Johnston juan alberto y otros c. Aguas bonaerenses sociedad anonima (absa) s. Amparo



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JOHNSTON JUAN ALBERTO Y OTROS c. AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANONIMA (ABSA) s. AMPARO”

En la ciudad de Mar del Plata, a los 08 días del mes de octubre del año dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-4205-DO0 “JOHNSTON JUAN ALBERTO Y OTROS c. AGUAS BONAERENSES SOCIEDAD ANONIMA (ABSA) s. AMPARO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Sardo, Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial Dolores rechazó la acción de amparo promovida por Juan Alberto Johnston y otros contra Aguas Bonaerense S.A. (A.B.S.A.), por considerar que la vía del amparo no es la idónea para canalizar la pretensión deducida y por no vislumbrar la arbitrariedad e ilegalidad manifiestas en el obrar de la accioada [v. fs. 205/208].



II. Notificada la parte actora de dicho pronunciamiento el 30-05-2013 [cfr. cédula obrante a fs. 209/213], el coactor Sr. Javier Delli Quadri –por su propio derecho- articuló con fecha 05-06-2013 recurso de apelación fundado [v. fs. 219/224], concedido por el a quo en relación y con efecto devolutivo [cfr. fs. 225].

III. Habiéndose notificado el 7-06-2013 del referido auto, la demandada replicó –con fecha 14-06-2013- el memorial de agravios de su contraria [v. fs. 228/229], ordenándose a fs. 232 la elevación de los autos a esta Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.

IV. Recibidas las actuaciones en este Tribunal [cfr. fs. 233 in fine], y puestos los autos al Acuerdo para resolver sobre la admisibilidad del recurso y, en su caso, para Sentencia [v. fs. 234] –providencia que se encuentra firme- corresponde votar y plantear la siguiente

CUESTION

¿Es fundado el recurso interpuesto?



A la cuestión planteada, la señora Juez doctora Sardo dijo:

I.1.a. La juez a quo precisó que la presente acción de amparo fue interpuesta por los actores, quienes denunciaron un inminente corte del servicio de agua potable e impugnaron –asimsimo- la deuda reclamada, tildándola de irrazonable, fuera de lugar y violatoria de elementales principios constitucionales.

Sobre tales antecedentes, precisó los recaudos del amparo emergentes de los arts. 43 de la Constitución nacional, 20 de la Constitución provincial y de la ley 13.928 en el orden local, especificando que tal acción excepcional ha de ser utilizada siempre y cuando no exista otro remedio judicial más idóneo.

En ese marco –razonó-, para analizar la procedencia de toda acción de amparo hay que determinar previamente si el legislador no ha previsto una vía judicial más apta para la sustanciación del caso, concluyendo –de un lado- que la pretensión de readecuar los montos atinentes al efectivo consumo de la propiedad de los actores no podía encontrar en el amparo su ámbito adecuado de discusión, ya que existen vías administrativas e incluso la justicia ordinaria a tal fin.

Desde otro mirador, analizó el corte de suministro de agua, verificando que el Decreto N° 878/03 obliga a la entidad prestadora a garantizar el abastecimiento mínimo vital. Con tal norma en mira, descartó una actuación manifiestamente arbitraria e ilegal de parte de la accionada y, sin más, rechazó la acción de amparo articulada.



2. El coactor recurrente discrepa con el pronunciamento de grado pues entiende que, para el caso, no existen otras vías administrativas y/o judiciales que permitan obtener tutela ante la pretensión de la concesionaria de cortar el servicio por falta de pago de las facturas, por montos que tilda de desmesurados.

Entiende que la vía administativa fue arbitrariamente desconocida por la concesionaria ya que, sin atenerse al procedimieto previsto en el art. 53 de la ley 11.820, procedió a notificar el corte del servicio, sin permitirle recurrir al organismo de control (OCABA) como tampoco a intimarlo al pago de la deuda –tal como lo prevé el Decreto N° 878/03-. Sin perjuicio de ello no soslaya que la doctrina tiene dicho que la vía adminstrativa no es un requisito de admisibilidad de la acción de amparo.

