Inician accion meramente declarativa



Descargar 63.5 Kb.
Fecha de conversión02.05.2018
Tamaño63.5 Kb.

INICIAN ACCION MERAMENTE DECLARATIVA


Señor Juez:



Pedro Norberto TROIANI, argentino, casado, con CI 4.578.112, domiciliado en Enrique Rodó 1837 de Beccar, Provincia de Buenos Aires, Ricardo AVALOS, argentino, casado, con LE 8.260.395. domiciliado en la calle Onas 550 de Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, Vicente Ismael PORTILLO, argentino, casado, con DNI 8.247.826, domiciliado en Ecuador 1366 de Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, Carlos Alberto PROPATO, argentino, divorciado, con DNI 4.622.949, domiciliado en Perón 1985, 2º 23 de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Adolfo Omar SANCHEZ, argentino, casado, con DNI 7.801.784, domiciliado en la calle Zorzal 1321 de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos BALLESTERO, argentino, casado, con DNI 5.525.808, domiciliado en Marabotto 879 de Tigre, Provincia de Buenos Aires Luis María DEGIUSTI, argentino, casado, con DNI 11.119.538, domiciliado en Colorado de las Conchas 97 de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Roberto CANTELLO, argentino, casado, con DNI 4.267.120, Lacroce 161, 2º “23” de Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Jorge COSTANZO, argentino, casado, con DNI 8.609.510, domiciliado en Tomás Edison 4499 Barrio Sarmiento, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, todos por propio derecho, constituyendo domicilio legal en la calle Lavalle 1710, piso 7, of. “13” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estudio Jurídico de los letrados que nos patrocinan, Dres. Tomás Ojea Quintana, T. 53, F. 103 CPA y Andrés Beccar Varela T. 56 F.804 CPA, a V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:
I. OBJETO
En el carácter indicado venimos a promover acción meramente declarativa para que V.S. declare IMPRESCRIPTIBLES las acciones legales que hemos de iniciar contra las demandadas por su responsabilidad civil extracontractual en la comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos contra nosotros a partir del mes de marzo de 1976 mientras trabajábamos y éramos delegados gremiales en el establecimiento fabril que la empresa Ford posee en la localidad de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires. Esta demanda se promueve contra FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES (sociedad argentina) con domicilio real en Avda. Henry Ford y Panamericana, General Pacheco, Provincia de Buenos Aires, y contra FORD MOTOR COMPANY (sociedad extranjera), con domicilio en Avda. de Mayo 645/651 de Capital Federal.
II. PRESUPUESTOS DE LA ACCION
El artículo 322 del Código Procesal establece como requisitos para la procedencia de la acción meramente declarativa: a) que exista un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcances o modalidades de una relación jurídica; b) que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor; y c) que éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. En el caso de autos se dan los tres supuestos.
a) La falta de certeza

Entendemos que existe un alto grado de incertidumbre acerca de si la acción de responsabilidad civil extracontractual por daños y perjuicios que debemos iniciar contra las demandadas en virtud de su participación en los delitos de lesa humanidad de los que fuimos víctimas, se encuentra prescripta o no.


Este grado de incertidumbre obedece a que los hechos que motivan la acción de daños y perjuicios se remontan al año 1976. Teniendo en cuenta ello, y en virtud de lo normado por el art. 4037, que establece que las acciones por responsabilidad civil extracontractual prescriben a los dos años, la acción que esta parte quiere promover, se encontraría prescripta.
Pero esta solución entra en crisis si es analizada a la luz de la nueva normativa y principios emergentes del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho penal internacional, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la procedencia, improcedencia, o forma de computar el plazo de prescripción del art. 4037 por responsabilidad civil extracontractual, cuando el daño se ha producido por actos considerados crímenes de lesa humanidad.
Sostenemos, por las razones que más adelante expondremos, que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se propaga inexorablemente sobre el deber reparatorio que proviene de ese obrar delictivo, y en consecuencia, también son imprescriptibles las acciones civiles que tengan por objeto reparar las consecuencias dañosas de esos delitos.
Como en el caso la demandada puede argüir que la acción de reparación de tal daño por su responsabilidad está prescripta en virtud del art. 4037 de Código Civil, es necesario que V.E. se pronuncie, a partir del aporte normativo y valorativo proveniente del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca de si la acción de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, cuando el daño se ha producido por actos considerados crímenes de lesa humanidad, se encuentra prescripta o no.
b) El perjuicio actual

El perjuicio es claro. De no esclarecerse esta cuestión previamente, nos veríamos obligados a embarcarnos en un prologando proceso ordinario de daños y perjuicios, el cual, al cabo de un largo tiempo --que pueden ser varios años--, finalmente podría culminar con una resolución judicial que declare extinguida la acción por prescripción.

