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II. SESIÓN DE APERTURA

La sesión especial fue inaugurada por el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Representante Permanente de la Misión del Brasil ante la OEA, Embajador Osmar V. Chohfi, a las 10:00 am, quien después de describir en detalle la importancia que tiene el tema de migrantes para los Estados miembros de la región, y por ende para la Organización de los Estados Americanos, dio la bienvenida a todos los participantes y su agradecimiento a los panelistas de la Sesión.


Acto seguido hizo uso de la palabra, en representación del Secretario General de la OEA, el Director del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, Dr. Jean-Michel Arrighi, quien se encargó de la presentación oficial del Plan de Trabajo del Secretario General para la implementación el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes. Dicho Plan de Trabajo emana de la Asamblea General, la cual, mediante su resolución AG/RES. 2224, encomendó al Secretario General ,de conformidad con lo establecido en el párrafo V (A) del Programa, a que preparara dicho mecanismo de seguimiento, contenido en el documento CP/CAJP-2456/07, que figura como uno de los pilares fundamentales en las labores de la Organización en la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Después de la presentación del Plan, el Dr. Arrighi explicó que su texto retoma las actividades específicas que el Programa destina a la Secretaría General de la OEA y las prioriza de conformidad con compromisos y calendarios concretos a los cuales el Secretario General Insulza ha llegado con los jefes de cada una de la áreas mencionadas en el Programa. Finalmente indicó también las funciones ya realizadas por la OEA en el marco del Programa a través de sus oficinas, tales como la distribución del material informativo, la realización de seminarios, la distribución de información legal, el desarrollo de programas para brindar protección a migrantes, la capacitación de funcionarios públicos, etc.
Seguidamente, el Dr. Freddy Gutiérrez, Relator Especial de Trabajadores Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una exposición sobre las estadísticas y cifras relacionadas al fenómeno migratorio, resaltando la importancia de que los foros multilaterales presten una consideración adecuada al tema. También se refirió al creciente número de mujeres migrantes y su impacto en el ámbito laboral, así como el efecto que tiene la migración femenina en el núcleo familiar.
Para cerrar la sesión de apertura, el Dr. John Wilson de la Oficina de Derecho Internacional hizo un recuento de las recomendaciones y conclusiones que surgieron de la sesión especial del 2006, resaltando dos componentes de seguimiento para la adecuada implementación del Programa: las Sesiones Especiales y el Plan de Trabajo del Secretario General. En conjunción con el Programa, estos dos mecanismos de seguimiento forman un triangulo de las actividades principales de la OEA en materia de migrantes que se retroalimentan unos a otros en una constante evaluación y evolución de sus tres componentes.
De las conclusiones generales de mayor importancia que mencionó el Dr. Wilson, se destacan las siguientes: la preocupación de los estados respecto a la protección de los derechos humanos de los migrantes; el compromiso de la Secretaría y de los Estados para con el Programa; la necesidad de separar el régimen migratorio del régimen laboral de los estados; la necesidad de asegurar el acceso a la educación a todo niño y niña sin importar su condición migratoria; la necesidad de respetar los derechos laborales de todo trabajador sin consideración a su calidad migratoria; y la conclusión de que la OEA debe jugar un papel de liderazgo en los esfuerzos de protección de los derechos humanos de los migrantes.
De las recomendaciones específicas, destacó las siguientes: reducir el costo de las remesas; capacitar a los funcionarios públicos; asegurar el acceso a la educación en un ambiente libre de discriminación; difundir información sobre los medios legales para la migración y los peligros relacionados con el tráfico ilícito de migrantes; reinserción de migrantes a su retorno al país de origen; la separación de la calidad migratoria de un trabajador cuando se presenta una reclamación laboral; conducir investigaciones sobre la migración femenina y su impacto en la estructura familiar; asegurar los derechos electorales de los migrantes; asegurar el derecho a la salud; continuar la tarea de recopilar y difundir la legislación, políticas y requisitos migratorios de los Estados Miembros; facilitar el acceso a la información pública por parte de los migrantes, tanto respecto de los derechos y trámites de ciudadanía, como a sus derechos humanos y laborales; no mezclar condiciones laborales con condiciones migratorias para promover la cooperación y la protección de todos los trabajadores dentro del marco normativo de los países miembros; asegurar la no discriminación de trabajadores migrantes con respecto a la seguridad e higiene en el trabajo, un salario mínimo y horas laborales legales; asegurar el acceso a la justicia y la protección en caso de ser víctimas de crímenes y abusos de derechos humanos; asegurar que trabajadores indocumentados no se vean imposibilitados de recurrir a oficiales y cuerpos de policías locales por temor de que estos actúen como agentes de migración federal; e incorporar dentro del Programa la manera de evaluar las mejores prácticas que muestren los estados en cumplimiento de los principios de equidad y de no discriminación, midiendo su desempeño en las áreas importantes mencionadas.

