Informe nº 59/01



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INFORME Nº 59/01

CASOS: 10.626 REMIGIO DOMINGO MORALES Y RAFAEL SÁNCHEZ; 10.627 PEDRO TAU CAC; 11.198(A) JOSÉ MARÍA IXCAYA PIXTAY Y OTROS; 10.799 CATALINO CHOCHOY, JÓSE CORINO THESEN Y ABELINO BAYCAJ; 10.751 JUAN GALICIA HERNÁNDEZ, ANDRÉS ABELINO GALICIA GUTIÉRREZ Y ORLANDO ADELSO GALICIA GUTIÉRREZ; y 10.901 ANTULIO DELGADO1

GUATEMALA

7 de abril de 2001




I. RESUMEN

1. Durante los años 1990 y 1993 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “la Comisión” o la “CIDH”) recibió diversas peticiones en las que se denunciaba la ejecución extrajudicial de un total de quince personas y la tentativa de ejecución extrajudicial de otras siete. En cada una de estas peticiones se sostenía que los autores materiales de las violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas habían sido miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (en los sucesivo “PAC”) o Comisionados Militares.


2. Las diversas peticiones arriba mencionadas fueron abiertas como casos una vez recibidas y tramitadas conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo “la Convención Americana”) y el Reglamento de la Comisión. Al llevar adelante este trámite y tras determinar que cada una de los casos se refería a denuncias en donde se indicaba que los presuntos autores materiales de las diversas violaciones de los derechos humanos eran miembros ya sea de las Patrullas de Autodefensa Civil o Comisionados Militares, y tras considerar el carácter con que operaban las PAC y Comisionados Militares, el marco cronológico de las diferentes denuncias en cuestión y el modus operandi en cada uno de los hechos denunciados, la Comisión decidió, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de su Reglamento, acumular estos casos y referirse a ellos en un mismo informe.2
3. En el presente informe se examina si la República de Guatemala (en adelante “Guatemala”, “el Estado” o “el Estado guatemalteco”) ha incurrido en responsabilidad internacional por las muertes de Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac, José María Ixcaya Pictay, José Vicente García, Mateo Sarat Ixcoy, Celestino Julaj Vicente, Miguel Calel, Pedro Raguez, Pablo Ajiataz, Manuel Ajiataz Chivalan, Catrino Chanchavac Larios, Miguel Tau Imul, Camilo Ajquí Gimon y Juan Tzunux Us; y por tentativas de ejecución extrajudicial con resultado de heridas graves de Catalino Chochoy, José Corino Thesen, Abelino Baycaj, Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez, Orlando Adelso Galicia Gutiérrez y Antulio Delgado, hechos llevados a cabo por las Patrullas de Auto Defensa Civil y/o Comisionados Militares.
4. La Comisión, conforme a lo establecido en el presente informe y tras examinar los elementos aportados por los peticionarios, las respuestas dadas por el Estado guatemalteco, el contexto histórico en que ocurrieron los hechos y la abundante información que existe en cuanto a la organización, utilización, objetivos y funcionamiento de las Patrullas de Auto Defensa Civil y Comisionados Militares, declara admisible el presente caso.
5. De igual manera, la Comisión concluye que los hechos que motivaron las denuncias son verdaderos y que el Estado de Guatemala es responsable de la violación a los siguientes derechos: (1) Derecho a la vida en los casos de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac, José María Ixcaya Pictay, José Vicente García, Mateo Sarat Ixcoy, Celestino Julaj Vicente, Miguel Calel, Pedro Raguez, Pablo Ajiataz, Manuel Ajiataz Chivalan, Catrino Chanchavac Larios, Miguel Tau Imul, Camilo Ajquí Gimon y Juan Tzunux Us según lo establecido en el artículo 4 de la Convención Americana. (2) Libertad personal en el caso de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Convención Americana. (3) Integridad personal en los casos de Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, en los casos de las tentativas de ejecución extrajudicial de Catalino Chochoy, José Corino, Abelino Baycaj, Antulio Delgado, Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez y Orlando Adelso Galicia Gutiérrez, el Estado guatemalteco es responsable por la violación de su derecho a la integridad física conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. (4) Derechos del niño en caso de los menores Rafael Sánchez y Andrés Abelino Galicia Gutiérrez, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Convención Americana. (5) Garantías judiciales y protección judicial en el caso de todas las víctimas, tanto aquellas que fueron ejecutadas extrajudicialmente como aquellas que fueron objeto de tentativa de ejecución extrajudicial, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. (6) Además, se consideró responsable al Estado guatemalteco en todos los casos por no haber cumplido con su obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se establece en el artículo 1(1) de la misma.
6. Por último, la Comisión recomienda al Estado guatemalteco: (1) Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales y las tentativas de ejecución extrajudicial de cada una de las víctimas, las violaciones relacionadas y para sancionar a los responsables. (2) Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas. (3) Adoptar las medidas necesarias para que las víctimas de las tentativas de ejecución extrajudicial reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas. (4) Evitar efectivamente el resurgimiento y reorganización de las Patrullas de Autodefensa Civil. (5) Que se promuevan en Guatemala los principios establecidos en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos" adoptada por Naciones Unidas, y se tomen las medidas necesarias para que se respete la libertad de expresión de quienes han asumido la tarea de trabajar por el respeto de los derechos fundamentales, y para que se proteja su vida e integridad personal.