Para iniciar ese proceso, deberíamos costear una tasa de justicia de alto contenido patrimonial, dado que los daños y perjuicios que nos ocasionaron son enormes y permanentes. Por otro lado, deberíamos también costear el pago de los honorarios de un equipo de abogados especializado teniendo en cuenta los hechos que fundan la acción. Y a ello se sumaría el costo de honorarios anticipados de peritos –indispensables dado el carácter mayoritariamente psicológico y psiquiátrico de los daños--, más los gastos que importa recuperar la evidencia de hechos ocurridos hace más de treinta años.
Pero además de los perjuicios patrimoniales que el hecho de embarcarnos en un prolongado proceso ordinario nos causaría, existen los perjuicios morales y psicológicos, tan importantes como aquellos, que deberíamos afrontar. En efecto, desde que hace más de treinta años fuimos víctimas de lo hechos, no ha existido ningún acto o decisión institucional o jurisdiccional que hiciera justicia por lo ocurrido. La CONADEP hizo referencia a nuestros casos, pero no pasó de allí. Ni los gobiernos ni la empresa involucrada asumieron aunque sea un mínimo de responsabilidad. Si recibiéramos la noticia de que, tras embarcarnos en un largo proceso ordinario, con todas las expectativas que ello supone, nuestro reclamo fue finalmente desestimado por prescripción, sufriríamos una última frustración de justicia casi terminante, un golpe definitivo en nuestras aún vivas –pero tenues—esperanzas.
Por otro lado, elaborar una demanda de daños implica para nosotros una dolorosa reconstrucción que no haría más que sumar perjuicios hasta ahora nunca reparados.
Estos perjuicios, sin duda actuales y patentes, pueden evitarse mediante un pronunciamiento previo que dé certeza acerca de un aspecto fundamental que hace al progreso o no de la acción, como es, que ésta no se encuentre extinguida por el transcurso del tiempo.

Respecto de este presupuesto de admisibilidad de la acción meramente declarativa FENOCCHIETTO sostiene: “la exigencia de que el perjuicio o lesión sea actual, debe ser interpretada en armonía con la finalidad de la institución, que no es otra cosa que la de prevenir daños futuros”. (Cod. Proc. Civil y Comercial comentado, pag. 263).


c) Inexistencia de otro medio legal

Mientras no exista una decisión judicial que establezca lo contrario, a las acciones derivadas de responsabilidad civil extracontractual se les aplicará la prescripción de dos años del artículo 4037 del Código Civil desde la comisión del hecho, aún en el caso –como el nuestro- que esa responsabilidad derive de crímenes de lesa humanidad, crímenes que hoy son imprescriptibles para nuestro ordenamiento legal. De allí que la presente acción declarativa se constituya en único medio que existe para impedir el perjuicio que nos acarrearía embarcarnos en un prolongado proceso ordinario, e inconducente al fin. Por otra parte, como dice FENOCHIETTO (pag. 266), “el requisito de indisponibilidad de otro medio legal, debe ser interpretado, a nuestro entender, de un modo amplio y no como un valladar que obste el progreso de la presente acción”.


A mayor abundamiento, la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION ha sido clara en este aspecto cuando expresa: “la eventualidad de oponer como excepción las cuestiones que se incluyen en la demanda, no es equivalente a la vía alternativa cuya existencia tornaría intransitable la acción de certeza” (CSJN, 18.10.88; ED 131-35).
Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos rituales antedichos, cabe manifestar que la acción declarativa tiene básicamente una finalidad preventiva, y agota su objeto en la pretensión meramente declarativa (como dice su nombre), es decir, que la sentencia emergente de tal acción no va acompañada de función condenatoria alguna.

En definitiva, la acción declarativa de certeza busca la declaración de existencia o inexistencia (positiva o negativa) de una relación jurídica incierta o controvertida. Y en nuestro caso, cabe perfectamente para que V.S. defina si nuestra acción de reparación por la participación de las demandadas en los ilícitos de lesa humanidad del que fuimos víctimas, a la luz de la nueva situación que más adelante desarrollaremos, está o no prescripta. Así lo afirma FASSI (Cod. Proc. Civil y Comercial, pág. 70) “16. Acción declarativa de prescripción. Esta es procedente, a fin de que se declare si un crédito o derecho ha prescripto”.


