Informe nº 59/01



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VII. CONCLUSIONES

163. Con base en el análisis precedente, la Comisión ratifica sus conclusiones en el sentido que los hechos que motivaron las denuncias son verdaderos y que el Estado de Guatemala es responsable de la violación a los siguientes derechos: (1) Derecho a la vida en los casos de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac, José María Ixcaya Pictay, José Vicente García, Mateo Sarat Ixcoy, Celestino Julaj Vicente, Miguel Calel, Pedro Raguez, Pablo Ajiataz, Manuel Ajiataz Chivalán, Catrino Chanchavac Larios, Miguel Tiu Imul, Camilo Ajquí Gimon y Juan Tzunux Us, según lo establecido en el artículo 4 de la Convención Americana. (2) Libertad personal en el caso de los señores Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Convención Americana. (3) Integridad personal en los casos de Remigio Domingo Morales, Rafael Sánchez, Pedro Tau Cac y Camilo Ajqui Gimon conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, en los casos de las tentativas de ejecución extrajudicial de Catalino Chochoy, José Corino, Abelino Baycaj , Antulio Delgado, Juan Galicia Hernández, Andrés Abelino Galicia Gutiérrez y Orlando Adelso Galicia Gutiérrez, el Estado guatemalteco es responsable por la violación de su derecho a la integridad física conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Convención Americana. (4) Derechos del niño en el caso del menor Rafael Sánchez y Andrés Abelicio Galicia Gutiérrez, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Convención Americana. (5) Garantías judiciales y protección judicial en el caso de todas las víctimas, tanto aquellas que fueron ejecutadas extrajudicialmente o aquellas que fueron objeto de tentativa de ejecución extrajudicial, conforme a lo establecido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. (6) Además, se consideró responsable al Estado guatemalteco en todos los casos por no haber cumplido con su obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se establece en el artículo 1(1) de la misma.



  1. RECOMENDACIONES

164. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera sus recomendaciones al Estado de Guatemala para que:


1. Lleve a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales y las tentativas de ejecución extrajudicial de cada una de las víctimas, las violaciones relacionadas y para sancionar a los responsables.
2. Adopte las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.
3. Adopte las medidas necesarias para que las víctimas de las tentativas de ejecución extrajudicial reciban una adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.
4. Evite efectivamente el resurgimiento y reorganización de las Patrullas de Autodefensa Civil.
5. Que se promuevan en Guatemala los principios establecidos en la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos" adoptada por Naciones Unidas, y se tomen las medidas necesarias para que se respete la libertad de expresión de quienes han asumido la tarea de trabajar por el respeto de los derechos fundamentales, y para que se proteja su vida e integridad personal.
IX PUBLICACIÓN
165. El 6 de marzo de 2001, la Comisión transmitió el informe Nº 26/01 al Estado guatemalteco y a los peticionarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención Americana y otorgó el plazo de un mes al Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones precedentes. El día 10 de abril de 2001, el Estado guatemalteco solicitó una prórroga de dos meses para “pronunciarse e informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones”. En atención al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos, los cuales han estado en conocimiento de la Comisión desde 1990 y 1993 y en consideración al asunto materia de este informe, la CIDH decide que no corresponde acceder a la prórroga solicitada.
166. En virtud de las consideraciones precedentes y de conformidad con los artículos 51(3) de la Convención y 48 de su Reglamento, la Comisión decide reiterar las conclusiones y recomendaciones de este informe, hacer público el mismo e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando las medidas tomadas por el Estado guatemalteco con relación a las recomendaciones citadas, hasta que hayan sido cumplidas por completo.
Dado y firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Santiago, Chile, a los 7 días del mes de abril de 2001. (Firmado): Claudio Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Comisionados: Hélio Bicudo, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.


1 La Comisionada Marta Altolaguirre, de nacionalidad guatemalteca, no participó en la discusión y votación del presente informe, en cumplimiento del artículo 19(2) del Reglamento de la Comisión.

2 La Comisión desea aclarar que el caso 11.198 fue desglosado en dos el 8 de diciembre de 2000, denominando de esta forma caso 11.198(A) a aquel donde los hechos denunciados se referían a ejecuciones extrajudiciales, y 11.198(B) a aquel donde los hechos denunciados tenían una naturaleza diferente.

