Informe n° 75/02



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INFORME N° 75/02


CASO 11.140

MARY Y CARRIE DANN

ESTADOS UNIDOS ()

27 de diciembre de 2002




I. RESUMEN

1. La petición en el presente caso fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión") contra los Estados Unidos de América ("el Estado" o "Estados Unidos") el 2 de abril de 1993 por los señores Steven M. Tullberg y Robert T. Coulter del Indian Law Resource Center ("los peticionarios"). La petición fue presentada en nombre de Mary y Carrie Dann, hermanas y ciudadanas de los Estados Unidos (las "hermanas Dann" o "las Dann").


2. En la petición y posteriores observaciones se alega que Mary y Carrie Dann son integrantes del pueblo indígena Western Shoshone, que viven en una hacienda en la comunidad rural de Crescent Valley, Nevada. De acuerdo con la petición, su tierra y la tierra del grupo indígena que integran, el grupo Dann, forma parte de un territorio ancestral del pueblo Western Shoshone y que las Dann y otros miembros de este pueblo están actualmente en posesión y realizan un uso real de esas tierras. Los peticionarios también sostienen que el Estado ha interferido en el uso y la ocupación de las tierras ancestrales de las Dann por presuntamente haberse apropiado de las tierras como bien federal a través de un procedimiento injusto ante la Comisión de Reivindicaciones Indígenas (“Indian Claims Commission” o “ICC”), al retirar y amenazar con retirar físicamente el ganado de las Dann de sus tierras y al permitir o condonar actividades de prospección aurífera dentro del territorio tradicional de los Western Shoshone. Sobre la base de estas circunstancias, los peticionarios alegan que el Estado es responsable de la violación de los artículos II, III, VI, XIV, XVIII y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ("la Declaración Americana").
3. El Estado niega haber violado los derechos de las Dann consagrados en la Declaración Americana. Por el contrario, el Estado sostiene que las cuestiones planteadas por los peticionarios no comportan violación de los derechos humanos sino que refieren a un prolongado litigio por el título y el uso de las tierras que han sido y siguen siendo objeto de detenida consideración por los tres poderes del gobierno de los Estados Unidos. A este respecto, el Estado sostiene que las Dann poseen el título, la propiedad y la posesión de las tierras que constituyen su hacienda en Nevada, que fue registrada por su padre, que el Estado nunca ha intentado retirar a las Dann de su hacienda y que, en tanto las Dann cumplan con los requisitos de la Oficina de Administración de Tierras, tienen derecho a un permiso de pastoreo de su ganado en tierras públicas. En cuanto al territorio tradicional de los Western Shoshone, en términos más generales, el Estado sostiene que las Dann y otros Western Shoshone perdieron todo interés en las tierras en cuestión en 1872 a raíz del emplazamiento de estadounidenses no nativos, y que su determinación fue debidamente formulada a través de procedimientos imparciales ante la ICC, organismo cuasi judicial establecido por los Estados Unidos con el preciso propósito de determinar en torno a cuestiones de reivindicaciones de tierras indígenas. Por último, el Estado sostiene que la ICC otorgó a los Western Shoshone US$ 26.145.189,89 como indemnización por la pérdida de sus tierras, sobre la base de valores de 1872, cantidad que ha sido mantenida en fideicomiso por la Secretaría del Interior hasta que se acordase un plan de distribución con los Western Shoshone.
4. En el informe N° 99/99 aprobado por la Comisión el 27 de setiembre de 1999 en el curso del 104° período ordinario de sesiones, ésta decidió admitir los reclamos de la petición y proceder a la consideración de los méritos de la misma.
5. En el presente informe, habiendo examinado las pruebas y los argumentos presentados en nombre de las partes en el curso de las actuaciones, la Comisión concluyó que el Estado no ha garantizado el derecho de las Dann a la propiedad, en condiciones de igualdad, en contravención de los artículos II, XVIII y XXIII de la Declaración Americana, en relación con sus reivindicaciones de los derechos de propiedad en las tierras ancestrales de los Western Shoshone.


  1. ACTUACIONES ANTE LA COMISIÓN



A. Observaciones de las partes

6. Al recibir la petición, el 7 de abril de 1993, la Comisión decidió iniciar un caso en virtud del artículo 34 de su Reglamento anterior1, remitió las partes pertinentes de la petición a Estados Unidos por carta de la misma fecha y le solicitó que brindara a la Comisión la información que considerara pertinente, dentro de un plazo de 90 días a partir de recibida la solicitud.