Destaca la naturaleza del derecho constitucional comprometido en el sub lite y la obligación impostegrable de la autoridad pública de garantizar ese derecho mediante la toma de un curso de acciones positivas al respecto.

En último término aduce que dada la finalidad preventiva que también caracteriza a la acción de amparo no es necesario acreditar un daño consumado y, en ese orden, la supresión del suministro de agua potable por falta de pago torna procedente la vía intentada. Es inminente –en su parecer- la posibilidad de corte del servicio ante la falta de pago y la imposibilidad de verificar el parámetro de “provisión vital”, ante la ausencia de pautas en la ley que lo determinen.



3. La accionada replica los agravios ponderando el acierto de la decisión del juez de la instancia y reprochando al amparista no haber producido prueba alguna en orden a la demostración de la conculcación denunciada.

II. Estimo que el recurso no puede prosperar.

1. El pronunciamiento en crisis -que rechaza la demanda instaurada-, encuentra sustento en dos pilares centrales, a saber: i) de un lado, la inidoneidad de la vía del amparo por cuanto existen vías tanto administrativas como judiciales para canalizar el reclamo impetrado, y ii) de otro, la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en el obrar de la empresa prestadora del servicio público de agua corriente, ya que su abastecimeinto mínimo –aún en caso de falta de pago- está garantizado por Decreto N° 878/03.

Para atacar el primero de tales cimientos, el apelante sostuvo que la accionada violó el procedimiento establecido por la ley 11.820 ya que procedió a notificarle el corte del servicio sin permitirle acudir al organismo de control (OCABA) y tampoco le intimó el pago de la deuda en los términos del Decreto N° 878/03; en tanto que al objetar el segundo capítulo del pronunciamiento lo hace aduciendo que la suspensión del suministro de agua torna procedente la vía del amparo.



2. Contemplando el panorama trazado, corresponde –liminarmente- analizar el mérito de la crítica esbozada por el recurrente sobre la inidoneidad de la vía del amparo para canalizar el reclamo instado en el sub lite. Adelanto que el cuestionamiento sobre el particular no alcanza el umbral básico de pericia recursiva necesario para tener por fundado el remedio articulado.

Tal como fuera reseñado supra (punto 1. del presente apartado), el fallo de la instancia rechaza la acción de amparo interpuesta con fundamento en que –de un lado- la vía intentada resulta inidónea para canalizar el reclamo impetrado y –de otro- que no se evidencia ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en el obrar de la empresa demandada.

Para arribar a tal conclusión, el a quo encontró en el procedimiento previsto en la ley 11.820y aún en las vías ordinarias- el cauce idóneo para encaminar la pretensión actoral.

El recurrente impugna el pronunciamiento de grado, sosteniendo –únicamente- que la accionada ha violado el procedimiento previsto en la ley 11.820 y en el Decreto N° 878/03, pretendiendo con ello dar respuesta a la conclusión del juez de la instancia.



3. Tal cuestionamiento, desarrollado en el memorial de fs. 219/220 [v. punto “1. Primer Agravio”], no traduce –en los hechos- más que una por demás superficial disconformidad con lo resuelto por el a quo, y luce insuficiente en tanto no se hace cargo de los cimientos en los cuales aquél apuntaló su decisión ni brinda adecuadas razones que convenzan a este Tribunal sobre la procedencia del remedio intentado.

Basta para advertir la circunstancia antedicha, que más allá de las escasas manifestaciones vertidas por el apelante en lo que respecta a la idoneidad de la acción de amparo –como vía apta para evitar el grave daño que el corte del suministro le generaría de no pagar la deuda reclamada-, no esgrimió crítica alguna tendiente a cuestionar el modo en que el sentenciante de grado descartó la existencia –en el caso de marras- de un obrar manifiestamente ilegítimo o arbitrario de la demandada, que permita a esta Alzada revisar lo decidido (argto. esta Cámara, causa A-1572-MP0 “Paparella”, sent. del 9-II-2010).

