Informe nº 59/01



Descargar 330.18 Kb.
Página3/5
Fecha de conversión14.01.2019
Tamaño330.18 Kb.
1   2   3   4   5

4. Duplicación del procedimiento y cosa juzgada

77. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que produzca una petición ya examinada por este u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.


IV. SOLUCIÓN AMISTOSA
78. De conformidad con el artículo 48(1)(f) de la Convención, en cada uno de los casos analizados la Comisión se puso a disposición de las partes interesadas a fin de tratar de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Ninguna de ellas manifestó su interés en iniciar el procedimiento dentro del plazo que se les concedió. En consecuencia, como se dio a las partes la posibilidad de hacer uso del procedimiento y efectivamente la rechazaron, la Comisión procede a analizar el fondo del asunto en este informe.

V. ANÁLISIS SOBRE EL FONDO



A. Consideraciones iniciales



79. Tal como se estableció anteriormente, la Comisión acordó acumular los casos bajo estudio, por considerar que los hechos alegados por los peticionarios tratan una serie de ejecuciones extrajudiciales y atentados a la integridad física cometidas por miembros de las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil o por Comisionados Militares, efectuadas con características similares y en un marco cronológico común. Además, este análisis no puede separarse del contexto global de la observancia del derecho a la vida durante el período en estudio y el fenómeno social que significaron las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala.
80. En Guatemala, los años 1990 a 1992 estuvieron marcados por violaciones sistemáticas del derecho a la vida en la forma de ejecuciones extrajudiciales y atentados a la integridad física perpetradas por agentes del Estado. En la presente sección se ofrece un panorama general sobre el origen, objetivos y funcionamiento de las PAC; el de las ejecuciones judiciales durante ese período, incluido un breve análisis de las características de esa práctica, y la naturaleza de las personas elegidas como víctimas.
1. Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)28
81. Las Patrullas de Autodefensa Civil nacieron a inicios de los años ochenta como grupos de civiles organizados “coercitivamente por la institución armada, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y controlar sus comunidades”.29 En abril de 1983 el Acuerdo Gubernativo 222-83 las reconoció legalmente mediante la creación de la Jefatura Nacional de Coordinación y Control de la Auto Defensa Civil.30
82. Conforme a este Acuerdo Gubernativo, las PAC dependían jerárquicamente de las autoridades militares. El primer considerando de este Acuerdo señala que “para proteger a la población honrada y trabajadora del país de la acción destructora promovida por la subversión, el Ejército de Guatemala ha organizado las PAC, especialmente en las poblaciones del interior del país”. El considerando segundo señala que “para regular la Organización, Funcionamiento y Control de las PAC, es necesario crear las respectivas jefaturas con jurisdicción en todo el territorio nacional, para cuyo propósito es procedente dictar la correspondiente disposición legal”. El artículo 2 indica que el Ministro de Defensa Nacional emitirá un reglamento y las órdenes que estime convenientes, para la organización y funcionamiento de la jefatura creada mediante esta disposición.31
83. En 1986, mediante el Decreto Ley 19-86, las PAC pasaron a denominarse “Comités Voluntarios de Defensa Civil”. Según se ha señalado “este cambio simplemente fue nominal puesto que la finalidad de estas organizaciones siguió siendo la misma, continuaron siendo parte de la contrainsurgencia del Ejército y sus integrantes siguieron dependiendo totalmente de la institución armada”.32 En este mismo sentido el experto independiente de Naciones Unidas para Guatemala señaló que “a pesar de lo que indica el nombre oficial de los Comités Voluntarios de Auto Defensa Civil, son muchos los habitantes de las zonas rurales que siguen viéndose obligados a incorporarse a dichas patrullas. Las patrullas se han convertido en un elemento institucionalizado de incontrolable violencia…”.33
84. Las PAC fueron disueltas oficialmente en 1996 mediante el Decreto número 143-96, dándose de esta forma cumplimiento al “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática”.34
85. De esta forma se puede señalar que las PAC fueron una fuerza paramilitar legalizada que siempre estuvo sujeta al Ejército y cuyo “funcionamiento contaba con la planificación y control de la institución militar”.35
86. Las PAC tuvieron como objetivos centrales organizar a la población civil contra los movimientos guerrilleros y lograr un control físico y psicológico sobre la población. Es así como el fenómeno de las PAC tuvo un gran impacto en las estructuras sociales de la sociedad guatemalteca, especialmente en las áreas rurales con predominancia de población indígena.36
87. El involucramiento de la población guatemalteca en el sistema de las PAC fue muy alto. “No hay datos oficiales del número de hombres integrados a las PAC. Sin embargo, hacia 1982-1983 llegaron a agrupar a unos 900.000 campesinos comprendidos entre los 15 y 60 años, es decir, cerca del 80% de la población masculina en las áreas rurales indígenas. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990) los miembros de las PAC bajaron a 500.000, y eran unos 375.000 en el momento de su disolución".37
88. Los miembros o integrantes de las PAC, conocidos como “patrulleros”, dependían de la autoridad o jefe de la patrulla, quienes eran designados en la gran mayoría de los casos por los comandantes militares de su jurisdicción, y en las comunidades afines a los militares eran éstas las que los proponían, pero en ambos casos “debían obtener la autorización del comandante de la zona militar respectiva”. “El registro de los patrulleros se realizaba por medio de un documento de identificación, el cual era expedido en los destacamentos militares”. Los patrulleros recibían del ejército instrucción militar, adoctrinamiento ideológico y suministro de armas. Por su parte los patrulleros colaboraban con el Ejército entre otros como informantes, en rastreos, en operaciones contrainsurgentes, captura, interrogatorios, tortura y ejecuciones extrajudiciales.38

89. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:


