Kogan, Soria, de Lázzari



Descargar 115.5 Kb.
Página2/2
Fecha de conversión10.01.2017
Tamaño115.5 Kb.
1   2

A la cuestión planteada el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. Adhiero al voto de mi distinguida colega, doctora Kogan, aunque en relación al punto 2 del capítulo VII he de formular las siguientes consideraciones.

II. 1. Tal como lo he puesto de manifiesto anteriormente (causa B. 59.986, "Caselli", sent. del 16 II 2005), importa destacar que el desarrollo que sigue tienen en miras apuntalar de la mejor forma posible la regla de la defensa en juicio que  como es sabido  posee sus raíces en el derecho constitucional, local (art. 15), nacional (art. 18) y supranacional (arts. 75 inc. 22 y 8 del Pacto de San José de Costa Rica).

Como he sostenido antes de ahora (causa B. 56.626, "Suárez", sent. del 17 XII 2003) las reglas del debido proceso legal que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada "Pacto de San José de Costa Rica", en cuanto proclama que toda persona tiene el derecho de ser oída, con las debidas garantías, para la determinación de sus derechos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1.), y el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo (art. 8.2.g.) y a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada (art. 8.2.b.), son enteramente aplicables en este ámbito.

2. En el procedimiento administrativo, la defensa en juicio no sólo funciona como una garantía para el particular, sino que al propio tempo permite asegurar la eficacia de dicho trámite, en el que, obviamente, se encuentra comprometido el interés público.

De tal modo, debe señalarse que la adecuada observancia del debido proceso opera como mecanismo de mejoramiento de la actividad de la Administración.

3. Admito que en el campo doctrinario, no pocos autores son adversos a reconocer la posibilidad de subsanar en sede judicial los vicios del proceder administrativo (entre otros, Linares, Juan Francisco, "La garantía de defensa ante la Administración", "La Ley", 142 1137 y sigs.; Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Quinta edición. Tomo 3. Capítulo IX, pág. 7; Marienhoff, Miguel S. "La garantía de libre defensa y la instancia administrativa", "Jurisprudencia Argentina", tomo 22 (1974), pág. 554 y sigs.; Marial, Héctor A., "Los vicios del acto administrativo y su recepción den la jurisprudencia", "La Ley", 1989 C 1014 y sigs.; Comadira, Julio Rodolfo. El acto administrativo en la Ley nacional de Procedimientos Administrativos. "La Ley", pág. 117 y sigs.).

Empero, sin olvidar lo expuesto por la expresada doctrina, otros tratadistas entienden que las irregularidades que no revisten carácter sustancial no deben llevar necesariamente a la invalidación.

En tal sentido Hutchinson tras destacar el modesto lugar que ocupan los vicios en el procedimiento  salvo supuestos excepcionales, limitados a aquellos en que el requisito tenga carácter esencial o produzcan una situación de indefensión , propone clasificar las sanciones jurídicas ante defectos de trámite en aquellas que importan: supuestos de nulidad absoluta, de anulabilidad y no anulabilidad (Hutchinson, Tomás. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Editorial Astrea. 1985, pág. 330/331). Es que, como con agudeza lo señala Tribiño "... Lo cierto es también que, como materia de reflexión, hay que tener en cuenta que la anulación de un procedimiento por razones formales dilata la decisión de fondo de la cuestión..." (Tribiño, Carlos. "Procedimiento administrativo y derecho de defensa", en la obra colectiva Procedimiento Administrativo. Jornadas organizadas por la Universidad Austral. Editorial Ciencias de la Administración, pág. 573 y sigs.).

4. Enfocando el punto desde una perspectiva jurisprudencial, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oscilaciones en la materia, dado que, en algunos supuestos, ante omisiones o vicios esenciales en el procedimiento administrativo (vgr. inadecuada oportunidad de audiencia y prueba, Fallos 295:726; inobservancia de intimaciones necesarias, Fallos 306:I:1138; omisión de intervención del particular, Fallos 319:2783; omisión del procedimiento previo al dictado del acto, Caso "Adidas Argentina y otros", sent. del 21 V 2002) se ha pronunciado por la nulidad del acto dictado en consecuencia, en otros (vgr. derecho a ser oído, Fallos 273:134; omisión de sumario previo, Fallos 301:I:410; omisión de dictamen jurídico previo, Fallos 301:I:953, Fallos 310:272; omisión de audiencia previa a la emisión del acto, Fallos 306:I.467; omisión en la producción de pruebas de descargo, Fallos 310:360, omisión de otorgar vista para producir el alegato, caso "Compañía Swift de la Plata S.A.", sent. del 30 V 1978), por el contrario, fundándose  expresándolo sintéticamente  en que el agraviado tuvo ocasión de ejercitar en plenitud el derecho que dice conculcado en el proceso judicial posterior, reconoció legitimidad a tal obrar.

