Informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Guatemala: El Derecho a la tierra en Guatemala



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Informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Guatemala: El Derecho a la TIERRA en Guatemala1

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Situación agraria en Guatemala: conflictividad territorial, precariedad institucional e impunidad

1.- Comparando los censos agropecuarios de 1950 (fecha del primer censo oficial) y 2003 (último censo), se observa una fragmentación cada vez mayor de las tierras campesinas, así como una mayor concentración de los latifundios. Esto se traduce en una de las más altas desigualdades de acceso a la tierra en América Latina: el coeficiente GINI es de 0.84i. Las fincas menores de una manzanaii pasaron de constituir el 21.2% del total en 1950 al 45.2% en 2003. Es decir, casi la mitad de los productores posee sólo el 3.2% de las tierras cultivables, mientras que el 1.8% de fincas con más de una caballeríaiii sostienen más de la mitad de todas las tierras (56.5%)iv. Casi 15 años después, la concentración de la tierra, en lugar de disminuir, va en aumento. La nula disponibilidad de tierras para familias campesinas se debe sobre todo a la expansión de las plantaciones de monocultivos como la palma aceitera y la caña de azúcar, el banano y el hule. Mientras que el ritmo de conversión o cambio de uso de la tierra en el caso de la palma aceitera se calcula cerca del 400%v, el cambio de cultivos varios a caña de azúcar se estima en cerca del 100%vi, la producción del hule en 280%vii.

2.-Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se pretendía fortalecer la institucionalidad estatal para el acceso a tierra con la creación de varias entidades, de las cuales sólo queda el Fondo de Tierras (FONTIERRAS)viii. Desde su inicio, funcionó como mecanismo estatal a través del cual el campesinado pudiese acceder a la propiedad o arrendamiento de tierras a través de créditos, pero nunca se llevaron a cabo procesos de adjudicación previstos en la leyix, ya que se priorizaron mecanismos de mercado y no donaciones. Del año 1998 al 2013, ingresaron 1,740 solicitudes (1,110 colectivas y 640 individuales) de acceso a tierra. De estas, han sido entregadas únicamente 265 fincas (95,878.56 hectáreas para 20,187 familias por un monto de crédito de Q.713,107,618), correspondientes al 15% de la demandax. En el periodo que va de 2004 a 2013, fueron beneficiadas 460,370 familias con el programa de arrendamiento de tierras (área de 301,734 hectáreas y monto de crédito de Q.868,396,000)xi. Sin embargo, se evidencia un estancamiento en la labor de FONTIERRAS, ya que, si hasta 2009, 242 comunidades rurales (19,236 familias) fueron beneficiadasxii, de 2009 a 2013, se transfirieron únicamente 23 fincasxiii. Se puede afirmar, que, a través de este mecanismo, no se ha logrado concretar el acceso formal a tierra, además de perpetuar una práctica feudal establecida desde la época colonial.

3.-El resultado es que el 62.9% de los casosxiv no logra una mejora significativa de la calidad de vida, poca o nula autonomía en la toma de decisiones sobre incentivos y ausencia de liquidez para acceder a medios de producción complementarios. Estos créditos se vuelven de alto riesgo y una fuente suplementaria de adeudamiento, la llamada “Deuda Agraria”. Para 2011, el monto total de la deuda alcanzó Q.333,914,835.00 para 139 fincas que fueron atribuidas a 14,820 familiasxv. Después de un proceso de demanda de soluciónxvi, se logra en 2012 la instauración de la “Política de Reestructuración de la Deuda Agraria”xvii. Lamentablemente, los puntos resolutivos han sido emitidos para 83 casos presentados, quedan 47 casos pendientes y a finales de 2014, 270 casos sumaban una deuda total de Q.152,374,479.76xviii. 6.Los mecanismos de FONTIERRA se prestan a la corrupción y dos casos están bajo investigación del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) xix.

4.-Las políticas agrícolas no se enfocan en el cambio estructural para solucionar la problemática agraria. El presupuesto para el año 2016 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) fue de Q1,265 millones y sufrió una sub-ejecución en general, y particularmente en el programa de apoyo a la agricultura familiar (86.47%xx). Se rebajó a Q1,085.3 millonesxxi para 2017, el presupuesto representa sólo el 1.4% del presupuesto total de la nación. Las políticas y programas que se ejecutan son medidas paliativas que se prestan a la corrupción (como se demuestra con el caso El Bodegónxxii) o asistencialista (programa de apoyo al consumo adecuado de alimentos con principalmente entrega de bolsas de alimentos o programa de asistencia para el mejoramiento de ingresos familiares basado en la entrega de subvenciones).