… las patrullas civiles tenían una relación institucional con el Ejército, realizaban actividades de apoyo a las funciones de las fuerzas armadas y, aún más, recibían recursos, armamento, entrenamiento y órdenes directas del Ejército guatemalteco y operaban bajo su supervisión, y a esas patrullas se les atribuían varias violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias y extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas.39
90. En cuanto a la incorporación de la población a las PAC, si bien en el papel era voluntaria en la práctica en muchas oportunidades tuvo características de reclutamiento forzoso y en otras tantas se convirtió en un mecanismo de sobrevivencia de la población civil.40 En este sentido “se presionaba a la gente a incorporarse a las PAC por medio de la coacción, las acusaciones y las amenazas de muerte que incluían incluso a los familiares. Estas amenazas fueron el mecanismo más importante para tratar de involucrar a los hombres de la comunidad y, a través de ellos, tener un sistema de control de las familias. El sistema de control de la vida cotidiana llevó a que fuera muy difícil que la gente se resistiera a participar”.41
91. Las Patrullas de Autodefensa Civil lograron tener un gran poder físico y psicológico sobre sus miembros y las comunidades en su conjunto. En este sentido la Comisión ha señalado que las PAC: “En primer lugar en la mayoría de los casos no dependen ni están controladas por las autoridades civiles democráticamente electas de la comunidad, lo cual las hace una fuente alternativa de poder que exacerba tensiones y divisiones internas en la comunidad. En segundo lugar, en tanto estén fuera del control de la estructura democrática de poder, se vuelven centros alternativos de poder local, fuente de favoritismo, acciones ilegales y asumen ilegalmente poderes para su prestigio o provecho personal, apoyándose en su conexión real o pretendida con autoridades del Ejército o las fuerzas de seguridad. En vez de ser una fuente de tranquilidad, pasan a ser la causa del miedo y angustia comunitaria. Más aún, en las restringidas áreas donde aún subsisten movimientos irregulares armados, la reacción civil a las operaciones de contrainsurgencia, llevan a la población asolada entre dos fuegos. El Ejército, al percibir la frialdad del apoyo, lo interpreta como colaboracionismo con la guerrilla y en consecuencia castiga a la población”.42
92. En este mismo sentido el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico señaló que: “El Ejército otorgó poder discrecional a los jefes de patrullas, como parte del modelo de control total. Los actos y la vida de los demás patrulleros y de la población entera dependían del poder militar, ya sea en manos directas de miembros del Ejército o en manos de jefes de patrulla y comisionados. El sistema de sanciones era parte de ese modelo de control y también un mecanismo para que los patrulleros aprendiesen técnicas de tortura, las cuales luego aplicaban a la población”.43 De esta manera, “la imposición de castigos fue una práctica repetitiva en cientos de comunidades del país, donde los mismos patrulleros replicaron los métodos de tortura aprendidos de los miembros de la institución armada. La intimidación, las amenazas y los tratos crueles se realizaron en las comunidades como un método disuasivo para quienes rechazaban hacer los turnos respectivos o integrar las PAC…”.44 Asimismo, “la comisión de hechos violatorios de derechos humanos tuvo el objetivo de crear terror en la población y fue parte de la estrategia contrainsurgente del Estado. La actuación de los patrulleros se dio en el marco de la estrategia contrainsurgente. En general, actuaron bajo órdenes expresas de los militares o ejerciendo el poder impune que el Ejército les delegó para realizar funciones de vigilancia y control, capturas, operaciones armadas; incluso, la muerte y tortura de personas, la destrucción de comunidades, relaciones sexuales y actos inhumanitarios con ex combatientes, entre otros hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.45
93. La Comisión dentro de este punto desea hacer una breve mención a la institución de los Comisionados Militares, atendida su estrecha vinculación con las PAC. La institución de los Comisionados Militares fue creada en julio de 1938.46 Al crearse las PAC (1981) los comisionados militares, debido a su cercanía con el ejército, pasaron por lo general también a ejercer funciones de jefes de las patrullas de Auto Defensa Civil. Algunas de las actividades desarrolladas por los Comisionados Militares fueron “la colaboración con el reclutamiento militar, con la red de información del Ejército, el control y vigilancia sobre la población civil, la persecución a delincuentes, las denuncias, las capturas de las víctimas, los interrogatorios y las torturas, la ejecución de mujeres y niños, la participación en operaciones contrainsurgentes, la utilización de cementerios clandestinos, la colaboración con los finqueros y la resolución de problemas personales, entre otros”.47
94. De esto modo podemos sostener, al igual como lo señaló la Corte, que “la aquiescencia del Estado de Guatemala en la realización de tales actividades por parte de las patrullas civiles, permite concluir, que dichas patrullas deben ser consideradas como agentes del Estado, y por lo tanto imputables a éste los actos por ellas practicados".48 De igual manera la CEH concluyó que:
Independientemente de su forma de actuar y de la responsabilidad que les compete a los patrulleros como directos autores de las violaciones contra la población, el Estado de Guatemala es el responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidos por las Patrullas de Autodefensa Civil, toda vez que las promovió y legalizo. Además de que a través de su Ejército, las integró en los lugares de mayor presencia guerrillera, involucrando así a la población civil en el enfrentamiento armado.
El Estado es responsable de las violaciones cometidas por las PAC en la medida que actuaron organizadas por él, en cumplimiento de sus órdenes, o por el poder que el Estado les delegó, o con su aquiescencia, conocimiento o tolerancia, y estaban bajo su control jerárquico y supervigilancia. Como indican los testimonios recibidos por la CEH, la participación de las PAC en muchos hechos de violencia fue obligatoria y su oposición a hacerlo podía dar lugar a la muerte o tortura del patrullero. El poder omnímodo otorgado por el Ejército a los patrulleros, como parte de la estrategia de terror, dio lugar a que éstos cometieran todo tipo de violaciones. Es responsabilidad del Estado, además, la falta de investigación, juzgamiento o sanción de los responsables individuales en cada caso.49
2. Características de las ejecuciones extrajudiciales en Guatemala en 1990-91
95. La ejecución extrajudicial fue empleada durante el período del conflicto armado en Guatemala:
Mediante la práctica sistemática de la ejecución arbitraria, agentes del Estado eliminaron físicamente a sus opositores, buscando a la vez reprimir, silenciar y controlar a la población en su conjunto, a través del terror, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.50
96. Como se explicará, estas ejecuciones fueron perpetradas con frecuencia regular durante 1990 y 1991, de acuerdo con procedimientos que muestran características comunes e identificables.
97. Informes de este período reflejan la poca protección y garantías que el Estado guatemalteco le otorgaba al derecho a la vida. En su Informe Anual 1989-90, la Comisión destacó que se había registrado durante el período a que se refiere el informe “el más grave incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos ocurrido durante el Gobierno del Presidente Cerezo”.51 La Comisión se refirió tanto a las múltiples denuncias que había recibido como a la cantidad de informes de secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que se registraban casi diariamente, y en ciertos casos con múltiples víctimas.52 Nuevamente en su Informe Anual 1990-91, la Comisión informó que la situación de los derechos humanos en el país se había deteriorado,53 y que la mayoría de los casos en trámite en la Comisión en relación con Guatemala eran denuncias de supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones ilegales.54 A nivel nacional, el Procurador de Derechos Humanos informó del procesamiento de 556 peticiones relacionadas con muertes extrajudiciales en 1990 y 432 de estas peticiones en 1991.55 Las estadísticas de las ejecuciones extrajudiciales declaradas por las organizaciones no gubernamentales coincidieron con estas cifras o fueron sustancialmente superiores.56
98. Si bien algunas ejecuciones fueron perpetradas en forma indiscriminada, sin relación con el sexo, la edad, el origen étnico, la opinión política u otra distinción en cuanto a la víctima, “en el período que corre entre 1990 y 1996, se mantuvo la tendencia apuntada al final de los años 1980, es decir, la realización de ejecuciones arbitrarias selectivas…”.57 Las ejecuciones selectivas ocurrieron “…cuando la víctima era definida o elegida de forma clara y concreta … podía ser una persona, una comunidad o un sector…”.58
99. Los casos e informes de este período reflejan un modus operandi común en la realización de violaciones del derecho a la vida:
se realizan abiertamente a cualquier hora del día y de la noche, en cualquier lugar de Guatemala y sin importar la presencia de testigos presenciales…utilizan automóviles o camionetas sin placas o con placas robadas; ninguna persona y menos autoridad judicial hace nada por impedir los hechos; las investigaciones no concluyen a ningún resultado y los órganos responsables se inculpan el uno al otro por la falta de investigación.59