Por su parte, esta Corte ha resuelto repetidamente que no procede la revisión judicial de vicios en el procedimiento administrativo, salvo circunstancias excepcionales que se configuran cuando ha mediado un claro atentado al derecho de defensa determinado, genéricamente, por la comprobación de deficiencias insusceptibles de corregirse en la oportunidad que el actor tiene de defenderse, probar y alegar en juicio pleno ante el Tribunal (causas B. 49.364, "Horvitz", sent. del 19 IV 1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988 I 677; B. 50.633, "Soto", sent. del 27 VI 1989, "Acuerdos y Sentencias" 1989 II 564; B. 48.689, "Mendoza", sent. del 31 VII 1990, "Acuerdos y Sentencias", 1990 II 789; B. 51.977, "Ghys", sent. del 30 VII 1991, "Acuerdos y Sentencias", 1991 II 678; B. 52.219, "López", sent. del 9 II 1993, "Acuerdos y Sentencias", 1993 I 64; B. 55.704, "Mastandrea", sent. del 6 VIII 1996, "Acuerdos y Sentencias", 1996 III 487; B. 54.851, "Solari", sent. del 11 III 1997, "Acuerdos y Sentencias", 1997 I 434; B. 53.040, "Buján, Carlos", sent. del 7 XII 1999; B. 53.911, "Moyano", sent. del 7 III 2001; B. 56.646, "Marino", sent. del 28 V 2003).

5. Según mi criterio, la existencia de irregularidades en el desarrollo del trámite relacionados con la efectividad del debido proceso, no necesariamente debe llevar a la declaración de nulidad del acto administrativo, por cuando la adopción de tal solución, de manera genérica, podría importar  paradójicamente , otra violación a dicha garantía, al imponer una trascendente dilación temporal en la adopción definitiva de la decisión de fondo (art. 15 de la Const. bonaerense).

Los yerros que puedan originarse en la sustanciación de un trámite de este tipo admiten una categorización en función de su gravedad, en una graduación que puede comenzar en: irregularidades intrascendentes, pasar por defectos subsanables y culminar en anomalías insanables.

Por lo que acabo de decir entiendo, en definitiva, que no es factible fijar criterios rígidos en la materia, razón por la cual no comparto el pensamiento de mi distinguido colega del primer voto cuando sostiene que no es aceptable como postulado general el principio de subsanación, es decir, que la ilegitimidad del trámite administrativo sea imposible de salvar en sede judicial.

Sin que lo que digo signifique obviamente un bill de inmunidad para que las autoridades administrativas violen las reglas del debido proceso. Considero que aquélla debe seguir siendo siempre la regla, pues la anulación del acto puede atentar contra la celeridad y la seguridad, y por ende, contra la justicia del caso.

Por supuesto que ello admite excepciones  tal cual ya lo expuse , dependiendo de la gravedad del yerro y de las circunstancias especiales de cada asunto (ver mi voto causa B. 56.626, "Suárez", sent. del 17 VII 2003).

En síntesis  y perdóneseme la hipérbole  en mi criterio esta Corte puede sanear los defectos en el andar administrativo precedente, salvo que por su extrema gravedad ello resulte imposible.

III. En tal sentido, el desarrollo formulado por la colega que abriera el presente acuerdo, doctora Kogan, en el capítulo VII, punto 3, que comparto, deja al desnudo la falta de razón del accionante respecto de denunciado vicio del acto que ordenara la instrucción del sumario.

Reiterando la adhesión al voto de la doctora Kogan, con la precisión antes detallada, voto por la negativa.

Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A., ley 2961 en función del art. 78.3, C.P.C.A., ley 12.008  texto según ley 13.101 ).

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto de la señora Jueza doctora Kogan a excepción de lo allí señalado en el ap. VII.a.2.  primer y segundo párrafo , en tanto estimo que la solución propiciada para el caso sub examine, dados sus extremos configurativos, se abastece de modo suficiente con los restantes fundamentos que sustentan el parecer de la distinguida colega. Por ello, juzgo innecesario emitir un pronunciamiento sobre el tópico reseñado en esa parcela excluida de mi adhesión.

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente



S E N T E N C I A

Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos concordantes, se rechaza la demanda.

Costas por su orden (arts. 17, ley 2961 y 78 inc. 3º ley 12.008  texto según ley 13.101 ).

Por su actuación profesional en autos regúlanse los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora, doctor Rubén Ángel Macchi (t. XV f. 286 CASI) en la cantidad de … pesos, de acuerdo con lo establecido en los arts. 44 2° párrafo, 13, 14, 15, 16 incs. "b", "h", "i", "j" y "l", 28, 29 y 51 del dec. ley 8904/1977, a la que deberá adicionarse el 10% (art. 16, ley 6716  t.o. decreto 4771/1995 y sus modificatorias ) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al Impuesto al Valor Agregado.

Regístrese y notifíquese.

HILDA KOGAN


EDUARDO JULIO PETTIGIANI EDUARDO NESTOR DE LAZZARI


DANIEL FERNANDO SORIA JUAN CARLOS HITTERS


JUAN JOSE MARTIARENA



Secretario
1   2


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal