Internacional criminal court boîte postale 19519 2500 cm, La Haye



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INTERNACIONAL CRIMINAL COURT

BOÎTE POSTALE 19519

2500 CM, La Haye

Pays- Bas


FORMULA DENUNCIA DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD.-

Señora Fiscal General ante la Corte Penal Internacional

Dra. Fatou Bensouda:

Eduardo Sinforiano San Emeterio, Abogado, (CSJN Tº XII Fº 93, CFALP Tº 201 Fº 389), con domicilio real que denuncio en la Avenida Santa Fe 1380, 7º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y constituyendo domicilio legal en la calle Suipacha 1087, 4° Piso Oficina "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a la señora Fiscal me presento y respetuosamente digo:



COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Habiendo ya intentado promover la persecución del delito de Lesa Humanidad presuntamente cometido por la OPM Montoneros, y negado la justicia argentina llevar adelante la investigación, sería competente esta Excma. Corte Penal Internacional en virtud de lo normado en el ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional.), en su artículo 17 Cuestiones de admisibilidad que dice:

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

b) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

Recurro a V.E. en virtud que habiendo ya realizado en mi país la denuncia pertinente, la aparente protección política de la que gozarían los denunciados no permite su enjuiciamiento, y tanto el juez actuante, como la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes con dictámenes de quienes son los titulares de la persecución estatal, simplemente rechazan la denuncia y se niegan a abrir la investigación.

Contrariamente a la situación de los denunciados delincuentes, más de 1600 militares, de menor graduación y responsabilidad.

En dicho sentido el ex Fiscal ante la Corte Penal Internacional Moreno Ocampo, sostuvo que “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales....”.

Para Moreno Ocampo, los crímenes contra la humanidad no son exclusivos de un Estado o de un grupo estatal, como sostiene el gobierno de Cristina Kirchner, que también en esta materia sigue al de su esposo, Néstor. “Un crimen de lesa humanidad es una ataque sistemático y organizado contra la población civil. Si pudiera probarse que grupos guerrilleros realizan esos crímenes, podría afirmarse que cometen crímenes de lesa humanidad. En el Estatuto de Roma no hay nada que exija que solo el Estado puede cometer tales crímenes. En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”, explicó Moreno Ocampo.

Asimismo sostuvo que "...Nuestro tribunal interviene en la medida que el sistema nacional de justicia no investigue o haya impunidad. Los juicios que a mí me gustaría hacer, los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo..."



"La justicia sin la fuerza es impotente, la fuerza sin la justicia es tiránica; es preciso pues colocar juntos la fuerza y la justicia". Pascal

EL DELITO GLOBALIZADO

La Globalización es un proceso sobre el cual, el mundo actualmente ha aprendido que no sólo es una tendencia económica, sino que inserta elementos culturales, legales y sociales que están trascendiendo las fronteras.

Dentro de esos elementos parece que la violencia también se ha internacionalizado. El delito entonces ya no aparece como una conducta que daña únicamente a los nacionales de un determinado territorio sino que en sus efectos, se extiende fuera de las fronteras del país en donde aconteció.

Fíjese que si bien la estructura del delito en el ámbito espacial sigue siendo un territorio determinado, el factor que transforma el delito nacional en delito internacional es justamente el efecto.

Mientras que en el delito nacional el daño y la amenaza de los sujetos condiciona el orden público de un determinado Estado, en el delito internacional el daño ha trascendido las fronteras, ya sea porque afecta a sujetos! de otras nacionalidades a o bienes de países distintos.

Dos ejemplos de "delitos internacionales" por la afectación de los sujetos, los encontramos en los atentados del 11 de septiembre del 2002 ocurrido en Nueva York, EEUU y del 11 de Marzo del 2004 ocurrido en la ciudad de Madrid, España, en los cuales murieron nacionales de otros países.

Los ataques a embajadas corresponden a este tipo. En las mismas circunstancias pueden encuadrarse los ataques a aviones comerciales de un país distinto, o cuando los sujetos que perpetran el delito son de un país distinto de donde ocurrió el atentado.

Es importante señalar que el delito internacional, además de las características antes mencionadas manifiesta ser claramente una amenaza o un potencial peligro para más de dos países o incluso para una comunidad entera. En el caso del atentado del 11 de Marzo del 2004 ocurrido en Madrid, España, dicho acto se ha constituido en un factor de amenaza para América Latina por los alcances del hecho ocurrido, pues también murieron extra comunitarios distintos a los españoles.

A partir del atentado del 11 de Marzo del 2004, los controles migratorios fronterizos y la seguridad en Europa se ha visto reforzada. De la misma manera el atentando del 11 de Septiembre del 2002 ocurrido en Nueva York cambió la visión hemisférica americana en seguridad afectando a América Latina, Centroamérica y el Caribe los cuales modificaron sus parámetros de vigilancia en los aeropuertos tanto para vuelos comerciales como de carga para adaptarse estas nuevas circunstancias.

Es evidente entonces que en los delitos internacionales, el costo de los daños directos e indirectos no solo los soporta un Estado, sino que se extiende a otros países. De una manera u otra en los delitos internacionales, el efecto del acto ilícito forza a países distintos del país en donde se realizó el acto, a soportar los costos como aconteció después del atentado del 11 de septiembre del 2002 que obligó a muchos países al reforzamiento de las fronteras, el aumento del personal de seguridad en aeropuertos, la repatriación de cadáveres, la indemnizaciones a familiares de las víctimas entre otras medidas.



LA LESA HUMANIDAD DEL DELITO

Antes del Estatuto de Roma, los principios para el juzgamiento de los delitos de Lesa Humanidad se encontraban dispersos en varios países, al menos trece latinoamericanos se encuentran entre las casi 200 víctimas fatales de los atentados ocurridos en Madrid. Un ciudadano de origen chileno, un cubano, cuatro ecuatorianos, tres peruanos, dos hondureños y dos colombianos murieron en alguna de las 10 explosiones que sacudieron la capital española"

Disponible en línea en http / /news.bbc.co.uk/hi/spanish/latina_america/newsid; DW-WORLD DE "LA UNION EUROPEA BUSCA RESPUESTA A LA AMENAZA DEL TERRORISMO".

JURISDICCIÓN UNIVERSAL, CORTE PENAL INTERNACIONAL y DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Así, en Tiempos de Guerra, la categorización de los delitos de Lesa Humanidad estaba dado por las Convenciones de Ginebra y de la Hayé, mientras que en tiempo de Paz, este tipo de delitos estaban tipificados en Convenciones diversas, tales como "Los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y las sentencias del Tribunal de Nuremberg.

"La Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad" y "La Convención para la prevención y sanción del Delito de Genocidio".

A partir de la vigencia del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. comienza a tener dos funciones bien marcadas, por un lado codifica los principios y los tipos penales internacionales que se hallaban antes dispersos en varios pactos o tratados internacionales. Por otro lado regula las funciones de la Corte Penal Internacional. En la primera parte del Estatuto donde se encuentran codificados los tipos penales Internacionales, el artículo 7 del Estatuto de Roma describe algunos tipos que calzarían dentro de la definición dada por el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (Convenio 1); Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (Convenio 11); Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña; Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV); Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio I1I); Aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en 1950 y presentados a la Asamblea General. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968. Entrada en vigor: 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII .

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (I1I), de 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII. Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios, de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional.

"Artículo 7: Crímenes de lesa humanidad : 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

"Delitos de Lesa Humanidad", agregando características comunes a estos como los de "generalidad", "sistematicidad" y "conocimiento", sin embargo el "Estatuto" no entra a diferenciar entre Delitos Internacionales y Delitos de Lesa Humanidad. Nos inclinamos a pensar que los Delitos de Lesa Humanidad forman parte del género "Delitos Internacionales", y por lo tanto, siendo específicos contienen rasgos muy concretos que los diferencian de otros delitos.

De la lectura del numeral dos del artículo 7 del Estatuto de Roma, podemos deducir los contenidos de los Delitos de Lesa Humanidad. Así por ejemplo la acción de exterminar o exterminio corresponde de acuerdo al literal b del art 7 del "Estatuto" a "la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población". La acción de "esclavizar o la esclavitud" corresponde al "ejercicio de los atributos del derecho de la propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños". El Estatuto sigue describiendo de la misma manera la deportación, la tortura, el embarazo forzado, la persecución y la desaparición forzada de personas 10, sin embargo no encontramos en el Estatuto una característica a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g)Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física".

10 d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional; e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control.

Aquí se específica que diferencie a los Delitos de Lesa Humanidad de otros Delitos Internacionales. Por ejemplo, el terrorismo en la actualidad es un delito que en la mayor parte de los casos involucra a nacionales de más de dos países, sin embargo no encontramos específicamente el tipo de "terrorismo" en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Siguiendo esa línea, habría que mencionar también que en los delitos que describe el Estatuto de Roma, el exterminio, los embarazos forzosos o la esclavitud podrían ser ejecutados únicamente en un territorio determinado sin involucrar incluso a nacionales de otros países. Ante esto cabe plantearse la interrogante sobre la correcta ubicación de los delitos de lesa humanidad dentro del contexto de los Delitos Internacionales.

Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven. Únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas; f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo; g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad; h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen; i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejadas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

El genocidio acaecido en Ruanda es un buen ejemplo para explicar cómo algunos delitos de lesa humanidad, calificados como internacionales, se verifican en un territorio determinado únicamente entre nacionales de un país. Los días 6 Y 7 de 1994 fue el inicio del brutal genocidio que asoló Ruanda, tras el derribo del avión en el que viajaba el Presidente del país, Juvenal Havyarimana. El asesinato del presidente y sus acompañantes fue el detonante que puso en marcha la maquinaria del horror, que se había estado preparando minuciosamente desde mucho tiempo antes. Los datos de la tragedia que vino después son de sobra conocidos: más 800.000 muertos; 100.000 niños huérfanos; más de 2 millones de refugiados (que permanecieron en diversos países, sobre todo el Congo, hasta 1997, y varias decenas de miles que aún continúan fuera del país); miles de personas, civiles en su mayor parte, que participaron directamente en las atrocidades destrucción de la base económica del país. El genocidio perpetrado en Ruanda en 1994 se produjo exclusivamente entre facciones étnicas de Ruanda: los hutus, los tutsís Y hutus moderados.

La respuesta que demos a esta interrogante seguramente nos ayudará a aclarar las diferencias conceptuales que deben existir entre los Delitos de Lesa Humanidad y los otros Delitos Internacionales. Si nos fijamos bien en el concepto de "Delitos de Lesa Humanidad", estaremos de acuerdo con la naturaleza les va de este tipo de actos. Cuando hablamos de lesividad tenemos que señalar actos que infligen un daño de naturaleza irreparable. Ahora bien esa lesividad también se haya presente de manera individual o colectiva en el derecho penal interno de los países. La sanción(prisión o reclusión) de la norma penal es la envoltura de la venganza privada o colectiva que al no poder ser compensada pecuniariamente por el daño causado(pues es incuantificable) opta por el castigo, casi siempre relacionado con la supresión de dos o más derechos fundamentales (libertad de tránsito, libertad de expresión, derechos políticos etc ... )12. Entonces la lesividad que caracteriza a estos delitos corno su nombre lo indica ya no se desenvuelve en el ámbito individual o colectivo de una sociedad nacional sino que infringe el daño a la humanidad entera. Acá se hace necesario de nuevo plantearse otra interrogante, ¿Es posible efectivamente que un acto pueda causar de manera colectiva un daño a toda la Humanidad? En efecto la respuesta inicial es que no. Es evidente que los delitos cometidos por la dictadura de Pinochet en Chile, tuvieron sus efectos directos en los nacionales chilenos, y en algunos otros ciudadanos de otras nacionalidades, sin embargo sería imposible afirmar que estuvieron involucrados también los nacionales de Uganda y de Haití, así corno los de Islandia y Dinamarca y consecuentemente el resto de nacionalidades del mundo. El efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones, por un lado infringe un daño directo a un grupo de personas o un colectivo con características étnicas, religiosas o políticas. Es evidente que actualmente se le quiere dar una visión rehabilitadora al nuevo derecho penal, sin embargo estoy firmemente convencido que en definitiva el germen del Derecho Penal estriba justamente en el ánimo de venganza, ya sea colectivo o individual que busca infligir un castigo retributivo al daño efectuado. En su Ética a Nicómano, Aristóteles hace una diferencia entre la justicia conmutativa, la retributiva y la distributiva. En la justicia retributiva se sustituye el castigo físico proporcional por un castigo simbólico a manare de merito o demerito. A mi entender, la supresión de ciertos derechos fundamentales, es realmente el castigo que sufre el individuo en el Derecho Penal. Esta supresión es una especie de castigo que funciona a manera de demérito pero sin dejar de lado el "animus" original de la víctima que busca también se infrinja un daño a su victimario.

Es el que causa un daño por la vía de la representación a toda la humanidad. En la segunda dimensión la naturaleza del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos y se presume que tal tipo de hechos socava la dignidad misma de los individuos por el mero hecho de cometerlo a pesar de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países. Así entonces el daño que produce el delito de Lesa Humanidad se traslada por representación a toda la comunidad internacional, convirtiéndose en un delito internacional. He aquí la clave para la diferencia entre los delitos internacionales de lesa humanidad, de otros delitos internacionales. Al establecer esta diferencia suponemos que la humanidad está dispuesta a soportar un margen de daño en el cometimiento de cierto tipo de delitos internacionales, pues delitos de lesa humanidad constituyen precisamente el límite de soportable para la humanidad y el ser humano. En el terrorismo por ejemplo, su juzgamiento como delito internacional depende invariablemente que estén afectados otras nacionalidades en el atentado; en otros delitos internacionales como la piratería y el terrorismo indiscriminado, el daño causado se evalúa por los alcances y efectos que ha tenido en los no nacionales. La diferencia es muy clara al invocar un delito de lesa humanidad, pues el hecho de que no se encuentren involucradas "otras nacionalidades" en nada afecta para considerar tal acto como lesivo a la humanidad ya que a través de la representación la comunidad internacional recrea mentalmente el mismo daño y dolor que se infringió a ese grupo determinado de personas.

A diferencia de una jurisdicción focaliza da internacional, la jurisdicción universal depende estrictamente de la conexidad en los delitos en los que se involucre a personas nacionales de un país que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad fuera de su territorio. En esa línea de ideas, hay que señalar que organismos tales como la Corte Penal Internacional, La Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de la Haya son administraciones de justicia que focalizan la competencia de acuerdo al contenido de las convenciones, pactos y tratados que se encargan de vigilar.

La focalización implica la creación de un organismo adicional supranacional encargado exclusivamente de velar por ciertos contenidos. Así por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene competencia exclusivamente sobre las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto de San Salvador; la Corte Europea de Derechos Humanos, sobre las violaciones que se produzcan a la Convención Europea de Derechos Humanos y sus pactos adicionales, la Corte Internacional de la Haya, solo tiene competencia para juzgar las violaciones a los tratados que se produzcan entre países en el marco del sistema de protección de las Naciones Unidas. Como se deduce cada jurisdicción tiene límites en cuanto al contenido y a la forma al momento de conocer sobre delitos internacionales. La diferencia con la Jurisdicción Universal es que esta última permite a cualquier país, avocarse la competencia sobre delitos o violaciones a los derechos humanos, sea cualquiera que fuese la materia, siempre y cuando estén involucradas personas nacionales. La Jurisdicción Universal como su nombre lo índica, no es exclusiva sino inclusiva, pues no excluye la posibilidad de que cualquier país del mundo puede iniciar acciones legales tendientes a reclamar la competencia para juzgar delitos cometidos sobre sus nacionales en un país distinto que el suyo.

Ahora bien, la concepción general teórica de la jurisdicción universal ya ha tenido antecedentes jurisprudenciales en países cuya legislación penal expresamente reconoce tal principio. En la causa penal No A.1. No 230 del 26 iniciada el 26 de febrero de 1999 por el Juez Noveno de Turno de Asunción, Dr. Martin Almada , se resuelve admitir una denuncia efectuada por violaciones a la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas contra ciudadanos paraguayos efectuada por miembros de las fuerzas militares, Policíales y parapolicíales y de seguridad de la Republica Argentina por las operaciones realizadas entre 1976 y 1977 más conocida como operación Cóndor.