[L]os cadáveres hallados aparecieron en diferentes partes del país, en los más de los casos con heridas de bala o arma blanca; algunos con señales de torturas…60


100. Las ejecuciones arbitrarias en general se llevaron a cabo básicamente de dos maneras. En algunos casos, un grupo de hombres armados no identificados, en ropa de civil u ocasionalmente de uniforme, se acercaban a la víctima en su hogar, lugar de trabajo o en la calle, a menudo en presencia de testigos, y allí mismo perpetraban el ataque. En otros casos, la víctima era secuestrada en estos lugares, también a menudo en presencia de testigos, descubriéndose a las horas o los días el cadáver, en muchos casos con señales de tortura.61 Además, como informó la CEH, “[l]a mayoría de las ejecuciones arbitrarias cometidas por agentes del Estado se complementaron con otros actos y maniobras orientadas a evitar o entorpecer la investigación de los jueces, intensificando el clima de impunidad”.62
101. Las PAC cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales en las comunidades donde operaban y en comunidades vecinas a éstas.63 Las ejecuciones arbitrarias llevadas a cabo por las PAC se realizaban entre otras cuando una persona era acusada o sospechosa de ser guerrillera, durante acciones de patrullaje con o sin efectivos del ejército, cuando alguien se negaba a patrullar o incorporarse a éstas, por faltar al reglamento disciplinario de las PAC o simplemente por motivos personales, atendido el gran poder e impunidad con que actuaban sus miembros en las comunidades.64 “La mayor parte de las veces esas acciones se realizaron, según los testigos, sin antecedentes previos que implicaran a la persona en acciones militares de la guerrilla. Es posible que una parte de ellos fueran miembros de la infraestructura guerrillera en muchas comunidades (FIL), pero también tuvieron un carácter indiscriminado ante cualquier sospechoso, realizándose en medio de un despliegue de fuerzas y en una situación de completa indefensión de las víctimas y muchas veces delante de sus familiares”.65
3. Participación de agentes del Estado
102. Pese a que el poder judicial no respondió con una investigación apropiada y eficaz en las investigaciones de actos que implicaran ejecuciones extrajudiciales tal como era su obligación, la participación de agentes del Estado en ejecuciones extrajudiciales ha sido claramente establecida a través de las características de las ejecuciones y su modus operandi, de las denuncias y declaraciones de testigos, de los numerosos testimonios recogidos y analizados por diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales, y de investigaciones confiables cuyos informes se han hecho públicos.
103. Al evaluar la naturaleza y el alcance de la responsabilidad del Estado por esta práctica durante el conflicto, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que “el Estado de Guatemala incurrió reiterada y sistemáticamente en violaciones del derecho a la vida … agravadas en numerosos casos por la aplicación de extrema impiedad, como ocurrió, a modo de ejemplo, en situaciones en las cuales los cuerpos fueron abandonados con evidentes señales de tortura, mutilaciones, múltiples impactos de bala o quemaduras”. En términos globales, según sus datos, “el Ejército fue responsable del 86% del total de ejecuciones arbitrarias”.66 “Las PAC fueron responsables del 21%, y los comisionados militares del 11%…”. “Otras fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia de Hacienda y otros), del 4%”.67 (Este porcentaje se calcula sobre el total de ejecuciones arbitrarias, sin evaluar si su actuación fue individual o en colaboración con otro actor).
104. Estas conclusiones generales son congruentes con las características de las ejecuciones y los informes del período específico bajo estudio. Por ejemplo, el Procurador de Derechos Humanos informó en julio de 1990 que “…la mayoría de las denuncias en su oficina correspondían a acusaciones contra el Ejército, la Policía Nacional y las Patrullas Civiles”.68 En su Informe Anual de 1991, la Comisión expresó su preocupación por la cantidad de denuncias recibidas concernientes a violaciones del derecho a la vida a manos del Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil, y la incapacidad de las autoridades pertinentes para controlar o sancionar a los integrantes de las fuerzas de seguridad, que parecen haber participado directamente en una serie de violaciones de los derechos humanos.69 El Experto Independiente de Naciones Unidas para Guatemala informó que, dado que los responsables de las violaciones del derecho a la vida --presuntamente integrantes de las fuerzas de seguridad o personas vinculadas a éstas-- eludieron toda sanción, pueden actuar prácticamente con total impunidad.70
105. Un aspecto esencial de esta práctica que estimuló su perpetuación fue la falta de capacidad o de voluntad de parte de las autoridades pertinentes de reaccionar a las ejecuciones como lo exigió la ley. Durante este período, la Comisión indicó que en lo referente a los hechos violatorios de los derechos humanos los órganos de la administración de justicia llamados a investigar y sancionar tales hechos no actuaron, lo cual pone en evidencia su ineficacia para prevenir o responder frente a esas violaciones.71 Las investigaciones judiciales iniciadas por las reiteradas denuncias de ejecuciones sumarias “no han dado en la práctica resultado positivo, en el sentido de que en la mayoría de los casos los tribunales o los organismos de seguridad no logran determinar quienes han sido los autores de tales hechos violentos”.72 Las pocas personas que han sido presentadas ante los tribunales acusadas de haber participado en violaciones al derecho a la vida no fueron sancionadas, “unas veces por falta de voluntad política y otras veces por deficiencias en la administración de justicia”.73
4. Selección de las víctimas
106. Muchas de las ejecuciones extrajudiciales selectivas perpetradas durante 1990-91 fueron cometidas contra víctimas elegidas por su participación en organizaciones sociales y políticas.74 La Comisión y otras fuentes informaron durante este período de las persistentes campañas de violencia e intimidación contra defensores de los derechos humanos,75 en especial integrantes del Consejo de las Comunidades Etnicas Runujel Juman (CERJ);76 miembros de organizaciones laborales y sindicales;77 miembros de las comunidades
universitarias;
78 la población indígena, especialmente en las zonas rurales;79 la población campesina;80 la prensa;81 miembros de los partidos políticos y personas vinculadas de alguna manera a la vida política del país; 82 miembros de los servicios comunitarios y las organizaciones religiosas,83 y personal judicial. 84 En muchos casos, los ejecutados y/o las personas cercanas a ellos habían sido víctimas de amenazas previas. 85 En otros casos, pese a sus precauciones, como períodos de exilio en ciertos casos, estas amenazas fueron concretadas.86
107. Esta selección formaba parte de una política más amplia encaminada a sembrar el terror entre la población. Como lo señaló la Comisión para el Esclarecimiento Histórico con respecto a las zonas urbanas del país:
Parecería ser que el terrorismo estatal ha tenido entre sus criterios más preciados, para liquidar a una persona, que ésta sea ampliamente conocida [y] apreciada …. Esto se ha hecho por la sencilla razón de que se genera más miedo. Con el asesinato o desaparición de dirigentes, en alguna forma se puede generar la mayor sensación de desprotección, falta de dirección y por supuesto, desorganización.87
108. En áreas rurales fueron empleadas las mismas tácticas del terror. “En el interior del país, la eliminación sistemática de los líderes tradicionales, catequistas y cooperativistas, dejaron secuelas de desestructuración, desprotección y desorganización al interior de la comunidad”.88
109. En otros casos, las violaciones fueron menos selectivas por cuanto las víctimas incluían a hombres, mujeres, ancianos y niños.89 La gran mayoría de los ejecutados durante el curso del conflicto, aproximadamente 86.56% de las víctimas, pertenecían a la población maya.90 Un gran porcentaje de las víctimas eran miembros de las comunidades rurales, incluidos trabajadores agrícolas y campesinos.91 En el curso del conflicto armado, miles de personas fueron ejecutadas sumariamente sobre la base de acusaciones de que tenían alguna conexión con la guerrilla, sin que se aclarase tal acusación.92 Otras lo fueron porque no querían incorporarse a las patrullas PAC o habían dejado de participar.93 Las víctimas no siempre eran seleccionadas en relación a sus presuntas actividades; en algunos casos, se les seleccionaba en conexión con las actividades políticas o sociales de sus familiares o simplemente porque estaban presentes cuando desconocidos armados aparecían en el hogar o el lugar de trabajo en busca de un familiar.94 A la inversa, en algunos casos se seleccionaba a las personas precisamente porque nunca habían participado en ninguna actividad política. También en este caso se trataba de sembrar el terror, de provocar la reacción: si matan a tal persona, “a quién no pueden matar”.95

