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MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS

INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS


IPP334

V. 2


Marco de Planificación Para los pueblos indigenas

Del PROYECTO DE MODERNIZACION

De la Gestion de RECURSOS HIDRICOS – PMGRH

Enero 2009



ABREVIATURAS
BM: Banco Mundial
ES-I: Estudio Socio Institucional
LGA: Ley General de Aguas
ANA: Autoridad Nacional del Agua
AAA: Autoridad Autónoma de Agua
ALA: Autoridad Local de Agua
PMGRH: Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
PGIRH: Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
ENGRH: Estrategia Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
ATDRs: Administración Técnica de los Distritos de Riego
JU: Junta de Usuarios
AACH: Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica
UA: Unidad Agropecuaria
DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental
INADE: Instituto Nacional de Desarrollo
INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales
IRH: Intendencia de Recursos Hídricos
PSI: Proyecto Subsectorial de Irrigación
PRONAMACHCS: Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas
ONGs: Organizaciones No Gubernamentales
SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
EPS: Empresa Prestadora de Servicios
JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
CC.CC.: Comunidades Campesinas
AA.HH.: Asentamientos Humanos
PRONASAR: Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros
MINEM: Ministerio de Energía y Minas
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
G.C.: Gobierno Central
G.R.: Gobierno Regional
G.L.: Gobierno Local

I. Objetivos del Marco de Participación Indígena

El presente documento es parte de la preparación del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH) que actualmente el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto de Recursos Naturales (INRENA) e Intendencia de Recursos Hídricos (IRH)1, con apoyo del Banco Mundial, está formulando un Plan para los Pueblos indígenas y comunidades étnicas, a través del cual se garantice su participación equitativa como beneficiarios de dichos proyectos.



La Política Operacional 4.10 del Banco Mundial requiere que en los proyectos de inversión en los que existen poblaciones indígenas y étnicas, se defina una estrategia de intervención que tome en cuenta de manera prioritaria, su cultura, idioma, costumbres y creencias religiosas. La estrategia principal en el presente proyecto es la inclusión de los beneficiarios en la toma de decisiones y asegurar que los pueblos indígenas tengan igual acceso a los beneficios del proyecto de y que los servicios ofrecidos por el proyecto llegan a sus beneficiarios en forma culturalmente adecuada.

II. Objetivos del Programa
Objetivo General
En la formulación del PMGRH se considera: (i) La cuenca como unidad geográfica de gestión de los recursos hídricos, (ii) Una autoridad de aguas de la Cuenca, con representación multisectorial, (iii) Seguridad Jurídica y derechos de agua formalizados, (iv) Uso racional del recurso, compatible con la capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas involucrados (v) Gestión de oferta multisectorial y participativa y distribución equitativa del agua, (vi) Una gestión del agua, eficiente y sostenible, (vii) Fácil acceso a información integral de calidad sobre recursos hídricos, (viii) Gestión efectiva de preservación y recuperación de la calidad de las fuentes y del recurso hídrico, (ix) Fomento de una cultura de uso racional, competitivo, eficiente y eficaz del agua, (x) Reconocimiento del valor social, económico y ambiental del agua y (xi) Formación de capacidades para la gestión del agua a nivel de la Autoridad Nacional, Regional y Municipal.
Objetivo Específicos
El proyecto está orientado fundamentalmente a: (i) Mejorar la capacidad y calidad de gestión de las instituciones de nivel nacional, regional y local; responsables del uso multisectorialmente equitativo, eficiente y sostenible de los recursos Hídricos y (ii) Implementar Planes de Gestión Integrada de recursos hídricos en 3 cuencas piloto: Chili, Ica-Huancavelica, Chancay-Lambayeque. Acciones que tienen que elaborarse en forma participativa y aprobarse por consenso interinstitucional y de los usuarios del agua.
El PMGRH tiene dos componentes, cada uno de los cuales tiene subcomponentes y actividades. El Componente I referido al Mejoramiento de la Capacidad de Gestión Integral de los Recursos Hídricos a Nivel Nacional y el Componente II orientado a Mejorar la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en las cuencas seleccionadas.
III. Posibles Impactos Adversos
Capacidad institucional para tratar los asuntos particulares de las poblaciones indígenas:
Falta de participación:
Aumento en conflictos en agua: Según IPROGA2, el mayor porcentaje de conflictos por el agua están referidos a la cantidad (64%), le siguen las razones de calidad (27%) y en tercer lugar está la oportunidad (8%). Según usos el 26% de conflictos se dan en el uso agrario, 14% en uso minero y 33% en el uso urbano. Según espacio el 38% de conflictos se dan por problemas entre regiones y a nivel de cuenca.
Los problemas relevantes de la gestión de los recursos hídricos a nivel de las cuencas piloto se han levantado con voluntad consultiva. Dado que la problemática es diversa y múltiple, en los talleres se expusieron los problemas más sentidos mediante lluvia de ideas; los que luego se priorizaron de acuerdo al grado en que los usuarios se sienten afectados por los mismos, diferenciando los problemas relevantes de la gestión, los problemas institucionales y los conflictos a nivel de cada cuenca.
El estudio socio-institucional (ES-I) que fue preparado en Octubre 2008 concluyo que el problema central es la deficiente gestión en torno a los recursos hídricos con impactos significativos en el medio social, económico y ambiental.
IV. Marco Legal y Legislación Nacional en relación a los Pueblos Indígenas
Marco Legal