7. Por comunicación a la Comisión del 27 de agosto de 1993, el Estado solicitó una prórroga del plazo hasta el 10 de setiembre de 1993 para presentar una respuesta a la petición. La Comisión, en nota del 7 de setiembre de 1993, accedió a lo solicitado por el Estado.
8. El 9 de setiembre de 1993, Estados Unidos remitió a la Comisión sus observaciones sobre la petición. El 22 de setiembre de 1993, la Comisión remitió la partes pertinentes de las observaciones del Estado a los peticionarios pidiéndoles una respuesta dentro de los 45 días. Por nota a la Comisión del 2 de noviembre de 1993, los peticionarios solicitaron prórroga del plazo hasta el 14 de diciembre de 1993 para responder a las observaciones del Estado. La Comisión accedió a lo solicitado por los peticionarios el 3 de noviembre de 1993.
9. Por notas fechadas el 2 de diciembre de 1993 y el 3 de enero de 1994, los peticionarios remitieron a la Comisión su respuesta a las observaciones presentadas por el Estado el 9 de setiembre de 1993. La Comisión envió las partes pertinentes de la respuesta de los peticionarios al Estado el 6 de enero de 1994, pidiendo el envío de la información dentro de los 30 días. En una comunicación del 4 de febrero de 1994, el Estado solicitó prórroga del plazo hasta el 3 de marzo de 1994 para responder a la réplica de los peticionarios, y el 3 de marzo de 1994, el Estado envió a la Comisión observaciones adicionales sobre la petición y solicitó una nueva extensión hasta el 4 de abril de 1994 para concluir su examen de la materia y remitir una respuesta adecuada. Por comunicación del 5 de abril de 1994, el Estado pidió una nueva prórroga del plazo hasta el 18 de abril de 1994 para responder a la réplica de los peticionarios del 22 de diciembre de 1993, y el 18 de abril, el Estado remitió a la Comisión las observaciones adicionales sobre la respuesta de los peticionarios. La Comisión remitió las partes pertinentes de las comunicaciones del Estado a los peticionarios. El 4 de mayo de 1994, los peticionarios solicitaron extensión del plazo para responder a las observaciones del Estado, en base a los empeños que estaban desplegando las Dann y Estados Unidos para resolver la caso.
10. El 10 de octubre de 1996 la Comisión convocó a una audiencia sobre las reivindicaciones planteadas en la petición. Los representantes de los peticionarios y del Estado asistieron a la audiencia y formularon exposiciones sobre la admisibilidad y los méritos de las reivindicaciones de las Dann. Además, por comunicación del 28 de febrero de 1997, Estados Unidos presentó respuestas escritas a las diversas cuestiones planteadas en el curso de la audiencia ante la Comisión. Estas respuestas escritas fueron posteriormente remitidas a los peticionarios por carta del 10 de marzo de 1997.
11. En el informe N° 99/99, aprobado por la Comisión el 27 de setiembre de 1999 en el curso del 104° período ordinario de sesiones, la Comisión decidió admitir las reivindicaciones presentadas en la petición y proceder a la consideración de los méritos de la queja.
12. En comunicación del 23 de marzo de 2000, recibida por la Comisión en la misma fecha, los peticionarios presentaron a ésta un documento titulado "Información de los peticionarios sobre los méritos del caso". La Comisión remitió las partes pertinentes de esta comunicación al Estado por nota del 27 de marzo de 2000, solicitando sus observaciones dentro de los 30 días.
13. Por nota del 9 de mayo de 2000, el Estado pidió una prórroga de 45 días para presentar su respuesta a la información complementaria de los peticionarios, y en una comunicación posterior, del 18 de mayo de 2000, la Comisión accedió a lo solicitado por el Estado. A la fecha del presente informe, la Comisión no ha recibido ninguna nueva observación del Estado sobre la petición.
B. Medidas cautelares
14. En carta del 16 de agosto de 1993, los peticionarios informaron a la Comisión que el Estado había publicado un aviso el 3 de agosto de 1993 en el que se afirmaba que la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos (“U.S. Bureau of Land Management” o “BLM”) se proponía acorralar todo el ganado en una porción de las tierras ancestrales de los Western Shoshone descrita como "los loteos de South Buckhorn, Geyser, Scott's Gulch, Thomas Creek y Safford County del Distrito Elko y porciones del loteo de Argenta y Carico Lake, en el Distrito de Battle Mountain". En su carta, los peticionarios afirmaban que las Dann habían realizado el pastoreo de su ganado en las tierras durante generaciones y que Estados Unidos probablemente se proponía vender el ganado incautado perteneciente a las Dann y al Consejo Nacional de los Western Shoshone. En tales circunstancias, los peticionarios argumentaban que esto sería devastador para las Dann y constituía una nueva injusticia que se sumaba a las ya cometidas contra ellas por el Estado. Sobre esta base, los peticionarios solicitaron que la Comisión ordenara medidas cautelares en virtud del artículo 29(2) del Reglamento anterior de la Comisión.
15. El 7 de setiembre de 1993, la Comisión escribió a Estados Unidos y le informó de la comunicación informativa de los peticionarios el 16 de agosto de 1993. En su comunicación, la Comisión pedía al Estado que suspendiera su intención de incautar todo el ganado perteneciente a las Dann hasta que se resolviera el caso.
16. Posteriormente, por nota del 27 de febrero de 1998, los peticionarios volvieron a pedir que la Comisión ordenara medidas cautelares en virtud del artículo 29(2) del Reglamento anterior de la Comisión para evitar un daño inmediato, grave e irreparable a las Dann. Los peticionarios afirmaron que el 19 de febrero de 1998 la BLM había publicado nuevamente una serie de avisos y órdenes, por las cuales declaraba que las Dann y otros indígenas Western Shoshone estaban invadiendo las tierras, les ordenó que retiraran todo el ganado y bienes de las tierras y los amenazó con multas, penas de penitenciaría, la incautación del ganado y la confiscación de sus bienes, si no cumplían dichas órdenes. Sobre esta base, y dado que esta acción agresiva del Gobierno presuntamente constituiría una nueva amenaza a la supervivencia económica y cultural de las Dann y de los Western Shoshone, los peticionarios afirmaban que existía una necesidad urgente de que la Comisión ordenara medidas cautelares.
17. En una comunicación al Estado del 6 de marzo de 1998, la Comisión reiteró su pedido anterior de que el Estado suspendiera toda medida de incautar o confiscar los bienes de las Dann hasta que la Comisión investigara los hechos alegados.
18. Posteriormente, los peticionarios informaron a la Comisión, por carta del 16 de julio de 1998, que, pese a la reiteración del pedido de la Comisión al Estado, la BLM seguía impulsando su acción por "invasión de propiedad" contra las Dann y otros integrantes de la nación Western Shoshone. Los peticionarios indicaron, en particular, que el 2 de abril de 1998 la BLM impartió nuevas órdenes y decisiones contra las Dann, por las que les ordenaba a éstas retirar el ganado de parte de la tierra en litigio y pagar una multa de US$ 288.191,78 por presuntos pastoreos sin autorización. Los peticionarios, por tanto, reiteraron su pedido de que la Comisión ordenase medidas cautelares contra las acciones del Estado.
19. En nota del 5 de agosto de 1998, el Estado respondió a la comunicación de la Comisión del 6 de marzo de 1998 declarando, entre otras cosas, que "por respeto a la Comisión, el Departamento de Estado había iniciado un diálogo interinstitucional con los organismos federales pertinentes para seguir considerando el pedido de la Comisión. Sin embargo, entre tanto, Estados Unidos no interferiría con el curso normal de la ley".
20. Por comunicación del 3 de junio de 1999, los peticionarios informaron a la Comisión que, pese a los pedidos anteriores de ésta de que el Estado suspendiera su acción contra las Dann, los funcionarios federales seguían haciendo cumplir las medidas impartidas contra las Dann y otros integrantes de los Western Shoshone. Los peticionarios también afirmaron que en un intento de defenderse contra estas medidas, las Dann habían apelado la decisión de la BLM contra ellas, de acuerdo con el procedimiento administrativo interno pertinente y que el 18 de diciembre de 1998 la BLM dictaminó en contra de aquéllas. Además, los peticionarios indicaron que las Dann se reunieron con funcionarios de la BLM el 28 de enero de 1999, oportunidad en que las Dann fueron invitadas a presentar una propuesta de acuerdo transitorio. Cuando las Dann posteriormente presentaron una propuesta, el 28 de marzo de 1999, ésta habría sido presuntamente rechazada por una contraoferta de los funcionarios en términos que en esencia reiteraban la posición previa de la BLM, a saber, que los Western Shoshone ya no tenían derecho a sus tierras ancestrales.
21. En su comunicación del 3 de junio de 1999, los peticionarios indicaron también que apenas dos días después de que las Dann recibieran la respuesta de la BLM a su propuesta, dicha Oficina impartió un "aviso de intención de incautación" de "todo ganado no autorizado en pastoreo en tierras del Estado" y que el aviso establecía que se podía proceder a la incautación sin nuevo aviso a partir de los cinco días de la publicación del mismo, dentro de un período de 12 meses. En base a estos hechos, los peticionarios solicitaron que la Comisión impartiera medidas cautelares para evitar que se materializara la intención del Estado de incautar los bienes de las Dann.
22. La Comisión, en una nota del 28 de junio de 1999, remitió al Estado las partes pertinentes del escrito de los peticionarios del 3 de junio de 1999 y le solicitó, de acuerdo con el artículo 29(2) del Reglamento anterior de la Comisión, que adoptara medidas cautelares para suspender su intención de incautar el ganado de las Dann hasta que la Comisión tuviera la oportunidad de investigar cabalmente las reivindicaciones planteadas en la petición.
23. Por comunicación del 9 de agosto de 2000, recibida por la Comisión el 10 de agosto de 2000, los peticionarios presentaron a la Comisión un pedido de medidas cautelares adicionales. De acuerdo con los peticionarios, recientemente se habían presentado dos proyectos de ley ante el Congreso de Estados Unidos, la Ley de Administración de Tierras Públicas de Nevada de 1999 ("el proyecto de ley de Tierras Públicas de Nevada") y la ley de distribución de derechos de los Western Shoshone ("el proyecto de ley de distribución"). De acuerdo con los peticionarios, el proyecto de ley de tierras públicas de Nevada autorizaría a la Secretaría del Interior de Estados Unidos a disponer de las tierras "públicas" en el Estado de Nevada vendiéndolas en licitación abierta para la minería, la ganadería y otros intereses privados. El proyecto de ley de Distribución autorizaría a la Secretaría del Interior de Estados Unidos a realizar una distribución per cápita de los fondos otorgados por la ICC para hacer caducar sus derechos a las tierras ancestrales de los Western Shoshone. Los peticionarios afirmaron que esta legislación, de aprobarse, autorizaría la entrega a intereses privados de tierras que incluían aquellas utilizadas y ocupadas por las Dann y que autorizaría la distribución de los fondos otorgados por la ICC pero nunca aceptados por el pueblo Western Shoshone. Los peticionarios también sugirieron que existía la posibilidad de que estos dos proyectos de ley fueran aprobados durante la legislatura actuante en ese momento. Además, los peticionarios sostuvieron que la legislación propuesta causaría un daño irreparable a la supervivencia cultural, física y económica de las Dann y a su capacidad de seguir planteando la propia reivindicación interpuesta ante la Comisión.
24. En una nota del 18 de agosto de 2000, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la comunicación de los peticionarios del 9 de agosto de 2000 y, sin perjuicio de la posible adopción de medidas cautelares, solicitó que el Estado adoptara las medidas que considerara necesarias para que la Comisión pudiera recibir dentro de un plazo de 20 días la información que el Estado considerara pertinente sobre el pedido de los peticionarios. Por comunicación del 19 de octubre de 2000 al Estado, la Comisión reiteró su pedido de información del 18 de agosto de 2000 en relación con la solicitud de los peticionarios de medidas cautelares adicionales, y le pidió una respuesta dentro de un plazo de 20 días.
25. El Estado, en nota del 4 de diciembre de 2000, envió a la Comisión una respuesta a su comunicación del 19 de octubre de 2000, en la que aquel indicaba que la legislación referida por los peticionarios habría sido presentada ante el Congreso pero que no se había adoptado medida sustancial alguna y que no se preveía su adopción en el curso de esa legislatura. El Estado también afirmó que, aún de aprobarse, ninguno de los proyectos de ley causaría un daño irreparable a las hermanas Dann y, por tanto, que su pedido de medidas cautelares carecía de fundamento de hecho o de derecho. Por comunicación del 11 de diciembre de 2000, la Comisión remitió las partes pertinentes de la respuesta del Estado a los peticionarios, solicitándoles una contestación dentro de los 30 días. Posteriormente, en carta del 11 de enero de 2001, los peticionarios presentaron a la Comisión sus observaciones respecto de la contestación del Estado del 4 de diciembre de 2000, en la que afirmaban que el Estado no había ofrecido ninguna respuesta sustancial a su pedido de medidas cautelares y reiteraban su solicitud a la Comisión de que reclamase al Estado que suspendiera toda acción en relación con el proyecto de ley de tierras públicas de Nevada y el proyecto de ley de distribución.