B. Hechos establecidos con respecto a los 6 casos en estudio
1. Valoración de las pruebas
110. Al valorar las pruebas y establecer los hechos, la Comisión ha tenido en cuenta la totalidad de la información ofrecida por las partes, en particular las referencias a las declaraciones de testigos y de familiares y a toda investigación judicial cuando la hubo, así como la información mencionada con respecto al origen, funcionamiento y modus operandi de las PAC, Comisionados Militares y a la práctica de las ejecuciones sumarias en Guatemala en los tiempos en que ocurrieron los hechos. Como lo estableció la Corte Interamericana, cuando una práctica gubernamental de violaciones ha sido demostrada, “la prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente considerarse …. [l]a prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”.96
111. De esta manera, en aquellos casos donde existe un patrón de conducta, los elementos circunstanciales, los indicios y las presunciones de la prueba pueden ser de particular importancia para establecer la responsabilidad internacional de un Estado por la violación o una serie de violaciones perpetrada(s) por sus agentes.97
112. Como se ha ilustrado con el análisis precedente, la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en Guatemala se complementó con el clima de impunidad imperante en la época y la falta de voluntad del poder judicial para investigar seria y efectivamente las denuncias de violaciones de derechos humanos que llegaron a su conocimiento y sancionar a sus responsables.98 De esta manera, toda vez que se pueda establecer esta práctica, atribuible al Estado o utilizada con su aquiescencia, y vincularse al caso particular, esa vinculación ayuda a definir aún más la naturaleza y el alcance de las denuncias planteadas,99 y ayuda a establecer la veracidad de los hechos alegados.100

113. El punto de partida para evaluar las pruebas y establecer los hechos en los casos bajo estudio es que quince personas señaladas como víctimas sufrieron muerte violenta como consecuencia de haber sido ejecutadas extrajudicialmente. Asimismo, otras siete personas fueron objeto de tentativas de ejecución extrajudicial resultando gravemente heridas y si no es por la ayuda oportuna de familiares o amigos que los llevaron a hospitales habrían fallecido. El Estado nunca impugnó estas alegaciones; y en algunos casos la información que presentó confirmó la causa de las muertes denunciadas.


2. Hechos presentados y su relación con la práctica de ejecuciones extrajudiciales
114. Como se ha descrito, en 1990 y 1991 cientos de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Guatemala. Las ejecuciones siguieron una práctica similar y fueron perpetradas en forma sistemática, seleccionándose habitualmente a las víctimas por sus actividades sociales o políticas. Se sabía que eran perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad o por personas que actuaban en su nombre o con su aquiescencia, ya sea PAC o Comisionados Militares. Además, el sistema judicial guatemalteco en su conjunto no era una herramienta efectiva para garantizar el respeto de los derechos humanos, en especial el derecho a la vida.
115. Las ejecuciones extrajudiciales alegadas en todos los casos en estudio fueron perpetradas en áreas rurales donde las patrullas de auto defensa civil tenían una fuerte presencia y gran poder. En todos los casos las víctimas, previo a su muerte, habían sido objeto de amenazas por miembros de las PAC ya sea porque se negaban a incorporarse a éstas o habían renunciado a las mismas. De las quince víctimas objeto de ejecución extrajudicial al menos nueve eran indígenas. Asimismo, de las quince víctimas de ejecución extrajudicial, al menos siete eran miembros del CERJ, situación congruente con la práctica de esa época de persecución y amedrentamiento contra miembros de organizaciones de derechos humanos y especialmente contra miembros del CERJ.101 De igual manera, ocho de las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en San Pedro de Jocopilas. En casi todos los casos, eran varios los sujetos que cometían el ilícito, iban vestidos de civil y siempre actuaban fuertemente armados y con aparente impunidad. En todos estos casos, el modus operandi que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales siguieron fue dirigirse al lugar en donde se encontraba la víctima, aún cuando estuviese acompañada de otras personas, para ejecutarla de manera inmediata.
116. En el caso de Pedro Tau Cac, el modus operandi seguido fue la inicial captura de la víctima, para llevársela a un lugar desconocido. Días después, el cadáver fue encontrado en un sitio público. En el caso de Remigio Morales y Rafael Sánchez los cuerpos mostraban evidentes muestras de haber sido torturados antes de su ejecución.
117. En los casos de tentativa de ejecución extrajudicial, los modus operandis utilizados son los propios de las ejecuciones extrajudiciales del período 1990-1991. Así, en el caso de Catalino Chochoy, José Corino y Abelino Baycaj, resultaron gravemente heridos cuando trataron de reclutarlos forzadamente para realizar el servicio militar. En el caso de Antulio Delgado, se sindica como responsables a Comisionados Militares. En el caso de Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez y Orlando Adelso Galicia Gutiérrez mientras estaban realizando labores agrícolas aparecieron hombres vestidos de civil vinculados a las Patrullas de Autodefensa Civil.
118. De acuerdo con los antecedentes en poder de la Comisión, en ningún caso se ha investigado efectivamente lo sucedido, sancionado a los responsables e indemnizado a las víctimas. Esto también es congruente con la sistemática incapacidad del poder judicial de responder con la investigación debida, el procesamiento y la sanción de las violaciones de los derechos humanos durante el período en cuestión.
119. Como la Corte Interamericana ha establecido, a fin de determinar que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no es necesario establecer la culpabilidad de los autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar a los agentes a los cuales se atribuye el hecho violatorio. En tales casos es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, o bien la ausencia de las medidas necesarias para identificar y sancionar a los autores de esas violaciones.102
120. En los casos 10.626, 10.627 y 11.198, las quince personas a que hacen alusión fueron ejecutadas extrajudicialmente y forman parte de la práctica de ejecuciones sumarias aplicada en Guatemala en 1990 y 1991; estas ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil o Comisionados Militares, quienes como se analizó previamente eran agentes del Estado. Asimismo, los casos 10.799, 10.751 y 10.901 sobre tentativas de ejecuciones extrajudiciales con resultado de heridas graves, también se enmarcan dentro de esta práctica y también fueron perpetradas por miembros de las Patrullas de Auto Defensa Civil o Comisionados Militares, es decir agentes del Estado guatemalteco. Esta práctica se vio incentivada por el clima de impunidad imperante en la época al no existir una voluntad del poder judicial de investigar de manera efectiva y seria las violaciones a los derechos humanos que le eran denunciadas. Sobre la base de indicios directos y circunstanciales establecidos, la Comisión concluye que el Estado es responsable de los hechos denunciados en todos estos casos y procederá a detallar la naturaleza y las consecuencias específicas de esa responsabilidad.
C. Consideraciones de derecho
El derecho a la vida
121. El artículo 4(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos declara que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida…nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. El derecho internacional de los derechos humanos, tanto convencional como consuetudinario, y la Constitución guatemalteca de 1985, garantizan el derecho a la vida.103
122. El derecho a la vida reviste especial importancia porque es el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. El derecho a la vida es de importancia fundamental dentro del sistema de garantías de la Convención; en consecuencia, sus disposiciones deben interpretarse estrictamente. La protección de este derecho tiene una doble dimensión: supone, por un lado, que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida, pero por el otro lado exige que los Estados tomen todas las medidas necesarias para garantizarla.
123. Es deber del Estado garantizar la inviolabilidad de la vida a toda persona sujeta a su jurisdicción y el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella, lo cual implica la prevención razonable de situaciones que puedan redundar en la supresión de ese derecho. La debida diligencia impone a los Estados el deber de una prevención razonable en aquellas situaciones que pudieran, incluso por omisión, conducir a la supresión de este derecho.
124. El derecho a la vida origina deberes de parte del Estado tanto de carácter preventivo como correctivo. En los casos de ejecuciones extrajudiciales, el Estado guatemalteco no proporcionó lo uno ni lo otro. Es así como los casos referentes a ejecuciones extrajudiciales de este informe demuestran que el Estado no protegió a estas víctimas contra las ejecuciones arbitrarias perpetradas por sus agentes o por quienes actuaban en su nombre o con su aquiescencia. La práctica de las ejecuciones extrajudiciales existente en ese entonces, que planteaba una grave amenaza a este derecho, fue permitida en estos casos y en cierta medida estimulada por la falta de voluntad o capacidad de las autoridades de responder a esta situación.
125. Asimismo, el sistema de garantías legales, que debió haber sido puesto en marcha para controlar las acciones de agentes del Estado implicados no fue adecuado ni efectivo, más bien fue ilusorio y no dio la respuesta necesaria para la investigación de tales violaciones. En este sentido, el derecho internacional e interamericano en materia de derechos humanos ha establecido que toda violación del derecho a la vida exige que el Estado emprenda una investigación judicial a cargo de un tribunal penal designado para "procesar, enjuiciar y sancionar penalmente a los hallados responsables de tales violaciones".104 Por lo tanto, en ciertos casos en que un Estado no ha investigado debidamente las denuncias de muertes arbitrarias, éste ha sido hallado responsable en el plano internacional por haber sido violado el derecho a la vida, pese a que las circunstancias de las muertes no hayan sido plenamente aclaradas.105 Como se señalará más adelante en el análisis, los informes presentados por el Estado con respecto a los casos en estudio no demuestran que se hayan emprendido investigaciones efectivas para aclarar los hechos o determinar la responsabilidad correspondiente por esas muertes.
126. Con respecto a toda persona privada de libertad antes de la ejecución, es preciso agregar que la muerte bajo cualquier forma de custodia debe considerarse prima facie una ejecución sumaria, que exige una investigación inmediata para confirmar o desestimar esa presunción.106
127. La Comisión considera que en los casos 10.626, 10.627 y 11.198 que comprenden un total de quince víctimas, todas ellas fueron ejecutadas extrajudicialmente, algunas lo fueron de forma inmediata y otras una horas o días después de su captura; los perpetradores fueron miembros de las Patrullas de Auto Defensa Civil, Comisionados Militares o particulares que actuaron con la tolerancia o consentimiento del Estado en el marco de la práctica de ejecuciones extrajudiciales previamente identificada por esta Comisión. El Estado no adoptó las medidas requeridas para poner fin a la práctica de las ejecuciones sumarias imperante en ese tiempo y no respondió a estas ejecuciones específicas con la diligencia necesaria. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado de Guatemala es responsable de la violación al derecho a la vida de Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac, José María Ixcaya Pictay, José Vicente García, Mateo Sarat Ixcoy, Celestino Julaj Vicente, Miguel Calel, Pedro Raguez, Pablo Ajiataz, Manuel Ajiataz Chivalán, Catrino Chanchavac Larios, Miguel Tiu Imul, Camilo Ajquí Gimon y Juan Tzunux Us, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Convención Americana.
El derecho a la libertad personal
128. Toda privación legítima de la libertad debe ser instruida y llevada a cabo por autoridad competente y debe efectuarse de acuerdo con los requisitos sustantivos y procesales del derecho interno y de la Convención Americana. El artículo 7(2) de la Convención Americana establece que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”, y el párrafo tres de dicho artículo añade que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario”.
129. En los hechos que afectaron a Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon, se alega que las víctimas fueron capturadas ilegalmente. Estas víctimas supuestamente habrían sido mantenidas bajo custodia por períodos de aproximadamente una hora a varios días. No existe constancia o información alguna que sugiera que alguna de las víctimas fue privada de su libertad mediante una orden de autoridad competente o de acuerdo con la ley. Por el contrario, los hechos descritos siguen el modus operandi de muchas ejecuciones sumarias de ese período.
130. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto....107 El derecho de petición para la determinación de la legalidad de la detención constituye la garantía fundamental de los derechos constitucionales y humanos de un detenido en caso de privación de libertad llevada a cabo por agentes estatales. "[E]s esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".108 No obstante que no se estableció con precisión por cuánto tiempo fue detenida cada víctima antes de ser ejecutada, se puede afirmar que la naturaleza de estas detenciones les impidió inclusive invocar la salvaguarda esencial de la protección judicial.
131. En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado violó el artículo 7 de la Convención Americana y es responsable por los actos de sus agentes o de las personas que actuaron en su nombre o con su aquiescencia, al privar ilegalmente de su libertad a las víctimas señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Tac y Camilo Ajquí Gimon e impedirles el acceso a la protección judicial.
El derecho a la integridad personal
132. El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus párrafos 1 y 2 señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica o moral” y que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”.
133. En los casos de Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajquí Gimon, las víctimas fueron retenidas en forma clandestina y se les impidió todo contacto con alguna forma de ayuda o protección, durante períodos de una hora a varios días. La privación de libertad bajo tales condiciones produce de por sí gran ansiedad y sufrimiento. En estos casos hay señales que indicaban que las víctimas habían sido golpeadas previamente a su ejecución. En el caso 10.626 (Remigio Domingo Morales y Rafael Sánchez) “fueron lapidados”. El Estado nunca impugnó las descripciones de los peticionarios sobre las marcas que mostraban los cadáveres ni las denuncias de tortura.
134. La manera en que estas víctimas fueron torturadas y las marcas que mostraban sus cuerpos no revelaban intención de ocultar los hechos, sino ponerlos de manifiesto para quienes hallaran los cadáveres y para los familiares y demás que vieran los cuerpos. Como se señaló en la sección sobre las características de las ejecuciones durante el período en cuestión, los objetivos de esas torturas incluían no sólo causar sufrimiento a la víctima, sino también destruir su dignidad humana ante los familiares y la comunidad, y exacerbar el temor de todos los que supieran del hecho.109
135. Al igual que en el caso del derecho a la vida, la observancia efectiva de la prohibición de la tortura exige la investigación efectiva de toda denuncia de trato inhumano. A este respecto, la Comisión observa, además, que Guatemala estaba obligada por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en el momento en que ocurrieron los hechos. Guatemala depositó su instrumento de ratificación el 29 de enero de 1987 y la Convención entró en vigor para todas las partes el 28 de febrero de 1987. De acuerdo con los términos dispuestos en los artículos 1 y 6, Guatemala se comprometió a prevenir y sancionar la tortura que ocurriera dentro de su jurisdicción. Además, el artículo 8 dispone:
Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.
Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.
136. Las circunstancias de estos casos y las descripciones generales de las señales en los cuerpos de las víctimas son congruentes con el tratamiento acordado a víctimas que fueron primero detenidas y luego ejecutadas extrajudicialmente durante ese período. Si bien el Estado no discutió el hecho de que las víctimas habían sido torturadas, tampoco presentó información o prueba que demuestre que esas denuncias hayan sido efectivamente investigadas como lo exigen sus obligaciones de acuerdo con la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En consecuencia, si bien el carácter preciso y la responsabilidad de la tortura alegada en estos 4 casos no han sido establecidos a nivel nacional, la Comisión encuentra indicios suficientes para llegar a la conclusión de que el Estado es responsable de los actos de sus agentes o de personas que actuaron con su tolerancia o aquiescencia en la violación de los derechos de Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon a la integridad física y a estar libres de la tortura, de acuerdo con el artículo 5 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
137. En los casos de tentativa de ejecución extrajudicial, como indicamos anteriormente, el modus operandis utilizado fue el propio de las ejecuciones extrajudiciales del período 1990-1991. En estos casos las víctimas resultaron gravemente heridas y si no es por la ayuda oportuna de los familiares o amigos que los llevaron a hospitales habrían fallecido y su situación habría sido catalogada como una ejecución extrajudicial. Ante estas circunstancias, el Estado guatemalteco es responsable por haber violado el derecho a la integridad física de Catalino Chochoy, José Corino, Abelino Baycaj , Antulio Delgado, Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez y Orlando Adelso Galicia Gutiérrez, actos ejecutados por agentes estatales o particulares que actuaron con su tolerancia o consentimiento, en el marco de las prácticas de ejecuciones extrajudiciales previamente identificadas por la Comisión.
Derechos del niño
138. El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. De las víctimas identificadas en este informe dos son menores: Rafael Sánchez (15 años, ejecutado extrajudicialmente) y Orlando Galicia Gutiérrez (15 años), quien fue objeto de tentativa de ejecución extrajudicial).
139. El respeto de los derechos humanos de los niños es una cuestión de primordial importancia para todo Estado. Es por esta razón que el artículo 19 establece medidas especiales de protección para los niños, en virtud de su vulnerabilidad como menores.110 En consecuencia, el Estado no cumplió con las garantías establecidas en el artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de Rafael Sánchez y Orlando Galicia Gutiérrez .
El derecho a la protección y las garantías judiciales
140. El artículo 25(1) de la Convención Americana dispone que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención…”. El artículo 25(1) incorpora el principio de la efectividad de los instrumentos o medios procesales; no es suficiente que el ordenamiento jurídico del Estado reconozca formalmente el recurso en cuestión, sino que es necesario que desarrolle las posibilidades de un recurso efectivo y que éste sea substanciado conforme a las reglas del debido proceso legal.
141. El artículo 8(1) dispone:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal … para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ….
142. Como la Corte ha explicado, los artículos 25, 8 y 1(1) se refuerzan mutuamente:
El artículo 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación por el daño sufrido. ….[E]l artículo 25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática…”. Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8.1 … que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías … para la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza.111
143. Las obligaciones correspondientes del Estado deben ser cumplidas, no mediante medidas formales sino sustanciales. Por lo tanto, los recursos que ofrece el Estado deben ser “realmente idóneo[s] para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”.112
144. Si bien las garantías de los artículos 8 y 25 son diferentes, deficiencias básicas comunes de la administración de justicia impidieron su aplicación durante el período en estudio. Como se señaló antes, la administración de justicia en esa época era deficiente al punto de la inoperancia.113 En la mayoría de los casos, las fuerzas investigadoras o judiciales no identificaron a quienes perpetraron los delitos y en los pocos casos en que los identificaron, no los sometieron a juicio. En los pocos casos en que se dictaron sentencias en primera instancia, fueron revocadas en una apelación.114 “En los casos en que existían antecedentes políticos, casi ninguna acusación formal se mantiene en la apelación. Claramente, con esos resultados, la población tiene poca fe en una administración de justicia adecuada”.115 Los denunciantes y testigos de violaciones de los derechos humanos temían participar en los procesos judiciales debido a las amenazas o a la intimidación, o a la suerte que habían corrido otros que participaron en tales procesos. Los jueces declinaban investigar las violaciones de los derechos humanos por temor a que les ocurriera lo mismo que a quienes lo habían hecho.116 La falta de voluntad y capacidad de parte del Estado para responder a las graves violaciones también se puso de manifiesto y fue exacerbada por las profundas deficiencias estructurales de la administración de justicia.117
145. Como concluye de manera general la Comisión para el Esclarecimiento Histórico:
El fracaso de la administración de justicia en la protección de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno ha quedado clara y plenamente establecido, a la vista de miles de violaciones … que no fueron objeto de investigación, juicio ni sanción por el Estado de Guatemala. …. En general, el Poder Judicial se abstuvo de atender los recursos procesales básicos, para controlar al poder público frente a atropellos graves a la libertad y la seguridad de las personas…. Además, en numerosas ocasiones los tribunales de justicia actuaron directamente subordinados al Poder Ejecutivo…. Todo ello colocó a la población en una situación de absoluta indefensión frente a los abusos del poder y le ha hecho percibir al Organismo Judicial como un instrumento de defensa y protección de los poderosos, que ha reprimido o negado la protección de los derechos fundamentales, especialmente de quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos.118
146. Las personas que buscaban protección judicial en relación con violaciones de los derechos humanos en las condiciones entonces imperantes no tenían acceso a la protección judicial sencilla, rápida y efectiva que exige la Convención Americana. Si bien existían en su forma, esos recursos eran ilusorios por cuanto no producían los resultados para los que fueron teóricamente concebidos.