III. EXPERTOS, ACADÉMICOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Tras culminar la sesión inaugural se dio inicio al primer panel, en el cual intervinieron expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Sarah Paoletti, Clinical Supervisor del Transnational Legal Clinic de la University of Pennsylvania Law School, manifestó que resulta imperioso proteger los derechos humanos de los migrantes a fin de evitar que sean objeto de explotación. A pesar de que existen instrumentos internacionales sobre la materia, la falta de ratificación de éstos exige que se tomen en cuenta además otros instrumentos internacionales vigentes que también protegen de manera genérica los derechos humanos de los migrantes. Mencionó que si bien los estados tienen derecho a regular de manera interna el fenómeno migratorio, éstos también tienen obligaciones internacionales hacia los migrantes que se derivan de dichos instrumentos. Puso hincapié en la necesidad de que el programa se refiera tanto a la trata de personas como al tráfico ilegal de migrantes, así como al ambiente de abuso y explotación que suele rodear a los migrantes. Entre las prácticas que pueden ser implementadas para proteger mejor los derechos de los migrantes, mencionó, entre otras, las siguientes: sancionar el abuso de los empleadores y poner énfasis en las violaciones producidas en el lugar de trabajo; asegurar la salud y seguridad en los lugares de trabajo, en cumplimiento de todas las reglamentaciones vigentes; evitar la evasión de responsabilidad por medio de contratistas independientes; y lograr la plena representación legal de los migrantes. También señaló que, con independencia de la calidad migratoria de un trabajador, los estados deben asegurar la protección y combatir la discriminación de todos los migrantes, asegurando la igualdad de derechos a todos éstos. En especial, mencionó la necesidad de que todo trabajador reciba un salario justo por sus labores. Finalmente, sugirió separar de manera tajante lo relativo al régimen legal aplicable al ámbito laboral del régimen legal aplicable al ámbito migratorio. Ello con miras a evitar que los migrantes se sientan intimidados al exigir el respeto a sus derechos laborales o al reportar abusos por parte de los empleadores.


Susan Martin, Directora Ejecutiva del Institute for the Study of International Migration de la Universidad de Georgetown, mencionó en primer lugar que mientras persistan las disparidades entre los países el fenómeno migratorio irá en aumento, por lo que cualquier iniciativa destinada a proteger los derechos de los migrantes debe atacar las causas del fenómeno a fin de reducirlo. Explicó que cualquier esquema para proteger los derechos de los migrantes debe tomar en cuenta las prerrogativas de los Estados, los derechos y obligaciones de los migrantes y los mecanismos de cooperación que permitan administrar adecuadamente la migración. Sobre el tema sugirió abordar la migración en foros internacionales o a través de medidas bilaterales. Recomendó además el desarrollo de leyes y políticas adecuadas, así como un mecanismo de evaluación para el marco jurídico existente, el combate al tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas, la puesta en práctica de un aparato administrativo adecuadamente capacitado para implementar las normas jurídicas en forma respetuosa con los derechos, y la adopción de iniciativas en contra de la corrupción. Hizo hincapié en que se debe evitar la disparidad entre los derechos de quienes son considerados migrantes y los refugiados. También se refirió a la necesidad de reforzar la protección consular, contar con programas de repatriación y de reintegración, brindar protección a los refugiados, entre otras medidas. Finalmente, subrayó que no existe una tensión o conflicto inherente entre proteger los intereses de los Estados y proteger al mismo tiempo los derechos de los migrantes, en razón de que para que dichas políticas sean efectivas se debe armonizar ambos extremos.
Acto seguido hizo uso de la palabra el Sr. Sidney Weintraub, Director del Programa para las Américas del Center for Strategic and International Studies. Refiriéndose al ámbito norteamericano, el Sr. Weintraub resaltó las ventajas y desventajas de los programas para trabajadores temporales (los llamados “temporary workers programs”) en el contexto de los derechos humanos, aunque manifestó que él mismo es partidario de otro tipo de soluciones, como la de otorgar la residencia legal y permanente, ya que al parecer el programa mencionado no ha funcionado adecuadamente. Después de una descripción detallada de los elementos que serían necesarios para que un programa temporal de trabajadores pudiese funcionar, mencionó el hecho de que este tipo de programa temporal pudiera tener el efecto de crear una clase de ciudadanos/residentes inferior (lo que llamó un “permanent underclass of citizens”) en donde estas personas posean menos derechos que otros en el país; que los trabajadores sometidos a dicho régimen pueden verse constreñidos a la hora de presentar quejas por las violaciones de sus derechos y a la hora de organizarse y negociar colectivamente; y que pueden rodearse de una atmósfera de temor. Finalmente mencionó que históricamente los programas de trabajadores temporales no han funcionado de la manera contemplada, pero subrayó que este tipo de programas es preferible a la migración ilegal masiva y que puede contribuir a la disminución de ésta.

