Injusticia ambiental en un contexto industrial: caracterización de villa hayes (paraguay) como zona de sacrificio



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INJUSTICIA AMBIENTAL EN UN CONTEXTO INDUSTRIAL: CARACTERIZACIÓN DE VILLA HAYES (PARAGUAY) COMO ZONA DE SACRIFICIO

Lidia Susana Tellez Ramos
Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz do Iguaçu, Brasil
lidia.ramos@aluno.unila.edu.br

Leo Name
Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz do Iguaçu, Brasil
leonardo.name@unila.edu.br

Céline Veríssimo
Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz do Iguaçu, Brasil
celine.verissimo@unila.edu.br

RESUMEN

La urbanización basada en la lógica económica del mercado ha enfatizado, en muchas de las ciudades latinoamericanas, el proceso industrial capitalista masivo, generando desigualdades y áreas vulnerables en términos sociales y ambientales. En este contexto son configurados escenarios con injusticias ambientales, lo que produce inequidades con respecto a las cargas negativas de la urbanización y la industrialización. Es bastante frecuente tratar los problemas ambientales – sean derivados de la industria o no – bajo preceptos de la llamada modernización ecológica, es decir, la conciliación del crecimiento económico con la implementación de tecnologías “limpias”. Sin embargo, abordaremos dicha problemática desde los principios de los movimientos por justicia ambiental, en especial el concepto de “zonas de sacrificio”, es decir, los espacios donde generalmente viven los más pobres y para donde son dirigidas las cargas más contaminantes. Presentaremos como estudio de caso la ciudad Villa Hayes, en el departamento Presidente Hayes, Paraguay, dando énfasis en los riesgos derivados de la implementación masiva de industrias en la ciudad. El debate de la problemática ambiental basado en la justicia ambiental es prácticamente ausente en las realidades de las ciudades del Paraguay: no obstante, se torna de gran significado para ciudades del interior del país. En este sentido nuestra contribución recae en dar visibilidad a las injusticias ambientales, que muchas veces son ignoradas en contextos hispanoamericanos, incrementadas con la falta de legislación y fiscalización, y que sobre todo son muy poco estudiadas.



Palabras claves: justicia ambiental, riesgos, modernización ecológica, ecología política, zonas de sacrificio.

INTRODUCCIÓN

Hace más de veinte años que la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1994) determinó que toda persona tiene derecho a un medioambiente adecuado, lo que es una condición previa para la realización de otros derechos humanos: a la vida, alimentación y salud. Sin embargo, en especial en los países del Sur, las ciudades cuentan con problemas ambientales de gran magnitud, lo que exige reflexionar, por una parte, sobre el planeamiento urbano y la aplicación de los marcos normativos encargados de velar por el bienestar de las poblaciones e instituir equilibrio entre el uso y la protección del medioambiente; por otra, sobre cuáles son los grupos más perjudicados por los daños.

En relación al primer punto, resulta indispensable evaluar la eficacia de las políticas que adoptan los Estados para contrarrestar impactos ambientales muchas veces irreversibles. Así las ciudades latinoamericanas han sido sometidas a cierto pensamiento conservador que anuncia existir una crisis del planeamiento y propone nuevas perspectivas (Borja y Castells, 1998; de Souza, 2001; Novaes, 2010): se exige menos gastos públicos, competición entre ciudades, flexibilidad de parámetros legales y toda clase de beneficios y facilidades para la implantación de emprendimientos privados. Dicha visión afirma que se pueden evitar cualesquiera pasivos ambientales de cuales sean los proyectos, desde que utilizados incentivos para la innovación y la creatividad impulsados por la llamada "modernización ecológica".

Al respecto de la segunda cuestión, no parece haber dudas que, bajo la actual producción del espacio urbano y las lógicas de control territorial dominantes, mientras las clases más pudientes disfrutan de la mayoría de los atractivos ambientales a los pobres se les brindan los peores efectos del proceso de urbanización e industrialización. Para describir estas situaciones, algunos escritos académicos, usualmente vinculados a la ecología política,1 han listado las nociones de “maldesarrollo”, “injusticias ambientales” y “zonas de sacrificio” a la hora de dar cuenta de los actuales conflictos y movilizaciones relacionados al medioambiente (Acselrad et al., 2009; da Silva y Bueno, 2013; Martínez-Alier, [2002] 2007; Porto, 2006; Svampa y Viale, 2014; Viégas, 2006).