    1. El Marco legal considerado en los estudios realizados esta referido a las normas relativas a las entidades con ingerencia directa desde su ámbito sectorial en la gestión de los recursos hídricos., muchos de los cuales vienen sufriendo cambios a fin de fortalecer la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú-ENGRI, los que se han tratado de recoger en el presente estudio.


Ley 17752 o “Ley General de Aguas” (LGA), es la base de todas las normas de aprovechamiento del agua en el Perú. Esta se mantiene vigente desde 1969, no obstante que al aprobarse la constitución de 1993 se estableció un nuevo marco de organización económica y social del Perú, aprobándose leyes destinadas a impulsar la inversión privada y el desarrollo de sectores económicos estratégicos como el agrícola, pesquero, minería, hidrocarburos, energía, turismo y en 1997 se aprueba la “Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales”.
A partir del 2002 se inicia el proceso de la descentralización, para lo cual se modifican algunos artículos de la Constitución y se dan otras normas importantes como: La Ley de Bases de la Descentralización y la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, entre otras, y se modificó la Ley Orgánica de Municipalidades. En el 2003 se instalan los Gobiernos Regionales y se inicia el proceso de transferencia de funciones del Gobierno Central a los Gobiernos Regionales y Locales.
En Marzo 2008, dentro del Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la reestructuración del Ministerio de Agricultura, se crea la Autoridad Nacional de Aguas-ANA, adscrita al Ministerio de Agricultura, la cual reemplaza a la Intendencia de Recursos Hídricos y tiene a su cargo la formulación del PMGRH.
Como se puede apreciar en los últimos años se han producido importantes cambios en la política económica y la administración pública del país, cambios en los que no ha estado ausente la gestión de los recursos hídricos, por ser un tema de suma importancia, que involucra aspectos sociales, culturales y económicos, para el desarrollo del país.
Legislación Nacional en relación a los pueblos indígenas

Un elemento central en el desarrollo del ordenamiento jurídico del país relativo a la cuestión indígena es el reconocimiento expreso, en la Constitución Política actual, del carácter pluriétnico y cultural de la Nación. Así, el Art. 2º, numeral 19 establece que “toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete”.

Por otro lado, en los artículos 17º, 48º, 89º y 149º de la Constitución: se fomenta la educación bilingüe intercultural, según las características de cada zona; se acepta como idiomas oficiales, además del castellano, el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominen, y se otorga a las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas la potestad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el derecho consuetudinario.

De esta forma, se reconoce la existencia de pueblos indígenas como sujetos de derecho que, por sus especificidades culturales e históricas, deben ser beneficiados con un tratamiento especial que preserve su integridad e identidad cultural. Cabe resaltar que los pueblos indígenas están constituidos en un sujeto colectivo, no siendo una simple sumatoria de individuos que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos.

Mediante la Ley Nº 27680 se modifica el Capítulo XIV, Título IV de la Constitución Política del Perú, incorporándose el contenido sobre descentralización, regiones y municipalidades, quedando estipulado en el Art. 191º de la Constitución lo siguiente: “La Ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales”. Sin embargo, en la norma no se hace mención a las comunidades campesinas y se introduce una nueva categoría jurídica de pueblos originarios sin definir con precisión a quienes alcanza dicha referencia.

Además de la Constitución, hay otras normas vigentes relacionadas a los pueblos indígenas, entre las que cabe destacar la Ley Nº 26253 del año 1993, mediante la cual se ratifica el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Al incorporarse este Convenio al ordenamiento jurídico del país se fortalece el reconocimiento constitucional del Perú como un país étnico y culturalmente diverso.