Dentro de su parte expositiva el Juez Penal de la causa admite la denuncia con base al artículo 8 numeral 1 inciso 7 del código penal paraguayo que expresamente reconoce el principio de la JURISDICCION UNIVERSAL.

Asimismo en España se han sentado dos importantes antecedentes jurisprudenciales sobre la jurisdicción universal, por un lado dentro del expediente 19/97 iniciado por el Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la ciudad de Madrid 14, se establece la competencia de España para juzgar los asesinatos y desapariciones cometidos a españoles en Argentina durante la dictadura de 1976 a 1983. En el expediente citado y en una interesante resolución del pleno de de la Sala de lo penal de la audiencia nacional, a raíz de una apelación que se interpuso contra el proceso, se menciona como base para el juzgamiento el artículo 23, apartado cuatro de la Ley Orgánica del Poder.

Sin embargo todavía no está claro si la jurisdicción universal para perseguir delitos de lesa humanidad requiere de una ley interna expresa que la reconozco o si a través de la de la incorporación del derecho internacional en el derecho interno pueden derivarse los efectos de la jurisdicción universal. Siguiendo esa línea de argumentación, es interesante comentar que dentro del auto de la sala de la Audiencia Nacional confirmando la jurisdicción de España para conocer los crímenes de genocidio y terrorismo cometidos durante la dictadura argentina, en el punto 2, la sala se dedica a interpretar los alcances del artículo 6 de la Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio. Al respecto vale la pena transcribir la mencionada norma: " art 6.- Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción"

De la lectura de la norma podríamos inferir los siguientes puntos:

-La competencia inicial para juzgar este tipo de delitos se radica en los tribunales competentes del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido.

- La competencia alternativa la tiene una corte penal internacional competente de acuerdo a los pactos y tratados que haya reconocido las partes.

El arto 6 no establece nada acerca de la competencia de un Estado fijo nacionales hayan sido víctimas de un delito en otro territorio, por lo que debe suponerse que no excluye tal posibilidad. Fijémonos que en los antecedentes de los países que han aplicado la jurisdicción universal, se nota una característica muy común: los propios Estados en donde se cometieron los delitos no habían iniciado acción legal alguna contra los autores, cómplices o encubridores de tal tipo de actuaciones. A la luz del los artículos 119, 420, 21 de la Convención en concordancia con el artículo 27 de la Convención de Viena, deducimos que el espíritu de la creación de normas penales internacionales es precisamente que estos actos que afectan a un gran conglomerado humano no se queden en la impunidad.

Si interpretáramos textualmente el artículo 6 de la Convención, podríamos caer en el absurdo jurídico de que actos calificados de genocidio no sean juzgados o bien porque ellos tribunales de justicia del país donde se cometieron los hechos no han iniciado las acciones legales pertinentes o bien el Estado en donde se cometieron los hechos ha concedido un indulto general a todos los que participaron como autores, cómplices o encubridores de tales hechos (caso de los terroristas argentinos, cubanos, españoles, italianos cometidos en Argentina. No hay que olvidar que la vigencia de la actual Corte Penal Internacional sigue siendo de naturaleza complementaria.

Las Partes contratarites confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar. "

Las personas que hayan cometido genocidio era de los otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares.

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo.

Es decir, la competencia de la Corte Penal Internacional solo puede ser ejercida cuando existe un conocimiento previo del caso por un tribunal de justicia del país donde se cometió el acto; únicamente de manera excepcional es que la Corte Penal Internacional de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 17 puede evaluar las razones por las cuales no se puede llevar a cabo el juicio contra una determinada persona. Para ello es necesario tener en cuenta también que el resto de las excepciones contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 17 se refieren al no agotamiento de los recursos internos, es decir cuando existe un proceso en marcha que por varias razones no ha podido concluir de manera que sólo el numeral tercero plantea la posibilidad de llevar un caso a la Corte Artículo 17

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