5.-El Registro de Información Catastral (RIC) se crea en 2005xxiii como ente rector en materia catastral, lejos de lograr establecer un inventario de tierras adecuado para la contribución tributaria. Según la ley, la regularización y la titulación de predios no debe ser llevada a cabo por el RIC, ya que no provee un marco legal para ello. El proyecto RIC únicamente se ve en condiciones de regularizar predios bajo las dos modalidades excepcionales, que son la Titulación especial, por un lado, y la regularización y titulación de áreas nacionales relacionadas con el FONTIERRASxxiv. En casos de conflicto, el RIC deberá notificar a los “tribunales correspondientes”, los cuales son inadecuados.

6.-El proyecto RIC ha resultado ser una maquinaria burocrática costosa, la cual hasta la fecha no ha logrado catastrar más que una mínima parte (41 de los 340 municipios en el país)xxv. Su prioridad ha sido aquellos municipios de la Franja Transversal del Norte, y los cuales responden a intereses agroindustriales y privadosxxvi. Las proyecciones, completamente rebasadas para el período 2008-2014, coinciden con las grandes zonas de inversión de capitales para la producción de agrocombustibles, tales como la producción del monocultivo expansivo de la palma africana en el valle del río Polochic en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, así como el aprovechamiento y expansión de los grandes monocultivos de caña de azúcar en la Costa Sur.

7.-Como parte de las tierras escasamente reconocidas por la institucionalidad agraria y nacional en general, figuran las tierras comunales, que cuentan con un enorme inventario existente y una superficie de más de 1,5 millón de hectáreasxxvii que, en su mayoría, coinciden con áreas boscosas en territorios indígenas. Existe una negativa estatal para titular estas tierras y reconocer legalmente sus formas de administración territorial propia. Esto se da por distintas vías, tales como la imposición de Áreas Protegidas, de las cuales incluso son desalojadas o condicionadas las comunidades; bajo amenaza de proyectos extractivos; mediante problemas de registro y clasificación, que comienza por la básica definición de lo “comunitario” o de lo “indígena”; la negación de las formas de manejo consuetudinarias o ancestrales de tierras y territorios, la cual desemboca en el candente debate actual por la viabilidad o no del derecho indígena en el marco del derecho positivo. Lo que está en juego es precisamente la validez de formas distintas de propiedad y derechos. El vacío legal para el manejo de las tierras comunales ha puesto a las comunidades en desventaja frente a los intereses corporativos sobre sus recursos. Por otro lado, la certificación y el registro de tierras comunales deben constar de una declaratoria administrativa, que sean identificadas durante el catastro y el análisis legal, es decir, el RIC define, si se trata de tierras comunales o no de acuerdo a sus propios criterios institucionalesxxviii. Este certificado de ser tierra comunal supuestamente se inscribiría en el RGP.

8.-Sin embargo, existen algunas ventanas y logros importantes que han sentado jurisprudencia como: el reconocimiento jurídico a la Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Santa Cruz y a la Comunidad Indígena Pocomam El Chilar, Palín; la restitución de derechos, tales como los de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango vs. la empresa GUATEL/TELGUA; la Comunidad Indígena de Chuarrancho vs. proyectos mineros e hidroeléctricos; la adjudicación de tierras comunales mediante el Código Municipal (8 comunidades Ch’orti’ por parte de la Municipalidad de la Unión, Zacapa); el reconocimiento de derechos históricos de los pueblos indígenas sobre sus tierras comunales (Santa María Xalapan contra la Minera San Rafael).