El texto de la Defensoría del Pueblo (2003) señala que el Convenio Nº 169 “busca proteger la diversidad cultural y el derecho de los pueblos indígenas a tener y desarrollar sus elementos de identidad, sus características culturales como lengua, religión, costumbres; sus formas de organización y sus propias instituciones sociales, económicas y políticas; sus mecanismos de control social, sus procedimientos, su derecho consuetudinario; sus conocimientos y valores; todas estas diferencias son las que enriquecen el patrimonio cultural de cada país”.

También el Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295 (julio, 1984), establece en su artículo 134º que las comunidades indígenas son organizaciones tradicionales y estables de interés público, constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio para beneficio general y equitativo de los comuneros, promoviendo su desarrollo integral.



Igualmente, existen normas vigentes en materia de agricultura, educación, propiedad territorial, uso y acceso a los recursos naturales, sistemas de áreas protegidas, que de forma específica o en parte de su texto se refieren a los pueblos indígenas. Así pueden mencionarse las siguientes:

  • Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (mayo, 1978), que reconoce el derecho colectivo de propiedad territorial, así como la autonomía comunal en aspectos administrativos para resolver conflictos y controversias de naturaleza civil.




  • Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas (marzo, 1987). Es la ley marco que regula la diversidad de comunidades campesinas. Se ocupa de definir los derechos y deberes de los comuneros, de su organización interna, del territorio y patrimonio comunal y de la actividad empresarial de las comunidades. También estableció un régimen promocional y creó entidades oficiales para promover su desarrollo. Esta Ley ha sido modificada en forma significativa por la Constitución de 1993 en lo relativo al tratamiento de sus tierras y también por la Ley Nº 26505, más conocida como Ley de Tierras.




  • Decreto Supremo Nº 008-91-TR, Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas (febrero, 1991). Este Reglamento se ocupa de la personería jurídica de las comunidades campesinas; de su condición de comuneros calificados y no calificados; de sus derechos y obligaciones, y de su organización administrativa propiamente dicha. En virtud del Decreto Supremo Nº 064-2000-AG, el reconocimiento de las comunidades se hace actualmente a través del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural –PETT- del Ministerio de Agricultura, entidad que atiende asimismo la titulación de las tierras comunales. El presente Reglamento se vio complementado por el Decreto Supremo Nº 004-92-TR, que regula la parte relacionada al régimen económico contenido en la Ley General de Comunidades Campesinas.




  • Ley Nº 28616, Ley General del Ambiente, la cual en su articulo 110º, otorga a las comunidades nativas y campesinas ancestrales el derecho de propiedad sobre las tierras que poseen dentro de las áreas naturales protegidas, así como promueve la participación de las comunidades en los planes de desarrollo de dichas áreas.




  • Ley Nº 26505, Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (julio,1995), más conocida como Ley de Tierras. La misma ley establece que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva se requiere del acuerdo de la asamblea general con el voto conforme de no menos de los dos tercios de los miembros hábiles de la comunidad. Fue reglamentada por el Decreto Supremo Nº 011-97-AG que regula la mayor cantidad de aspectos de dicha ley, el Decreto Supremo Nº 017-96-AG, en lo que se refiere específicamente al artículo 7º de la Ley de Tierras, y el Decreto Supremo Nº 010-97-AG.




  • Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (julio, 2000), que respeta los derechos de las comunidades a la utilización de sus bosques previa presentación de planes de manejo forestal. Esta Ley norma, regula y supervisa el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la nación.




  • Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (julio, 1997), que garantiza el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas establecidas al interior de dichas áreas, fijando los procedimientos para el manejo y usufructo de los recursos naturales. Es la norma nacional más importante para la gestión y conservación de las áreas naturales protegidas en el país. Las principales disposiciones contenidas en la Ley comprenden: Gestión del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y los instrumentos de manejo y utilización sostenible de las mismas. La Ley establece que las áreas naturales protegidas pueden ser de administración nacional, regional y privadas. Incorpora dos nuevas categorías en el SINANPE: Reservas Paisajísticas y Refugios de Vida Silvestre. Fue reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 038-2001-AG del 26 de junio del 2001.




  • Ley Nº 28216, Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas (mayo, 2004). Como resultado de esta Ley, se crea la Comisión Nacional de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica y a los Conocimientos de los Pueblos Indígenas y se estipula la creación y mantenimiento de un Registro de los Recursos Biológicos y Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas del Perú.




  • Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (junio, 1997), que regula el marco general para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en tanto que éstos forman parte del patrimonio de la Nación. Las principales disposiciones que contiene están referidas a la libertad de acceso a los recursos naturales, al otorgamiento de derechos sobre los mismos a particulares y a las condiciones para su aprovechamiento.




  • Ley Nº 28106, Ley de Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas Aborígenes (noviembre, 2003), que declara de interés nacional la preservación, fomento y difusión de nuestras lenguas aborígenes, reconociéndolas como idiomas oficiales en las zonas donde son predominantes. La Disposición Complementaria de la Ley encarga, asimismo, al Ministerio de Educación, actualizar el “Mapa Lingüístico y Cultural del Perú, Familias y Lenguas Peruanas”.




  • Ley Nº 26839, Ley de Conservación y Aprovechamiento de la Diversidad Biológica (junio, 1997), que regula el marco general para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Contempla disposiciones relativas a la planificación, inventario y seguimiento, los mecanismos de conservación, las comunidades campesinas y nativas y la investigación científica y tecnológica. La Ley establece que los principios y definiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica rigen en la aplicación de la misma. Asimismo, contiene un Título sobre áreas naturales protegidas que guarda concordancia con las disposiciones de la Ley Nº 26834.




  • Ley Nº 24657, Ley de Deslinde y Titulación del Territorio de las Comunidades Campesinas (abril, 1987), que establece un breve trámite administrativo para solucionar la falta de titulación de tierras de las comunidades campesinas, el que sólo en caso de controversia deriva en los tribunales.

Sin embargo, esta proliferación de normas puede generar confusión en lo relativo a los derechos indígenas, tanto en su interpretación como en su aplicación. Por ello, se está discutiendo la necesidad de que se expida una ley marco sobre pueblos indígenas, que integre las normas sectoriales en los temas de salud, educación, derechos de participación, explotación de recursos naturales y derechos territoriales, entre otros.

Un aspecto de importancia para el país ha sido la promulgación de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, promulgada en julio del 2002. Dicha ley promueve la participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de cada región y localidad, buscando “afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la Nación”.

Desafortunadamente, esta ley no contempla medidas expresas para la participación de los pueblos indígenas (pueblos originarios en el texto constitucional) con su propio perfil dentro del sistema político. Hay que tener en consideración que los derechos de los pueblos indígenas se sustentan en el reconocimiento de su carácter especial y en la adopción de normas que, reconociendo dicha diferencia, establezcan parámetros para incentivar su interacción con el resto de la sociedad.

Esta inclusión de “pueblos originarios” en el texto modificado de la actual Constitución Política ha dado pie a que un conjunto de organizaciones indígenas y campesinas formulen la propuesta de un Anteproyecto de Ley de Pueblos Originarios y Comunidades Campesinas e Indígenas del Perú, el mismo que fue presentado ante la Comisión Revisora de la Legislación sobre Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, creada por Ley Nº 28150 del 5 de enero del 2004.

Asimismo, en julio del 2002 se presentó la propuesta “Los Derechos de los Pueblos Indígenas” de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, el mismo que en su artículo 1º propugna que “El Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios del Perú y otorga personería jurídica a sus comunidades campesinas y nativas. Son aquellos que descienden de los pueblos ancestrales anteriores al Estado peruano, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas y se auto-reconocen como tales”.

Complementariamente, desde el año 2003 se ha planteado una propuesta concertada entre las organizaciones indígenas de la selva y algunas de la sierra, para que se incorporen en la Constitución Política del país, en el marco de las propuestas de reforma constitucional, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entre los aspectos más relevantes se encuentran los relativos al reconocimiento de sus derechos históricos preexistentes al Estado; el derecho a la autodeterminación, la autonomía, el autogobierno y la administración de justicia; el reconocimiento a poseer un territorio, y finalmente la necesidad de contar con una institucionalidad estatal adecuada, con representación indígena y autonomía económica y financiera.

V. Plan de Pueblos Indígenas
El plan de Pueblos Indígenas tiene los siguientes cinco componentes para evitar, reducir, mitigar o compensar por los posibles impactos adversos arriba mencionados

1. Marco Legal: Esta sección debe contener una descripción y análisis de la normatividad vigente en relación a los derechos de los pueblos indígenas, y en particular a aquella referida a los procesos de participación y consulta, cuando en sus tierras se lleven a cabo proyectos o programas que puedan generar impactos adversos sobre sus formas de vida y sobre los recursos naturales de su entorno.

Dicho análisis debe incluir las normas constitucionales, la legislación específica sobre pueblos indígenas y aquellas derivadas de los convenios internacionales relativos a estos pueblos.