C. Solución amistosa
26. En su informe de admisibilidad N° 99/99 del 27 de setiembre de 1999 sobre esta materia, la Comisión se puso a disposición de las partes, en virtud del artículo 45(1) del Reglamento anterior de la Comisión, a los efectos de procurar una solución amistosa del caso.
27. Por carta del 25 de octubre de 1999 dirigida a la Comisión, los peticionarios reiteraron su voluntad de entablar un proceso de solución amistosa con los Estados Unidos, con los auspicios de la Comisión. Sin embargo, en ausencia de un acuerdo del Estado, los peticionarios indicaron que solicitarían que la Comisión procediera a evaluar los méritos de la petición y a dictaminar al respecto. En nota del 1 de noviembre de 1999, la Comisión remitió al Estado la comunicación de los peticionarios del 25 de octubre de 1999, solicitando una respuesta dentro de los 30 días.
28. En carta del 15 de junio de 2000, recibida por la Comisión el 16 de junio de 2000, los peticionarios solicitaron una audiencia en el siguiente período de sesiones o, en su defecto, una conferencia oficiosa con Estados Unidos y con un representante de la Comisión para explorar la posibilidad de un arreglo. Por notas del 19 de setiembre de 2000, la Comisión informó a las partes que había decidido acceder a la solicitud de los peticionarios de celebrar una conferencia oficiosa para explorar la posibilidad de una solución del caso y que la misma se celebraría el 6 de octubre de 2000, en la sede de la Comisión, en Washington.
29. Por comunicación del 3 de octubre de 2000, los peticionarios confirmaron su asistencia a la reunión del 6 de octubre de 2000 en Washington, y presentaron un "resumen de la información pertinente sobre la posición y propuesta de los peticionarios" para la reunión. También por carta del 3 de octubre de 2000, el Estado informó a la Comisión que aún no había concluido los preparativos de la reunión, que incluían intensas consultas con otros organismos del gobierno, y que solicitaba la postergación de la reunión. La Comisión decidió celebrar la reunión del 6 de octubre de 2000, que estuvo presidida por el miembro de la Comisión Peter Laurie y a la que asistieron la Sra. Carrie Dann y sus representantes, los señores James Anaya, James Stroud y Steven Tullberg. A la fecha del presente informe, la Comisión no ha recibido ninguna otra solicitud de las partes para facilitar una solución amistosa del caso.
D. Amici curiae
30. El 9 de diciembre de 1997, el abogado Thomas E. Luebben Esq. solicitó autorización para intervenir en apoyo de las actuaciones de las Dann ante la Comisión, en nombre de la tribu Yomba Shoshone, otra tribu de la nación Western Shoshone. Además, por carta del 17 de marzo de 1998, los peticionarios solicitaron que la Comisión permitiera que la tribu Yomba Shoshone interviniese en apoyo del caso de las Dann como co-peticionario. El 22 de setiembre de 1998, la tribu Yomba Shoshone remitió una nota informativa a la Comisión que sostienen respalda la posición de las Dann, y, por comunicación del 27 de setiembre de 1999, los representantes de la tribu Yomba aclararon que deseaban que su participación en las actuaciones se considerase en carácter de amicus curiae.
31. Por cartas del 24 y 27 de setiembre de 1999, la tribu Ely Shoshone solicitó análogamente autorización para intervenir en el proceso como amicus curiae y, por comunicación del 24 de setiembre de 1999, los peticionarios informaron a la Comisión, en nombre de las Dann, que aceptaban la intervención de las tribus Yomba y Ely en carácter de amici curiae.
32. Además, por comunicación del 12 de mayo de 2000, recibida por la Comisión el 22 de mayo de ese año, el Consejo Nacional Western Shoshone envió a la Comisión una "nota de amicus" respaldando la posición de las Dann en el caso y posteriormente confirmó, por carta del 31 de julio de 2000, que pretendían intervenir en las actuaciones sólo en carácter de amicus curiae, pero se reservaban el derecho de presentar en el futuro una petición adecuada en relación con las presuntas violaciones de los derechos humanos específicamente en su contra y contra sus ciudadanos.
33. Análogamente, en una carta del 19 de julio de 2001, el presidente de la tribu Duckworth Shoshone, Michael H. Blackeye, solicitó venia a la Comisión para participar como amicus curiae en las actuaciones de las Dann y adoptó los puntos establecidos y los argumentos formulados en la información de la tribu Yomba Shoshone presentada a la Comisión en setiembre de 1999.
34. Tras examinar los pedidos de intervención indicados antes y las informaciones relacionadas con los amici, la Comisión consideró que en esencia reiteraban argumentos ya presentados por los peticionarios y en consecuencia no requerían ulterior trámite en estas actuaciones.
III. POSICIÓN DE LAS PARTES
A. Posición de los peticionarios
35. En su petición inicial y en las observaciones posteriores, los peticionarios han sostenido que el Estado es responsable de la violación de los derechos de Mary y Carrie Dann en virtud de los artículos II (derecho a la igualdad ante la ley), III (derecho a la libertad de religión y culto), VI (derecho a la familia y a su protección), XIV (derecho al trabajo y a una remuneración justa), XVIII (derecho a un juicio imparcial) y XXIII (derecho a la propiedad) de la Declaración Americana, en relación con el uso y ocupación de las tierras ancestrales de los Western Shoshone.
36. Con respecto a las circunstancias fácticas de sus reivindicaciones, los peticionarios afirman que las Dann son integrantes del pueblo de origen Western Shoshone, que residen en una hacienda en la comunidad rural de Crescent Valley, Nevada. De acuerdo con la petición, las Dann, conjuntamente con otros miembros de su familia en sentido amplio del grupo Dann, ocupan, usan para la caza y cría de ganado y utilizan de distintas maneras las tierras (las "tierras Dann") que se encuentran dentro del territorio ancestral más amplio del pueblo Western Shoshone. Este territorio ancestral presuntamente abarca no sólo la hacienda de la que viven las Dann, sino tierras de pastoreo y bienes principalmente en el Estado de Nevada ("las tierras ancestrales de los Western Shoshone").
37. A este respecto, los peticionarios indican que las relaciones entre los Western Shoshone y el gobierno de Estados Unidos siguen regidas por el Tratado de Ruby Valley de 1863 que fue ratificado por Estados Unidos en 1866 y proclamado el 21 de octubre de 18692, y que constituye un tratado de paz entre Estados Unidos y el pueblo Western Shoshone.
38. Los peticionarios sostienen que las Dann han utilizado y ocupado las tierras ancestrales de los Western Shoshone desde tiempo inmemorial y que la hacienda de la familia es el único medio de sustento de las Dann, donde satisfacen todas sus necesidades mediante la venta de ganado, productos agrícolas y vegetales a los Western Shoshone de la vecindad y a ciudadanos no indígenas.
39. Los peticionarios también afirman que desde 1863 hasta el presente Estados Unidos ha expropiado sistemáticamente porciones de las tierras ancestrales de los Western Shoshone en beneficio del gobierno y de no indígenas, y que, sin suficientes recursos, educación y asistencia letrada, los Western Shoshone tradicionalmente no han podido montar una oposición efectiva al emplazamiento del gobierno y a la erosión de su base agraria. Con respecto a las tierras de las Dann en particular, los peticionarios sostienen que el uso por ellas de las tierras de los Western Shoshone no fue perturbado ni impugnado hasta comienzos de los años de 1970 en que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Interior, empezó a adoptar o a amenazar con adoptar medidas para evitar que las Dann y otros Western Shoshone utilizaran y ocuparan las tierras que se encuentran dentro de su territorio ancestral. De esta manera, los peticionarios afirman que las Dann son privadas injustamente de su patria ancestral, incluyendo porciones de las que dependen para su supervivencia.
40. Estas acciones del Estado han incluido la iniciación de acciones por invasión de tierras contra las Dann, exigiendo que las mismas retiren su ganado de las tierras en disputa y paguen multan sustanciales, así como la publicación de avisos de intenciones de incautación respecto del "ganado no autorizado que pastorea en tierras públicas". También han incluido prospecciones auríferas dentro del territorio ancestral tradicional de los Western Shoshone, que se dice han sido admitidas y toleradas por funcionarios del Estado. Como parte de esta prospección, las empresas mineras habrían estado cavando en la zona, extrayendo escasos recursos hídricos y empeñándose en asumir la propiedad o el control de la zona por vigencia de la legislación minera estadounidense o por intercambio de tierras con el gobierno de Estados Unidos. Los peticionarios sostienen que esta actividad minera ya ha afectado el uso por las Dann de sus tierras ancestrales y ha contaminado las aguas subterráneas del Crescent Valley y alrededores, y que la actividad amenaza con daños aún mayores a medida que se extiende a porciones más cercanas a la vivienda de las Dann.
41. Además, los peticionarios afirman que las Dann y otros miembros de los Western Shoshone se han visto impedidos de la caza para su subsistencia tradicional por acción de funcionarios del Estado de Nevada que habrían recurrido a la negativa de Estados Unidos del título de los Western Shoshone a las tierras ancestrales para negarse a aceptar las prácticas de caza tradicionales de los Western Shoshone. Los funcionarios del Estado habrían perseguido y arrestado a integrantes del pueblo Western Shoshone, incluyendo a integrantes del grupo Dann, que no cumplían con la legislación y las reglamentaciones del Estado sobre caza.
42. Como ejemplo de estas actividades, durante la audiencia del 10 de octubre de 1996 ante la Comisión, los peticionarios sostuvieron que Estados Unidos ha incautado y vendido ganado de las Dann en dos ocasiones, 161 equinos en marzo de 1992 y 269 equinos en noviembre de 1992. Los peticionarios también sostienen que una empresa minera, Oro Nevada Mining Company, reclamaba algunas de las tierras ancestrales de los Western Shoshone en virtud de una ley que permite a las empresas mineras adquirir tierras que pertenecen al gobierno de Estados Unidos. También se ha dicho que la empresa ha publicado un aviso oficial de que realizaría perforaciones exploratorias en varias zonas de pastoreo de las Dann y que todas las zonas de pastoreo utilizadas por éstas eran objeto de derechos reales para minería aurífera.
43. De acuerdo con los peticionarios, con estas medidas, el Estado ha recurrido a un dictamen de 1966 de la ICC, un tribunal administrativo establecido por ley por el Estado al amparo de la ley de la ICC para determinar reclamaciones de tierras aborígenes. En este dictamen, que fue posteriormente mantenido por la Corte de Reclamaciones de Estados Unidos, la ICC habría adoptado una estipulación incuestionada de que el título de los Western Shoshone habría caducado un tiempo antes por acción de "establecimiento gradual" por no indígenas. Es sobre esta base que los peticionarios sostienen que el Estado niega la existencia continuada de los derechos legales de los Western Shoshone a las tierras ancestrales. Sin embargo, como se indica más adelante, los peticionarios contestan la pertinencia y la validez de estas actuaciones sobre la base de que la cuestión de si los derechos de los Western Shoshone efectivamente caducaron no fue en los hechos litigada por la ICC o la justicia estadounidense. También sostienen que individuos y los grupos Western Shoshone fueron impedidos de intervenir en las actuaciones para contestar la presunta caducidad del título y que el pueblo Western Shoshone se ha negado a aceptar la retribución monetaria de la ICC.
1. Derecho a la propiedad
44. Los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación de los derechos de la Dann a la propiedad en virtud del artículo XXIII de la Declaración en razón de la limitación que el Estado ha impuesto a la ocupación y uso por las Dann de las tierras ancestrales Western Shoshone. El artículo XXIII de la Declaración dispone lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.
45. En particular, los peticionarios sostienen que las Dann y otros integrantes de los Western Shoshone han establecido debidamente un derecho a las tierras ancestrales Western Shoshone a través de modalidades tradicionales de uso y ocupación de estas tierras y de sus recursos naturales. Los peticionarios se refieren a esto como "sistema consuetudinario de tenencia de la tierra" y afirman que esta es una forma de propiedad que está reconocida como título original o indígena por la ley de Estados Unidos y por otras jurisdicciones del derecho común, como los son el libre derecho a la pesca, la caza, la recolección y otros usos de los recursos o el acceso a las tierras.3
46. En este contexto, e independientemente del derecho común de las jurisdicciones internas, los peticionarios afirman que el derecho a la propiedad consagrado en el artículo XXIII de la Declaración, considerado a la luz del principio fundamental de la no discriminación, debe interpretarse en el sentido de que comprende esas formas de tenencia de la tierra y uso de los recursos que derivan de modalidades tradicionales de uso y ocupación de la tierra de un pueblo indígena como los Dann. En apoyo de esta afirmación, los peticionarios citan la Convención de la Organización Internacional del Trabajo (No. 169) en relación con los pueblos indígenas y tribales,4 el artículo 14 del cual dispone lo siguiente:


  1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.




  1. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.




  1. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

47. Los peticionarios análogamente se basan en el artículo XVIII de la proyectada Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas5 y el artículo 26 del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,6 proyectos de instrumento que afirman que los pueblos aborígenes tienen derecho al pleno reconocimiento de sus leyes, tradiciones y costumbres, a los sistemas de tenencia de la tierra y a las instituciones para el desarrollo y la gestión de los recursos, y el derecho a medidas efectivas de parte de los Estados para evitar toda interferencia, alienación o incautación de esos derechos.


48. En las circunstancias de Mary y Carrie Dann, los peticionarios sostienen que han establecido hechos que demuestran la existencia de los derechos de propiedad de los Western Shoshone sobre la base del uso y la ocupación tradicionales de la tierra y que las Dann son beneficiarias de esos derechos como miembros del pueblo Western Shoshone. Los peticionarios también afirman que han establecido hechos que indican que el Estado ha interferido con esos derechos, inclusive a través de medidas de organismos gubernamentales federales y estaduales que han impedido que las Dann y otros integrantes del pueblo Western Shoshone utilicen y ocupen las tierras ancestrales Western Shoshone de acuerdo con modalidades tradicionales. Sobre esta base, los peticionarios sostienen que el Estado ha violado el derecho de propiedad de las Dann, consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana, conforme a una interpretación y aplicación adecuadas de ese derecho en relación con los sistemas de tenencia de la tierra aborígenes y otros sistemas consuetudinarios.
49. Los peticionarios también señalan a este respecto que el Estado no ha impugnado la historia de tenencia de tierras tradicional que se afirma dio lugar al título aborigen Western Shoshone ni que sus agentes y los del Estado de Nevada hayan cometido actos que impiden la capacidad de las Dann para seguir ocupando y utilizando las tierras en cuestión, sino que, por el contrario, afirman que los derechos de propiedad de los Western Shoshone caducaron a raíz de procedimientos de reivindicación de base legal. Los peticionarios cuestionan la pertinencia de esta afirmación en base a que los derechos de propiedad de los Western Shoshone no han caducado, inclusive como cuestión de derecho en Estados Unidos y, más aún, impugnan la validez de la propia presunta caducidad, como violación de los derechos humanos fundamentales de las Dann.
50. Los peticionarios sostienen en particular que los tribunales estadounidenses nunca han dictaminado en forma concluyente sobre la caducidad de los derechos de propiedad de los Western Shoshone, sino que han decidido acerca de las reivindicaciones internas de las Dann en base a las interpretaciones de esos tribunales acerca de la ley de la Comisión de Reivindicaciones indígenas de manera tal que impidieron que las Dann afirmen su título Western Shoshone en las acciones judiciales internas. De acuerdo con los peticionarios, esta conclusión puede derivarse de la historia judicial de las actuaciones ante la justicia interna llevadas a cabo por las Dann.
51. A este respecto, los peticionarios señalan que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, que es la instancia superior para examinar y dictaminar sustantivamente en torno a los derechos de tierras de los Western Shoshone, en realidad llegó a la conclusión de que estos derechos "no habían caducado como cuestión de derecho por imperio de la ley de tierras del Estado, por la creación de la Reserva de Duck Valley o por la inclusión de la tierra en disputa en un distrito de pastoreo y el otorgamiento de un permiso de pastoreo de acuerdo con la Ley de Pastoreo de Taylor". Si bien la Corte Suprema de Estados Unidos posteriormente revirtió este dictamen, no lo hizo sobre la base de una conclusión de caducidad real del título Western Shoshone, sino sobre una interpretación estatutaria de la Ley de la ICC que prohibía la afirmación del título Western Shoshone debido a la existencia de una compensación monetaria de dicha Comisión por la presunta caducidad del título Western Shoshone en procesos colaterales.7
52. Con respecto a la afirmación del Estado de que las Dann no reclamaron "un título aborigen individual" de las tierras en cuestión ante los tribunales internos, los peticionarios explican que no han seguido esa vía debido a que ello las habría separado de la reivindicación de la nación Western Shoshone en base al tratado, posición que preservaría la tierra y la cultura del pueblo Western Shoshone como un todo. Básicamente, argumentan que interponer esa reivindicación socavaría los derechos aborígenes y el fundamento reconocido en el tratado para el título que configura la esencia histórica, cultural y política del pueblo y las tribus indígenas Western Shoshone y otras.8
2. Derecho a la igualdad ante la ley
53. Los peticionarios también impugnan la interferencia del Estado con la ocupación y el uso por las Dann de las tierras ancestrales Western Shoshone como discriminatoria y contraria al artículo II de la Declaración, que protege el derecho a la igualdad ante la ley.9 En particular, los peticionarios afirman que el Estado está obligado a proteger los derechos de propiedad aborígenes de las Dann y a otorgar a esos derechos el mismo grado de protección que brinda para la protección de los derechos de propiedad de los no indígenas, pero que no lo ha hecho.
54. Los peticionarios afirman que existen varios fundamentos para su denuncia de discriminación. Primero, sostienen que la teoría en base a la cual la ICC dictaminó la caducidad del título de los Western Shoshone, a saber, "el emplazamiento gradual" de colonos no indígenas, mineros y otros, constituye una transferencia no consensual y discriminatoria de los derechos de propiedad de la tierra quitándoselos a los pueblos indígenas que siguen en posesión de su tierra y en favor de intereses no aborígenes. Sostiene que este es un "concepto ilegal que simplemente recompensa a los intrusos y libera a los Estados Unidos de su propia obligación legal de defender los derechos indígenas a la tierra."10 Los peticionarios respaldan sus argumentos en parte esgrimiendo las conclusiones de un seminario de expertos convocado por las Naciones Unidas, que identificó las transferencias de bienes de esta naturaleza como parte de una modalidad más generalizada de discriminación racial de que fueron víctimas los pueblos indígenas.11
55. Los peticionarios identifican como otra fuente de discriminación la inexistencia de protecciones sustanciales de los derechos de propiedad de los indígenas, incluyendo los derechos derivados del título aborigen de los Western Shoshone, que son iguales a las protecciones acordadas a las formas de propiedad no indígena. En particular, indican que, según la legislación de Estados Unidos, incluida la Quinta Enmienda de la Constitución de ese país y otras leyes federales y estaduales, la toma en posesión de bienes por el gobierno comúnmente requiere un propósito público válido y el derecho de los propietarios a ser notificados, a una audiencia judicial y a una compensación justa basada en el valor real de mercado de la propiedad que se toma.12 Los peticionarios argumentan en forma contrastante que las tierras ancestrales de los Western Shoshone fueron tomadas sin cumplir ninguno de estos requisitos previos, circunstancia que los peticionarios sostienen es congruente con el patrón discriminatorio aplicado por Estados Unidos a los bienes de los pueblos indígenas en general, como lo reflejan decisiones judiciales tales como las de los indígenas Tee-Hit-Ton c. Estados Unidos.13 En las circunstancias de las Dann, los peticionarios afirman haber establecido hechos que indican que no se ha establecido propósito público alguno para la presunta caducidad del título Western Shoshone a las tierras y que la compensación monetaria de 1979 resultante de las reivindicaciones ante la ICC fue calculada sobre la base de una valuación de la tierra al 1 de julio de 1872, la presunta fecha de caducidad, y que no se calculó ningún interés para fijar la compensación.14 Sobre esta base, los peticionarios sostienen que no se otorgó a los Western Shoshone una justa compensación como se exige en los casos de expropiación de bienes de no indígenas.
56. También de acuerdo con los peticionarios, el tratamiento discriminatorio de los bienes indígenas está indicado asimismo por los hechos vinculados a los procedimientos conforme a los cuales los Estados Unidos determinaron la caducidad del derecho a las tierras ancestrales de los Western Shoshone y la compensación, que los peticionarios sostienen no ha protegido ni respaldado los derechos a las tierras indígenas en la misma medida en que protege otros derechos de propiedad. En las circunstancias de las Dann y de otros integrantes de los Western Shoshone, los peticionarios afirman que durante las actuaciones de la ICC por las cuales el Estado afirma prescribieron los derechos de los pueblos Western Shoshone, sólo un pequeño grupo estuvo representado ante la ICC y posteriormente ante la Corte de Reivindicaciones de Estados Unidos. También afirman que otros Western Shoshone, incluidas las Dann, se vieron impedidos de intervenir en las actuaciones de la ICC. Además, los reclamantes Western Shoshone que estuvieron representados ante la ICC se vieron impedidos de suspender los servicios de su abogado cuando decidieron que no estaba actuando en favor de sus intereses.