Se utiliza la palabra “maldesarrollo” para acusar de insustentables los modelos económicos y territoriales vigentes (Svampa y Viale, op. cit.); y, también, destacar que la propia idea de desarrollo es una invención (Escobar, [1995] 2007), a tal punto que la búsqueda por la acumulación de capital y el progreso implica rasgos de destrucción de la naturaleza, marginalización social y segregación territorial que no ofrecen cuidado con los territorios o contemplan la satisfacción de necesidades económicas y sociales de las personas. Las “injusticias ambientales”, a su vez, se refieren tanto al acceso muy desigual a los recursos naturales y beneficios ecosistémicos, así como a la distribución inicua de las externalidades negativas y los riesgos ambientales entre los diferentes estratos sociales (Name y Bueno, 2013): “no solo entre los países del norte y del sur, sino también en el interior de nuestras sociedades, ya sea desde el punto de vista social y etario, como étnico y de género” (Svampa y Viale, op. cit., p. 82). Finalmente, el término “zonas de sacrificio” indica situaciones extendidas en el tiempo que radicalizan dichas injusticias: ocurriendo desde una escala macro (internacional) hasta a la meso (interregional e interurbana) y la micro (intraurbana), caracteriza las áreas que son sacrificadas para recibir masiva superposición de emprendimientos, usos o actividades responsables por severos daños ambientales y riesgos sociosanitarios (Bullard, 1994; Viégas, 2006).

Un análisis del panorama de injusticias ambientales en el contexto hispanoamericano implica ampliar el debate más allá de los Estados Unidos, donde se creó el movimiento por justicia ambiental y por consiguiente el tema es tratado con mayor frecuencia; e igualmente más allá de Brasil, donde la producción académica a este respecto es más fuerte que en sus vecinos del subcontinente. En Paraguay, por ejemplo, es prácticamente ausente un debate basado en la justicia ambiental, aunque las realidades de sus ciudades, sobre todo las del interior del país, debieran exigir dicha profundización teórica.

Ante eso, presentaremos Villa Hayes, capital del departamento paraguayo Presidente Hayes, en la región del Chaco, como un estudio de caso de zona de sacrificio: allá se dio progresiva y masiva implantación de dieciséis industrias, las que vinculan varios riesgos al medioambiente y la salud humana, bajo débiles y escasos indicadores ambientales, sistemas de control y marcos normativos – muchas de estas industrias están ubicadas en la orilla del río Paraguay, un área ambientalmente protegida –. En nuestro auxilio, presentaremos datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), institución nacional responsable por la recaudación de informaciones sobre las poblaciones y territorios paraguayos. Sin embargo, sus encuestas a menudo son ajustadas a la escala nacional o por departamento, siendo del año 2003 los datos más recientes específicamente sobre Villa Hayes. Por lo tanto, también bosquejaremos un mapeo de las actividades contaminantes y sus posibles impactos y lo complementaremos con informaciones de periódicos y sitios web que relataran la preocupación de la sociedad civil con los riesgos de las actividades industriales en dicha localidad.

LA JUSTICIA AMBIENTAL FRENTE A LAS DESIGUALDADES SOCIOAMBIENTALES

El planeamiento urbano no ha enfrentado el cambio urbano que experimentan las ciudades y que produce diferencias espaciales extremas. Al contrario, parece reforzar los procesos en los que unas clases sociales salen beneficiadas sobre otras, al tiempo que también naturaliza un único camino hasta el “desarrollo’’. Así, normalmente bajo una lógica económica estricta, se implementan grandes obras de infraestructuras y se autorizan grandes emprendimientos, equipos e instalaciones, incluso los industriales, que producen o amplían daños ambientales – algunos de ellos, explotación masiva de recursos naturales renovables y no renovables; polución del aire; derrames de químicos, minerales o hidrocarburos; destrucción del suelo y contaminación del agua; desertificación; y amenazas a la flora y la fauna –.

En ese contexto, el bien común que es la naturaleza es expropiado por intereses privados que mientras utilizan extensivamente sus recursos también le devuelven los desechos de su producción (véase Figura 1). Además, si bien la empresa queda con las ganancias, una transferencia de costos es hecha: la sociedad debe lidiar con los efectos negativos de la producción y, a través del Estado, hacer las inversiones necesarias para solucionarlos o reducirlos.

Figura 1. Lógica capitalista del uso de expropiación de la naturaleza y uso de sus recursos.



Fuente: elaboración propia (2016).

A pesar de esta clara injusticia, desde fines de los años ochenta el debate ambiental ha sido marcado justamente por dichos intereses privados que, si bien son la causa de la gran mayoría de los problemas, contradictoriamente dicen ser capaces de resolverlos. Ha sido bastante frecuente tratar las cuestiones ambientales bajo preceptos de la llamada “modernización ecológica”, la cual preconiza que “un proceso industrial de innovación incentivado por una economía de mercado y facilitado por un Estado que le legitime garantizará la conservación ambiental”2 (Blowers, 1997, p. 847). Así se condicionan los problemas del medioambiente a las necesidades de las empresas, es decir, limitándolos a la solución de la escasez de materia y energía y considerándolos tanto una oportunidad de negocios como una manera del mercado redefinirse como “ecológicamente responsable”.