Cabe finalmente citar jurisprudencia y doctrina general que avala la presente acción meramente declarativa: Así, la CNCiv, Sala D, 22.10.97, ED, 175-278 ha dicho que: “la acción declarativa de certeza tiende a suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho o jurídica, es decir, aquello que pone en duda la existencia, la eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico”. La CNCiv, Sala H, 9.4.97, LL 1997-E-169, dijo “la acción declarativa tiene carácter preventivo; no supone la preexistencia de un estado de lesión, sino la existencia de una situación de incertidumbre, de falta de certeza capaz de causar perjuicio”. Y también tiene dicho en sentencia 95.953 del 09 de abril de 1997 (Consorcio de propietarios de Jujuy 340): “La acción meramente declarativa en el art. 322 del Cód. Procesal, como un medio para obtener directa y únicamente la declaración del Poder Judicial de que existe un derecho del actor o de que no existe un derecho del demandado, no escapa al principio de raigambre constitucional que establece la necesidad de que el órgano jurisdiccional no se expida en abstracto”.... “El interés que constituye el presupuesto de la acción de sentencia meramente declarativa de certeza existe cuando el actor se encuentra en un estado de incertidumbre perjudicial que sólo puede ser removido mediante una declaración judicial de certeza”. A su vez, la CNCiv, Sala I, sentencia 98.358, 21.4.98 (Abad, Isidoro P.), tiene dicho: “La procedencia de la acción meramente declarativa prevista en el art. 322 del Cód. Procesal se halla subordinada a que exista un estado de incertidumbre sobre la existencia y modalidad de una relación o situación jurídica, la cual debe considerarse configurada si existe un interés legítimo concreto que autorice la vía elegida”.
En cuanto a la doctrina más actualizada, dice BIDART CAMPOS: Acción declarativa de certeza y control de constitucionalidad”- LLT.154, pag.515 (comentario al fallo de la CSJN “Hidronor SA c/ Provincia de Neuquen”):“La acción declarativa –y la sentencia de igual naturaleza- no versan sobre una cuestión abstracta ni teórica, sino todo lo contrario, sobre una muy concreta, cual es la incertidumbre en una relación jurídica en la que, debido a la falta de certeza, hay interés actual entre las partes que discrepan. La exigencia de que esa falta de certeza ocasione daño o perjuicio, y todavía la más extrema de que no haya otra vía legal para hacer cesar la incertidumbre, revelan que en la acción declarativa hay incitación procesal de un caso o causa judiciable, y que la sentencia no evade un marco inexorable de esa causa al resolver la pretensión en ella articulada. El proceso declarativo se sustancia entre actor y demandado dentro de la regla de bilateralidad o de contradicción, y la sentencia declarativa hace cesar el estado de incertidumbre entre las partes con fuerza de cosa juzgada. En suma, en el proceso declarativo hay: a) dos partes en sentido procesal; b) controversia entre ambas; c) interés concreto y actual; d) perjuicio actual por la falta de certeza; e) necesidad de tutela judicial. Por ende, hay “causa” judiciable. Lo que no hay es daño consumado por vulneración de intereses, ni acción de condena, pero, que sepamos, hoy ya ningún procesalista reduce la noción de proceso a aquel que sólo persigue la fuerza o ejecución a través de sentencia condenatoria. La garantía jurisdiccional contra la incertidumbre jurídica, mediante la acción declarativa, obliga a admitir la promoción de un verdadero proceso sin fin condenatorio, y a reconocer que eso es también jurisdicción judicial, proceso “caso” y “causa”, muy distintos de las consultas, las cuestiones teóricas y lo pronunciamientos abstractos”.

III. LOS HECHOS
Hechos acerca de la Responsabilidad de las Demandadas

Los hechos que pasamos a relatar se investigan actualmente en el proceso penal caratulado “MOLINARI, ANTONIO – PERSONAL FORD s/privación ilegal de la libertad”, que lleva el Nº 18.018/02, que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3, Secretaría Nº 6 de Capital Federal.
Esos hechos dan cuenta de que en época en que la Argentina sufría el golpe militar del 24 de marzo de 1976, dentro de la fábrica de la empresa Ford ubicada en la localidad de Gral. Pacheco, Provincia de Buenos Aires, operaba un asentamiento o comando militar integrado por distintas fuerzas de seguridad.