57. Los peticionarios contrastan esta situación con los requisitos de la ley de propiedad de Estados Unidos en general, de acuerdo con la cual los derechos de propiedad comúnmente sólo pueden caducar o suspenderse a través de "procedimientos cuidadosos y rigurosos en los que se escuchen los intereses de todas las partes a través de un asesor de su elección".15 Por lo tanto, los peticionarios denuncian que el gobierno de Estados Unidos está tratando ahora de someter a las Dann y a otros integrantes del pueblo Western Shoshone a las condiciones negociadas por un abogado en un procedimiento en que se les negó a aquellos el derecho a participar, en violación de la norma internacional de igualdad ante la ley.
58. En respaldo de esta afirmación de que este tratamiento constituye una discriminación a los efectos del artículo II de la Declaración, los peticionarios citan decisiones y proclamaciones de órganos internos e internacionales, que incluyen una decisión de la Alta Corte Australiana en la que una mayoría de esa Corte concluyó que una medida legislativa que específicamente disponía la caducidad de un título nativo, excluyendo los derechos de propiedad de los no indígenas, era racialmente discriminatoria y, por tanto, nula.16 Los peticionarios también citan declaraciones de la Comisión de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, exhortando a los Estados partes de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial a "reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales."17 Señalan una decisión en particular de acuerdo con los procedimientos para acciones de alerta temprana y urgentes de la Comisión, expresando preocupación por las enmiendas a la ley de títulos nativos de Australia, que la Comisión consideró había creado una certeza jurídica para los gobiernos y para terceros a expensas del título indígena y por no haber previsto una participación efectiva de las comunidades indígenas en la formulación de las enmiendas legislativas.18 Con respecto a esta última decisión, los peticionarios argumentan que la falta de protección procesal y sustantiva para las Dann configura un "caso igualmente elocuente de discriminación denigrante que exige atención inmediata."
3. Derecho a la integridad cultural
59. Los peticionarios afirman que las acciones del Estado en relación con las tierras de las Dann y las tierras ancestrales de los Western Shoshone en términos más generales violan el derecho de las Dann a la protección de la integridad cultural que, por su parte, sostienen está afirmada en la Declaración Americana, en el artículo XXII (derecho a la propiedad), el artículo III (derecho a la libertad religiosa), el artículo VI (derecho a la familia y a su protección) y el artículo XIV (derecho a formar parte de la vida cultural de la comunidad). Los peticionarios sostienen en particular que la Comisión ha reconocido el libre ejercicio de estos derechos como "esencial para el goce y la perpetuación de la cultura de los pueblos indígenas".19
60. En las circunstancias de las Dann en particular, los peticionarios afirman que los Estados Unidos intentan activamente privar a las Dann de sus tierras tradicionales. Como la cultura Western Shoshone depende de la tierra y los recursos naturales que contiene, los peticionarios argumentan que la acción del Estado amenaza directamente el goce por las Dann de la cultura Western Shoshone. Entre los actos que señalan amenazan con esta privación, se cuentan la publicación de avisos de sanciones administrativas y penales contra las Dann por el uso de sus tierras tradicionales, amenazas de confiscación del ganado de las Dann, impedimentos a la recolección de alimentos para la subsistencia, límites a su acceso a los lugares sagrados y el otorgamiento de concesiones mineras a privados y actividades militares perjudiciales en las tierras tradicionales de los Western Shoshone, actividades que han amenazado el medio ambiente y destruido los recursos disponibles.
61. De acuerdo con los peticionarios, estas acciones, sumadas a la insistencia del Estado de que el título de los Western Shoshone ha caducado, amenazan con destruir la cultura Western Shoshone, en violación de la Declaración Americana, según lo informa en particular el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 27 de este instrumento establece que "en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma." Los peticionarios argumentan que la propia Comisión se ha basado en el artículo 27 del Pacto para afirmar que la legislación internacional protege a los grupos minoritarios, incluidos los pueblos indígenas, en el goce de todos los aspectos de sus diversas culturas e identidades grupales,20 y que para los pueblos indígenas en particular, el derecho a la integridad cultural abarca "los aspectos vinculados a la organización de la producción, que incluye, entre otras cosas, el uso de las tierras ancestrales y comunales."21 También a este respecto, los peticionarios citan los comentarios generales y decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que incluyen sus opiniones en el caso Ominayak, Jefe del grupo de Lubicon Lake de Cree c. Canadá, en el que llegó a la conclusión de que este país era responsable de la violación del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por permitir que el gobierno provincial de Alberta otorgase arrendamientos para la exploración de petróleo y gas y para la explotación maderera dentro del territorio ancestral del grupo indígena de Lubicon Lake. De acuerdo con el Comité, esta actividad de explotación de los recursos naturales comportaba una inequidad histórica que "amenazaba el estilo de vida y la cultura del grupo de Lubicon Lake."
62. Sobre la base de estos argumentos, los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación del derecho de las Dann a la integridad cultural, protegido en los artículos III, VI, XIV y XXIII de la Declaración Americana.
4. Derecho a la libre determinación
63. Los peticionarios argumentan que Estados Unidos también es responsable de la violación del derecho de las Dann a la libre determinación prescrito en el derecho internacional. De acuerdo con los peticionarios, el principio de libre determinación significa que "los seres humanos, individual y colectivamente, tienen derecho a controlar sus propios destinos en condiciones de igualdad".22 Los peticionarios sostienen que el Estado es responsable de la violación de este principio en dos aspectos, al privar a las Dann de su tierra y sus recursos y, por tanto, de sus medios de subsistencia, y por excluir a las Dann de la participación en decisiones que afectan a sus tierras y a sus recursos naturales.
64. En particular, los peticionarios argumentan que para los pueblos indígenas el principio de libre determinación establece un derecho a controlar sus tierras y sus recursos naturales y a participar auténticamente en todo el proceso de decisiones que los afecten. En respaldo de esta afirmación, los peticionarios refieren a las declaraciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con la situación de los pueblos indígenas de Canadá, en la que el Comité ha subrayado "que el derecho de libre determinación exige, entre otras cosas, que todos los pueblos puedan disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y que no puedan ser privados de sus propios medios de subsistencia."23
65. Sin embargo, en el caso de las Dann, los peticionarios sostienen que Estados Unidos ha interferido activamente con el usufructo por las Dann de sus tierras ancestrales y está privando voluntariamente a las Dann y a otros integrantes de los Western Shoshone de sus medios de subsistencia al retirar o intentar retirar su ganado de sus tierras tradicionales. Los peticionarios también argumentan que Estados Unidos no ha consultado debidamente con las Dann y con otros integrantes de los Western Shoshone en relación con las decisiones que afectan el usufructo de sus tierras ancestrales. De acuerdo con los peticionarios, el derecho a la propiedad afirmado en el artículo XXIII de la Declaración Americana tendría escaso sentido para los pueblos indígenas si sus bienes pudieran ser afectados sin debida consulta y consideración y, en las circunstancias apropiadas, una compensación justa por parte del Estado. Si no existe una oportunidad plena y justa de ser oídos y de incidir verdaderamente en las decisiones que los afectan, los peticionarios argumentan que las Dann y otros grupos Western Shoshone no pueden ejercer su derecho a la libre determinación como lo garantiza el derecho internacional.24
66. En base a estas argumentaciones, los peticionarios sostienen que el Estado ha violado, en relación con las Dann y con otros integrantes de los Western Shoshone, sus derechos a la consulta, el usufructo de su desarrollo social y económico y su propia subsistencia y, por tanto, su derecho a la autodeterminación.