Repárese que el a quo, al adentrarse en el examen de la actividad desplegada por la empresa concesionaria del servicio público de agua potable, en oportunidad de examinar la procedencia del amparo promovido –encaminado a obtener la readecuación de la deuda que el actor mantiene con la accionada [v. fs. 207/208] y a evitar el corte del suministro-, se expidió respecto de la ausencia de ilegitimidad o arbitrariedad en el obrar de la demandada, a partir de las previsiones del Decreto N° 878/03 –que garantiza el abastecimiento mínimo de agua potable- e incluso del reconocimiento de los propios amparistas sobre la legalidad del obrar de la accionada, lo que lo llevó a concluir que debía rechazarse el remedio constitucional intentado.

Confrontando el contenido del memorial de agravios con lo expuesto por el magistrado de primera instancia sobre el punto antes referido, se advierte que el apelante no ha blandido un solo argumento dirigido a refutar tal sostén medular del pronunciamiento impugnado, limitándose a replicar –también parcialmente- en favor de la idoneidad del carril escogido. De allí que, aún presuponiendo que con tales escuetas manifestaciones se lograra conmover lo decidido respecto de la improcedencia de la vía del amparo, el apelante ha dejado indemne el desarrollo argumental seguido por el sentenciante de grado para declarar la ausencia de ilegitimidad manifiesta del obrar de la demandada y rechazar así la acción de amparo, careciendo sus expresiones, por ello, de virtualidad para conmover lo decidido por el a quo en cuanto ha pretendido ser materia de agravio (cfr. argto. doct. esta Cámara causas G-912-MP2 “Rodríguez”, sent. de 14-IV-2009; A-1452-MP0 “Waitzman”, sent. del 11-VIII-2009; A-985-MP0 “César”, sent. del 3-IX-2009; A-1614-MP1 “Grippaldi”, sent. del 10-XII-2009).

Tal poquedad argumental, como se observa, me impide -en el caso- abordar el examen de dicha cuestión.

En tal contexto, es preciso recordar que la fundamentación de la apelación constituye la cuña que busca desbaratar la ratio decidendi que sostiene la solución consagrada en el fallo recurrido, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez de la instancia, sin hacerse cargo de los fundamentos de la decisión en crisis, toda vez que la postulación recursiva requiere una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (cfr. doct. esta Cámara causas A-503-DO0 “Chimento”, sent. del 22-V-2008; A-830-BB0 “Urra”, sent. del 11-XII-2008; A-1238-MP0 “Bisso”, sent. de 18-VI-2009; A-1452-MP0 “Waitzman” y A-985-MP0 “César”, citadas); ello implica que la eficacia de esta vía recursiva se encuentra supeditada -o mejor dicho condicionada- a la realización de un examen razonado y minucioso del pronunciamiento atacado, refutando pormenorizadamente los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales él descansa (cfr. doct. esta Cámara causa A-1369-MP0 “De Los Santos”, sent. de 21-V-2009; G-616-BB1 “Giner”, sent. del 14-X-2009; A-1614-MP1 “Grippaldi”, citada) y –en su caso-, poniendo de relieve -concreta y detalladamente- las circunstancias o elementos no tenidos en cuenta o mal interpretados por el sentenciante de grado, de los cuales se desprenda una conclusión opuesta a la recaída en el fallo impugnado (argto. doct. S.C.B.A., causa Ac. 76.615 “Moliner”, sent. del 11-VII-2001; esta Cámara causa A-1204-MP0 “Pervieux”, sent. de 12-V-2009).

El libelo recursivo –como se patentizó precedentemente- luce, en tal parcela, apartado de tales exigencias inexcusables (cfr. doct. esta Alzada causa A-1243-MP0 “Goicoechea”, sent. del 10-III-2009) y no logra superar el umbral de suficiencia exigido por el art. 260 del C.P.C.C. (cfr. doct. esta Alzada causa A-955-MP0 “Bustos”, sent. del 18-XII-2008; A-1258-DO0 “Tome”, sent. de 12-V-2009).