9.-Sumado a la institucionalidad agraria ineficiente, los conflictos agrarios se han tenido que resolver por la vía del código civilxxix, ya que en materia de propiedad únicamente se reconoce la propiedad privada (ya sea colectiva o individual) y la propiedad pública o estatal. No existe aún un reconocimiento legal explícito de la tenencia colectiva de tierras comunitarias y/o ancestrales, las cuales se rigen por normas comunitarias diversas. La Coordinadora, Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) ha demandado al Estado por ser inconstitucional la omisión de dicha legislación en relación al tipo de propiedad colectiva. El fallo de la Corte de Constitucionalidad en 2013 ha resultado negativo, aun cuando la misma reconoce el vacío legalxxx. No existe una judicatura, tribunales agrarios, ni una legislación agraria adecuada a las circunstancias socio-culturales del país, ni tampoco fiscalías de investigación especializada en el tema agrario que puedan resolver los múltiples conflictos históricos sobre la propiedad de la Tierraxxxi.

10.-En 2002 se establece la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA)xxxii y se complementa con la creación de la Unidad Presidencial para la Resolución de Conflictosxxxiii. Sin embargo, entre 1997 y 2013, se registraron 6,482 casos de conflictividad agraria en términos acumulativos. En diciembre de 2015, todavía hay 1,476 casos de conflictos agrarios en proceso (según glosario institucional, cuya tipología propicia que sean engavetados los casos y sean reducidas las estadísticasxxxiv y con casos que cuentan con más de 60 años de reivindicación de su derecho de acceso a tierra y derechos laborales, como es el caso de la Finca San Luis Malacatán, departamento de San Marcosxxxv), ubicados prácticamente en todo el país, pero principalmente en la Franja Transversal del Norte (Petén, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz).

11.-Ante la ineficiencia de la institucionalidad para el acceso a tierra, familias campesinas e indígenas se ven obligadas a vivir en zonas de alto riesgo ambientalxxxvi u ocupar tierra, exponiéndose a posibles desalojos que generalmente resultan ser violentos, y la mayoría de carácter extra-judicialxxxvii. La oficina en Guatemala de la OACNUDH “observó acciones inconsistentes con los estándares internacionales de derechos humanos en el modo en que los desalojos tuvieron lugar, incluyendo la falta de notificación previa y la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso; la participación de agentes no estatales (guardias de seguridad y grupos de trabajadores); la violación de su derecho a la vivienda y a la alimentación por la destrucción y quema de sus casas y cosechas; la falta de un plan de reubicación de las comunidades a un lugar alternativo; y elementos que sugieren un uso excesivo de la fuerza por parte de la policíaxxxviii. Los desalojos desde entonces no han cesado, pero actualmente es difícil acceder a datos de este tipo desde el derecho de acceso a la información pública. El resarcimiento de las familias sigue siendo una lucha constante en la cual sólo a una mínima parte se le ha dado seguimiento o cumplimiento. Un ejemplo son las 769 familias del valle del río Polochic que cuentan con medidas cautelaresxxxix después de los desalojos violentos que sufrieron en el Valle del Polochic en marzo de 2011 para la imposición del ingenio azucarero Chabil Utzaj. Sólo 221 familias lograron ser resarcidas con tierra gracias a la presión sostenida por parte de la sociedad civil. Además, dada esta insuficiencia en tierras y atención a las familias afectadas, nuevamente se dieron ocupaciones de tierras, que a su vez han llevado a desalojos violentos, así como a detenciones arbitrarias, tal como es el caso de Abelino Chub Caalxl.

12.-Las agroindustrias no sólo están generando una reconcentración de la tierra, por medio de la compra, alquiler, concesión o especulación de tierras, sino que también generan condiciones laborales infrahumanas. Los agronegocios suelen destacar la generación de empleo del sector como parte de la responsabilidad social empresarial hacia el país. No obstante, el empleo que proclama el sector cañero por ejemplo, no es significativo para las comunidades. De los 410 mil empleos que supuestamente genera el sector azucarero, la mayoría son indirectos, es decir, no implican responsabilidad alguna para la empresa y se generan por la dinamización económica local. De los 82 mil empleos directosxli, la mayor parte son cortadores anuales de caña que se contratan bajo condiciones precarias. Los trabajadores vienen tanto de la zona misma de los ingenios, como también de la población más alejada de estas zonas, y se ven obligados a ingresar al trabajo temporal asalariado en las fincas cañeras por la falta de acceso a tierras cultivables y su estado de dependencia económica. Las llamadas cuadrillas de aproximadamente 40 personas, reunidas por intermediarios, son acarreados ya sea en transportes del mismo ingenio, o bien, a cuenta propia. Varias camionadas de trabajadores agrícolas sin tierra, o con tierra insuficiente, trabajan durante los meses de la zafra de sol a sol (6 am a 6 pm), sin días de descanso.