5. Derecho a la protección judicial y al debido proceso de la ley
67. Los peticionarios sostienen que el Estado ha negado a las Dann sus derechos a la protección judicial y al debido proceso de la ley conforme lo consagran el artículo XVIII de la Declaración Americana y otros numerosos instrumentos internacionales. Los peticionarios argumentan que está implícito en el artículo XVIII de la Declaración el derecho al proceso judicial de acuerdo con principios fundamentales de justicia y el debido proceso de la ley. En respaldo de su posición, citan varias determinaciones de esta Comisión y de la Corte Interamericana a los efectos de que el derecho a la protección judicial va más allá del libre acceso y el ejercicio del recurso judicial, al punto de que, por ejemplo, es necesario que el órgano judicial interviniente llegue a una conclusión sobre la base de los méritos de la reivindicación, que establezca la validez o invalidez de la posición legal que dio lugar al recurso judicial, para que el recurso judicial se considere efectivo.25
68. En las circunstancias del presente caso, los peticionarios sostienen que las Dann y otros integrantes de los Western Shoshone que procuraron afirmar la validez del título Western Shoshone a las tierras, vieron negada su participación o carecieron de representación adecuada en las actuaciones ante la ICC, actuaciones que dieron lugar a una determinación de que el título Western Shoshone había caducado sin que tuvieran oportunidad de litigar o contestar la teoría de la caducidad sostenida por Estados Unidos.
69. Más particularmente, los peticionarios indican que las actuaciones de los años de 1970 se llevaron a cabo ante la ICC respecto de la determinación de toda reivindicación que los Western Shoshone pudieran plantear en relación con sus tierras ancestrales. En estas actuaciones, los Estados Unidos y el abogado que presuntamente representaba a todos los Western Shoshone "aceptaron y establecieron formalmente" que los derechos de los Western Shoshone a las tierras habían "caducado" el 1 de julio de 1872, según una teoría de "establecimiento gradual" de estadounidenses no nativos. Las Dann afirman no haber autorizado ni participado en estas actuaciones y que no tuvieron derecho a intervenir para impugnar la estipulación del abogado de los Western Shoshone. Los peticionarios también argumentan que no ocurrió nada sustancial respecto a los derechos de las tierras de los Western Shoshone el 1 de julio de 1872 y que la estipulación de esta fecha de caducidad es puramente ficticia y, en esencia, sólo sirvió para llegar a una transacción entre el deseo del gobierno de minimizar todo pago por las tierras y el deseo del abogado de maximizar el pago y los honorarios pertinentes.26
70. Las actuaciones de la ICC dieron lugar a un dictamen final el 12 de diciembre de 1979, en el cual ese órgano calculó un monto para la compensación del pueblo Western Shoshone en base a la valoración del bien en la fecha previamente estipulada de 1872. Los peticionarios sostienen también que el abogado que entendió en la materia ante la ICC era en efecto un adversario de las Dann y de los demás Western Shoshone, que pretendía representar y que estableció esa determinación en 1966 sin la autorización de los Western Shoshone; que en realidad representaba los intereses de Estados Unidos y sus propios intereses de obtener "abultados honorarios".27 También afirman que el abogado, el gobierno de Estados Unidos y los tribunales de Estados Unidos engañaron a los Western Shoshone en relación con el efecto de sus sentencias en los derechos de los Western Shoshone a las tierras.28
71. En respuesta a la afirmación del Estado de que el abogado organizó "reuniones en consejo abierto" para consultar a los demás miembros de los Western Shoshone, los peticionarios argumentan que esas reuniones no fueron democráticas ni controladas por el pueblo Western Shoshone y que fueron celebradas ocho años después de la audiencia de 1957 sobre la cuestión del título de tierras y tres años después del dictamen de la ICC sobre la cuestión de la caducidad del título.29
72. Otras acciones legales tuvieron lugar contemporáneamente y posteriormente al dictamen de la ICC. Estas incluían una acción interpuesta por Estados Unidos en 1974 contra las Dann en la Corte Federal del Estado de Nevada reivindicando que era propietario de las tierras en cuestión y procurando indemnización por daños de parte de las Dann por invasión y una orden de suspensión que impidiera que las Dann pastoreasen su ganado en lo que el Estado consideraba tierras públicas. En el curso de este litigio, el Estado argumentó que las Dann estaban obligadas por la estipulación establecida entre Estados Unidos y el abogado en las actuaciones de la ICC. El Tribunal de Primera Instancia posteriormente dictó una sentencia en abril de 1980, cuatro meses después del dictamen de la ICC sobre la compensación, concluyendo que el título de los Western Shoshone a sus tierras ancestrales había caducado el 12 de diciembre de 1979, tras la sentencia definitiva de la ICC. En la instancia de apelación, la Corte del Noveno Circuito llegó a la conclusión de que el título de los Western Shoshone no podía haber caducado en las actuaciones de la ICC porque, pese a que ese órgano había pronunciado una sentencia definitiva, los Western Shoshone no habían recibido la compensación monetaria. Sin embargo, en otra apelación, la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó que los Western Shoshone habían sido "indemnizados" con el monto monetario fijado en las actuaciones de la ICC y que este pago se había producido cuando el Congreso de Estados Unidos asignó los fondos y los colocó en una cuenta de la Tesorería controlada por el Secretario del Interior. Los peticionarios observan que la Suprema Corte de Estados Unidos no consideró sus afirmaciones en relación con la pertinencia y justicia de las actuaciones de la ICC ni de sus resultados. La materia fue devuelta al Tribunal Federal, que en última instancia adoptó la fecha estipulada de caducidad de 1872 a los efectos de dar por concluidas las actuaciones.
73. A la luz de estos antecedentes judiciales, los peticionarios señalan que los tribunales internos en última instancia desestimaron las actuaciones en relación con los intereses de las Dann a las tierras ancestrales Western Shoshone sin determinar la existencia real de hechos históricos de caducidad y sin considerar las alegaciones de fraude en las actuaciones colaterales. Por el contrario, mientras que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito decidió en la acción por invasión iniciada por Estados Unidos contra las Dann que el título de los Western Shoshone en realidad no había caducado,30 la Corte Suprema revirtió esta decisión en base a otros fundamentos y dictaminó que, como consecuencia de la sentencia de la ICC y la posterior compensación monetaria por la Corte de Reivindicaciones, las Dann no podían afirmar el derecho a ese título.31 Los peticionarios argumentan que el dictamen de la Suprema Corte impidió que las Dann afirmasen una defensa del título aborigen Western Shoshone contra las acciones federales por invasión y otros obstáculos al uso y usufructo de las tierras ancestrales Western Shoshone y, por tanto, ha privado a las Dann de una protección judicial adecuada.
74. Los peticionarios también sostienen a este respecto que, de acuerdo con una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso posterior del Consejo Nacional Western Shoshone c. Molini, esa instancia extendió la decisión de la Corte Suprema en el caso Dann para impedir que éstas afirmaran sus derechos de caza y pesca como parte del título aborigen, pese al hecho de que en el proceso de la ICC obviamente no se abordó la caducidad de todos los derechos aborígenes y contractuales de los Western Shoshone.32 Además, los peticionarios rechazan toda sugerencia del Estado de que la reparación "básicamente teórica" de un posible reconocimiento judicial de los "derechos aborígenes individuales" por ineficiente e inadecuada. Los peticionarios subrayan a este respecto que las Dann se encuentran entre los indígenas Western Shoshone que, como un todo, existen como nación indígena en el sentido de que comprenden una comunidad discreta unida por factores etnográficos, culturales y políticos. De manera que es el sistema consuetudinario de tenencia de la tierra generada por el pueblo Western Shoshone en su conjunto a lo largo de siglos, y no el propio derecho individual de las Dann a modalidades de uso de la tierra, lo que configura el fundamento de los derechos a la tierra que afirman las Dann. Sobre esta base, los peticionarios argumentan que "los derechos aborígenes individuales" no pueden servir de base para que las Dann afirmen los derechos al uso y la ocupación que derivan del título Western Shoshone.
75. En consecuencia, los peticionarios sostienen que el Estado no ha brindado a las Dann una reparación judicial efectiva, en violación de su obligación internacional de proteger los derechos fundamentales.

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