III. Por los fundamentos brindados, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 219/221 por el coactor Sr. Javier Delli Quadri, confirmando –en consecuencia- la sentencia impugnada en cuanto rechazó la acción de amparo interpuesta por los amparistas. En cuanto a las costas de alzada, deberían ser soportadas por el apelante perdidoso (art. 19 de la ley 13.928 –y modif. introducidas por ley 14.192-).

Voto a la cuestión planteada por la negativa.



A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:

I. Respetuosamente habré de disentir con la solución propuesta en el voto de la colega ponente por cuanto entiendo que los argumentos que porta la apelación en análisis satisfacen el umbral de pericia recursiva que exigen las normas del rito y habilitan, por consiguiente, la jurisdicción revisora que compete ejercer a este Tribunal. Por tal razón he de abocarme en lo que sigue al examen de los agravios sustanciales blandidos en el memorial de apelación, aunque previamente repasando –para una mayor claridad expositiva- los antecedentes que precedieron al arribo de la causa a estos estrados.

En tal faena cabe tener presente que:



1. Los Sres. Ana María Pollastro, Carlos Corti, Javier Delli Quadri y Juan Alberto Johnston promovieron la presente acción de amparo con el objeto de obtener un pronunciamiento judicial que condenara a la demandada –A.B.S.A- a que: (a) se abstenga de efectuar el corte del servicio sanitario prestado sobre el inmueble ubicado en la calle Larrea 590 de la ciudad de General Belgrano y (b) proceda a recalcular la deuda reclamada extrajudicialmente por la concesionaria del servicio, en atención a su manifiesta irrazonabilidad.

En aquella oportunidad –y en lo que aquí resulta relevante- denunciaron: (a) que en el inmueble referenciado -de propiedad de los Sres. Delli Quadri y Polastri- se encontraba emplazado un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, cuya construcción había finalizado en el año 2009; (b) que por cuestiones administrativas se encontraba pendiente –al momento de interposición de la acción- la escrituración de cada una de las unidades funcionales, razón por la cual las facturaciones del servicio sanitario –impugnadas mediante la presente acción- resultaban expedidas a nombre de los titulares dominiales del bien en el que se asentaba el edificio; (c) que una vez culminada la obra, comenzaron a producirse importantes variaciones en los importes facturados por el uso del servicio, los que resultaban a todas luces excesivos e irrazonables y que les fueron imposibles de abonar; (d) que ante tal panorama y tras haber realizado sucesivos reclamos, con fecha 05-07-2012 se presentaron en la sede de la demandada, impugnando las liquidaciones de deuda y solicitando se procediera a revisar el medidor correspondiente a fin de verificar el efectivo consumo; (e) que en fecha 05-09-2012, recibieron por correo una misiva con la respuesta a su reclamo, en la que el responsable de la Unidad Comercial de A.B.S.A. –Pablo Rey- informó que la variación en la facturación, obedecía a los mayores consumos registrados por el medidor instalado en el predio por la empresa; (f) que el día viernes 14-09-2012, recibieron otra misiva en la que se les comunicaba que se procedería al corte del servicio de provisión de agua potable, si no se efectuaba la cancelación de la deuda el día martes 18-09-2012.

Asimismo, manifestaron que el amparo resultaba la vía idónea para encausar su reclamo, argumentando que se encontraban reunidos en la especie los recaudos de procedencia prescriptos por la Constitución Provincial. En tal sentido, expusieron que el obrar de A.B.S.A. resultaba manifiestamente arbitrario e ilegítimo, por cuanto violaba las prescripciones de la ley reglamentaria del servicio público de provisión de agua potable: de un lado, desde que la concesionaria había procedido a efectuar el aviso de corte omitiendo cursar las intimaciones de pago que la normativa exigía como condición previa para ello; y de otro, por cuanto se encontraba pendiente -al tiempo del aviso-, el plazo de treinta días con el que contaban para interponer un recurso administrativo ante el organismo de contralor.

Señalaron –a su vez- que el proceder de A.B.S.A. resultaba susceptible de poner en peligro -en forma inminente- el derecho a la salud y a la vida de los residentes del edificio, por lo que peticionaron –con carácter urgente- que se ordenara a la empresa demandada a que se abstenga de efectuar el corte de tan elemental y vital servicio.



2. Al pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, la juez de grado señaló que la acción de amparo no resultaba ser la vía procesal adecuada para resolver la impugnación de la deuda determinada por la demandada, toda vez que los actores contaban para ello con los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios.

Asimismo -y con relación a la pretensión encaminada a impedir el corte del suministro de agua potable- expuso que a la luz de la normativa vigente –decreto 878/03-, A.B.S.A. se encontraba impedida de disponer el corte total del servicio, por cuanto pesaba sobre ella la obligación de garantizar a los usuarios un abastecimiento mínimo vital.

Con lo anterior presente, entendió que la actuación de la concesionaria del servicio, lejos estaba de trasuntar un comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegítimo que justificara la procedencia de la acción intentada, por lo que resolvió rechazarla, imponiendo las costas del proceso a los accionantes vencidos.

3. En el escrito de apelación de fs. 219/224, el coactor -Javier Delli Quadri- manifiesta disconformidad con lo resuelto por el juez de grado, estructurando su crítica sobre dos ejes centrales:

(a) Por un lado, defiende la idoneidad de la acción de amparo, como el remedio más apto para hacer cesar el comportamiento ilegítimo desplegado por la empresa concesionaria del servicio público.

Refuta los argumentos expuestos por la sentenciante, indicando que la vía administrativa con la que contaban para impedir la inminente restricción del servicio, fue arbitrariamente soslayada por A.B.S.A. al remitir el aviso de corte encontrándose pendiente el plazo que tenían para interponer contra la resolución de fecha 03-08-2012, el recurso directo ante el Organismo de Contralor. Sostiene que de no habérseles privado la instancia de revisión, bien podrían haber discutido en sede administrativa las cuestiones atinentes a la facturación y al corte del servicio.

Y por otra parte, denuncia que tampoco la accionada ha cumplido con las prescripciones del decreto N° 878/03, que le imponían como recaudo previo para ejecutar cualquier medida orientada a la restricción del servicio, la obligación de efectuar –por escrito- al menos una intimación de pago previa al aviso de corte.

(b) En otro segmento de su pieza recursiva, cuestiona la parcela del pronunciamiento de grado que declara que, en virtud de lo prescripto por los arts. 60 y 61 inc. b) de la aludida normativa, el planteo tendiente a evitar el corte del servicio, había devenido abstracto.

Contra ello postula que la inminente lesión al derecho a la salud existe, sin perjuicio de que la ley garantice un suministro mínimo de agua a los usuarios y que -además- no existe reglamentación alguna que indique cuál resulta ser aquel abastecimiento mínimo que debe prestar.

Expone que el derecho al agua –como elemento fundamental de la vida- encuentra tutela tanto en nuestro ordenamiento constitucional nacional y provincial, como en numerosos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Cita antecedentes jurisprudenciales en los que sustenta su postura, y con todo lo anterior presente, solicita a este Tribunal la revocación de lo decidido por el a quo.



4. Materializando su derecho a réplica, la empresa demandada –tras coincidir en lo sustancial con los fundamentos expuestos por la sentenciante de grado-, solicita se rechace el recurso de apelación presentado por el coactor y se confirme el pronunciamiento de grado.

II. El recurso prospera con el alcance que se expondrá a continuación.

A fin de garantizar la mejor compresión del voto que me atañe, estimo prudente analizar en forma individual cada uno de los pedimentos concretos que integran la pretensión actoral, y así determinar si asiste –o no- razón al apelante, en cuanto postula que el amparo resulta ser la vía idónea para resolver el dilema traído a conocimiento de la judicatura.



1. a. En primer término, no paso inadvertido que en el escrito de demanda los amparistas denunciaron que la empresa demandada había soslayado arbitrariamente el procedimiento administrativo con el que contaban para discutir la composición de la deuda determinada por la concesionaria del servicio, al cursar el aviso de corte encontrándose aún pendiente el plazo para recurrir ante el organismo de contralor.

Empero, también reconozco, que dicha omisión procedimental no justifica -por si sola- el tránsito por este excepcional carril constitucional para ventilar aquella compleja pretensión de análisis sobre el modo de determinación de la tarifa que, en las distintas oportunidades señaladas en la demanda, se le pretendió cobrar por parte de la concesionaria. En efecto, ante la naturaleza y dificultad que reviste la cuestión, los procesos judiciales ordinarios se presentan como más aptos para que las partes puedan alegar y probar, cada uno de los hechos y circunstancias que permitan determinar la existencia -o inexistencia- de la ilegitimidad que se denuncia en la composición de las facturas expedidas por la demandada. Repárese en este sentido que los cálculos tarifarios para efectuar la liquidación del suministro de agua potable se realizan mediante fórmulas complejas, circunstancia que pone en evidencia que el asunto requiere, para su elucidación, del desarrollo de una exhaustiva actividad probatoria y un agudo análisis del contexto fáctico, técnico y jurídico implicado en la causa, que excede –en el caso- el acotado marco cognoscitivo del amparo (argto. C.S.J.N. in re “Provincia de San Luis c. Consejo Vial Federal”, sent. del 27-III-2007; esta Cámara causa A-870-MP0 “Terreni”, sent. del 14-X-2008).

Para más, la precedente conclusión se mantiene a poco de constatar que por el art. 58 in fine del Reglamento del Usuario, el tránsito por aquella vía recursiva no resultaba condición ineludible para acceder a la jurisdicción a fin de obtener –como corolario de un proceso ordinario- un pronunciamiento judicial que resolviera definitivamente el cuestionamiento suscitado en torno a los consumos facturados.

b. Distinto temperamento estimo que corresponde adoptar en torno a la idoneidad del amparo respecto de la restante petición que integra la pretensión actoral.

En este orden, habré de acompañar la posición que sustenta el apelante, en tanto una apreciación racional de lo acontecido en la instancia administrativa justifica, en mi parecer, la procedencia de la acción de amparo intentada, como medio para evitar la inminente privación de un recurso natural que deviene ineludible para garantir su derecho a la vida, primero de los derechos de rango constitucional (argto. doct. C.S.J.N. Fallos: 331:453; 329:4918; 329:2552 entre otros).

Tras analizar detalladamente las constancias acompañadas a la causa, considero que el siguiente material probatorio resulta conducente para responder el interrogante que abre este apartado: (i) la nota presentada por el Sr. Johnston en fecha 05-07-2012, impugnando el informe de deuda correspondiente a la Cuenta Nº 1089455 y -particularmente- las facturaciones de los períodos 06/09; 07/09; 10/09; 11/09; 08/11; 09/11; 10/11 y 11/11 [cfr. fs. 9]; (ii) la respuesta desestimatoria de dicho reclamo, emitida mediante nota de fecha 03-08-2012, firmada por el responsable de la Unidad Comercial de A.B.S.A. [cfr. fs. 10]; (iii) la misiva remitida por la empresa demandada a los actores, notificando el inminente corte del suministro de agua, cuya recepción data del día 14-09-2012.

He de aclarar, que no soslayo que la parte demandada en oportunidad de contestar el traslado de la acción desconoció –en forma genérica- la veracidad de las constancias documentales acompañadas por los amparistas. Empero, también reconozco que las piezas arriba mencionadas –agregadas a fs. 10/12- aparecen redactadas en papel con membrete perteneciente a la sociedad accionada -una de ellas con una firma ilegible y, debajo de esta, un sello aclaratorio de la empresa-, lo que razonablemente me persuade en virtud de las reglas de la sana crítica- de que han sido emitidas por la parte demandada (arts. 163 inc. 5, 2do. párrafo y 384 del C.P.C.C.). Cuadra subrayar -además-, que hubiera resultado inoficiosa la producción de prueba informativa tendiente a verificar su autenticidad, cuando quien debía expedirse sobre el punto resultaba ser la misma parte que las había desconocido en forma previa.

Aclarado lo anterior y con relación a los hechos expuestos en el escrito constitutivo de la presente acción, resulta de relevancia destacar los siguientes: (i) que los actores recibieron la respuesta a su reclamo en fecha 03-09-2012 y que (ii) la empresa demandada omitió cursar las intimaciones previas al aviso de corte, del modo que lo prescribe la normativa aplicable.

Ahora bien, del cotejo de las normas que reglamentan el núcleo de esta controversia, con las circunstancias probadas de la causa, se vislumbra no solo la idoneidad de la vía intentada –por el peligro inminente que representaba el anoticiamiento de corte de servicio vital- sino también una lesión manifiesta a las garantías fundamentales de los amparistas como usuarios del servicio público de agua potable.

Es que –por un lado- la empresa demandada remitió el aviso de corte en fecha 14-09-2012, cuando los usuarios habían sido notificados de la resolución desestimatoria de su reclamo el 03-09-2012, encontrándose aún pendiente el plazo de treinta (30) días con el que contaban para interponer el recurso directo ante el Organismo de Contralor –O.C.A.B.A.-[cfr. art. 51 del Decreto Provincial N° 878/03 –convalidado por ley 13.154- “Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios Públicos de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires” y 57 del “Reglamento del Usuario” del Servicio sanitario prestado por A.B.S.A.]. Indirectamente abortado por A.B.S.A. tal cauce procedimental, los amparistas se vieron privados de obtener la revisión por la autoridad administrativa competente del reclamo presentado ante el prestador del servicio, frustrando con ello la posibilidad de instar -abierta esa instancia de contralor- el ejercicio de la competencia que la normativa aplicable le confiere al órgano técnico revisor para suspender provisoriamente la acción de corte de suministro [cfr. 41 punto 2.2 “Reglamento del Usuario” del Servicio sanitario prestado por A.B.S.A.].

Adicionalmente, la ilegitimidad en el proceder de la demandada queda en evidencia, cuando se advierte que ha incumplido con las intimaciones de pago previas que –conforme el marco regulatorio aplicable- debía cursar por fuera de la facturación, como condición inexorable para ejercer la facultad de corte del suministro de agua. Ningún argumento ha brindado la demandada para desvirtuar las alegaciones que en ese sentido expusieran los amparistas en el escrito constitutivo de su pretensión, ni tampoco obran en la causa constancias probatorias que acrediten el cumplimiento de dichas prescripciones que –con fines tuitivos a los derechos fundamentales del usuario- consagran los arts. 61 del decreto 878/03 y 41.1.2 del mentado reglamento.

En suma, el conjunto de circunstancias analizadas permiten, sin hesitación, concluir que en la especie la acción constitucional se presenta como idónea para provocar la intervención de la jurisdicción en pos de evitar el corte o cualquier tipo de restricción del servicio de agua potable que reciben los amparistas, hasta tanto se brinde tratamiento y resolución a los cuestionamientos que, formulados por los usuarios peticionantes, giran en torno de la composición tarifaria que se pretende aplicar y cobrar respecto de inmueble involucrado en esta contienda.

2. No puede pasar inadvertido que en el sub lite se encuentra comprometido derecho al acceso al agua potable como Derecho Humano fundamental, reconocido en la cúspide misma de nuestro derecho positivo (arts. 75 inc. 22, Constitución nacional; 11 y 12 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales) y definido como el derecho de todos a disponer de una cantidad suficiente de agua salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico (párr. 2 de la O.G. 15).

