Informe nº 59/01



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A. Competencia

55. La Comisión tiene prima facie competencia para conocer las denuncias en cuestión. Los hechos alegados en las peticiones tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado guatemalteco.7



Requisitos de admisibilidad de los casos



1. Agotamiento de los recursos internos y el plazo de presentación de las peticiones
56. El artículo 46 de la Convención Americana establece que para que un caso pueda ser admitido deben haberse “interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Al mismo tiempo, este artículo establece una serie de excepciones a este requisito cuando no se dispone de recursos internos, sea por razones de hecho o derecho.8
57. Para oponerse válidamente a la admisibilidad de un caso, el Estado aludido debe invocar la regla del no agotamiento de los recursos internos de manera expresa y oportuna ante la Comisión. Según los principios de derecho internacional y la práctica internacional, la regla del previo agotamiento “es un requisito establecido en provecho del Estado, el cual puede renunciar a hacerlo valer, aún de modo tácito, lo que ocurre inter alia cuando no se interpone oportunamente”.9
58. El Estado guatemalteco ha señalado en los diversos casos acumulados que conforman este informe que la Comisión debe declararlos inadmisibles ya sea porque las situaciones denunciadas estaban siendo conocidas por los tribunales en la jurisdicción interna o porque los hechos no habían sido denunciados en el fuero interno ante las autoridades pertinentes, y por consiguiente en ninguna de las hipótesis previstas se habían agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a lo exigido por el artículo 46 de la Convención Americana.
59. Por su parte, los peticionarios en el momento que presentaron la denuncia señalaron que en las situaciones denunciadas se aplican las excepciones al agotamiento de los recursos internos toda vez que en “Guatemala es extremadamente difícil, si acaso imposible, obtener recurso legal en casos relacionados a violaciones de derechos humanos como es en los casos aquí presentados. El sistema judicial no ha demostrado el deseo político para enjuiciar a los que cometen tales abusos”. Asimismo, se señala que en aquellos casos donde efectivamente se denunciaron los hechos ante las autoridades judiciales estos recursos no han sido efectivos.
60. En atención a que las partes han presentado una posición divergente en cuanto a la necesidad y pertinencia de agotar los recursos internos, el análisis sobre agotamiento de los recursos internos debe centrarse en determinar si los casos denunciados están comprendidos en alguna de las excepciones contempladas al cumplimiento de este requisito y que se encuentran indicadas en el artículo 46(2) de la Convención Americana.
61. El artículo 46(2) de la Convención establece que esa excepción se aplica si en la legislación interna del Estado de que se trata no se han previsto recursos efectivos y adecuados para la protección del derecho o derechos que se alega que han sido violados; si se ha impedido al presunto lesionado el acceso a los recursos internos; o si ha habido un retardo injustificado en la adopción de una sentencia definitiva.
62. Como se señaló anteriormente, el Estado guatemalteco indicó en algunos de los casos que éstos debían declararse inadmisibles, ya que se encontraban pendientes ante la jurisdicción interna toda vez que estaban siendo conocidos por los tribunales correspondientes.
63. La información que posee la Comisión señala que en aquellos casos de este informe que fueron objeto de denuncia ante los tribunales guatemaltecos han transcurrido entre nueve a diez años desde que se iniciaron las actuaciones penales y no se tiene conocimiento que en alguno de ellos se haya llegado a un dictamen final que aclarara los hechos denunciados y determinara la responsabilidades correspondiente y reparara a los afectados. Atendido el transcurso de tiempo desde que se iniciaron estos procedimientos penales, se plantea necesariamente la cuestión de la demora indebida bajo los términos del artículo 46(2). Si bien toda investigación penal tiene necesariamente sus propios requisitos: "de ninguna manera la regla del previo agotamiento debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la [supuesta] víctima"…10. Como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente, no sólo para proteger los intereses de la víctima, sino para salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa. La Comisión considera que el tiempo transcurrido desde que se iniciaron estos procedimientos en los casos que fueron denunciados ante los tribunales de justicia da base suficiente para que ellos queden comprendidos en la excepción de la demora indebida prevista en el artículo 46.