Janie Chuang, profesora de American University, Washington College of Law, enfocó su exposición en la distinción entre el “tráfico ilegal de personas” (el llamado human “smuggling”) y la “trata de personas” (el llamado “human “trafficking”), explicando la distinción y las similitudes entre estas figuras, ambas siendo formas de lo que llamó “migración irregular”. Señaló que si bien ambas categorías son conceptualmente distintas, la distinción resulta en la práctica controvertida y difícil de aplicar, sobre todo por las autoridades encargadas, lo cual trae como consecuencia que muchas víctimas de la “trata de personas” no sean consideradas como víctimas, y que no pueda enjuiciarse a los responsables. Por otro lado mencionó que, para dificultar aún mas las cosas, en ocasiones una situación de tráfico ilegal de personas puede transformarse en una situación de trata de personas y, por otro lado, una situación de trata de personas puede ser percibida y procesada por las autoridades como si fuese un caso de tráfico ilegal de migrantes. Por este motivo mencionó que es importante capacitar a las autoridades, especialmente en las fronteras, a fin de que puedan realizar las distinciones de manera adecuada. Señaló además que si bien las personas catalogadas como “tráfico ilegal” tienen menos protección, los Estados aún en estos casos tienen la obligación de proteger sus derechos y libertades fundamentales. Finalmente, subrayó que la migración irregular, ya sea bajo la forma de “trata” o de “tráfico ilegal”, debería ser abordada atacando sus causas, tales como la pobreza, la falta de oportunidades, y la demanda de trabajo en condiciones de explotación en los países receptores.


Sarnata Reynolds, Directora del Programa de Refugiados de Amnesty International USA, mencionó la problemática relativa a economías que llegan a depender de una fuerza laboral compuesta de manera significativa de migrantes (legales o ilegales), y en especial denunció los hecho que a veces llevan a emplear a migrantes bajo condiciones indignas y con menor grado de protección legal. Reconoció que si bien los Estados pueden regular de manera interna lo atinente a la migración, los migrantes no pueden ser tratados de manera indigna o en violación a sus derechos. Explicó que los migrantes contribuyen a impulsar las economías, por lo que no pueden ser catalogados como amenazas para la salud, la educación, la seguridad, etc. También señaló que el problema del terrorismo no debe ser empleado como un pretexto para no aplicar el derecho internacional de protección de los derechos humanos y dejar por tanto desprotegidos a los migrantes. Complementando esta idea, señaló que los migrantes deportados deben ser objeto de garantías para asegurar que sean tratados con justicia. Mencionó que las políticas y legislaciones en materia de migración deben poner a los derechos humanos en el centro del debate y enfatizar la protección de las personas más vulnerables, como las mujeres y los niños. Reafirmó la importancia de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en el programa, e invitó a realizar campañas de concientización sobre las contribuciones de los migrantes en la sociedad. Finalmente hizo referencia a la necesidad de ratificar los instrumentos internacionales sobre la materia, y realizó un llamado en este sentido a los Estados miembros de la OEA.
Entre representantes de la sociedad civil, participó también Taryn Lesser de la organización Human Rights Internet, quien explicó que la migración ha crecido, con resultados positivos, pero generando al mismo tiempo presiones sociales y económicas que pueden crear tensiones entre y dentro de los Estados. Por tanto, el fenómeno debe abordarse de manera multilateral y a través de la cooperación y el diálogo. Explicó además que su organización trabaja con la OEA en desarrollar prácticas diplomáticas proactivas antes de que se produzcan situaciones de violencia o inestabilidad a raíz de los problemas generados por la migración. Presentó además un libro sobre la migración en el Caribe y los conflictos en ocasiones inherentes a este fenómeno.
El primer panel culminó con la intervención de Dania Nelson, representante de la sociedad civil de la Organización de Migrantes de Honduras, quien instó a combatir la corrupción y eliminar la inseguridad jurídica en nuestros países como vías adecuadas para combatir los problemas relacionados a la migración. También señaló la importancia de implementar políticas educativas que tengan como eje transversal el tema de la migración y los derechos humanos, sin olvidar el enfoque de la reinserción de los migrantes en sus países de origen. Al efecto presentó su novela titulada “El Regreso de la Wetback” con las vivencias de una migrante hondureña.



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