente Ley Nº 1600/00 “Contra la Violencia Doméstica”, en la que previene y reprime la violencia física, sicológica y sexual, no hace distinción de género, sino que va dirigida y protege a todas aquellas personas que integran el ámbito familiar. De igual manera, con relación al Código Penal, si bien es cierto este cuerpo legal sanciona con pena privativa de libertad los hechos punibles contra la autonomía sexual, libertad, integridad física y contra menores, etc., el mismo tampoco hace distinción de género, es decir, que va dirigido a las personas en general. En el Informe País se argumenta que el Art. 109 del Código Penal, actualmente modificado por el Art. 1 de la Ley Nº 3440/08, castiga el hecho punible de Aborto, que textualmente dispone en los siguientes incisos: “1º.- El que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Se castigará también la tentativa;2º.- La pena podrá ser aumentada hasta ocho años, cuando el autor: Obrara sin consentimiento de la embarazada; o con su intervención causara el peligro serio de que la embarazada muera o sufra una lesión grave;…” . De esta manera se puede notar que de una u otra manera se castiga el hecho que lesione a una mujer embarazada, y más aún si este hecho tuviere como causa u origen un hecho de violencia, que como consecuencia produjera el aborto. Asimismo, se hace mención en el Informe País que en el artículo 105 Homicidio Doloso, modificado por la citada Ley Nº 3440/08, dispone los siguientes incisos: “1º. El que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de cinco a veinte años; 2º La pena podrá ser aumentada hasta treinta años cuando el autor: 1) matara a su padre o madre, a su hijo, a su cónyuge o concubino, o a su hermano;…”. En este último numeral se puede notar que la mujer madre fue incluida en esta norma penal completa, como así mismo el término cónyuge, que si bien es cierto no hace distinción de cónyuge hombre o mujer, la mayoría de los casos de homicidio en el ámbito familiar, y como consecuencia de la violencia dentro de ese mismo ámbito son las mujeres, concubinas y cónyuges.
En el artículo 128 de la citada Ley Nº 3440/08, que modifica varias disposiciones de la Ley No. 1.160/97, Código Penal, incluyó al hecho punible de Coacción Sexual el de Violación, definiendo los términos y conductas sancionados por esta norma, que textualmente dice: “1º El que, mediante fuerza o amenaza con peligro presente para la vida o la integridad física, coaccionara a otro a padecer en su persona actos sexuales, o a realizar tales en sí mismos o con terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años; 2º.- Cuando la víctima haya sido violada, coaccionándosela al coito con el autor o con terceros, la pena privativa de libertad será de tres a doce años; 3º.- Cuando la víctima del coito haya sido una persona menor de dieciocho años de edad, la pena privativa de libertad será de tres a quince años de edad;4º.- La pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 61 cuando de la relación de la víctima con el autor, surgieren considerables circunstancias que lo ameriten; 5º.- A los efectos de esta Ley se entenderán como: 1.actos sexuales, aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido, siempre que respecto a los bienes jurídicos protegidos, la autonomía sexual y el desarrollo sexual armónico de niños y adolescentes, sean manifiestamente relevantes; actos sexuales realizados ante otro, aquellos en el sentido del numeral anterior que el otro percibiera a través de sus sentidos”.
En la legislación penal, ni en ninguna otra en especial, se encuentra tipificada como delito específico la violencia sexual dentro del matrimonio y de la unión de hecho. El Informe País no especifica qué medidas se han tomado para incluir este delito en la legislación nacional.. Tampoco se utiliza el término violación como tipo penal, puesto que está sustituido por coacción sexual. Persiste la consideración de la habitualidad de las agresiones, la violencia física y un vínculo de convivencia entre la víctima y el agresor para la tipificación de violencia contra la mujer, restringiendo la disposición de la Convención de Belém do Pará que no incluye la exigencia de esos requisitos. Se mantiene la disminución de las penalidades en los casos en que existe una relación entre la víctima y el agresor, aspecto también contrario a lo expreso en la Convención. El aborto sigue estando penalizado, pero modificando la pena para la embarazada que practique un aborto: “actuando ella sola o facilitando la intervención de un tercero, la pena privativa de libertad será de hasta dos años.” La anterior pena era de 15 a 30 meses, establecida ya en el Código Penal de 1914. Al mismo tiempo, se penaliza más gravemente (con hasta ocho años), a la persona que “con su intervención causara el peligro serio de que la embarazada muera o sufra una lesión grave”.
Cabe destacar que en Paraguay se sigue sancionando sólo la trata de personas con fines de explotación sexual, personal y laboral, a nivel internacional, despenalizando de alguna manera la trata de personas, sea cual fuere su especie, que se realizara o configurara en el territorio de la República del Paraguay, situación que podría subsanarse de alguna manera con el hecho punible de Rufianería. Según CLADEM para perseguir y sancionar por este hecho, hoy todavía se tiene que recurrir a otras figuras penales como la coacción grave, dificultando la prueba de los delitos y la protección adecuada e integral de las víctimas. Se añade que el Inecip-Py y el Grupo Luna Nueva desarrollaron unas “Sesiones de discusión sobre trata de personas: implicancias jurídicas y sociales”, durante las cuales se elaboró un documento que critica varios aspectos del anteproyecto de ley de la Secretaría de la Mujer sobre Trata de Personas, pues su articulado contradice los principios del sistema penal constitucional de la República e incluso evitaría que las personas perpetradoras sufran penas privativas de libertad. En algunos casos, las sanciones previstas para el delito son más altas que para el homicidio, en donde el bien jurídico protegido es la vida; junto con la pena privativa de libertad, establece penas de multas muy altas que podrían considerarse confiscatorias; se sanciona a los usuarios y las usuarias de servicios sexuales, sepan o no que las víctimas estén en situación de trata. Esta presunción de dolo también es inconstitucional.
Al respecto, la Autoridad Nacional Competente realiza un comentario según el cual “en el marco del Programa de Apoyo a la Lucha contra la Trata de Personas, especialmente mujeres, niñas y niños. ATN/SF 9027 –PR SMPR- BID, coordinado por la Secretaría de la Mujer se elaboró un Anteproyecto de Ley Especial contra la Trata de Personas; el documento fue presentado en el mes de diciembre de 2009 a la coordinación de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas. El mencionado documento ha sido puesto como insumo de trabajo a partir del cual se ha llevado adelante el proceso de elaboración de un Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata de Personas; este trabajo es coordinado por la Subcomisión de la Legislación de la que la Secretaría de la Mujer es parte”.
En el Paraguay, aunque el Informe oficial señala que: La legislación penal no admite la conciliación, mediación o cualquier otro que busque la solución extrajudicial de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes; y que solamente se admiten este tipo de solución de conflictos en los casos de hechos punibles contra los bienes de las personas y en los hechos culposos, en virtud a lo establecido en el artículo 25 inciso 10º del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el Informe Sombra de CLADEM, tomando como fuente el Informe DDHH 2008 pág. 106. 107, dice que: también se verifica la tendencia a la aplicación de la mediación como solución para casos de violencia doméstica contra mujeres, a pesar de la posición crítica de expertas en el tema. En 1999, se instaló una oficina de mediación a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. El balance de Paraguay señala: “Las denuncias son remitidas a las oficinas de mediación de la fiscalía, dejando de lado el principio de que no puede haber conciliación en los temas de violencia doméstica”.
El acoso sexual sólo se encuentra incluido en el Artículo 84 del Código Laboral, Ley Nº 213/93, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 496/95, pero no dispone sanciones para el empleador acosador. No hay disposiciones legales en otros ámbitos sobre acoso sexual (en educación, salud, etc.). La ANC introduce el siguiente comentario: “se encuentran en estudio en la Cámara de Diputados los siguientes Proyectos de Ley:


  1. QUE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY 1.160/97 CÓDIGO PENAL, (SOBRE EL ACOSO SEXUAL).



Fecha de Presentación: 14 de diciembre de 2009, girado a Comisión de Legislación y Codificación.

Objetivo: Preservar los derechos de las mujeres y de los discapacitados con mayor énfasis, en reconocimiento de sus luchas para llegar a una igualdad plena de oportunidades dentro de una sociedad carente muchas veces de sensibilidad y compromiso social.

Estado de tramitación: sin dictamen a la fecha.-

  1. CONTRA EL ACOSO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Fecha de Presentación: 16 de octubre de 2009.-

Girado a Comisiones de Educación, Cultura y Culto, a Comisión de Legislación y Codificación y a Comisión Salud Pública, esta última la única que ha dictaminado: Modifica.- (1ero.Junio de 2010). Aplazado su estudio en sesión de fecha 18 de noviembre en plenaria de C. Diputados.

Objetivo: La presentación se funda en la creciente preocupación desatada entre educadores, padres de familia y sociedad en general, referente a un problema, que sin ser nuevo en el ámbito de la educación, recién en los últimos tiempos ha cobrado gran preponderancia, por los múltiples inconvenientes que trae a los niños y adolescentes en edad escolar”.
La legislación nacional vigente aún no ha integrado el Femicidio ni la violencia patrimonial o económica. Tampoco la violencia contra las mujeres proveniente desde el Estado, está tipificada como delito en la Legislación Nacional; sin embargo, la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República ha presentado un Proyecto de Ley “Que Reprime Toda Forma de Violencia contra la Mujer”, donde se incorpora la violencia institucional. En este punto, la Autoridad Nacional Competente aclara que dicho proyecto fue presentado el 19 de septiembre de 2007 por el senador Carlos Filizzola y que “por decisión del Proyectista se suspendió su estudio, en atención al proceso de elaboración de un Anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres” iniciativa de la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República con la cooperación de UNIFEM.
Según CLADEM Paraguay no cuenta con una legislación específica que regule los derechos sexuales, restringiéndose al ámbito de los derechos reproductivos. Sin embargo, una interpretación amplia de las normas constitucionales muestra el reconocimiento de algunos derechos específicamente relacionados con los derechos sexuales, los cuales requieren de una reglamentación para cobrar efectiva vigencia. El Informe País no dice si existen disposiciones que garanticen acciones inmediatas frente a episodios de violencia sexual en las mujeres como el acceso libre a la anticoncepción de emergencia y la profilaxis de emergencia para VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
Tanto el Informe País como el Informe Sombra señalan que: en el Parlamento se encuentra el Proyecto de Ley de Salud Sexual Reproductiva y Materno Perinatal, la cual sigue en estudio en Comisión y sin dictamen correspondiente, luego de varias audiencias públicas, aportes interinstitucionales e intersectoriales para su aprobación. En el Art.1 establece: “Contribuir al desarrollo pleno de las personas a través del respeto, reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad de hombres y mujeres.” La propuesta no es entendida en su cabal alcance, la mayoría de los parlamentarios y un sector de la ciudadanía interpreta como una propuesta a favor de la despenalización del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras.

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