3 Por ejemplo, Pedro Ixcaya Cuc empezó a recibir amenazas inmediatamente después de denunciar el asesinato de su primo José María Ixcaya. Jesús Chopen y Bernardino Samines fueron a la oficina del Procurador después de que Pedro Ixcaya hubiera presentado su denuncia el 14 de mayo de 1990, pidiendo información acerca de su queja. Éstos fueron informados que Ixcaya Cuc había presentado una lista de 38 nombres que estaban involucrados en la ejecución extrajudicial de su primo. Luego de acudir a la oficina del Procurador, Chopen y Samines convocaron una reunión de las 38 personas cuyos nombres estaban en la lista junto a otras personas y miembros del ejército. En la reunión, Chopen, Samines y otros hablaron en contra de Pedro Ixcaya Cuc, diciendo que era mala gente y un guerrillero. Muchas personas entonces salieron de la reunión y rodearon la casa de Pedro Ixcaya, quien no se encontraba en su casa. El 30 de mayo, una reunión fue convocada por miembros de la patrulla del lugar para discutir el asunto de Pedro Ixcaya. En esta ocasión, fueron interrogados miembros de CERJ. Admitieron que Ixcaya había buscado refugio en las oficinas del CERJ en el Quiché. Después de la reunión, Domingo Cuc Ixcaya y José Pax, los Comisionados Militares de La Fe, fueron a recoger a Pedro Ixcaya del Quiché.

4 Decreto 52-73 del Congreso de la República, ley vigente en la fecha en que presuntamente se cometieron los hechos denunciados.

5 Artículo 273 de la Constitución Política de la República.

6 Artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos.

7 El Estado de Guatemala ratificó la Convención sobre Derechos Humanos el 25 de mayo de 1978.

8 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al agotamiento de los recursos internos, (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Ser. A No. 11, párr 17.

9 Corte IDH, Caso Fairen Garbi y Solís Corrales, Fondo, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Ser. C Nº 6, párr. 109. Véase, también, Caso Viviana Gallardo, y otros, Sentencia del 13 de noviembre de 1981, Nº 101/81, Ser. A, párr. 26; Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Ser. C Nº 1, párr. 88; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Ser. C No. 6, párr. 87; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Ser. C No. 3, párr. 90; Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia del 4 de diciembre de 1991, Ser. C No. 12, párr. 38; Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia del 11 de diciembre de 1991, Ser. C No. 13, párr. 30, entre otros.

10 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra, párr. 93; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, supra, párr. 92; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra, párr. 95.

11 Véase, en general, CIDH, Informe Anual de la CIDH 1990-91, OEA/Ser.L/V/II.79. rev.1, Doc. 12, 22 febrero 1991, Capítulo IV, “Guatemala”, pág. 475 et seq., Informe Anual de la CIDH 1991, OEA/Ser.L/V/II.81, Doc. 6 rev. 1, 14 febrero 1992, Capítulo IV, “Guatemala”, pág. 215 et seq.

12 CIDH, Informe Anual 1991, supra, pág. 221.

13 “Informe del Experto independiente [de las Naciones Unidas], Sr. Christian Tomuschat, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala” [en adelante “Informe Tomuschat 1992”], E/CN.4/1992/5, 21 de enero de 1992,
párr. 189.

14 Ibidem, párr. 140.

15 Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, Memoria del Silencio, [en adelante “Informe CEH”], “Las Violaciones de los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia”, Tomo III, pág. 151. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico fue establecida con el mandato de “esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado”, emitir un informe sobre sus investigaciones y conclusiones; y “formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y concordia nacional en Guatemala…”.

16 Informe CEH, “Conclusiones y Recomendaciones”, párr. 10.

17 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-1990, OEA/Ser.L/V/II.77 rev. 1, Doc. 7, 17 mayo 1990, pág. 163.

18 Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, Cap. II, Vol. 2, párr. 356.

19 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párrs. 56-68; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, párrs. 80-88 y90-93 92; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, párrs. 59-70; Excepciones al agotamiento de los recursos internos, (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Ser. A No. 11, párr 34.

20 Ibid.

21 Ibid.

22 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-1990, OEA/Ser.L/V/II.77 rev. 1, Doc. 7, 17 mayo 1990 e Informe CEH.

23 “Informe Tomuschat 1992”, párr. 184.

24 Ibidem, párrs. 356-57.

25 Ibidem, párr. 357.

26 Informe CEH, pág 187, párr. 1282.

27 Véase, Corte IDH, OC-11/90, supra, párrs. 33-34; véase, por ejemplo, CIDH, Informe 6/94, Caso 10.772, El Salvador, publicado en Informe Anual de la CIDH 1993, OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 9 rev., 11 de febrero de 1994, págs. 191, 195-96.