Adhiriéndose a las falsas promesas de la economía verde (Moreno, 2013), la modernización ecológica propone la conciliación del crecimiento económico con la implementación de tecnologías “limpias” y otras herramientas mercadológicas, supuestamente capaces de mediar los efectos dañosos de la producción económico-industrial y su consecuente ocupación de los territorios. Sin embargo, su defensa no considera la relación de la sociedad con los avances científicos, quitando protagonismo al rol social de los mismos. Además, se olvidan que las tecnologías no son uniformes ni tampoco accesibles a todas las personas – y ni siquiera son efectivamente limpias –.

En ese contexto, la gestión ambiental, por una parte, es cada vez más frecuente tanto en la empresa cuanto en la ciudad. Por otra parte,

aunque en la actualidad existe una tendencia a cuantificar y compensar los daños ocasionados al medioambiente, el impacto que una actividad como la petrolera o minera produce sobre el ecosistema y la salud humana, o lo que significan en términos de reducción de la biodiversidad y la desaparición de culturas y estilos de vida, es algo inconmensurable (Svampa y Viale, op. cit., p. 82).

Como lo afirman Acselrad et al. (2009, p. 8), “es para las regiones pobres que se han dirigido los emprendimientos económicos más dañinos en términos ambientales”. La visión de desarrollo, abordada desde el carácter meramente económico, apenas asegura la libertad a los diseños y proyectos del mercado que generan más ganancias, sin importar los costos a la colectividad y las desigualdades. Es para contrarrestar este panorama, en lo cual la economía se torna más importante que la vida, además de sacar a la luz los aspectos político-sociales que sitúan como protagonista a la población víctima de los procesos ambientalmente dañinos que se diseña la justicia ambiental.

Dicho abordaje ha afirmado que es imprescindible comprender que no se enfrenta la crisis ambiental sin que se exponga, debata y combata la correlación de la degradación del medioambiente y los problemas sociales con la racionalidad capitalista, que concentra lucros y asigna costos desigualmente (Name y Bueno, 2013). Su agenda exige acciones que hacen interferencia en la producción de normas, el diseño de políticas públicas y la gestión territorial, con miras a la protección ecuánime contra la injusta degradación del medioambiente y los consecuentes efectos adversos a la salud, producidos en el meollo de la competición entre territorios y mercados. Así también se diseña una otra perspectiva de desarrollo, que logre garantizar que

ningún grupo social, sea étnico, racial o de clase, soporte una parte desproporcionada de las consecuencias ambientales negativas de operaciones económicas, decisiones de políticas y programas nacionales, departamentales, locales, así como ausencia u omisión de tales políticas (Acselrad et al., 2009, p. 4).

Luchar contra las injusticias ambientales, de ese modo, es luchar por

el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para todos, donde el medioambiente es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, construidas, sociales, políticas, estéticas y económicas. Se refiere, entonces, a las condiciones en que tal derecho puede ser ejercido libremente, preservando, respetando y realizando plenamente las identidades individuales y de grupo, la dignidad y la autonomía de las comunidades (Acselrad et al., 2004, p. 16).

La justicia ambiental es un abordaje teórico y una bandera política que hace una clara resalva a la modernización ecológica: no se puede resolver el malestar capitalista con medicaciones capitalistas, aun cuando las píldoras son verdes.

También refuta la idea de que todas las personas son igualmente vulnerables a los riesgos ambientales, ante la realidad de cargas negativas inicuamente dirigidas a poblaciones más carentes y con menos posibilidades de ser escuchadas. Asimismo, clarifica los procesos que crean y mantienen “territorios convertidos en áreas de sacrificio en las que también los cuerpos y las vidas mismas devienen descartables y sacrificables” (Svampa y Viale, op. cit., p. 84). Finalmente, sobre la defensa de que las industrias representan fuentes de trabajo, nos recuerda que también representan riesgos y daños a corto, medio y largo plazo: sea porque masivamente extraen y degradan los recursos naturales, sea porque usan y desechan contaminantes – químicos, térmicos, radiactivos – que afectan a la salud, principalmente la de quiénes cuentan con pocos recursos económicos y suelen vivir en las áreas cercanas a la contaminación (véase Figura 2).

Figura 2. La distribución desigual de los riesgos industriales



Fuente: elaboración propia (2016).

En las actividades industriales es permanente el riesgo a la salud, definido como

la exposición de seres humanos a condiciones ambientales adversas que puedan perjudicar la capacidad de realización humana a través de sufrimientos, enfermedades y muertes que, caso la exposición no ocurra, no serán producidos, por lo menos en la frecuencia y gravedad en que ocurren por la existencia de riesgo (Porto, 2012, p. 96).