13.-Las modalidades de pago de los salarios van desde el pago por quincena hasta el jornal por productividad. La capacidad de producción de los trabajadores es clasificada por las empresas en A,B,C y otras categorías. Si logran mantener el récord diario de aproximadamente 7 toneladas cosechadas, mantienen su trabajo. De lo contrario, son despedidos. De esta manera, para el trabajador, la zafra implica aceptar el trabajo de esclavitud moderna de 12 horas por 185 días sin descanso. En la mayoría de fincas no hay medidas de prevención, requisitos o contrato laboral. No se emplean estándares de protección, sino que depende de las posibilidades de cada quien, así como de la capacidad de aguante de las altas temperaturas por la constante exposición al sol y la deshidratación inherente. Siendo que el 26% de las fincas que contratan fuerza laboral temporal son fincas cañeras, el 69% de los y las trabajadores agrícolas pertenecen a la población maya. De esta población, predominantemente indígena, el 64% de ellos consiste en población masculina frente a un 25% de jornaleras mujeres y un 11% de población infantil.xlii Más de la mitad de la población infantil (56.2%) de 10 años participa en la economía nacional, siendo la informalidad del trabajo en la población infantil ocupada del 73.4%, entre ellos casi un tercio (27.3%) sin remuneración.xliii Siendo que antes los ingenios se responsabilizaban de los alimentos, generalmente en estado insalubre, actualmente raras veces se incluye la comida en la jornada laboral. El agua que ingieren los cortadores de caña corre a cuenta propia, y debido a los grandes volúmenes requeridos para resistir el corte bajo el sol a altas temperaturas, algunas veces se administra por parte de los ingenios con aditivos anfetamínicos. Otra opción son los complejos vitamínicos inyectables que corren a cuenta propia.

14.-Las edades laborales aceptables para las fincas generalmente, y con contadas excepciones, son hasta los 40 años. Con estos preceptos discriminativos, procede que el 55% no conoce a los dueños para los cuales trabaja. Con la mayoría bajo contratos verbales (76%), el período de contratación no es mayor a 60 días. Esto se ha convertido en una práctica generalizada para evadir el cumplimiento de los derechos laborales a las y los jornaleros.xliv Las condiciones laborales de los cortadores de caña generalmente no se apegan al código de trabajo, ni a diversos decretos relacionados con las normas laborales, ni a las convenciones internacionales tales como la convención sobre los derechos del niño, ni a varios Convenios internacionales de la OIT127: Se ha convertido en lugar común el trabajo infantil en las fincas azucareras. De los y las trabajadores agrícolas, el 61% de los niños en edad escolar realizan trabajo en las fincas. De igual forma, existen anomalías en la contratación, las condiciones de salud, salariales y de accidentes, generalmente por picaduras de serpientes y otros animales venenosos, intoxicación por agro-químicos, y accidentes con herramientas como cortaduras de machete.

15.-La jornada laboral para la mayoría de los encuestados por CODECAxlv es de 9-10 horas (38%), mientras que un 32% trabaja entre 11 y 12 horas, y el 14% más de 12 horas diarias. Esto no sólo viola los derechos laborales, sino que además desintegra a las familias de las y los trabajadores por la poca presencia que estos tienen para apoyar a sus hijos. Además de muchas horas extras a la jornada, el trabajo se realiza sin vacaciones ni aguinaldo, en ausencia del salario mínimo. Sólo el 10% de los encuestados gozan de un salario cercano al mínimo, de Q2,324 en adelante. La mayoría (66%) reciben salarios de Q750 – Q1,500, o sea, casi la mitad del salario mínimo legal. Cabe mencionar, que las mujeres jornaleras ganan menos que los varones, en un 60%, su jornal se reduce a Q26-Q50.- diarios, sin goce de maternidad. La sindicalización en las fincas está censurada. Con contadas excepciones, en las fincas azucareras existe una práctica antisindical generalizada, que comienza por una larga lista de trabajadores despedidos, que evita que en otras fincas se les de trabajo.xlvi

16.-Por ultimo cabe destacar, que de estas prácticas precarias generalizadas sobre las cuales descansa la acumulación de las empresas agrícolas, los compradores mayoritarios de aceite de palma en el mundo, tales como Cargill y Wilmar, quienes han sido mencionados por Amnistía Internacional por violar los derechos laborales en Indonesia y a nivel mundial por la contratación de menoresxlvii, a su vez, y aplicando sus medidas internas de responsabilidad social empresarial, recientemente han cancelado la futura compra de volúmenes de aceite la empresa guatemalteca REPSA por violar leyes ambientales y laborales. Junto con dos de los ingenios azucareros más grandes del país, Magdalena y Palo Gordo, estas empresas están vinculadas a escándalos de corrupción.xlviii

17.-El acaparamiento de tierras, que como fenómeno mundialxlix aterriza en Guatemala, además usurpa y contamina el agua. Además del consumo de agroquímicos nocivos para la salud humana y agro-ecológica, resulta preocupante el consumo de agua que requieren los monocultivos, especialmente la caña de azúcar y el banano. Los mismos ocasionan que la demanda agrícola cañera y bananera determine el control del agua a nivel nacional con un consumo de 1,886 millones de m3 anuales. l La contaminación de prácticamente la totalidad de los mantos acuíferos superficiales gracias a las actividades extractivas, y la ausencia de institucionalidad y de regulación de su uso, enmarcan las perspectivas actuales de la oferta y la demanda en función de monopolios nacionales y empresas transnacionales. El requerimiento de grandes volúmenes de agua para la producción de caña de azúcar, por ejemplo, ocasiona que las empresas productoras de caña dispongan de las aguas públicas de manera casi irrestricta. A pesar de que Guatemala cuenta con 93 mil millones de metros cúbicos anuales de agua, lo cual supone siete mil metros cúbicos por cada habitanteli, la mayoría de la población no goza de acceso a agua potable ni entubada. A pesar de la supuesta disponibilidad, el mal manejo del agua y la ausencia de regulación permiten una total impunidad en su uso.

18.-Especialmente la caña de azúcar recién sembrada requiere de distintos medios de riego, principalmente el riego por aspersión, el cual utiliza bombas que jalan agua del caudal de los ríos hacia pozos en los cañaverales, y dependiendo de su cercanía a los mismos, también de moto-bombas, capaces de regar 2,000 galones por segundo. Siendo que una moto-bomba alcanza tan sólo para el cultivo de 32 hectáreas de caña de azúcar, da una idea del gran consumo de agua a nivel nacional de esta agroindustria, la cual está estimada oficialmente en 235 000 ha cultivadas. Resultado del uso desmedido del vital líquido de uso público por parte de las agro-empresas azucareras, cuya alta productividad depende de una irrigación del cultivo durante 24 horas en un período de mínimamente seis meses del año, con tendencias en aumento por el cambio climático y los inviernos atrasados, es la sequía de los ríos principales del país: Ocho ríos han sido declarados como cauces con pérdidas del 74%, previendo el INSIVUMEH una crisis por escasez del vital líquido a nivel nacional.lii

19.-Se observa en estos últimos dos años un repunte de denuncias ciudadanas de desvío y contaminación de ríosliii. Una de ellas ante tribunales internacionales, tales como el tribunal Latinoamericano del Agua, de carácter ético. Cabe mencionar, que los veredictos de dicho tribunal ante los monocultivos de caña de azúcar, palma aceitera y banano en Guatemala, hacen énfasis en la necesidad de regulación del agua y en una mora de las empresas por el principio precautorio.liv En seguimiento a la Marcha por el Agua se conformó una Comisión Parlamentaria que se dio la tarea de inspeccionar e informar acerca de los desvíos de ríos. La comisión hace constarlv que tuvo que incurrir en órdenes de allanamiento para poder ingresar a fincas privadas y lograr verificar e inspeccionar los ríos que pasan por ellas, y cuyo personal no identificado ni uniformado se encontraba fuertemente armado. Confirma el informe el desvío de varios ríos, por lo cual se levantaron actas en las alcaldías municipales, así como se realizaron diez denuncias al Ministerio Público (por orden del presidente de la República, no se realizaron más denuncias) y se trasladaron al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que dé el trámite de procedimiento administrativo (proceso rencoroso que en general tarda años y, si no se lleva seguimiento, puede resultar en engavetar las denunciaslvi). La contaminación de las aguas queda impune a pesar de las denuncias hechas a nivel nacional e internacional, tal como en el caso del ecocidio del Río la Pasiónlvii, tal y como muestran los eventos subsiguientes de mortandad de peces en el mismo municipio. lviii