  1. HECHOS DENUNCIADOS, TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN Y POSICIÓN DEL ESTADO



A.Casos referidos a ejecuciones extrajudiciales



1. Caso 10.626: Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez
a. Hechos denunciados
7. El 28 de junio de 1990, en el caserío Tuisquián, aldea Xemal, municipio de Colotenango, Departamento de Huehuetenango, Remigio Domingo Morales y el menor de edad Rafael Sánchez (15 años) fueron capturados por miembros de las Patrullas de Auto defensa Civil acusándoseles de ser guerrilleros. Una vez que se encontraban detenidos, el comandante de la base militar de Huehuetenango ordenó a los PAC del lugar que reunieran a todas las personas del caserío con el fin de “presenciar cuando los patrulleros civiles Nicolás Godínez, Modesto Godínez y Andrés Domingo, los lapidaban por orden suya”. En estado agonizante las víctimas fueron conducidas al hospital de Huehuetenango. Según antecedentes las víctimas fallecieron debido a la gravedad de las lesiones que les infligieron sus captores. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes y la prensa.
b. Trámites ante la Comisión
8. El 17 de agosto de 1990, la Comisión abrió el caso 10.626 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado guatemalteco, solicitándole información al respecto. El 10 de julio de 1991 y el 26 de septiembre de 1994, el Estado guatemalteco aportó información. El 6 de noviembre de 1995, los peticionarios formularon sus observaciones a la respuesta del Estado, la cual fue puesta oportunamente en conocimiento del mismo. Desde ese entonces las partes no han aportado nueva información.
9. El 9 de agosto de 1998, la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa. Las partes no aceptaron el ofrecimiento de la Comisión.
c. Posición del Estado
10. El Estado guatemalteco informó que en este caso “se instruye el proceso penal número 1261-90 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Departamento de Huehuetenango. El proceso se instruyó por delito de lesiones y detención ilegal, siendo sindicados algunos integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil, del municipio de Colotenango….” Asimismo, el Estado solicitó que se declarara inadmisible el caso porque no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Convención Americana.
2. CASO 10.627: Pedro Tau Cac
a. Hechos denunciados
11. El 2 de julio de 1990, en la Aldea Chiop, Santa María Chiquimula, Totonicapán, el miembro del Consejo de Comunidades Etnicas “Runujel Junan”, Pedro Tau Cac, fue atacado mientras se encontraba realizando labores de labranza por hombres vestidos de civil presumiblemente miembros de las PAC, quienes lo detuvieron, llevándoselo con destino desconocido. A los pocos días su cuerpo fue encontrado sin vida en un lugar baldío y con señales de tortura. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes y la prensa.
b. Trámites ante la Comisión
12. El 17 de julio de 1990, la Comisión abrió el caso 10.627 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado guatemalteco solicitándole información al respecto. El 10 de julio de 1991 el Estado respondió indicando que se estaba siguiendo un proceso penal en la jurisdicción interna a fin de investigar lo sucedido. En febrero de 1994 el Estado aportó información adicional. Desde ese entonces las partes no han aportado nueva información.
13. El 1º de agosto de 2000, la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa. Las partes no aceptaron el ofrecimiento de la Comisión.
c. Posición del Estado
14. El Estado guatemalteco informó que en este caso se instruye el proceso penal número 574-90 en el Juzgado de Primera Instancia de Totonicapán y que la Comisión debía declararlo inadmisible porque no se habían agotado los recursos de jurisdicción interna.
15. En 1994 el Estado informó que el señor Pedro Tau Cac:
Era miembro del “Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam” (CERJ) y miembro de las patrullas de autodefensa civil en el año de 1988.
Sobre el presente hecho se pudo establecer que efectivamente el señor Pedro Tau Cac fue secuestrado el dos de julio de 1990 a eso de las 07:00 horas, en el pasaje Chabaj del Cantón Racana del Municipio de Santa María Chiquimula, departamento de Totonicapan, por un grupo aproximado de diez hombres fuertemente armados, los cuales iban enmascarados y vestidos con uniformes similares a los utilizados por deportista de fútbol de colores rojo y verde.
El señor Pedro Tau Cac, se encontraba en la realización de su trabajo de labranza en sus tierras ubicadas en el mismo paraje. Los señores José Pedro Tau Chivalan, María Tau Chivalan, hijos del occiso y el señor Domingo Uz Lux, yerno del mismo, se presentaron a la Policía Nacional de ese departamento para interponer la denuncia respectiva de la desaparición de su familiar.
El cuatro de julio de mil novecientos noventa, en el paraje Chicox, Canton Rancho de teja del Municipio de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapan se encontró el cadáver de una persona de sexo masculino, el cual no fue identificado, al lugar se presentó el Juez de Paz Comarcal respectivo, ordenando el traslado del cadáver a la morgue del hospital de la localidad. Dicho cadáver fue identificado por los familiares del occiso, indicando que era el señor Pedro Tau Cac; en dicha oportunidad los familiares no presentaron denuncia alguna a las autoridades jurisdiccionales.
El informe médico forense, estableció que el cadáver presentaba señales de estrangulamiento y ataduras en manos y pies, el señor Pedro Tau Cac falleció por asfixia mediante estrangulación, traumatismo cerrado toracoabdominal de cuarto grado; asimismo se le encontró en el bolsillo izquierdo de su pantalón una nota indicando lo siguiente “Por traidor a nuestra organización”.
3. CASO 11.198: José María Ixcaya y otros
16. En el presente caso se denuncian un total de 12 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre los años 1990 a 1991 en diferentes localidades de Guatemala y se sindica en todas éstas como autores materiales a miembros de las PAC o Comisionados Militares.
a. Hechos denunciados
José María Ixcaya Pixtay
17. El 1º de mayo de 1990, en Sololá, fue ejecutado extrajudicialmente José María Ixcaya Pixtay. El día de su ejecución, José María Ixcaya salió de su casa a las 5 a.m. hacia Guatemala para participar en una manifestación por el Día del Trabajo. Mientras salía de su casa, varios hombres aparecieron de los arbustos y le dispararon, causándole la muerte inmediatamente.
18. Previo a su muerte, el señor Ixcaya Pixtay era miembro activo del Consejo de Comunidades Etnicas “Runujel Junan“ (CERJ) y había recibido numerosas amenazas de muerte de Jesús Chopen, Jefe de la PAC de la zona y Bernardino Samines, Comisionado Militar de La Fe. Asimismo, Jesús Chopen había acusado a Ixcaya de ser guerrillero por haber renunciado a la patrulla civil y porque “las personas que se meten en la promoción de los derechos humanos, como Ixcaya, son los voceros principales de la guerrilla”.
19. Dos días después de ocurridos los hechos, Marcela Guarcax Morales, esposa de Ixcaya, fue informada por testigos que Jesús Chopen, Bernardino Samines, y los miembros de la PAC Gaspar Morales y Santos Vicente, estuvieron entre los asesinos.
20. Marcela Guarcax Morales denunció el asesinato de su esposo al Procurador de Derechos Humanos el 9 de mayo de 1990. Pedro Ixcaya Cuc, primo de José María, también estuvo presente el día del asesinato y también denunció el incidente. Marcela Guarcax y Pedro Ixcaya recibieron múltiples amenazas por parte de los patrulleros civiles como consecuencia de la denuncia efectuada. 3