En ese contexto, y tras una reunión en que la empresa nos comunicó que suspendían las actividades gremiales, y formuló expresiones suspicaces acerca de su relación estrecha con funcionarios del régimen militar, los aquí actores, que ejercíamos o habíamos ejercido funciones o actividades gremiales como trabajadores de la empresa Ford, comenzamos a ser víctimas de desapariciones forzadas. Algunos fuimos secuestrados por las fuerzas de seguridad en el interior de la fábrica de Gral. Pacheco y trasladados a un Centro Clandestino de Detención ubicado en la misma fábrica (en la zona del campo de deportes). Otros fuimos secuestrados desde nuestros domicilios particulares por grupos de personas sin identificación, quienes poseían las credenciales de la empresa de esos trabajadores y las utilizaron para individualizarlos.

Después de sufrir distintos tipos de torturas (sufrimos encapuchamiento, golpes, amenaza de muerte, simulacro de fusilamiento, etc.), todos fuimos trasladados desde el Centro de Detención ubicado en la fábrica a la Comisaría de Tigre 1º (algunos pasamos previamente por la Comisaría de Maschwitz).
Allí permanecimos en calidad de desaparecidos entre un mes y cuarenta días, y continuamos siendo sometidos a distintos tipos de maltratos y torturas, con picana eléctrica incluida para algunos, y colocados en calabozos improvisados de ínfimas proporciones en condiciones infrahumanas (como por ejemplo, ser obligados a orinar y a defecar en los zapatos).

Luego de ese período fuimos traslados unos a la cárcel de Villa Devoto, y otros a la cárcel de Sierra Chica. Con esos traslados, fuimos “legalizados”, es decir, el Estado reconoció nuestras privaciones de libertad y suministró información al respecto. Lo hizo poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Luego fuimos todos trasladados a la Unidad Nº 9 de La Plata. Tanto en las cárceles de Villa Devoto y Sierra Chica, como en la cárcel de La Plata, fuimos sometidos a condiciones inhumanas de detención, condiciones que fueron aplicadas en aquella época en las cárceles argentinas y que fueron comprobadas por diversos organismos internacionales que visitaron el país, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, luego de aproximadamente un año, fuimos liberados bajo el régimen de libertad vigilada, sin explicación alguna.

Las demandadas, que en un acto de perversidad sin límites nos habían despedido por “abandono de trabajo” (cuando tenia un Centro Clandestino de Detención en su propia fábrica), nunca respondieron a nuestro reclamo frente a lo ocurrido, ni siquiera ante las autoridades de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, a la que sugestivamente le negaron toda información aparándose en el artículo 4º del Decreto 187/83 de creación de la Comisión.

Por tanto, la responsabilidad civil extracontractual de las demandadas, motivada en los hechos descriptos, en las numerosas constancias de la causa penal, y en la normativa aplicable, es clara, aunque obviamente, no es un decisorio que estemos reclamando en este proceso.


