La batalla por la medida autosatisfactiva



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La batalla por la medida autosatisfactiva




Por Jorge W. Peyrano

SUMARIO: A.- Introito. B.- El avance internacional de la tutela satisfactiva. C.- La caída de la concepción universalista del proceso ordinario. C.- El avance internacional de la tutela satisfactiva. D.- Del ‘proceso desconectado’ al ’proceso circunstanciado’.- E.- La Medida Autosatisfactiva como Emergente cultural. F.- El ámbito propio de las medidas autosatisfactivas. F.- La Recepción Legislativa de las Medidas Autosatisfactivas. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes.2.- Ley de Violencia Familiar N° 11.529 de la Provincia de Santa Fe. 3.- Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chaco. 4.- Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa. G).- Algunos Proyectos Legislativos Provinciales. 1.- Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. 2.- Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Juan. 3.- Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Neuquén. H) Análisis Comparado de los Diversos Regímenes Legislativos Provinciales. I) 1) Excepcionalidad. 2) Recaudos para su despacho. 2.a) La acreditación de una fuerte probabilidad de la existencia del derecho. 2.b) Urgencia ‘pura’ o ‘intrínseca’ debidamente acreditada. 2.c) Prestación de ‘contracautela circunstanciada’. 2.d) Pretensión no declarativa de derechos. 3) Autosuficiencia del Trámite. 4) Trámite. 5) Suspensión de los efectos de la medida. 6) Sistema Impugnativo. 7) Vigencia de la medida. I.- Razones que justifican la necesidad de la Medida Autosatisfactiva. J.- Razones de conveniencia que aconsejan legislarlas.

A.- Introito
La medida autosatisfactiva registra una creciente evolución en el orden doctrinario y jurisprudencial en nuestro país a partir de la última década.
Encuentra su fundamento constitucional en el derecho a la jurisdicción, el acceso a la justicia y el derecho de defensa del destinatario de la medida, inclusive en los supuestos en que la bilateralidad se postergue para una vez que ella se ha cumplido.1
La reciente consagración legislativa de las medidas autosatisfactivas en la provincia de Corrientes2 expresa con elocuencia la legitimidad de su inserción en el menú de procesos con que cuenta el justiciable a la hora de hacer valer sus derechos sustantivos.
Hace casi una década, la ley 11529 de la Provincia de Santa Fe3, relativa a la protección contra la violencia familiar, incorporaba esta novedosa figura en su artículo 5°. El Código Procesal Civil de la provincia de Chaco lo hizo en el año 1999 en su artículo 232 bis4. En el año 2000, la provincia de La Pampa la introdujo en su artículo 3055, aún cuando limitada al amparo judicial.
Numerosos proyectos de reformas la contemplan: el Anteproyecto para Santa Fe del Ateneo de Estudios Procesales de Rosario en su el art. 21 bis y el actual Proyecto de Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe (Año 2007), en su artículo 290; los Proyectos de Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación6; el Proyecto de Reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires (1997); el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Morello, Eisner, Kaminker y Arazi) y el Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Mendoza.
Este progresivo recibimiento legislativo de las medidas autosatisfactivas consolida el proceso de decantación natural que viene desarrollándose desde la doctrina –autoral y jurisprudencial-, a partir de la vehemente admisión de su necesidad como herramienta destinada a resolver una exclusiva franja de situaciones –caracterizadas por la denominada ‘urgencia intrínseca’- que hasta ahora no encontraban respuesta en los ordenamientos de rito vigentes.

B.- El avance internacional de la tutela satisfactiva.
La institución de la medida autosatisfactiva en la teoría procesal se inserta en el marco de un fenómeno de derrumbe del proceso ordinario -en tanto estructura arquetípica- que se verifica en la mayoría de los países europeos y americanos.
Los trámites de estructura monitoria vigentes en países como Alemania (Mahnverfahreb), Austria (Mahnantrag), Francia (injoction de payer) e Italia son ejemplos de la tutela satisfactiva, y tienden, con distintas variantes, a acelerar la formación de un título ejecutivo con el mero pedido del actor, sin necesidad de un proceso de conocimiento ni de un contradictorio inicial, e inclusive, en ciertos supuestos, sin existencia de prueba escrita del derecho. Solo si el deudor se opone a la orden de pago se instaura el contradictorio pleno.
En la Argentina, la tutela satisfactiva asume perfiles diferenciados a la registrada en los países recién mencionados. Presupone el recaudo de la urgencia en relación con la existencia de un derecho líquido y probado en un grado de cuasi-certeza que justifica el despacho de una medida de trámite mínimo, con un régimen de contradictorio acotado, si no excepcionalmente diferido, y de impugnación compleja.
En el Congreso de Derecho Procesal de Corrientes de 1997 se las definió como “una solución urgente no cautelar, despachable in extremis que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada, a una situación que reclama una pronta y expedita intervención del órgano judicial. Posee la característica de que su vigencia y mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal”.
C.- La caída de la concepción universalista del proceso ordinario

Una noción monolítica del proceso ordinario sume a la jurisdicción en el riesgo de impedir la eficacia de su ejercicio en relación con aquellas realidades que reclaman una respuesta expedita, y en el de convertirla en un factor de inequidad y exclusión.

De ahí que el paradigma del acceso a la justicia reclame un menú más amplio y diversificado de estructuras procesales, sin que esto signifique prescindir de moldes legislados ni malogre la pureza de la teoría procesal provocando una superposición de carriles formales.


La doctrina civilista y la procesal se muestran, en general, propensas a desmitificar la omnímoda vigencia del proceso ordinario, postulando su segmentación según las circunstancias que merodean al conflicto. En este sentido, al evaluar el paradigma de acceso a los bienes jurídicos primarios, Ricardo Lorenzetti destaca que “no es necesario tratar a todos los conflictos con un solo tipo de procesos, sino que puede haber una gran diversificación y es más eficiente una segmentación atendiendo a las partes el objeto, el tiempo y el lugar…” y ubica a los procesos urgentes entre las diversas subclases de procesos.
Por su parte, Ada Pellegrini Grinover.7 se hace eco, en su informe general emitido en el XII Congreso Mundial de Derecho Procesal llevado a cabo en México en el mes de septiembre de 2003, del actual fenómeno evolutivo que marca una desmitificación de la concepción universal del proceso ordinario y concluye que: “El procedimiento ordinario de conocimiento no puede ser considerado más una técnica universal de solución de controversias, siendo necesario sustituirlo, en la medida de lo posible y observados determinados presupuestos, por otras estructuras procedimentales, más adecuadas a la especie de derecho material a ser tutelada y capaces de hacer frente a situaciones de urgencia”.
De allí que la conclusión de la autora, en base a los numerosos informes que relatores de los distintos países del mundo presentaran en relación con este fenómeno, radicara en la innegable necesidad de consagración de tutelas diferenciadas en orden a: “evitar a las partes y a la administración de justicia el ‘costo’ del proceso de conocimiento pleno, en los casos en que no se justifica la plausibilidad de contestación; b) asegurar rápidamente la efectividad de la tutela jurisdiccional en las situaciones de ventaja de contenido (exclusivo o prevalente) no patrimonial y que sufrir daño irreparable por la demora de la cognición plenario; y c) evitar el abuso del derecho de defensa del demandado, mediante la utilización de los instrumentos de garantía previstos para el procedimiento ordinario”8.
En Argentina, la doctrina mayoritaria se pronuncia a favor de este fenómeno. Afirma Berizonce que: “No cabe poner en cuestión la conveniencia de estatuir nuevas tutelas sumarias, a condición de establecer de modo concreto los requisitos a los que están subordinadas. Así encauzadas, lejos de significar una criticable deflación del sistema de enjuiciamiento ordinario por la multiplicación inadecuada de las soluciones solo provisionales, suponen por el contrario la utilización de la técnica rendidora del conocimiento sumario para brindar respuestas adecuadas y puntales, toda vez que la prolongación del estado de insatisfacción de un derecho preferenciado viniere a causar un daño irreparable”.9
D.- Del ‘proceso desconectado’ al ’proceso circunstanciado’
Pensar en la idea de un ‘proceso circunstanciado’ equivale a diseñar fórmulas que puedan adaptarse a las circunstancias de tiempo, modo y naturaleza del derecho a proteger. Significa responder a situaciones excepcionales de un modo excepcional, lo cual equivale a concebir procesos ‘conectados’ con la medida necesaria de celeridad y eficacia que cada caso en particular reclama.
Una concepción uniformante del proceso que tiene capacidad para una única respuesta obtura el acceso a la justicia e impide la entrada a los tribunales de infinidad de litigios que bien pueden ser resueltos rápida y sencillamente.
Una visión aperturista, por el contrario, desenvuelve horizontes y permite construir instrumentos de derecho procesal a partir de la necesidad: en este orden es posible concebir nuevos instrumentos ‘idóneos’ para responder a esta, aunque no resulten ‘sucedáneos’ del proceso ordinario.
La idea de un ‘proceso circunstanciado’ por oposición a un ‘proceso desconectado’ nos rescata del autismo de las vacías formas y nos conduce al ejercicio de una realista percepción de las necesidades de diversa índole que conviven en la sociedad moderna.
E.- La Medida Autosatisfactiva como Emergente cultural
Sin lugar a dudas, introducir nuevas herramientas formales supone analizar un cambio cultural. En el marco de una sociedad cada vez más compleja, exigente y –enfatizamos- acelerada, es dable advertir desde lo sociológico que circunscribirse a un menú acotado de cauces para acceder a la jurisdicción da lugar a lo que Garth denominaba una “justicia desconectada”, donde la cerrazón se convierte en sinrazón.
Devienen paradigmáticos los precedentes de violación de intimidad en Internet que operativizaran el mandato líquido del legislador contenido en el artículo 1071 bis del Código Civil, situaciones éstas que se verifican en el actual marco socio-cultural. Verbigracia, el caso resuelto por el Juzgado Federal N° 2 de Rosario10, Santa Fe, a raíz de una fotocomposición con poses pornográficas donde lo único real era la cara de la actora ubicada como Link en la página de internet del portal www.yahoo.com. Al lado de la fotografía figuraban sus datos personales precisos, número telefónico incluido, y frases incitantes a contratar sus servicios de alto contenido sexual. La accionante había comenzado a recibir en el domicilio familiar, donde habitaba con sus padres y hermanos, incesantes llamados telefónicos de personas que pretendían hablar con ella con la intención de requerir la contratación de tales servicios.