28 Para un análisis más profundo sobre las Patrullas de Auto Defensa Civil, veáse: Decreto-Ley 19-86, de 10 de enero de 1986; Decreto número 143-96 del Congreso de la República de Guatemala del 28 de noviembre de 1996; Acuerdos de Paz 1996-1998, Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, de 19 de septiembre de 1996; Persecution by Proxy: The Civil Patrols in Guatemala. The Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, 1993; Violencia Institucional: Las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala. El Centro para los Derechos Humanos “Robert F. Kennedy”, 1994; Civil Patrols in Guatemala. An Americas Watch Report, 1988; Closing the Space: Country Reports on Human Rights Practices; Informes Anuales de Amnistía Internacional, 1984, 1985 y 1986; Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1993; el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1991; Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, Memoria del Silencio; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Informe Proyecto Interdiocesano de recuperación de la memoria Histórica, Guatemala Nunca Más [en adelante, “ODHAG, Guatemala Nunca Más”].

29 Informe CEH, “Las Patrullas de Auto Defensa Civil”, Tomo II, pág 182.

30 Desde 1981 las PAC existían de hecho y actuaban en forma combinada y coordinada con el Ejército con los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83. Véase, Diario de Centro América del 14 de abril de 1983.

31 Por su parte, el decreto 160-83 creó el Fondo de Protección Militar para la Auto Defensa Civil, “con los fines exclusivos de prestar ayuda económica, en casos de muerte, del personal de las PAC, siempre y cuando dicho deceso ocurra en funciones de servicio, previamente calificado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional”.

32 Informe CEH, “Las Patrullas de Auto Defensa Civil”, Tomo II, pág 184.

33 Informe Tomuschat 1992.

34 El Decreto número 143-96 del Congreso de la República de Guatemala de fecha 28 de noviembre de 1996 derogó el Decreto Ley número 19-86 que dio vida jurídica a los Comités de Defensa Civil; en uno de sus considerandos se indica que: “la función de algunas patrullas de autodefensa civil, hoy Comités Voluntarios de Defensa Civil, se ha desvirtuado con el correr de los años…llegando a cumplir misiones propias de los órganos regulares del Estado, extremo que llegó a promover reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de dichos comités”.

35 Informe CEH: “Las Patrullas de Auto Defensa Civil”, Tomo II, pág. 200.

36 “De otra parte, la formación coercitiva de las PAC en las comunidades mayas desestructuró su sistema de autoridades e instituciones, sus mecanismos de control social, sus normas y procedimientos para la regulación social y resolución de conflictos, alterando sus valores sociales, económicos, religiosos y culturales. La participación compulsiva en las PAC, con turnos prolongados y con efectos limitantes en las actividades cotidianas de los patrulleros y de las comunidades alteró la vida social en su conjunto…... La obligación impuesta a los patrulleros de hacer listas de presuntos ‘enemigos’, dar información, entregar sospechosos, delatar vecinos o familiares, como modus operandi de las PAC, rompió los lazos de solidaridad comunitarios e introdujo una alta conflictividad, afectando seriamente la integridad de la comunidades indígenas y rurales.”Véase, Informe CEH. Tomo II.

37 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más (en adelante “ODHAG, Guatemala nunca Más”), Tomo II, pág 119.

38 Las PAC constituyeron además un sistema de vigilancia y represión a bajo costo dado que no resultaron onerosas al Ejército ni al Estado: escasa provisión de armas en muchos casos, falta de salarios, etc. Además, en muchos lugares se utilizaron como una forma de trabajo forzado especialmente en tareas de abastecimiento, infraestructuras, etc. Veáse, “ODHAG, Guatemala Nunca Más”, Tomo II, pág. 119.

39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Blake v. Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 1998,
párr. 76.

4039. En este sentido se ha señalado que: “A pesar de la interferencia en la vida cotidiana que suponían las PAC (pérdidas de días de trabajo, peligro en rastreos, desconfianza interna etc.), una gran parte de los testimonios recogidos incluye como razones más importantes para su participación, la seguridad personal y familiar y la posibilidad de sobrevivencia en un contexto hostil a cualquier negativa o cuestionamiento del sistema militar impuesto”. Véase “ODHAG, Guatemala Nunca Más”, Tomo II, pág. 126.

41 “ODHAG, Guatemala Nunca Más”, Tomo II, pág. 124.

42 Informe CIDH de 1993, pág. 62.

43 Informe CEH, “Las Patrullas de Auto Defensa Civil”, Tomo II.

44 Ibid.

45 Ibid.

46 Véase, Diario Oficial, Guatemala, tomo XXIII, Nº 19, 20 de julio de 1938. En éste se indica que están “investidos con el carácter de agentes de la autoridad militar, empleados estos que desarrollarán su cometido dentro de la demarcación territorial de las aldeas, caseríos y poblados cuya organización lo requiera en vista de la organización de las milicias”. En el artículo 1 se indica que “cumplirán órdenes que reciban de sus inmediatos superiores en todo lo que corresponda a llamamientos, citaciones, reclutamientos, captura de delincuentes, remisos, faltistas y en general a comisiones del ramo de guerra únicamente”.

47 Informe CEH, “Los Comisionados Militares”, Cap. V, Vol II, pág. 169.

48 Véase, Sentencia en Blake v. Guatemala, párr. 78.

49 Informe CEH, “Los Comisionados Militares”, Cap. V, VolI.

50 Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, Cap. II, Vol. 2, párr. 223.

51 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-90, supra, pág. 167.

52 Ibidem, pág. 155-56.

53 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1990-91, supra, pág. 484.

54 Ibidem, págs. 476-77.

55 Procurador de los Derechos Humanos, Los Derechos Humanos: Un Compromiso por la Justicia y la Paz (1992), pág. 24.

56 Véase CIDH, Informe Anual de la CIDH 1990-91 supra, pág. 476; Informe Anual de la CIDH 1991, pág. 217.

57 Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, Cap. II, Vol. 2, párrs. 127, 155.

58 Ibidem, párr. 127.

59 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-90, supra, pág. 160.

60 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1990-1991, supra, pág. 476.

61 “Informe del Experto independiente, Sr, Christian Tomuschat, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala” [“Informe Tomuschat 1991”], E/CN.4/1991/5, 11 de enero de 1991, párr. 115.

62 Informe CEH, “Ejecuciones Arbitrarias”, párr. 264.

63 Informe CEH, “Las Patrullas de Auto Defensa Civil”, pág. 347.

64 Idem.

65 “ODHAG, Guatemala Nunca Más” Tomo II, pág. 134.

66 CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, Cap. II, Vol. 2, párr. 161; véase, en general, párrs. 171-191 (donde se describen las diferentes clases de ejecuciones perpetradas por el Ejército).

67 Ibidem, párrs. 161-62; véase, en general, párrs. 192-210 (donde se describen las diferentes clases de ejecuciones perpetradas por las PAC y los comisionados militares); párrs. 211-16 (donde se detalla la naturaleza de las ejecuciones a manos de la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda); y párrs. 217-22 (donde se describen las ejecuciones a manos de los escuadrones de la muerte vinculados al Ejército y la policía).

68 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1990-91, supra, pág. 476.

69 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1991, supra, pág. 216.

70 Informe Tomuschat 1991, párr. 126; véase también, Informe Tomuschat 1992, párr. 105 (donde se observa la incidencia de la tortura en las muertes violentas denunciadas y la existencia de pruebas, en una serie de casos, de la participación de las fuerzas de seguridad).

71 Ibídem págs. 163 y 167; véase, en general, “Conclusiones y Recomendaciones”, Conclusiones, párrs. 10, 56, 94 y 95; “Denegación de Justicia”, párr. 434.

72 Informe Tomuschat 1991, párr. 122.

73 Ibídem, párr. 126; véase también, Informe Tomuschat 1992, párrs. 140-41.

74 Véase, en general, Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, Cap. II, Vol. 2, párr. 155; Informe Tomuschat 1991, párrs. 117-20.

75 Véase CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-90, supra, pág. 156; Informe Anual de la CIDH 1990-91, supra, pág. 480; Informe Anual de la CIDH 1991, supra, pág. 217; Informe Tomuschat 1991, párr. 120.

76 El CERJ “fue la primera organización establecida para defender los derechos de la población maya en Guatemala. Tenía como misión (entre otros) difundir información en las comunidades indígenas sobre los derechos que les reconoce la Constitución de Guatemala, y servir de marco para tratar de alcanzar metas más amplias, como la reforma agraria y la preservación de la cultura y la identidad étnicas.” Véase CIDH, Informe Anual 1990-91, págs. 479-80; Informe Anual 1991, págs. 216-18; Informe Tomuschat 1992, párr. 90.

77 Véase CIDH, Informe Anual 1989-90, pág. 156; Informe Anual 1991, págs. 216-18; Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, Cap. II, Vol. 2, párr. 308; Informe Tomuschat 1992, párr. 91; Informe Tomuschat 1991, párr. 117.

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