Vale señalar, respecto de la relación entre Ford Motor Company y Ford Argentina Sociedad en Comandita por Acciones, que existen en la citada causa penal numerosas constancias acerca del control y manejo que la primera tenía sobre la segunda, que permiten inferir la responsabilidad civil.
Hechos acerca de la Imprescriptibilidad de la acción civil
Hasta el 2 de noviembre de 1995 en la Argentina no existían delitos cuya acción penal fuera imprescriptible. La extinción de las acciones por prescripción, se encontraba regulada exclusivamente por los artículos 59, 62 y concordantes del Código Penal. Pero en esa fecha la Corte Suprema de Justicia de La Nación, en el expediente 457. XXXI R.O - "Priebke, Erich s/ solicitud de extradición -causa N° 16.063/94-", declaró que en virtud de previsiones constitucionales los crímenes de lesa humanidad eran IMPRESCRIPTIBLES. En sucesivos fallos, pero fundamentalmente en el reciente de fecha 14 de junio de 2005 ("Recurso de hecho deducido por la defensa de Julio Héctor Simón en la causa Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. —causa N° 17.768—"), la Corte volvió a ratificar esta jurisprudencia, y esta vez en particular declarando imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado en la Argentina.
Lo que solicitamos de V.S. es que, sobre la base de los fundamentos que expondremos, asociados directamente a los expuestos por la Corte en los casos antes mencionados, declare que la acción por responsabilidad civil extracontractual contra las demandadas, por haberse originado en delitos de lesa humanidad contra los suscriptos, también es IMPRESCRIPTIBLE, ya que previsiones constitucionales modifican la interpretación que debe darse al artículo 4037 del Código Civil.
IV. FUNDAMENTACION DE LA DEMANDA
La prescripción penal en crímenes de lesa humanidad
Como señaláramos más arriba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al disponer la extradición del criminal Nazi Erich Priebke requerida por Italia, declaró que los crímenes catalogados como de lesa humanidad no prescriben, y expresó que esta norma se remonta a mediados del siglo pasado, y que es un principio que reviste la categoría de ius cogen en los términos del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Exp. 457. XXXI R.O - "Priebke, Erich s/ solicitud de extradición - causa N° 16.063/94-").
En sucesivos fallos el máximo Tribunal volvió a ratificar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la última vez en ocasión del caso por el que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida ("Recurso de hecho deducido por la defensa de Julio Héctor Simón en la causa Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. —causa N° 17.768—", 14/6/2005).
Los fundamentos por los que la Corte consideró universalmente imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad pueden encontrarse en el párrafo 67 de la sentencia en el caso Priebke:
Que esta afirmación convencional (se refiere a la Convención sobre la Imprescribptibilidad) se basó en una serie de razones que quedaron plasmadas en su preámbulo, de significación a los fines hermenéuticos dado que constituye la expresión del consenso sobre cuestiones que fueron ampliamente discutidas en el seno de los debates internacionales (artículo 31.2. ya citado de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados). Allí se observó que en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos o convenciones para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se ha previsto limitación en el tiempo; se consideró que ellos figuran entre los delitos de derecho internacional más graves; que su represión efectiva es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad de los pueblos y de la comunidad internacional; que la aplicación a su respecto de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de sus responsables; para concluir que "es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad".
De esta manera, nuestro máximo Tribunal, mediante la invocación e interpretación de normas internacionales incorporadas a nuestro orden interno, declaró la imprescriptibilidad de la acción penal en caso de crímenes de lesa humanidad, por sobre la norma legal del código Penal que regula los plazos de prescripción.
La prescripción civil en crímenes de lesa humanidad
Por las razones que expondremos, estamos convencidos de que una decisión similar debe ser adoptada en relación a la imprescriptibilidad de la acción civil que deriva de crímenes de lesa humanidad.
Veamos. En el ámbito del derecho penal internacional, el interés público por la justicia incluye no sólo la persecución penal sino también la reparación entendida en sentido integral. Es decir, la verdad, la sanción y la reparación constituyen un objeto único que da sentido al derecho penal internacional.
En efecto, el Estatuto de Roma, tratado que establece la Corte Penal Internacional, su jurisdicción, y el procedimiento legal que la rige –entre otras normas--, incluye en su artículo 75 la “Reparación a las Víctimas”, indicando en el inciso 2) que “(L)a Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”
Es decir, además de la condena penal por la comisión de un delito de lesa humanidad –la Corte también tiene jurisdicción sobre otros delitos--, puede existir en el marco y como consecuencia de aquella condena penal, una condena civil que disponga la reparación del daño causado por aquel delito.
Por lo tanto, lo que el Estatuto de Roma viene a mostrar es la relación intrínseca entre la condena penal y la reparación civil. De allí que, siendo los delitos contra la humanidad de carácter imprescriptible, según lo establece el artículo 29 del Estatuto de Roma, entonces la acción civil, que como se expone integra con la acción penal un único marco jurisdiccional, posee el mismo carácter, esto es, que mientras se encuentra vigente la acción penal por delitos de lesa humanidad –que es imprescriptible--también estará vigente la acción civil por reparación.

Tan ínsita está la reparación en el concepto de sanción penal que el artículo 79 del Estatuto de Roma dispone establecer un Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas y sus familias, para pagar la indemnización que correspondiere. Este Fondo se constituirá –y aquí la relevancia señalada-- con las sumas y los bienes que reciba la Corte en concepto de multa o decomiso, entre otras.