20.-A raíz de la movilización social, se retomó en la agenda legislativa la promulgación de una ley de aguas, la cual estaba contemplada desde 1985 por la Constitución Política (artículo 127). En 2016, la Comisión parlamentaria Extraordinaria de Recurso Hídrico recibió otras 29 iniciativas y propuestas de ley en el Congreso de la Repúblicalix, entre las cuales la iniciativa 5070 que está consensuada con amplios sectores de la poblaciónlx. La discusión para la promulgación de una ley en el Congreso parece haberse entrampado en la creación o no de una entidad rectora, reconocimiento como bien común, respeto a los derechos humanos y a la propiedad y otros tipos de propuestas técnico-jurídicas. Ninguna propuesta ha logrado ser conocida en el seno del congreso aún.

21.-No está demás mencionar que la alta productividad que caracteriza la producción agroindustrial del país, especialmente de la caña de azúcar, está relacionada con la cantidad de agroquímicos utilizados. Las importaciones totales de plaguicidas durante el 2011 fueron de 161.4 millones de dólares, un 4% más en comparación al 2010 y un 17% más respecto al 2009.lxi Esto es congruente con la precaria legislación en materia de uso de agroquímicos en el país. Los agroquímicos en la producción de caña, el banano y la palma aceitera son empleados por vía aérea y terrestre (mecanizada o manual y sin protección).lxii Se ha podido evidenciar que no existen instrumentos de evaluación ambiental para fumigaciones aéreas, aunque sea un requisito legallxiii. El glifosato es uno de los agroquímicos más utilizados, igual que los madurantes, inhibidores de flor, fertilizantes y pesticidas empleados en las agroindustrias azucarera, de palma aceitera y de banano.lxiv El riesgo implícito es el esparcimiento hacia otros cultivos y hacia zonas habitacionales, con impactos en la salud humana, principalmente evidenciados en las enfermedades renales crónicaslxv. La reglamentación nacional en cuanto al uso de agroquímicos es muy limitada, ya que sólo registra los productos y no toma en cuenta las precauciones y riesgos de su aplicaciónlxvi.

22.-En respuesta a la organización de movimientos pacíficos de denuncia de imposición de proyectos agro-extractivos, las comunidades se enfrentan al divisionismo, a estructuras paramilitares, instalación de campamentos militares y subestaciones de policía, intimidaciones, campañas de difamación, criminalización, encarcelamiento y asesinato de líderes. En agosto de 2017, la CIDH constató que la mayoría de los casos de violencia, ataques, detenciones, criminalización y asesinatos contra defensores y defensoras, está relacionada con la defensa del ambiente y con la demanda del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la implementación de proyectos extractivos.lxvii Esta situación se agrava, a pesar de que a inicios de 2017, el Estado de Guatemala ha iniciado un proceso de creación de una Política Pública para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, asi como la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores y la Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos. Sin embargo, estas entidades no han sido fortalecidas, como hace constar el reciente comunicado de la La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala –UDEFEGUA- que alerta sobre el reciente avance de iniciativas de ley que criminalizan la defensa de los derechos humanos y pretenden cerrar los espacios para la acción de la sociedad civil en la lucha contra la impunidad.lxviii

23.-Como forma de expresión para la autodeterminación, se han realizado 93 consultas desde 2004 que sean de Buena Fe o según los lineamientos del Código Municipal, mayormente para rechazar proyectos extractivos tales como la minería metálica o hidroeléctricas. Frente a ello, la iniciativa privada, a través del Estadolxix, ha intentado frenar estas expresiones ciudadanas mediante el esbozo de reglamentaciones estrictas para las consultas. A pesar de la insistencia de las autoridades indígenas y ancestrales, así como de otras organizaciones indígenas y ambientalistas, de que el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) es suficiente para la regulación de la consulta, diversas entidades instan al Congreso de la República elaborar una Ley de Consulta Previa que cumpla con los estándares interamericanos en la materia. Hasta ahora, los movimientos sociales y organizaciones de base han externado su expreso desacuerdo con dichos reglamentos, dado que atentan contra las formas y normativas propias de los pueblos indígenas.


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