Informe nº 59/01



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Véase CIDH, Informe Anual 1989-90, pág. 157; Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, párr. 308; Informe Tomuschat 1992, para. 92; Informe Tomuschat 1991, párr. 117.

79 Véase CIDH, Informe Anual 1991, págs. 216-18.

80 Véase Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, párr. 308; Informe Tomuschat 1992, párr. 94; Informe Tomuschat 1991, párr. 117.

81 Véase CIDH, Informe Anual 1989-90, págs. 162-63; Informe Anual 1991, págs. 216-18.

82 Véase CIDH, Informe Anual 1990-91, págs. 482-83; Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, párr. 308; Informe Tomuschat 1991, párrs. 117, 119.

83 Véase CIDH, Informe Anual 1991, págs. 216-18, 221-22; Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, párr. 308; Informe Tomuschat 1992, párr. 93.

84 Véase Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, párrs. 356-360.

85 Véase, en general, ibídem, párrs. 224-36.

86 Véase Ibídem, párr. 235.

87 Ibídem, párr. 236 (en la cual se cita a Carlos Figueroa Ibarra, El Recurso del Miedo: Ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala, Programa Centroamericano de Investigaciones, 1a ed., San José).

88 Ibídem, párr. 240.

89 Véase, en general, ibídem, párr. 295.

90 Véase ibídem, párr. 293, y la gráfica 19.

91 Véase ibídem, párr. 308; Informe Tomuschat 1992, párr. 94.

92 Véase Informe CEH, “Las Ejecuciones Arbitrarias”, párrs. 173-78; 205-08.

93 Idem. Pág. 347.

94 Véase, en general, ibídem, párr. 299.

95 Ibídem, párr. 237.

96 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párrs. 127-30; Caso Godínez Cruz, Fondo, Sentencia de 20 de enero de 1989, Ser. C No. 5, párrs. 133-36; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Fondo, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Ser. C No. 6, párrs. 130-33; Caso Gangaram Panday, Fondo, Sentencia de 21 de enero de 1994, párr. 49.

97 Véase, en general, Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párrs. 134, 172-73.

98 Informe CEH, párr. 264.

99 Véase, CIDH, Informe 5/97 (admisibilidad), Caso 11.227, Colombia, publicado en Informe Anual de la CIDH 1996, OEA/Ser.L/V/II.95, Doc. 7 rev., March 14, 1997, párrs. 26-38.

100 En este sentido, la Corte Interamericana estableció, con respecto al delito de desaparición forzada, que en los casos en que se demuestra que el Estado perpetró o toleró esta práctica y si el caso particular se vincula a dicha práctica, los hechos denunciados en relación con ese caso se presumirán verdaderos toda vez que los elementos de la prueba con respecto a ambos puntos cumplan los estándares aplicables. Véase, en general, Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párr. 126; Caso Godínez Cruz, Fondo, supra, párr. 132; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Fondo, supra, párr. 129.

101 La Comisión en su Informe Anual de 1990 señaló que los miembros del CERJ ”han sido blancos de ataques desde la creación de la identidad y hasta el momento unos 13 integrantes han sido asesinados o desaparecieron”.

102 Corte IDH. Caso Paniagua Morales y otros, Fondo, Sentencia de 8 de marzo de 1998, Ser. C No. 37, párr. 91.

103 Así, el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen que “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; y el artículo 3 de la Constitución de Guatemala de 1985 reza: “Derecho a la vida. El Estado garantiza y protegerá la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de la persona”.

104 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Bautista c. Colombia, Decisión del 27 de octubre de 1995, párr. 8.6; véase CIDH, Informes Nº 28/92 (Argentina) y Nº 29/92 (Uruguay), publicado en Informe Anual de la CIDH 1992-93, OEA/Ser.L/V/II.83, doc. 14, corr. 1, marzo de 1993, págs. 35, 154.

105 Véase, por ejemplo, Corte Eur.D.H., Kaya c. Turquía, supra (donde se plantea el problema de determinar si la muerte de un civil a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad fue deliberada); Comité de Derechos Humanos de la ONU, Dermit Barbato c. Uruguay, Nº 34/1981, párr. 9.2 (donde se plantea el problema de determinar si la muerte en custodia fue asesinato o suicidio, como lo pretende el Estado).

106 Informe del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias, E/CN.4/1986/21, párr. 209.

107 Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párr. 155.

108 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Ser. A No. 8, párr. 35. "Si los funcionarios encargados de los lugares de detención no necesitan presentar al detenido en un breve plazo, pueden con impunidad emplear medios brutales, ya sea con fines de interrogatorio o de intimidación". CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Bolivia, OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 6, 1º de julio de 1981, pág. 41.

109 Véase, en general, ODHAG, Guatemala Nunca Más, Tomo II, págs. 50-54.

110 También cabe señalar que el Estado de Guatemala firmó la “Convención sobre los derechos del Niño” de Naciones Unidas el 26 de enero de 1990, y la ratificó el 6 de junio de 1990, indicando al tomar esa iniciativa su intención de cumplir con los propósitos y disposiciones de esta Convención. La Convención sobre Derechos del Niño entró en vigor para todas las partes el 2 de septiembre de 1990, momento desde el cual rige formalmente la obligación para el Estado de respetarla. En el caso de Andrés Galicia Gutiérrez, los hechos ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigor de esa Convención. En el caso de Rafael Sánchez, los hechos ocurrieron después de la ratificación de la Convención por Guatemala pero antes de su entrada en vigencia, de manera que Guatemala estaba obligado por los principios generales del derecho de los tratados a abstenerse de frustrar el objeto y propósito de la Convención. Los términos de esa Convención, en particular el artículo 37 vinculado al derecho a la libertad y a un trato humano en el contexto de este caso, definen aún más los requisitos para que los niños reciban las medidas de protección a las que tienen derecho.

111 Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, para. 169 (citas omitidas). Véase también Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, supra, párrs. 91, 90 y 93, respectivamente.

112 Opinión Consultiva 9/87 del 6 de octubre de 1987, Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Ser. A No. 9, párr. 24.

113 Véase CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-90, pág. 163; Informe Anual de la CIDH 1990-91, pág. 481; Informe Anual de la CIDH 1991, pág. 221.

114 Informe Tomuschat 1992, párr. 141.

115 Ibídem.

116 CIDH, Informe Anual de la CIDH 1989-90, pág. 163.

117 Informe CEH, “Denegación de Justicia”, párrs. 287-98, 422-23; véase también Informe Tomuschat 1991,
párr. 123.

118 Ibid

119 Corte IDH., Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párr. 174.

120 Véase, en general, Informes 28/92 (Argentina) y 29/92 (Uruguay) en el Informe Anual de la CIDH 1992-93, OEA/Ser.L/V/II.83, doc. 14 corr. 1, 12 de marzo de 1993, págs. 49-51, 169-74.

121 Corte IDH., Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párr. 177.

122 Véase, en general, Informe Nº 10/95, Caso 10.580, Ecuador, Informe Anual de la CIDH 1995, OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7, rev. 3, 3 de abril 1996, párrs. 32-34; Informe Nº 55/97, Caso 11.137, Argentina, párrs. 413-24 e Informe Nº 48/97, Caso 11.411, México, párrs. 109-112, Informe Anual de la CIDH 1997, OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 7 rev., 13 de abril 1998.

123 CIDH, Informe Nº 55/97, Caso 11.137, Juan Carlos Abella, Argentina, Informe Anual de la CIDH 1997, OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 6 rev., 13 de abril de 1998, párr. 412.

124 Véase, por ejemplo, CIDH, Informe Anual de la CIDH 1985-86, OEA/Ser.L/V/II.68 doc.8 rev. 1, 26 de septiembre de 1986, “Campos en los cuales han de tomarse medidas…”, pág. 205.

125 Informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, E/CN.4/1997/60, 24 de diciembre de 1996, párr. 47.

126 Véase, por ejemplo, párrs. 261-62, supra.

127 Corte IDH, Caso Loayza, Reparaciones, supra, párr. 170.

128 Ibídem, que cita al Caso Paniagua Morales y otros, Fondo, supra, párr. 173.

129 Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, supra, párrs. 46, 94.

130 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Fondo, supra, párr. 170.

131 Ibídem, párr. 172.

132 Ibídem, párr. 166.

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