Otras fuentes del derecho internacional vienen a dar cuenta de esta unicidad entre la acción penal y la acción civil, pero esta vez, en forma taxativa. En efecto, los Principios y Directrices sobre el derecho de las Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos y al Derecho Humanitario, a Obtener Reparación elaborados por el Relator de Naciones Unidas Theo Van Boven el 24 de mayo de 1996 establecen en el punto nueve lo siguiente:
La prescripción no será aplicable durante los períodos en los cuales no funcionen recursos eficaces ante violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario. Las reclamaciones de reparación en vía civil, por causa de violaciones graves de derechos humanos o del derecho humanitario, no estarán sujetas a prescripción.
Esta concepción del derecho penal internacional, con base en la norma, de que la justicia incluye no sólo la persecución penal sino también la reparación entendida en sentido integral, esto es, que la verdad, la sanción y la reparación constituyen un objeto único que da sentido al derecho penal internacional, adquirió una denominación propia en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.
Así es, en 1988, al tratar el caso del estudiante hondureño Manfredo Velásquez Rodríguez, secuestrado y desaparecido por fuerzas para militares de ese país –su primer caso contencioso-- la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó a esta obligación general de los Estados de investigar, sancionar y reparar toda violación a derechos humanos, como “obligación de garantía”, y ello significó un salto cualitativo inmenso para la protección de los derechos en nuestro continente. Así fue como describió la Corte Interamericana esta obligación, al interpretar el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos (párrafo 166).
El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación (párrafo 174).1
Posteriormente, al tratar el 14 de agosto de 2001 el caso Barrios Altos, la Corte Interamericana amplió su jurisprudencia sobre la obligación de garantía, y emitió una sentencia que es taxativa en cuanto a lo que esta acción declarativa persigue. El caso trataba sobre diversas leyes de amnistía sancionadas en Perú para evitar el juzgamiento y la reparación de violaciones a derechos humanos ocurridas durante el gobierno del Presidente Fujimori. Afirmó entonces la Corte que cualquier ley de amnistía o prescripción de la acción penal y la acción civil, contraviene aquella obligación de garantía, es decir, atenta contra el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a derechos humanos. Sostuvo la Corte con carácter de erga omnes que:
Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente (párrafo 43 in fine).
Además del sustento que emana de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el principio de que la reparación es parte intrínseca de la obligación de los Estados frente a violaciones a derechos humanos aparece también establecida de modo taxativo en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 63.1 dispone:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
En conclusión, de acuerdo al derecho penal internacional y al derecho internacional de los derechos humanos, marcos normativos que se encuentran incorporados a la Constitución Nacional, la realización de la justicia incluye como condición intrínseca la debida reparación. La reparación, entonces, deja de pertenecer exclusivamente al ámbito del derecho privado. La “seguridad jurídica” y la “necesidad de certeza”, fundamentos de la prescripción, quedan en segundo plano frente a la inapelable y primordial necesidad de justicia en sentido integral y universal que aparece ante los horrores de los crímenes de lesa humanidad.

Ello significa, en punto a esta presentación, que la acción civil destinada a la reparación o indemnización por actos que infringen normativa penal internacional o de derechos humanos, no está separada de la correspondiente acción penal, y por lo tanto siendo ésta de carácter imprescriptible, aquella también lo debe ser. Como señaló la Corte Interamericana en el ya citado caso Barrios Altos, toda disposición de prescripción que impida “recibir la reaparición correspondiente” vulnera el Pacto de San José de Costa Rica.


Adaptación del orden interno al derecho internacional
Como ya se señalara, el cuadro jurídico internacional descripto hasta aquí forma parte de nuestro derecho interno y debe ser incorporado como tal. Nuestro máximo Tribunal en numerosas ocasiones así lo ha remarcado (ver Giroldi entre otros).

De hecho, la coherencia de ese marco jurídico fue asumida y quedó en evidencia en la Argentina con la extensa (y aún en desarrollo) política reparatoria de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, que permitió la reparación de infinidad de casos que de otra manera hubieran sido rechazados judicialmente por la aplicación de la norma de prescripción de dos años.