Por consiguiente, en este tema no hay “accidentes”, sino negligencia e injusticia. En razón a ello, la cuestión que debe ser planteada es cuál es el nivel de mala gestión, maldesarrollo y hasta mismo perversidad en los procesos de concentración industrial en determinadas áreas.

ESTUDIO DE CASO: CARACTERIZACIÓN DE VILLA HAYES COMO UNA ZONA DE SACRIFICIO PARAGUAYA

Sin dudas desde la industrialización las actividades agrícolas, extractivas y manufactureras han repercutido directamente en la economía de muchos países latinoamericanos. Si bien que a menudo fueran contribuyentes al crecimiento y la transformación urbana vinculados al crecimiento económico, es seguro decir que varias veces también han sido las principales responsables de la destrucción y contaminación del medioambiente.

Paraguay fundó su economía productiva en la existencia de grandes latifundios, la mayoría con capitales extranjeros. En el país, 2% de las propiedades ocupan 85% de las tierras y las transnacionales han ingresado a la actividad primaria de producción de soja y algodón, extendiéndose poco a poco hacia otros ramos (Peralta y Perrotta, 2004, p. 186).

En ese contexto, las dos grandes guerras internacionales y una larga dictadura, los rasgos culturales de preeminencia rural y la inexistencia de corrientes sistemáticas y sostenidas de inmigración extranjera fueron algunos de los factores que hicieron con que se retardase en el territorio paraguayo el surgimiento de centros urbanos de relevancia fuera de Asunción – su capital –, que actualmente alberga más de medio millón de habitantes, además de concentrar poder, infraestructuras y comunicaciones (Vázquez, 2010 y 2013). Solamente en el año 1992 que Paraguay por la primera vez presentó una mayoría de habitantes viviendo en ciudades, puesto que en el periodo anterior de diez años su población aumentó en más de 700 mil habitantes, en general oriundos de migraciones internas en el país, desde las zonas rurales hacia las urbes. Por un lado, en ese proceso se destacaron ciudades fronterizas como Encarnación y Ciudad del Este, reflejando la dependencia a los países vecinos; por otro, se formó un nuevo sistema urbano todavía centrado en Asunción (Id., 2013), del que actualmente participan las ciudades del Chaco cercanas a las fronteras con Brasil y Argentina – tanto las intermedias cuanto las pequeñas, como es el caso de Villa Hayes (véase Figura 3) –.

Villa Hayes es la capital del XV Departamento Presidente Hayes, posee 47.156 km² de extensión territorial, el más amplio entre los distritos existentes. Limita con el río Paraguay en la costa Occidental, al norte con el río Verde, al sur y oeste con el distrito de Benjamín Aceval, y también es conocida como “puerta del Chaco”. En base a los datos de la DGEEC se estimaba una población de 48.041 habitantes en 2015. Solamente 40% de esta población es urbana y su densidad es de 1 hab./km², unas de las más bajas del país.

Su economía funciona, como en otras ciudades del Chaco, bajo un dinamismo nutrido y condicionado por la capital – su proximidad con Asunción, que le está distante tan solo treinta kilómetros (véase Figura 4), la vuelve parte de la extensión metropolitana –, lo que hace con que Vázquez (2010, p. 255) la caracterice irónicamente como una de las posesiones de “la corona metropolitana de Asunción” y la nombre “ciudad del Chaco asunceno”. Actualmente concentra dieciséis industrias de gran porte – nacionales y extranjeras –, con rubros diferenciados: extractivas de recursos minerales, cementeras, frigoríficos, metalúrgicas, entre otras (véanse las Figuras 5 y 6; véase el Cuadro 2).



Figura 3. Tipología de ciudades paraguayas.



Fuente: Vázquez (2013).

Figura 4. Localización de Asunción y Villa Hayes.

Figura 5. Localización de Industrias en Villa Hayes.





Fuente: elaboración propia sobre base Google Maps (2016).

Figura 6. Ubicación de industrias en Villa Hayes y sus respectivos rubros.



Fuente: elaboración propia (2016).

Dichas industrias fueron resultadas del avance, en Paraguay, de algunos rubros industriales – alimenticio, textil, químico, metalúrgico, fármaco – a partir del año 2003, cuando la economía del país empezó a crecer rápidamente por cuenta del aumento de la demanda mundial por commodities, combinado con precios elevados y clima favorable. Así, algunos departamentos – como Presidente Hayes, San Pedro, Cordillera y Caaguazú, por ejemplo – pasaron a albergar industrias, muchas de ellas limitadas a transformaciones simples de los productos agropecuarios.