José Vicente García
21. El 10 de abril de 1990, en San Pedro Jocopilas, el Quiché, fue ejecutado extrajudicialmente José Vicente García, miembro del Consejo de Comunidades Etnicas “Runujel Junan“ (CERJ). El 10 de abril de 1990, José Vicente García salió de su casa a las 9:30 de la mañana acompañado de su esposa, Juana Sarat Ixcoy, su hijo, Pedro Vicente Sarat, y su cuñada, Cratina Ixchop Ixcoy. Cuando se acercaban a la frontera San Pedro/La Montaña, dos hombres aparecieron y le dispararon cuatro veces en la cabeza a Vicente García, quien falleció inmediatamente. Estos dos hombres dispararon varias veces más amenazando a los familiares que se encontraban presente. El certificado de defunción señala que la causa de muerte fue una fractura del cráneo y hemorragia del cerebro
22. Por más de tres años el señor Vicente García había estado recibiendo amenazas de muerte por miembros de la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) del lugar, las cuales había denunciado reiteradamente al Procurador de Derechos Humanos. Desde 1987, el señor García recibió una serie de amenazas de Francisco Ixcoy y de Santiago Natareno, jefe de la PAC del lugar, quienes lo acusaban de ser guerrillero por negarse a servir en la PAC. En 1987, el señor García había sido detenido por miembros de las PAC y llevado a la base militar de San Pedro Jocopilas, permaneciendo en este lugar por espacio de un día, lugar donde fue acusado de ser guerrillero y posteriormente torturado. El 30 de mayo de 1989, un grupo de hombres pertenecientes a las PAC habían rodeado la casa de la víctima y dispararon al aire como una manera de intimidarla. José Vicente García presentó denuncias a la oficina del Procurador referente a cada incidente, pero nunca recibió ninguna respuesta.
23. Los señores Juana Sarat Ixcoy, Catarina Ixchop Ixcoy, Pedro Pérez López, y Cristóbal Uz López presentaron una denuncia el 11 de abril de 1990 referente a la ejecución de José Vicente pero no han recibido respuesta.
Mateo Sarat Ixcoy
24. Alrededor del 30 de octubre de 1990, Mateo Sarat Ixcoy fue ejecutado extrajudicialmente. El certificado de muerte de Mateo Sarat dice que “sufrió múltiples heridas de machete al cuello, cortándolo y causando decapitación”. Aparentemente no ha habido ninguna investigación oficial del asesinato.
25. Mateo Sarat Ixcoy, de San Pedro Jocopilas, era amigo de José Vicente García; al igual que éste, muchas veces había sido acusado de ser guerrillero por los mismos miembros de las PAC. Después del asesinato del señor Vicente García en abril de 1990, Mateo Sarat Ixcoy fue a la oficina de la PAC para hacer frente a Cristo Tau, jefe de la PAC, como consecuencia de la ejecución de su amigo.
Celestino Julaj Vicente
26. El 28 de junio de 1991, en San Pedro Jocopilas, el Quiché, fue ejecutado extrajudicialmente el señor Celestino Julaj Vicente, miembro del Consejo de Comunidades Etnicas “Runujel Junan“ (CERJ). El día de su muerte, Julaj Vicente había estado fuera de su casa todo el día junto a su esposa, María Lolmet Xam, y su hija. Cuando la familia regresaba a la casa en la tarde, Celestino fue atacado por un hombre desconocido, quien lo tiró al suelo y le disparó.
27. El señor Julaj Vicente se había retirado de servicio en las PAC el 3 de septiembre de 1988. Poco después de su retiro, había empezado a recibir una serie de amenazas de muerte de Pedro López Ajiataz, el jefe de la PAC del lugar como consecuencia de su retiro.
Miguel Calel
28. El 19 de abril de 1991 en San Pedro Jocopilas, el Quiché, fue ejecutado extrajudicialmente el señor Miguel Calel por miembros de las PAC. Previo a su muerte, el señor Calel había sido amenazado de muerte por miembros de las PAC debido a que no quería incorporarse a éstas.
Pedro Raguez
29. Pedro Raguez, de San Pedro Jocopilas, el Quiché, se retiró de las Patrullas de Autodefensa Civil y se mudó a Guatemala para evitar persecución por parte de éstas. El 10 de abril de 1992, cuando regresó a su pueblo para visitar a su familia, fue ejecutado por jefes de la PAC. La denuncia de su ejecución fue realizada por Amilcar Méndez, la cual nunca ha sido contestada. Nunca se ha llevado a cabo una investigación oficial de este caso. Nadie ha sido acusado o juzgado por este asesinato.
Pablo Ajiataz Chivalán y Manuel Ajiataz Chivalán
30. El 15 de marzo de 1991 fueron ejecutados extrajudicialmente en Santabal I, una comunidad de San Pedro de Jocopilas, el Quiché, los hermanos Pablo Ajiataz Chivalán y Manuel Ajiataz Chivalán. Anterior a su ejecución extrajudicial, los dos hermanos habían sido hostigados y amenazados de muerte repetidamente por el jefe de la PAC del lugar, quien los acusaba de ser guerrilleros por negarse a servir en ella.
Catrino Chanchavac Larios
31. El 26 de agosto de 1992 en la comunidad San Pablo, San Pedro Jocopilas, el Quiché, el señor Catrino Chanchavac Larios fue decapitado. Previo a su muerte había recibido amenazas de muerte del jefe de patrulla del pueblo vecino, Santabal II, debido a que se había negado a servir en las PAC.
Miguel Tiu Imul
32. El 30 de noviembre de 1991 fue ejecutado extrajudicialmente el señor Miguel Tiu Impul. El hecho ocurrió solo a 30 metros de su casa en Cantón de las Montañas, Parraxtuut, Sacapulas. En julio de 1991, Miguel Tiu Imul había dejado de patrullar porque tenía 65 años y no tenía la capacidad física para hacerlo.
33. Los Comisionados Militares y jefes de las patrullas Domingo Castro Lux, Pedro Ixcotoyac, Juan Lux Castro y Juan de León Peres fueron acusados por la familia de Imul de haber cometido este asesinato ya que estos lo habían amenazado de muerte previamente.
34. Años anteriores el señor Tiu Imul había sufrido por muchos años hostigamiento por parte de los jefes de las PAC. En julio de 1987 había sido capturado por jefes de las PAC y comisionados militares y llevado a la base militar en Chiul donde fue torturado e interrogado por soldados y oficiales durante tres días. Dos días después, 50 soldados habían llegado a su casa y lo golpearon fuertemente.
Camilo Ajquí Gimon
35. El 14 de abril de 1991, en Zacualpa, el miembro del CERJ Camilo Ajquí Gimon fue ejecutado extrajudicialmente. Ese día fue sacado de su casa por tres hombres desconocidos, quienes a las pocas horas le dieron muerte. Anteriormente, el señor Ajquí había sido miembro de las PAC y desde su retiro empezó a recibir múltiples amenazas por sus miembros debido a que había dejado de servir en éstas y era miembro del CERJ.
Juan Tzunux Us
36. El 27 de noviembre de 1990, en Zacualpa, el señor Juan Tzunux Us fue ejecutado extrajudicialmente por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil de la zona. El señor Tzunux Us había huido a los Estados Unidos a principios de los años 1980 ya que había sido acusado de ser guerrillero y consecuentemente temía por su vida y seguridad personal. El mismo día que regresó de Estados Unidos a Zacualpa fue ejecutado extrajudicialmente.