Por ello, teniendo presente que el amparo es un proceso utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carecer de otras vías idóneas o aptas, existe un peligro actual o potencial de la protección de derechos fundamentales y tratándose en el caso de salvaguardar uno con estrecha vinculación con la protección de la vida y la salud de los habitantes, la vía elegida no resulta irrazonable [cfr. C.S.J.N. Fallos 331:563, por remisión al dictamen de la Procuración General]. Y tal conclusión se ve reforzada si nos atenemos a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto afirma que la Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios a los consumidores a brindarles un trato digno (art. 42 Constitución Nacional), lo que implica que se deben adoptar medidas para que sea atendido como una persona humana con dignidad [Fallos 331:819].



En la especie, el mandato constitucional precedentemente señalado fue manifiestamente desoído por el prestador del servicio: no solo le impidió a sus usuarios transitar los senderos procedimentales estatuidos en defensa de sus intereses, sino que además, soslayando la reglamentación aplicable ilegítimamente lo colocó en la peligrosa e inminente situación de corte de un servicio vital.

En nada obsta a lo anterior el hecho que la legislación garantice un suministro mínimo de agua potable para el supuesto de restricción del servicio por falta de pago. Es que esa garantía acuñada a favor del usuario recién resultaría operativa luego de haberse dispuesto, en los términos y siguiendo el procedimiento reglado, la medida de restricción del suministro. Ahora bien, en la causa, mal pudo llegarse a la amenaza de la concecionaria de interrupción de la prestación, por cuanto –como se patentizara supra- no se cumplieron con los recaudos exigidos en la reglamentación con carácter previo al anoticiamiento de corte.

3. Con todo, siendo que la restricción del suministro de agua potable implica la privación de un bien invalorable, irremplazable y vital para la subsistencia, que -sin lugar a dudas- su carencia implica un menoscabo y pronunciado detrimento de un digno y mínimo standard de calidad de vida, perjudicando notoriamente las condiciones de higiene y salubridad de los peticionantes, entiendo que se encuentran configurados en el sub examine los recaudos de procedencia formal y sustancial que ameritan el acogimiento de la acción constitucional en los términos que se indican en el apartado siguiente.

III. Con todo, he de proponer al Acuerdo acoger parcialmente la acción de amparo, declarando la ilegitimidad del anoticiamiento de corte de suministro formulado por A.B.S.A. con fecha 14-09-2012, ordenando –consecuentemente- a la accionada a que se abstenga de llevar a cabo el corte o cualquier tipo de restricción del servicio de agua potable que reciben los amparistas, hasta tanto se brinde tratamiento y resolución a los cuestionamientos que, formulados por los usuarios peticionantes, giran en torno de la composición tarifaria que se pretende aplicar y cobrar respecto de inmueble sito en la calle Larrea Nº 590 del Partido de General Belgrano [unidad de facturación Nº 1089455]. Las costas de ambas instancias se deberían imponer a la accionada por su objetiva condición de vencida [arts. 19 y 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192; 68 y 274 del C.P.C.C.].

Con el alcance indicado, voto a la cuestión planteada por la afirmativa.

El señor Juez doctor Mora por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la afirmativa.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:



SENTENCIA

1. Por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 219/221 por el coactor Sr. Javier Delli Quadri, revocando, en consecuencia, la sentencia de grado de fs. 205/208, declarando la ilegitimidad del anoticiamiento de corte de suministro formulado por A.B.S.A. con fecha 14-09-2012 y ordenando a la accionada a que se abstenga de llevar a cabo el corte o cualquier tipo de restricción del servicio de agua potable que reciben los amparistas, hasta tanto se brinde tratamiento y resolución a los cuestionamientos que, formulados por los usuarios peticionantes, giran en torno de la composición tarifaria que se pretende aplicar y cobrar respecto de inmueble sito en la calle Larrea Nº 590 del Partido de General Belgrano [unidad de facturación Nº 1089455]. Las costas de ambas instancias se imponen a la accionada por su objetiva condición de vencida [arts. 19 y 25 ley 13.928, t.o. ley 14.192; 68 y 274 del C.P.C.C.].

2. Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del decreto ley 8.904/77).

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. Fdo: Dres. Adriana M. Sardo – Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – María Gabriela Ruffa, Secretaria.


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