Por lo tanto, esta disposición interna de prescripción de la acción civil establecida en el artículo 4037 del Código Civil debe necesariamente adaptarse a las normas de derecho internacional incorporados por nuestra Constitución Nacional.
Exactamente este mecanismo fue el que usó la Corte Suprema en los casos Priebke y Simon para adaptar los artículos 59, 62 y concordantes del Código Penal relativos a la prescripción penal, al derecho penal internacional y al derecho internacional de derechos humanos, que imponían la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Es de observar que la adaptación del orden jurídico interno al internacional no requiere necesariamente de un acto legislativo, sino que puede lograrse mediante un acto jurisdiccional. Recordemos que cualquier acto de un órgano público, ya sea gubernamental, parlamentario o judicial, puede comprometer la responsabilidad internacional del país; por ende, un acto de cualquiera de los tres poderes, puede también evitar comprometer esa responsabilidad.
Por otro lado, el propio derecho internacional viene a dar la fórmula para hacerlo. En efecto, el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica se titula “Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno”, y establece que
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Cuando este artículo se refiere a medidas “de otro carácter” además de las legislativas, está aludiendo, entre otras, a decisiones judiciales, y en este sentido ha sido aplicado e invocado en distintas sentencias por nuestros tribunales, precisamente como medio jurisdiccional para adaptar normas de derecho interno a disposiciones internacionales que obligan al país. No olvidemos que, según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no se podrá invocar las disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Y al tomar esa decisión judicial, que importa una interpretación de los artículos 1, 2 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juzgador deberá tener en miras el principio pro homine que, como derivación del artículo 29 de la misma Convención, impone adoptar siempre la interpretación que más favorezcan los derechos de las personas, o los restrinja en menor medida. Y esa interpretación, entonces, llevará a considerar a la reparación como otra condición para la realización de la justicia frente a violaciones a derechos humanos.
Como se señalara más arriba, existe en nuestro país una amplia política pública de reparación a las violaciones a derechos humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado. Sin embargo, en el ámbito judicial, hasta ahora, la acción civil por violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad fue admitida siempre y cuando se encontraran argumentos que permitieran suspender o interrumpir el plazo de prescripción de dos años del artículo 4037 del Código Civil. Se invocaron, entre otros argumentos, la imposibilidad de accionar durante el Terrorismo de Estado o el carácter permanente de los delitos (detención o desaparición forzada), pero siempre con el fin de impedir que corriera aquel plazo de dos años. Y cuando estos argumentos no pudieron ser alegados, la acción civil fue reemplazada por un acto unilateral del Estado, que por medio de diversas leyes nacionales, reconoció un “beneficio” por los crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos. Así, se promulgaron las leyes 24.043, 24.411, 25.914, aunque, como se marcara, estas leyes se refieren a “beneficio” y no a indemnización, que es lo que correspondería.

Todas estas fórmulas, conscientes de la vigencia permanente del derecho a la reparación de las víctimas, intentaron zanjar la norma de dos años de prescripción, pero sin cuestionarla en su esencia. Hoy, a partir del plexo normativo internacional y de las decisiones de nuestro más alto tribunal, nos encontramos en el momento justo para dejar atrás todas aquellas fórmulas y reconocer las cosas como son, esto es, que a las víctimas les corresponde una indemnización y no un “beneficio”, y que esa indemnización puede ser reclamada mediante una acción civil que es imprescriptible, conforme las normas de derecho internacional, tal cual lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la acción penal derivada de crímenes de lesa humanidad.


V. PRUEBA
Ofrecemos como prueba informativa que se libre oficio al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3, Secretaría Nº 6 de la Capital Federal para que informe acerca de los hechos que se investigan y el estado actual en que se encuentra la causa Nº 18.018/02 caratulada “MOLINARI, ANTONIO – PERSONAL FORD s/privación ilegal de la libertad”.

VI. PETITORIO
Por todo lo expuesto, solicitamos:


  1. Se tenga por interpuesta la presente Acción meramente Declarativa.

  2. Se nos tenga por presentados como parte actora.

  3. Se dé traslado a las partes demandadas.

  4. Oportunamente, se dice sentencia que declare IMPRESCRIPTIBLES las acciones legales que hemos de iniciar contra las demandadas por su responsabilidad civil extracontractual en la comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos contra nosotros a partir del mes de marzo de 1976 mientras trabajábamos y éramos delegados gremiales en el establecimiento fabril que la empresa Ford posee en la localidad de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires.

Sírvase V.S. proveer de conformidad, que



SERA JUSTICIA

1 Cuando en 1992 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le tocó analizar la compatibilidad de las leyes de obediencia debida y punto final con el Pacto de San José de Costa Rica, aplicó esta jurisprudencia y fue clara en ese sentido: esas leyes contrariaban la obligación general que tenía la Argentina de investigar, de sancionar y de reparar las violaciones a derechos humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado (ver Informe 28/92 CIDH).






Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2019
enviar mensaje

    Página principal