b. Trámite ante la Comisión



37. El 9 de diciembre de 1993, la Comisión abrió el caso 11.198 en el cual se denunciaban violaciones de derechos humanos de un total de 77 personas y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado guatemalteco, solicitándole información al respecto. El 19 de diciembre d 1994, el Estado guatemalteco aportó información de carácter genérico sobre el caso, la cual fue puesta oportunamente en conocimiento de los peticionarios. Asimismo, el Estado guatemalteco señaló que respecto a algunas de las personas que se señalaban en este caso ya había un caso abierto ante la Comisión. En abril de 1995, los peticionarios hicieron observaciones genéricas a la respuesta del Estado. El 14 de junio de 1995 el Estado reiteró su respuesta anterior. Desde ese entonces las partes no han aportado nuevos antecedentes.
38. El 6 de octubre de 1995 la Comisión informó a las partes que había decidido acumular al caso 11.198 lo casos que ya se encontraba conociendo y que se hallaban comprendidos dentro de los hechos denunciados de este caso. Estos casos fueron el 10.857 (Manuel Ajtataj Chivalán y Pablo Ajtataj Chivalán), 10.874 (Miguel Calel) y 10.909 (Población Civil de Canjabal).
39. El 9 de diciembre de 1998 la Comisión solicitó información adicional a las partes y se puso a su disposición con el objeto de lograr una solución amistosa. Las partes no aportaron información y no aceptaron el ofrecimiento de la Comisión.
40. El 8 de diciembre de 2000 la Comisión, de conformidad con el artículo 40 de su Reglamento, decidió desglosar el caso 11.198 en 11.198(A), aquel en que los casos denunciados se referían a ejecuciones extrajudiciales, y 11.198(B), aquel en que los hechos denunciados tenían una naturaleza diferente a la de ejecución extrajudicial.
c. Posición del Estado
41. El 9 de diciembre de 1994 el Estado aportó información de manera genérica sobre el caso, haciendo alusión a los orígenes y naturaleza de las Patrullas de Autodefensa Civil y el papel que éstas juegan dentro del conflicto armado interno. Asimismo el Estado guatemalteco indicó que:
El Gobierno de Guatemala solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la presente denuncia no sea admitida, por las razones expuestas y por no satisfacerse el requisito previo del agotamiento de los recursos internos, toda vez que no se ha cumplido con la obligación que establece, tanto el artículo 331 del Código Procesal Penal derogado,4 como el artículo 297 del vigente, de denunciar la comisión de un delito; por lo que en ningún momento se han empleado los procedimientos que el ordenamiento jurídico del país establece.
Los peticionarios, interpusieron denuncias de los supuestos hechos violatorios de derechos humanos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos; sin embargo, ellos nunca agotaron los recursos internos, puesto que “El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República, para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza”5 y “…tiene personalidad jurídica, no está supeditado a organismo, institución o funcionario alguno en esta materia y actuará con absoluta independencia, salvo lo establecido en la presente ley”.6 O sea, que el Procurador de los Derechos Humanos si bien es cierto, es una institución independiente, su función no tiene carácter jurisdiccional toda vez que constitucionalmente dicha función corresponde con exclusividad absoluta a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que la ley establece.

B.Casos de tentativa de ejecución extrajudicial



1. CASO 10.799: Catalino Chochoy, José Corino Teshen y Abelino Baycaj
a. Hechos denunciados
42. El 31 de enero de 1991 en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez, un comisionado militar y hombres armados vestidos de civil que se conducían en vehículos con vidrios oscuros hirieron gravemente con armas de fuego a los trabajadores agrícolas señores Catalino Chochoy, José Corino Teshen y Abelino Baycaj cuando intentaron reclutarlos forzosamente para realizar el servicio militar. Los heridos fueron llevados inmediatamente al hospital de Antigua Guatemala por familiares y amigos. Según la denuncia, estos hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado respectivo y de la prensa local.
b. Trámite ante la Comisión
43. El 27 de febrero de 1991, la Comisión abrió el caso 10.799 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado guatemalteco, solicitándole información al respecto. El 9 de septiembre de 1991, el Estado guatemalteco aportó la información solicitada, la cual fue puesta en conocimiento de los peticionarios oportunamente. El 8 de enero de 1993, los peticionarios formularon sus observaciones a la respuesta del Estado. El 22 de marzo de 1993 y el 29 de marzo de 1994, el Estado guatemalteco aportó información adicional.
44. El 3 de agosto de 2000, la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa. Las partes no aceptaron el ofrecimiento de la Comisión.
c. Posición del Estado
45. El Estado guatemalteco en su primera comunicación (9 de septiembre de 1991), solicitó que la Comisión declarara inadmisible el caso ya que no se habían agotado los recursos de jurisdicción interna toda vez que los hechos objeto de la denuncia estaban siendo conocidos por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez en el proceso penal número 184-91.
46. El Estado, en su segunda comunicación (29 de marzo de 1994) señaló, que “El delito por el cual se instruye el proceso fue tipificado como lesiones graves, donde se sindicó como responsable a Juan Francisco Farelo Ortíz. El Ministerio Público se apersonó al proceso al tener conocimiento de la averiguación sumarial….Los señores Catalino Chocoy y Abelino Bayjac Chile quienes fueron los ofendidos de reclutamiento forzoso, indicaron haber sido atacados con armas de fuego por Comisionados Militares, lo cual fue corroborado con la declaración de testigos del hecho, haciéndose constar en un acta levantada por el Alcalde Municipal del lugar donde ocurrió el incidente. El dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres, el Juez que conoce del proceso dictó auto de prisión provisional en contra del sindicado pero al momento no se ha podido ejecutar dicha captura. Actualmente el proceso se encuentra sobre averigua, y seguirá su trámite al momento de consignarse al sindicado al tribunal, cuando sea habido por la autoridad competente”.
2. CASO 10.751: Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez y Orlando Adelso Galicia Gutiérrez
a. Hechos denunciados
47. El 25 de noviembre de 1990, en el caserío El Chiltepe, Aldea Buenos Aires, departamento de Jutiapa, el señor Juan Galicia Hernández junto a sus hijos Andrés Abelino Galicia Gutiérrez (22 años) y Orlando Galicia Gutiérrez (15 años de edad) fueron atacados con armas de fuego mientras se encontraban realizando labores agrícolas por un grupo de hombres vestidos de civil pertenecientes a las PAC, resultando gravemente heridos. Este grupo de hombres posteriormente allanó la casa de la familia Galicia Gutiérrez. Los heridos fueron oportunamente trasladados al hospital regional de Cuilapa, Santa Rosa, por familiares y amigos. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes y la prensa.
b. Trámite ante la Comisión
48. El 12 de diciembre de 1990, la Comisión abrió el caso 10.751 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado guatemalteco, solicitándole información al respecto. El 28 de agosto de 1991, el Estado guatemalteco dio respuesta, la cual fue puesta en conocimiento de los peticionarios oportunamente. El 11 de agosto de 1993 los peticionarios formularon sus observaciones a la respuesta del Estado. El 20 de agosto de 1993, el 25 de septiembre de 1995 y el 3 de abril de 1996 se le solicitó información adicional al Estado guatemalteco, el cual nunca respondió.
49. El 3 de agosto de 2000, la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa. Las partes no aceptaron el ofrecimiento de la Comisión.
c. Posición del Estado
50. El Estado guatemalteco, en su primera y única comunicación (28 de agosto de 1991) solicitó que la Comisión declarara inadmisible el caso, ya que no se habían agotado los recursos de jurisdicción interna toda vez que los hechos objeto de la denuncia estaban siendo conocidos por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del departamento de Jutiapa en el proceso 2715/90, de conformidad a una denuncia presentada el 11 de diciembre de 1990 y dentro del cual existe una acusación directa en contra del señor Raquel Hernández García, como responsable del hecho. Aparte de esta breve información, el Estado nunca más aportó otros antecedentes.
3. CASO 10.901: Antulio Delgado
a. Hechos denunciados
51. El 29 de mayo de 1991 en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, el señor Antulio Delgado se encontraba en su casa y fue atacado con armas de fuego por comisionados militares, resultando gravemente herido; fue llevado inmediatamente por familiares al Hospital de San Marcos. El día anterior que ocurrieron los hechos la víctima había sido salido en libertad por resolución judicial luego que los mismos comisionados militares que intentaron ejecutarlo extrajudicialmente lo habían detenido y encarcelado. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades correspondientes y la prensa.
b. Trámite ante la Comisión
52. El 18 de junio de 1991, la Comisión abrió el caso 10.901 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado guatemalteco, solicitándole información al respecto. El 5 de marzo de 1992 y el 9 de diciembre de 1998 la Comisión reiteró su pedido de información al Estado guatemalteco; éste nunca ha aportado información.
53. El 9 de diciembre de 1998, la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de lograr una solución amistosa. Las partes no aceptaron el ofrecimiento de la Comisión.
c. Posición del Estado
54. El Estado guatemalteco nunca suministró información en relación a este caso.

III. ANÁLISIS SOBRE ADMISIBILIDAD




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