La juez verificó la existencia del hecho ingresando al portal “www.yahoo.com” y, a través de la voces de su buscador, constatando la correspondencia de la imagen y la leyenda obrante en la misma con la página impresa adjuntada al presente como prueba. Pudo verificar, asimismo, que se registraban a las 16 hs. del día de la víspera del fallo, 460 visitas al referido portal. Se consideró que emergía claramente del planteo formulado que no existía más interesado en la permanencia o no de dicha página en Internet que la propia actora quien, no habiendo intervenido en su creación, carecía de la posibilidad de suprimirla por otra vía. Se consideró notoria la afectación a derechos elementales de la persona que se derivan de la posibilidad de acceso público a información del tenor de la contenida en la página de Internet en cuestión, y palmaria la presencia de las condiciones de excepcionalidad que justifican la adopción de las medidas autosatisfactivas ordenando la supresión inmediata de la referida página. Merece destacarse que la medida fue despachada in audita et altera pars.


En el caso solo se pretendía remediar una situación dañosa en curso, lesiva de un derecho evidente. La medida no se enderezó a la declaración del derecho a la intimidad sino a poner fin una situación contraria a derecho y generadora de daños afectantes de derechos fundamentales de la persona. Tampoco se pretendía la reparación de esos daños y perjuicios: el objeto de la pretensión autosatisfactiva consistió –únicamente- en el finiquito de la situación provocadora de daños.
Frente a estas excepcionales circunstancias en que derechos de las personas -suficientemente comprobados- son lesionados o lo serán de modo inminente, es preciso contar con medidas aptas para efectivizar la modalidad preventiva de la Jurisdicción y permitirle a ésta actuar de modo ‘oportuno’. Por otra parte, evitado o cesado el daño, en el caso, resultaba injusto hacerle cargar a la actora con el lastre de un juicio que en sí mismo resultaba innecesario. La entidad de la evidencia –tanto del derecho como de la urgencia- y la operatividad de la norma legal tornaron innecesario un debate mayor, por lo que iniciar un proceso de amparo en ese contexto, resultaba no sólo engorroso sino intrínsecamente prescindible.
El dinamismo del comercio, la proyección exponencial de la información a través de la web y de los medios masivos de comunicación, colocan al sujeto en un estado de superlativa exposición y de extrema vulnerabilidad.
Las situaciones de urgencia en la sociedad de hoy se han incrementado. El contexto cultural convoca a introducir reformas y la jurisdicción debe reaccionar de modo proporcional a la inminencia del perjuicio y a su multiplicada proyección dañosa. El proceso debe introducir adaptaciones de modo tal que pueda efectivizar una justicia preventiva, y posibilitar una defensa precisa, expeditiva, económica y oportuna de los derechos.
F.- El ámbito propio de las medidas autosatisfacitvas
La tutela satisfactiva no es un sustituto de los restantes procesos sino que se construye a partir de un espacio propio, con un norte específico y diferenciable de otras tutelas.
La ‘urgencia intrínseca’, en los casos en que existen pruebas atendibles que demuestren la evidencia o la alta probabilidad del derecho, encaja con una respuesta jurisdiccional inmediata y eficaz. Y cuando la simpleza de las cuestiones debatidas o la consumación de lo pretendido hacen considerar como improbable la existencia a favor del demandado de serias razones para controvertir se justifica, se necesita y hasta se impone la tramitación un procedimiento mínimo, acotado y renegatorio de la vía ordinaria o la de amparo.
Las especiales circunstancias de urgencia y evidencia del derecho configuran en el presente contexto cultural un vacío legal del Derecho Procesal y reclaman un salto evolutivo: la provisión de una tutela satisfactiva que auspicie su acceso a la jurisdicción y resuelva en los hechos los desalentadores inconvenientes derivados de la exuberancia –económica y temporal- que los restantes procesos representan a la hora de hacer valer derechos líquidos negados o amenazados.

Su particular ámbito de aplicación se verifica en numerosos aspectos del derecho de fondo. Verbigracia, la protección de los derechos del consumidor, en autos “DÍAZ, PEDRO S/ DENUNCIA C/ PARQUE DE LA GLORIA”, el 19 de Julio de 2007, mediante el fallo pronunciado por el Juzgado de Faltas Nº 2 Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor, Municipalidad De La Plata, se logró mediante una medida autosatisfactiva, encuadrada judicialmente en el artículo 71 de la ley 13.13311.

En el caso se consideró justificado su despacho en razón de que las Autoridades tienen la “obligación constitucional” de “proveer” a la protección de consumidores y usuarios (arts. 42 Const. Nac. y 38 Const. Pcia. de Bs. As.), siendo que además se trata de una normativa de orden público (artículo 65, Ley 24.240).

Se trataba de una relación contractual entre un Cementerio Privado y un Consumidor. Este último adeudaba las últimas cuotas y se había pactado que en tal supuesto aquel podía enviar lo restos mortuorios al osario común, reservándose el derecho de retención sobre estos. Devenía, pues, el peligro de que el consumidor denunciante no pudiera disponer, en lo inmediato, de los restos de su esposa. Habiendo reconocido el denunciante que la deuda existe, pero también manifestado su imposibilidad de cancelarla sumado al incremento de dicha deuda en razón de no permitírsele poder colocar los restos de su esposa en otro lugar, se encerraba al consumidor en una especie de “círculo vicioso” donde el “objeto” del que se priva al deudor se encuentra fuera del comercio y es de naturaleza personalísima.

Se corría, además, el albur de que la empresa denunciada pueda hacer uso ilegítimo o abusivo del dispositivo contractual que le permite colocar esos restos en un osario común, situación en la cual el denunciante perdería definitivamente la posibilidad de poder individualizarlos y destinarle la veneración que le indique su sentir.

Se resolvió así ordenar al Cementerio Privado poner a disposición del denunciante los restos mortuorios pertenecientes de su esposa absteniéndose de hacer exigible la cláusula contractual mediante la cual el Cementerio Privado quedaba autorizado para exhumar los restos existentes en la parcela y colocarlos en el osario común, impidiendo a los deudores de las expensas la exhumación del cadáver.


También son habituales en nuestra época los conflictos derivados del derecho de Medianería, ámbito propicio para la configuración de situaciones de ‘urgencia intrínseca’.
Recordamos el renombrado fallo “Pagano y Cía. Construcciones c/Cons. ed. AMPLAS s/Demanda”, donde se considerara procedente la medida autosastifactiva -previa inspección de visu del juez de la causa, mediante la cual se comprobara fehacientemente la inexistencia de otros canales de acceso para la culminación de los trabajos en el edificio del consorcio actor- que “procede la medida autosatisfactiva solicitada por el propietario del inmueble contra el lindero para revocar la medianera del edificio si éste lo impide”12. En el caso se sostuvo que la naturaleza ineludible de la restricción le da carácter directamente operativo a la misma, y la entidad dañosa del acto impeditivo del vecino determina que su atendibilidad deba ser inmediata, por aplicación del artículo 3077 Cód. Civil -invocado por la peticionante- que dispone una obligación expedita: "El que para edificar o reparar su casa tenga necesidad indispensable de hacer pasar sus obreros por la del vecino, puede obligar a éste a sufrirlo con la condición de satisfacerle cualquier perjuicio que le cause".
En relación con la protección de los derechos de los menores, los usos contractuales en las actividades deportivas suelen dar pábulo a circunstancias de ‘urgencia intrínseca’. En esta línea resulta interesante citar el caso decidido por la Justicia de Primera Instancia Mendocina, autos caratulados “Andino, Elsa Noemí y DIAZ, Luis Jesús P/ Medida Autosatisfactiva”13, en punto a un cuestionamiento efectuado por los padres de un menor futbolista, que se había visto impedido de obtener el ‘pase’ a otra entidad deportiva sin antes abonar la suma de $3.000. Dada la habitualidad que ha adquirido en el medio futbolístico amateur el cuestionamiento de los “pases” de los niños y adolescentes de un club a otro, se dispuso la libertad de acción del menor para desarrollar la actividad deportiva futbolística que practica donde crea más conveniente con el fin de obtener mayor y mejor capacitación con visión de profesionalismo, más allá de los derechos que puedan tener quienes colaboren con él en esta preparación.
En el ámbito del Derecho Laboral se genera también un marco propicio para la formulación de pretensiones autosatisfactivas. Vgr. tendientes a que la accionada abone haberes y demás rubros emergentes del despido incausado, en casos en que se considerare probado el vínculo laboral, la voluntad rupturista arbitraria por parte del empleador, la antigüedad y la categoría de la accionada, considerándose justo no someter al trabajador a los tiempos excesivos del proceso ordinario. In re “Torres, María del Carmen v. Barrios, Blanca I. y quien resulte responsable”, se ordenó con similares fundamentos, previas rectificaciones en relación a los montos y conceptos peticionados el pago de los rubros respectivos, en el término de tres días14.
Las aplicaciones en los diversos ámbitos del derecho de fondo, en salvaguarda de derechos líquidos que requieren tutela inmediata y evidencian la inutilidad de desarrollos procesales posteriores han conferido fisonomía particular a la medida autosatisfactiva en tanto solución con peso específico propio, enderezada a la resolución de una franja de conflictos que, hasta ahora, no encontraban una respuesta más idónea.
G.- La Recepción Legislativa de las Medidas Autosatisfactivas.
En una reciente publicación15 afirmábamos tanto la necesidad de la existencia de la medida autosatisfactiva en el menú de herramientas procesales, como la de su recepción legislativa.

Nos conforta, en lo personal, la flamante consagración legal de la medida autosatisfactiva en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes, así como su inclusión en numerosos proyectos provinciales.

El fenómeno expansivo de legislación de la tutela autosatisvactiva en los diversos ámbitos provinciales, e inclusive en el nacional, es hoy una realidad.

A continuación reseñaremos las susodichas novedades y haremos un sucinto análisis comparativo de los diversos regímenes.




  1. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes

“Capítulo I.

Art. 785. Petición urgente. Ante solicitud fundada de parte, explicando con claridad en qué consisten sus derechos y su urgencia y aportando todos los elementos probatorios que fundamentan la petición y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, el juez o tribunal deberá excepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas, según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente y se podrá exigir la prestación de caución real o personal, determinando en estos casos la vigencia.

Art. 786. Presupuestos. Para poder dictar resolución favorable se presuponen la concurrencia de los siguientes presupuestos.



  1. que fuera necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes, contrarias a derechos según la legislación procesal o de fondo.

  2. Que el interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose ala declaración judicial de derechos conexos o afines

  3. Se podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que se despachen y disponer, a solicitud de parte, prórrogas de las mismas.

Art. 787. Sustanciación. Los jueces deberán decretar directamente la medida autosatisfactiva postulada o excepcionalmente según fueran las circunstancias del caso y la materia de la medida, someterla a una previa reducida sustanciación, que no excederá de conceder a quien correspondiere la posibilidad de ser oído.

Art. 788. Suspensión provisoria. Se podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva que lo afectare, en el supuesto que acreditare prima facie la existencia de la posibilidad sufrir un perjuicio de difícil o imposible reparación, previo ofrecimiento y prestación de contracautela suficiente.

Art. 789. Imputación. El legitimado para contradecir la medida autosatisfactiva ordenada, podrá optar para impugnarla entre la interposición directa del recurso de apelación que será concedido en su caso, con efecto devolutivo, o iniciar un proceso declarativo general sumario de oposición cuya promoción no impedirá el cumplimiento de loa decisión judicial impugnada. Elegida una vía de impugnación, se perderá la posibilidad e hacer valer la otra.

Art. 790. Principios de instrumentalidad. Caducidad. No rigen en la materia los principios de instrumentalizad y caducidad propios del proceso cautelar”.

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