2. Diagnostico Socio-Ambiental: El enfoque de este diagnóstico debe tomar en cuenta la naturaleza y magnitud del proyecto a ejecutarse. A continuación presentamos algunos aspectos importantes a tomar en cuenta como parte del diagnóstico socio-ambiental.

  • Mapas de ubicación y caracterización del medio físico y biótico

  • Aspectos históricos y socio-culturales del área de influencia

  • Dinámica demográfica del área afectada

  • Dotación y acceso a servicios básicos

  • Sistemas de propiedad y tenencia de la tierra, seguridad jurídica de las tierras comunales

  • Evaluación económica y productiva de la zona de intervención y su área de influencia, (producción agrícola, pecuaria, forestal y de extracción de recursos naturales)

  • Situación de los recursos naturales, uso y aprovechamiento por las comunidades locales, presiones externas sobre los mismos

  • Evaluación socio-cultural de las comunidades locales

  • Organizaciones sociales y políticas, formas de representación y participación

  • Capacidad de gestión institucional para el desarrollo de proyectos


3. Mecanismo de Participación Local: La Política Operacional 4.10 (Pueblos Indígenas) del Banco Mundial requiere que el prestatario lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada que debe ejecutarse a través de mecanismos adecuados desde el punto de vista cultural y sobre la base de una participación informada respecto de la preparación y ejecución del programa a ser ejecutado. Se establecen como acciones prioritarias “la consulta y participación efectivas de los actores indígenas directamente involucrados”, sugiriendo que participen cabalmente en las decisiones que les afecten en todas las fases del ciclo de proyecto.

Esta consulta previa debe realizarse oportunamente, es decir durante el diseño y formulación de los proyectos susceptibles de afectarlos, así como durante la planificación del mismo, debiendo éste ser ejecutado, monitoreado y evaluado de manera participativa. La consulta debe estar dirigida a los diferentes grupos sociales de las comunidades involucradas (mujeres, jóvenes y adultos) y debe incluir a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, bajo un marco apropiado que promueva la inclusión inter-generacional y de género.



4. Acciones de Monitoreo y Evaluación: Establece un sistema de evaluación participativo del proyecto que incluirá la participación de los beneficiarios directos e instancias locales, regionales, y nacionales, incluyendo a comunidades indígenas, sector académico y organizaciones de la sociedad civil.

5. Mecanismos independientes de mediación de conflictos y de quejas: Identificar mecanismos independientes de mediación de conflictos y de quejas para apoyar a los grupos afectados.

VI. Requisitos para la Consulta a los Pueblos Indígenas

1. Análisis de los actores sociales: Identificar a todos los actores sociales claves para el proyecto. Se deberán incluir todos los afectados directamente por el proyecto, así como también las ONGs y autoridades gubernamentales o cualquier otro grupo que pueda tener influencia sobre los resultados del proyecto.

2. Información previa y significativa: Proveer información relevante sobre el proyecto a los diferentes actores sociales de manera tal que se incorporen sus puntos de vista en el diseño e implementación del proyecto.

3. Transparencia en el proceso: Deberán describirse los mecanismos utilizados para lograr el objetivo del proyecto y la manera en que el diseño incorporará los puntos de vista de los actores sociales.

4. Metodología apropiada: Organizar el proceso de consulta y participación de manera tal que los puntos de vista de los grupos sociales puedan ser incorporados. El proceso deberá hacerse de manera apropiada para los distintos actores sociales.

5. Documentación: Recolección de las fechas y eventos, los participantes y sus puntos de vista, recomendaciones y quejas de los diferentes actores sociales.

6. Documentación de las decisiones tomadas: Recolección las decisiones tomadas.

7. Retroalimentación a los grupos consultados: Deberá proveerse retroalimentación a los participantes a través de un resumen de las acciones que se han decidido llevar a cabo.

8. Mecanismos independientes de mediación de conflictos y de quejas: Identificar mecanismos independientes de mediación de conflictos y de quejas para apoyar a los grupos afectados.

VII. estrategia de implementación

1 Actualmente se ha constituido la Autoridad Nacional del Agua-ANA, en vías de implementación. Reemplazaría a la IRH.

2 ONG IPROGA-Instituto de Promoción para la Gestión del Agua: organización con gran experiencia en la difusión de conocimientos, propuesta de políticas y experiencias de mejoramiento de la gestión del agua, entre una de sus líneas de acción. Participa en proyectos a nivel nacional.


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