Sin embargo, es más que importante decir que, aunque dichas industrias de Villa Hayes representen fuente de trabajo para parte de su población, además de anunciar otras promesas de desarrollo, ellas también traen impactos ambientales y sociales, en la calidad de vida y en la salud de la población más cercana a los locales donde están implantadas – mayormente zonas periféricas del centro urbano –, además de presionar los recursos naturales de la ciudad.



Cuadro 1. Industrias y actividades extractivas en Villa Hayes implantadas
entre 1986 y 2015, por tipo y cantidad


Tipo de inversión económica

Empresas

Cantidad
de plantas


cementeras

Yguazu Cementos S.A., Cementera Tech S.A., Cementera Tesser S.A.

3

astilleros

Astilleros Villa Hayes, Astilleros Chacos S.A.

2

frigorífico

Cencoprod

1

calerías, extracción de minerales

Pai’puku S.R.L., Minera Cerro Verde, Minera Ypacarai S.A.

3

metalúrgicas

Vetorial Paraguay, Metalúrgica

2

carbonería

Bricapar S.A.

1

curtiembre

Frigorífico Neuland

1

procesadora de residuos

El Farol S.A. – Procesadora de Residuos Sólidos y Domiciliarios

1

industria química

Trovato Cisa

1

envasadora de plásticos

Embapar

1

total

16

Fuente: elaboración propia (2017) basada en datos de la Municipalidad de Villa Hayes.

Cuadro 2. Industrias en Villa Hayes implantadas entre 1986 y 2015, por tipo e impacto ambiental

Tipo de inversión económica

Posibles riesgos y daños

cementeras

  • emisiones de partículas a la atmósfera;

  • contaminantes hídricos en derrame de material y proceso de enfriamiento.

frigorífico y curtiembre

  • emisión de gases atmosféricos, gran cantidad de uso del agua.

  • si los desechos no reciben un adecuado tratamiento, existe la posibilidad de contaminación de aguas superficiales y freáticas.

calerías, extracción de minerales

  • erosión de la tierra por la continua extracción de minerales;

  • emisión de partículas en el aire (monóxido de carbono, nitrógeno, partículas muy finas).

metalúrgicas y astilleros

  • degradación en las áreas de minoración;

  • contaminación atmosférica en las proximidades de la industria.

carbonería

  • emisión de dióxido de carbono;

  • alteración de la cobertura vegetal de la zona, del hábitat natural de la fauna.

procesadora de residuos

  • producción constante de lixiviados.

industria química

  • área de riesgo de incidentes químicos.

Fuente: elaboración propia (2017) basada en datos de la Municipalidad de Villa Hayes.

Es evidente la peligrosidad de estas actividades, pero no existen estudios sobre posibles daños causados por las empresas, ni tampoco sobre riesgos a la salud de sus trabajadores y demás habitantes en la región. Muchos factores pueden contribuir a que esto ocurra, como el poder económico y la influencia de las empresas, la poca visibilidad de las personas afectadas, la debilidad o ausencia de políticas públicas ambientales y un bajo control por normas del planeamiento físico-territorial.

Conviene traer a la discusión un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que afirma que las inversiones de empresas transnacionales extranjeras aumentaron durante la última década en la mayoría de los países del subcontinente latinoamericano. Nos dice también dicho documento (CEPAL, 2015) que las actividades industriales y extractivas de las empresas de capitales externos preferentemente ocurren en los países con escasa reglamentación ambiental y laboral, disminuyendo así las posibilidades de penalización en casos de daños al medioambiente o excesiva explotación del trabajo. Todavía en esta lógica hay un efecto dominó: los desplazamientos de emprendimientos suelen ocurrir en los países con mayor disponibilidad de recursos naturales a ser explotados, a su vez ya amenazados por procesos de expansión territorial.

Pese a que ni todas las empresas en Villa Hayes son de capital extranjero, la lógica de los grandes grupos empresariales, sea cual sea sus nacionalidades, es la misma. Así, estamos convencidos de que Villa Hayes ejemplifica el hecho de que los países en desarrollo, al ser deliberadamente escogidos para albergar actividades contaminantes debido a leyes y sanciones más blandas, se constituyen como zonas de sacrificio en una escala internacional. La situación en la capital distrital también esclarece que el fenómeno se repite en la escala interregional, con la creciente concentración de empresas – extranjeras o nacionales –, que más que brindar ventajas al sitio, en verdad a costa de la amenaza al medioambiente y la salud de la población prefiere servir los intereses de los grupos económicos más pudientes y de la clase política a menudo ubicados en la capital.

En ese sentido, una noticia recientemente publicada en el diario nacional ABC Color apuntó Villa Hayes como la ciudad más contaminada del país. Conforme el periódico, la localidad

se convirtió en una de las más contaminadas de nuestro país [Paraguay]. En ella están asentadas varias fábricas que representan una bomba de tiempo para sus habitantes, debido a que diariamente aumentan las personas enfermas por los efectos de la contaminación ambiental (Gallegos, 2016).

Otra denuncia, más antigua, posiciona a una de las cementeras implantadas en la ciudad como la responsable de emitir polvillos tóxicos en horarios nocturnos, evitando así que la situación sea percibida por la ciudadanía cercana. A raíz de esta contaminación

aparecieron peces muertos de diferentes especies, que, según los pescadores del lugar, constituye un grave retroceso a la protección de las especies de peces y también reduce tremendamente la posibilidad de trabajo y mantenimiento de las familias chaqueñas que se dedican a este rubro. Informe de profesionales médicos del hospital regional y distrital, la aparición de diversas enfermedades en la población se debe a la contaminación de dicha empresa y otras que están instaladas en la zona del bajo Chaco (Villalba, 2012).

Una situación que ejemplifica bien la debilidad de los controles legales es el proceso de licencia ambiental. En Paraguay, es la Secretaría del Ambiente (SEAM) el principal organismo nacional encargado de la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental. A nivel departamental existe también la Secretaría del Ambiente, con objetivos semejantes aplicados a su escala de actuación. En sus procesos de licencia y aprobación de proyectos industriales, ambas exigen el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos con miras a la verificación de aspectos positivos y negativos implicados en la instalación de emprendimientos, equipos e instalaciones, también muy comunes en otros países. Y si bien muchas de esas empresas presentaron dichos documentos,3 los riesgos y daños tienden a permanecer: en febrero de 2012 un periódico (Paraguay.com, 2012) denunció que, aunque fuese constante un intenso humo rojizo proveniente de las calderas de Aceros del Paraguay (Acepar, actualmente Vetorial), la firma todavía se mantenía funcionando sin tener al día su licencia ambiental.

También es importante resaltar la ubicación de algunas de estas industrias en Villa Hayes y su relación con la ley nacional n° 3.239 (Paraguay, 2007), acerca de los recursos hídricos. Dicha norma establece que junto a las márgenes de los ríos urbanos se debe conservar una franja de ciento cinco metros de ancho (cien de protección, cinco para uso público): el objetivo es tanto proteger la vegetación de ribera, así como la vida de las personas ante una inundación. No obstante, la mayoría de las industrias implantadas en las orillas del río Paraguay no cumplen el alejamiento (véase Figura 7, que muestra un detalle del área de las industrias 6, 7, 8 y 9 de la Figura 6), siendo que algunas de ellas se ubican a menos de treinta metros del río, lo que pone en evidencia la debilidad de la aplicación de la ley contra los intereses privados.



Ante tal situación, estamos convencidos que las zonas de sacrificio también se manifiestan en la escala intraurbana de Villa Hayes, más específicamente a lo largo de la orilla del río Paraguay y sus proximidades, donde se concentran las industrias de la ciudad.

Figura 7. Ubicación de industrias en Villa Hayes y su
relación con franja de protección del río Paraguay.




Fuente: elaboración propia sobre base Google Maps (2016).

Sobre la baja visibilidad de las personas sometidas a los riesgos, conviene presentar algunos datos de la DGEEC sobre la ciudad. Infelizmente a la escala de la capital departamental solo se encuentran disponibles informaciones referentes al año 2003, de las que sacamos datos sobre ingresos mensuales y pobreza, comparándolos con los referentes a Presidente Hayes y Asunción, además a los del país (véase Tabla 1). En ellos se observa que, en dicho periodo, Villa Hayes presentaba medidas de pobreza muy semejantes a las de Asunción, ambas a su vez con prevalencias menos severas que las encontradas a la escala del país.

Tabla 1. Ingreso promedio mensual y medida de pobreza total en 2003, por distrito, departamento y país.

Datos/Territorios

Ingreso promedio mensual
(miles de guaraníes/
dólares
A)

Medida de pobreza total (%)

Incidencia de la
pobreza
B

Intensidad de la
pobreza
C

Brecha de la pobrezaD

Severidad de la
pobreza
E

Distrito Villa Hayes

750/128

25,5F

36,9

9,4

4,8

Departamento Presidente Hayes

853/145

30,3G

42,4

12,8

7,3

Distrito Capital, Asunción

929/158

24,8H

37,0

9,2

4,7

País

722/123

41,4I

42,3

17,5

9,8

  1. Cambio de 31/12/2003 (1.000 guaraníes = 0,17 dólares), con redondeo.

  2. Proporción de la población cuyo ingreso per cápita es inferior a la línea de pobreza que, en consecuencia, mide la extensión o prevalencia de la pobreza. Indica cuántos son los/as pobres.

  3. Es el promedio de las distancias relativas entre los ingresos y la línea de pobreza (con distancias de los/as no pobres igual a cero) y entonces mide la profundidad de la pobreza, es decir, indica qué tan pobres son los/as pobres.

  4. Promedio de las distancias relativas entre los ingresos de los/as pobres y la línea de pobreza (intensidad de la pobreza), multiplicado por la incidencia de la pobreza.

  5. Brecha estimada dando mayores pesos a las distancias relativas de los/as más pobres que, en consecuencia, es una medida de la distribución de los ingresos entre los/as pobres. Indica qué tan diferentes son los/las pobres.

  6. Infelizmente los datos de 2003 son los más recientes compilados a la escala del distrito de Villa Hayes.

  7. En comparación, los datos más recientes de 2015 indican una incidencia de la pobreza en Asunción de 20,52%.

  8. En comparación, los datos más recientes de 2015 indican una incidencia de la pobreza en Asunción de 18,08%.

  9. En comparación, los datos más recientes de 2015 indican una incidencia de la pobreza en todo el país de 22,24%.

Fuente: elaboración propia (2017), con base en los datos de Duarte et al. (2004) y DGEEC (2015).

Tabla 2. Datos de 2015 sobre ingreso mensual, años de estudio, uso de internet y salud de la población, por sexo, por país y departamento; e infraestructuras en los hogares, por país y departamento.

Datos colectados

País

Dep. Asunción

Dep. Pres. Hayes

Promedio de ingreso mensual de hombres
(miles de guaraníes/dólaresA)

2.476/421

4.317/734

2.699/459

Promedio de ingreso mensual de mujeres
(miles de guaraníes/dólaresA)

1.826/310

3.229/549

1.661/282

Promedio de años de estudio de la población masculina de 25 años y más de edad (%)

8,81

12,34

8,64

Promedio de años de estudio de la población femenina de 25 años y más de edad (%)

8,88

11,44

8,94

Población masculina de 10 años y más que utiliza internet (%)

48,01

71,41

29,65

Población femenina de 10 años y más que utiliza internet (%)

48,86

67,33

25,86

Población masculina saludable (%)

68,32

78,71

75,83

Población femenina saludable (%)

61,18

74,27

72,58

Hogares con red de alcantarillado sanitario (%)

12,28

70,49

0,30

Hogares con red de agua (%)

81,40

97,73

50,07

Hogares con recolección pública o privada de basura (%)

52,08

92,22

17,03

  1. Cambio de 31/12/2015 (1.000 guaraníes = 0,17 dólares), con redondeo.

Fuente: elaboración propia (2017), con base en los datos de DGEEC (2015).

¿Estarían estos datos indicándonos cierta continuidad de patrones de vida – y posiblemente urbanos y ambientales – a lo largo de la mancha urbana extendida desde la capital nacional hasta la departamental? Creemos que no, y ello parece desconformarse de dos maneras.

Por un lado, en la misma tabla se puede observar que en 2003 el promedio de ingresos mensuales de Villa Hayes, si bien fuese un poco más alto que la media nacional, era cerca de 12% más bajo que el promedio pago en todo el departamento Presidente Hayes y cerca de 20% más bajo que el promedio en Asunción. Además, analizándose los promedios per cápita, la diferencia entre los promedios de ingresos mensuales de la capital y Villa Hayes aumenta para cerca de 25%.

Por otro lado, una mirada a la Tabla 2 revela otras importantes cuestiones acerca de los ingresos mensuales. La inflación acumulada en Paraguay entre 2003 y 2015 fue de 233%. Así, aplicándose una simple corrección, los ingresos mensuales serían actualizados para alrededor de 1.700 miles de guaraníes. En ese sentido, se puede notar que mientras en 2015 los promedios nacionales y de Asunción entre los hombres estaban por encima de dichos valores – así muestreándose un aumento real de la renta –, las mujeres de Presidente Hayes no solamente recibían ingresos mensuales más bajos que los promedios nacionales tanto de hombres cuanto de mujeres como también más bajos que el valor actualizado por la inflación. Además de eso, en una comparación con Asunción, los hombres de Presidente Hayes recibían, según la Tabla 2, promedios de ingresos 40% más bajos.

La misma Tabla 2 aún revela que, si bien los datos de salud entre Presidente Hayes y Asunción se equipararon, la población adulta de Presidente Hayes estudia cerca de cuatro años a menos que la población de la capital. Además de eso, un número inferior a 30% de la población de Presidente Hayes accede a Internet, solamente la mitad cuenta con red de agua y en los hogares prácticamente inexisten la recolección de basura y, sobre todo, la red de alcantarillado sanitario, mientras que los datos de Asunción a este respecto son bien más satisfactorios.

Aunque por la ausencia de datos actuales específicamente sobre Villa Hayes no se pueda decir con plena certeza que dicha ciudad posee las mismas condiciones evaluadas a la escala departamental, asimismo suena imposible negarlo totalmente. Los datos presentados nos posibilitan creer en un delineamiento de desigualdades en relación a Asunción en términos de renta – en especial en el caso de las mujeres –, educación, infraestructura y saneamiento, condiciones que nos parecen tanto facilitar la implantación de usos sucios en Villa Hayes, así como reforzar, debido a las vulnerabilidades poblacionales, los riesgos ambientales y la baja capacidad de respuesta mediante la posible ocurrencia de daños.

COMENTARIO FINAL

La intención de este artículo fue dar visibilidad, desde un estudio de caso en la ciudad paraguaya Villa Hayes, a las realidades de los escenarios hispanoamericanos que lidian cotidianamente con injusticias ambientales; realidades que aunque muy perversas ante las fragilidades económico-sociales de los estratos poblacionales más pobres generalmente a ellas expuestas, muchas veces son ignoradas y por sobre todo muy poco estudiadas, lo que es incrementado con la falta de legislación y fiscalización del Estado.

¿Hasta qué punto brindar trabajo a expensas de sacrificar la salud y generando riesgos de muerte de personas también no representa un “chantaje ambiental” (Coelho et al., 2015)? Es decir, ¿en qué medida la implantación de emprendimientos o actividades extremamente impactantes (y por ello ambientalmente inaceptables) solamente ocurre porque son ubicadas en áreas socialmente vulnerables y mediante la promesa de puestos de trabajo?

Villa Hayes es una ciudad que seguirá expandiéndose, el crecimiento urbano es constante, así como el industrial. Por ello, la importancia de acciones que lidien e intenten mejorar el panorama injusto por el que atraviesa la ciudad es indiscutible. Identificamos, sin embargo, algunos datos que muestran que la implantación de tantas actividades industriales y extractivas, muy probablemente bajo el imaginario del desarrollo, además de aportar toda suerte de riesgos ambientales, al parecer no ha ofrecido a la población de la ciudad bienestar o beneficios. Por el contrario, aunque muy cercana de la capital, Villa Hayes hace parte de un departamento que presenta disparidades en términos de renta, acceso a la infraestructura y educación, si son comparados a los de Asunción.

La planificación físico-territorial de alguna manera visa a prever la ocupación del territorio, para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y el buen uso de los recursos naturales. Mientras tanto, en Villa Hayes las leyes las que determinan el nivel de protección y protagonismo del medioambiente parecen menos aplicables en los casos que los intereses de sectores más pudientes se imponen ante el bien común – en realidad, son violentamente conculcadas –.

En la medida que asimismo cuando existentes cualesquiera leyes no garantizan su correcta aplicación, más aún estamos convencidos que las injusticias ambientales no son creadas por desatención a las normas o debido a su inexistencia. En verdad, una ecología política de los riesgos industriales muestra, por una parte, que el progreso técnico y económico ni siempre – o, mejor dicho, casi nunca – se ve reflejado en el vivir bien de las poblaciones. Por otra, que las injusticias ambientales inexorablemente integran los diseños del desarrollo que priman lo económico en detrimento de lo humano: ellas ocurren porque es más rentable ocupar el territorio de esa manera – tecnologías efectivamente limpias son muy caras – y ajustar hacia abajo los sueldos para quiénes desesperadamente los necesitan.

En otras palabras, en la lógica de la economía capitalista hay territorios, cuerpos y vidas que tienen menos importancia, la riqueza de uno puede significar el dolor y la muerte de otro y la promesa de progreso futuro puede representar el sufrimiento en el presente.

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1 La ecología política, como enfoca Martínez-Alier (2007), estudia los conflictos ecológicos distributivos: “por distribución ecológica, son entendidos los patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los beneficios obtenidos por los recursos naturales”. Y si bien este abordaje considera la urbanización como el principal precursor de los impactos ambientales, esta también podría beneficiar las comunidades urbanas: al final, la mayor densidad poblacional de las ciudades puede incitar mayor movilización política.

2 Todas las citas de este artículo fueran traducidas para el español cuando en el original estaban en otro idioma.

3 Se destaca que, aunque los EIA y RIMA son documentos obligatoriamente publicos, solamente encontramos aquellos de algunas de las dichas empresas en sítios electrónicos. Sus analisis a menudo muestran aspectos importantes al respecto de las estrategias discursivas en contextos de presentación de proyectos y otención de sus licencias – lo que no cuadra con los limites de escopo y tamanõ de este artículo –.



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