64. Asimismo, la Comisión considera pertinente tomar en consideración las condiciones imperantes con respecto a la disponibilidad y eficacia de los recursos judiciales existentes en Guatemala, en la época en que ocurrieron los hechos, para tratar denuncias relativas a violaciones de derechos humanos, en especial aquellas que se refieren al derecho a la vida, así como el funcionamiento en su conjunto del sistema judicial guatemalteco en aquella época para abordar los temas de derechos humanos.
65. La Comisión ha expresado en sus Informes Anuales correspondientes a 1990-91 y 1991, su grave preocupación con respecto al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y torturas ocurridas en Guatemala y la incapacidad del poder judicial para responder.11 La Comisión señaló entonces que los procesos judiciales en relación con tales violaciones “no se caracterizan por un esfuerzo investigador exhaustivo que busque la individualización y sanción de los responsables de acuerdo con la gravedad de los hechos”.12
66. El Experto Independiente de la ONU para Guatemala caracterizó la reacción de la policía y del poder judicial a las violaciones del derecho a la vida durante ese período como “sumamente insatisfactoria”.13 “En la mayoría de los casos, estas entidades no identificaron a los culpables. En los pocos casos en que se identificó a un presunto responsable, no se impuso sanción judicial alguna, con lo que se impulsó la perpetuación de la impunidad”.14
67. En este mismo sentido se pronunció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico cuando indicó que durante el período 1986-1996 “los tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar siquiera a un pequeño número de responsables de los más graves crímenes contra los derechos humanos o de brindar protección a las víctimas”.15 y que “el sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia…”.16
68. Además, como ya ha informado esta Comisión, cuestión confirmada por otras fuentes fidedignas, en esa época existió un temor generalizado no sólo de la población afectada por las violaciones de los derechos humanos, sino también de los jueces y demás funcionarios judiciales, situaciones que hicieron ilusorio un efectivo acceso de los agraviados o sus representantes a los recursos de la jurisdicción interna. En este sentido, la Comisión manifestó en su informe de 1989-1990 que “los jueces simplemente no investigan a fondo, aterrorizados por lo que les ha ocurrido a quienes sí efectuaron investigaciones y actuaron con valentía frente al terrorismo, como consecuencia de lo cual resultaron finalmente víctimas…”17. De igual forma, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico manifestó al respecto que diferentes figuras que intervinieron en el proceso judicial sufrieron amenazas y ataques, lo que provocó un clima de intimidación y “un aumento de la inacción de los tribunales y la impunidad”.18
69. Ante tales circunstancias, los recursos de jurisdicción interna no eran adecuados y efectivos en Guatemala en la época que ocurrieron los hechos denunciados. Un recurso es adecuado cuando su función dentro del ordenamiento jurídico interno es idóneo para proteger la situación jurídica infringida.19 En cuanto a la eficacia de los recursos, la Corte ha señalado que lo son cuando “es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para los interesados o no se aplica imparcialmente”.20 Asimismo, la Corte ha señalado que “el asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyos efecto es el impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos es una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 46.2 serían plenamente aplicables a estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto”.21
70. En lo que respecta al argumento del Estado guatemalteco de que muchas de las situaciones descritas en el caso 11.198 no fueron denunciadas en la jurisdicción interna y por consiguiente no se agotaron los recursos de jurisdicción interna, la Comisión ha podido observar que en aquella época en Guatemala había un clima de temor generalizado en la población.22 En este mismo sentido, el experto de Naciones Unidas para Guatemala señaló en ese entonces “la principal característica de la sociedad guatemalteca es aún el estado de temor en que cada uno vive”.23 Es así como las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares y amigos tenían en muchas ocasiones miedo a denunciar tales hechos ante los tribunales y “en los contados casos en que se iniciaba una investigación, muchos testigos y abogados se negaban a participar en procesos abiertos contra miembros del Ejército o de cualquier otra institución del Estado”.24 Asimismo, “[m]uchos jueces se vieron obligados a doblegar su independencia como primera medida para evitar ser asesinados”.25
71. Esta situación de temor generalizado de denunciar los hechos ante los tribunales toma especial relevancia tratándose de actos cometidos por las Patrullas de Autodefensa Civil o los Comisionados Militares, atendido el fenómeno social que significó su existencia y el carácter con que operaban y actuaban estas organizaciones. Como se verá más adelante en este informe, ellas tenían como objetivos centrales organizar a la población civil contra los movimientos guerrilleros y lograr un control físico y psicológico sobre la población.26 El control físico y psicológico que las PAC lograron sobre las comunidades donde operaban, y la vinculación de éstas con el ejército, crearon especialmente en las zonas rurales un temor de denunciar ante las autoridades correspondientes los atropellos a los derechos humanos que ellas cometían, toda vez que la gente que se atreviera a denunciarlas era catalogado inmediatamente al menos como simpatizante de la guerrilla, contrario al ejército y consecuentemente se veía expuesto a represalias como en muchas ocasiones ocurrió.
72. Ante tales circunstancias se puede señalar que aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares y amigos de éstos que no denunciaron tales atropellos ante los tribunales de la jurisdicción interna, lo hicieron porque se vieron atemorizados ya que podía resultar peligrosos para ellos, situación que lleva a la Comisión a concluir que por razones de hecho los recursos no eran efectivos y se configura la excepción contemplada en el artículo 46(2) de la Convención y por tanto los interesados quedan eximidos del requisito del agotamiento de los recursos internos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la regla del previo agotamiento de los recursos internos no exige la presentación de recursos cuando no ofrece posibilidades de éxito o cuando ello pueda poner en peligro la integridad física del peticionario.27
73. De esta forma, la Comisión concluye que en la época en que ocurrieron los hechos en Guatemala el sistema judicial no era una herramienta efectiva para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y más bien se convirtió en muchas oportunidades en un eslabón fundamental para consolidar el clima de impunidad imperante. De igual manera, existía en aquella época un clima generalizado de temor a denunciar violaciones a los derechos humanos, ya que ello podía tener consecuencias nefastas para los denunciantes. De esta manera, puede concluirse que existieron razones de hecho que impidieron el acceso de los agraviados o sus representantes a los recursos de la jurisdicción interna y, por tal motivo, no era necesario agotarlos. Por esa razón, y también tomando en cuenta que los recursos internos iniciados habían sido objeto de una demora injustificada, la Comisión concluye que se aplica la excepción de agotamiento establecida en el artículo 46 de la Convención.
2. Plazo de presentación
74. Conforme al artículo 46(1)(b) de la Convención, las peticiones deben presentarse a tiempo, a saber, dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva adoptada a nivel interno. Esta norma garantiza certeza y estabilidad jurídica una vez adoptada una decisión. Cuando no existe una sentencia definitiva, como sucede en los casos de este informe, el artículo 46(2) señala que en la medida en que ello pueda atribuirse a falta del debido proceso, denegación de acceso a recursos o demora injustificada, no se aplica la regla de los seis meses. En ese caso, el artículo 38 del Reglamento de la Comisión establece que el plazo para la presentación "será un período de tiempo razonable, a criterio de la Comisión, a partir de la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos, considerando las circunstancias de cada caso concreto".
75. La Comisión considera que las denuncias formuladas en estos casos en atención al clima de temor que existía en la población en aquella época, el clima de impunidad y el ineficaz funcionamiento del sistema judicial para investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a sus responsables fueron presentadas ante ella oportunamente y dentro de un tiempo razonable. En esas circunstancias, la Comisión considera que fue satisfecho el requisito de presentación oportuna.
3. La caracterización de los hechos alegados
76. El artículo 47 de la Convención Americana prohibe admitir toda petición que no cumpla los requisitos dispuestos en el artículo 46 o que (1) no exponga hechos que tiendan a establecer una violación o (2) se demuestre que es manifiestamente infundada. En cada uno de los casos en estudio se trata entre otros de una presunta ejecución extrajudicial, detención ilegal, atentado contra la integridad física, de una o más personas perpetrados por miembros de las Patrullas de Auto Defensa Civil o Comisionados Militares, organizaciones que actuaban bajo el auspicio y tolerancia del Estado guatemalteco como se verá más adelante. Por cuanto la falta de fundamento o la improcedencia de estos aspectos de las denuncias no resulta evidente, la Comisión las considera admisibles conforme a los requisitos establecidos en el artículo 47(b) y (c) de la Convención Americana.

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