147. De acuerdo con la Convención Americana, cuando un derecho o una libertad protegidos ha sido infringido, “[e]l Estado está en el deber jurídico … de investigar seriamente con los medios a su alcance … a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.119 Al mismo tiempo, la víctima o sus familiares tienen derecho a procurar la protección judicial y una reparación. La víctima y/o sus familiares tienen derecho a una investigación judicial por un tribunal penal para determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones de los derechos humanos y sancionarlos.120 “La investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener sentido y debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa…de…familiares… sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.121
148. Como lo ha señalado la Comisión en otros casos, los "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante la Resolución 1989/65, explican lo requerido en casos de muertes sospechosas.122 Al respecto, la investigación debe tener por objeto determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Asimismo, se debe realizar una autopsia adecuada, recopilar y analizar todas las pruebas materiales y documentales, y recoger las declaraciones de los testigos. La investigación debe distinguir entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio.
149. Con respecto a los casos específicos en estudio, si bien el Estado informó que se encontraban pendientes procesos judiciales, prácticamente no informó de medida alguna de investigación específica y, menos aún, de resultados. El Estado prácticamente no presentó prueba documental alguna con respecto a los procesos que citó. En un caso, indicó que los fiscales o jueces habían solicitado ciertas medidas, sin informar si se habían llevado a la práctica y, en caso afirmativo, si habían dado algún resultado. En la gran mayoría de los casos, los antecedentes en poder de la Comisión indican simplemente que se iniciaron los procesos judiciales y que permanecieron en la etapa de investigación.
150. De acuerdo con los antecedentes en poder de la Comisión, ninguna de las actuaciones judiciales dio lugar a una decisión final que esclareciera las denuncias planteadas ni se responsabilizó ni sancionó a persona alguna en relación con la muerte de las 15 víctimas de ejecución extrajudicial y las 7 objeto de tentativa de ejecución extrajudicial. La Comisión ha indicado que la obligación de investigar no se incumple solamente porque no exista una persona condenada en la causa o por la circunstancia de que pese a los esfuerzos realizados, sea imposible la acreditación de los hechos. Sin embargo, el Estado, para establecer en forma convincente y creíble que este resultado no ha sido objeto de una mera formalidad, debe buscar efectivamente la verdad, y debe demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial.123 En los presentes casos, el Estado no ha cumplido con esta carga de la prueba.
151. Los familiares de las víctimas tenían y tienen derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos.124 También tenían y tienen derecho a usar esa información para ejercer el derecho a una reparación del Estado, como sucesores de las víctimas. “Los derechos de las víctimas o de sus familiares a recibir una compensación adecuada es un reconocimiento de la responsabilidad del Estado por los actos cometidos por sus agentes y una expresión de respeto por el ser humano”.125
152. Sobre la base de las consideraciones expuestas en detalle anteriormente en relación con la falta de voluntad y capacidad del poder judicial para actuar en el caso de las violaciones de derechos humanos durante el período en cuestión y con respecto a los casos particulares en estudio, la Comisión llega a la conclusión de que los procesos judiciales iniciados con respecto a estos casos no estuvieron a cargo de tribunales independientes e imparciales.126 Asimismo, dado que transcurrieron más de nueve o diez años desde que se iniciaron estos procesos sin que aún se haya llegado a una conclusión efectiva, la Comisión considera que se ha superado con creces el tiempo razonable que ofrece la Convención. En consecuencia, dada la falta de una investigación efectiva en estos casos, a lo que se suman otras deficiencias en la administración de justicia guatemalteca, la Comisión concluye que los familiares no gozaron de las garantías necesarias del debido proceso en la determinación de sus derechos.
153. La impunidad es el resultado de “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables”.127 De acuerdo con las garantías interelacionadas establecidas en los artículos 25, 8 y 1(1) de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de combatir la impunidad “por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.128 Como ha enfatizado el Relator Especial sobre ejecuciones de la ONU, “la impunidad sigue siendo la causa principal de la perpetuación y el estímulo de las violaciones de los derechos humanos y, en particular, de las ejecuciones sumarias o arbitrarias”.129 Con respecto a los casos actuales, surge claramente de los antecedentes que el Estado no utilizó los medios a su disposición para realizar una investigación efectiva que sirviera de base para el procesamiento y la sanción de los responsables. En consecuencia, el Estado es responsable de que estas violaciones hayan permanecido cubiertas por un manto de impunidad y consecuentemente violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
Obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos individuales
154. En los casos incluidos en el presente informe, el análisis expuesto demuestra que el Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación bajo el artículo 1(1) de la Convención Americana de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”, por haber conculcado los derechos humanos contemplados en los artículos 4, 5, 7, 8, 19 y 25 de esta Convención, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
155. Así, la primera obligación de los Estados, emergente del artículo 1(1) de la Convención, es la de respetar los derechos y libertades de todos los individuos dentro de su jurisdicción. En relación con esta obligación, la Corte ha expresado que “es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes …[y] por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno”.130 Asimismo, “en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cometida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial”. Además, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado el autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos en la Convención”.131
156. Conforme al análisis anterior, la Comisión concluye que las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas incluidas en los casos objeto de este informe fueron perpetradas por agentes del Estado de Guatemala o por particulares que actuaron con su tolerancia o consentimiento, en el marco de una práctica estatal de ejecuciones extrajudiciales. En 4 de los casos bajo estudio, los responsables primero mantuvieron a las víctimas en detención clandestina. En 4 de esos casos, los cuerpos de las víctimas mostraban señales de tortura practicadas por sus captores. Los actos y omisiones de esos agentes, así como los de la policía y el personal judicial, que impidieron o evitaron que se ejerciera el derecho de los familiares a saber la verdad sobre lo que había ocurrido y procurar un recurso judicial, son atribuibles al Estado.
157. La segunda obligación prevista en el artículo 1(1) es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Al respecto, los Estados partes tienen el deber “de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia … deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención”.132
158. El Estado, frente a un supuesto caso de ejecución extrajudicial o de tentativa de ejecución extrajudicial, tiene el deber de esclarecer el hecho, e identificar y sancionar a los responsables. En los casos contemplados en este informe, esas obligaciones esenciales no se han cumplido, más aun cuando ha quedado demostrado que el mismo Estado utilizó su estructura para implementar una práctica de ejecuciones extrajudiciales durante el período que nos ocupa. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado de Guatemala ha violado el artículo 1(1) de la Convención porque no garantizó el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas identificadas en todos los casos incluidos en este informe.
VI. ACTUACIONES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL INFORME Nº 117/00 CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LA CONVENCIÓN
159. El 8 de diciembre de 2000 la Comisión aprobó en este caso el informe 117/00 conforme al artículo 50 de la Convención Americana. Este informe fue transmitido al Estado guatemalteco el 22 de diciembre de 2000 y se le solicitó que informara dentro de un plazo de dos meses sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión.
160. El 2 de marzo de 2001, el Estado de Guatemala, fuera del plazo otorgado por la Comisión, informó sólo sobre la situación de 4 víctimas (José María Ixcaya Pixtay, Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Catarino Chochoy y Abelino Bayjac) de un total de 22 que comprende este informe. La información aportada por el Estado guatemalteco es de carácter genérico, no aporta ningún elemento nuevo y no se refiere a las medidas emprendidas para reparar a las víctimas. Por ejemplo se indicó que:
De manera atenta y de acuerdo a lo convenido en el seno de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, reiterar a usted que la información de la cual dispone COPREDEH sobre algunos casos que consideramos permanecen inactivos por diferentes razones en algunos órganos del sistema de justicia.
JOSÉ MARÍA IXCAYA PIXTAY
El 1º de mayo de 1990, fue asesinado en el Cantón Pojopil, municipio de Sololá el señor José María Ixcaya Pixtay miembro del consejo de Comunidades Étnicas “Runujel Junam” -CERJ-, el hecho ocurrió cuando el señor Ixcaya se dirigía a la ciudad capital con el objeto de participar en el desfile conmemorativo del día de Trabajo.
De los procesos conoció el Juzgado de Primera Instancia Penal de Instrucción de Sololá identificados con los números de causa 402 y 628-90 a cargo del oficial primero por los delitos de Asesinato y Amenazas en contra de los señores Jesús Chopén y Bernardino Samines, siendo ofendidos …… José María Ixcaya Pixtay (occiso).
Consta en el proceso la declaración de la señora Marcela Guarcas Morales, esposa del occiso, quien al momento de prestar la misma no formalizó acusación en contra de alguna persona determinada.

El 21 de septiembre del año 1990, al haber sido consignado al Juzgado que conoce del caso, el señor Jesús Chopén fue indagado y sindicado de haber cometido los delitos de Asesinato y Amenazas en las personas de José María Ixcaya Pixtay y Pedro Ixcaya Cuc, respectivamente.


El 19 de septiembre del año 1990, fue detenido por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal de Instrucción por el delito de Asesinato.
El 4 de octubre de ese mismo año, el Juez controlador revocó el Auto de Prisión, en contra del señor Jesús Chopén otorgándole quedando en libertad, bajo caución juratoria, por falta de pruebas que determinaran su culpabilidad y como medida cautelar el Juez le decretó arraigo en su contra.
A la fecha han sido infructuosos los esfuerzos llevados a cabo por las autoridades competentes para dar con el paradero del sindicado Bernardino Samines y poder tomarle declaración para que esclarezca su situación jurídica.
REMIGIO DOMINGO MORALES
A la presente fecha no han sido procesadas las personas sindicadas a efecto de que los familiares de los ofendidos no formularon acusación en contra de los mismos, por lo que el Ministerio Público ya no continuó con las investigaciones del caso por no existir suficientes elementos de prueba.
161. A la luz de la información aportada por el Estado guatemalteco, la Comisión considera que ésta, aparte de no referirse a la gran mayoría de las víctimas de este caso, reafirma el análisis efectuado en este informe en el sentido que el Estado de Guatemala no ha realizado una investigación efectiva a fin de esclarecer los hechos que afectaron a las víctimas y juzgar y sancionar a sus responsables.
162. La Comisión concluye que el Estado de Guatemala no ha cumplido con las recomendaciones formuladas en el informe 117/00 de fecha 22 de diciembre de 2000, ni en las formuladas en el informe 26/01 de fecha 6 de marzo de 2001, reafirma sus conclusiones y reitera sus recomendaciones.

1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal