La Comisión adopta dos decisiones sobre ayudas estatales a los astilleros públicos en España



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Bruselas, 27 de mayo de 2003



La Comisión adopta dos decisiones sobre ayudas estatales a los astilleros públicos en España

En el día de hoy la Comisión amplió la investigación formal referente a la posible concesión de una nueva ayuda de reestructuración a los astilleros públicos españoles. La Comisión pretende aclarar si se concedió a los astilleros de propiedad estatal, hoy pertenecientes al grupo IZAR, una suma adicional de 515 millones de euros. Al parecer, la posible ayuda consistió en aportaciones de capital y préstamos. En la presente fase parece que este dinero fue proporcionado por el holding público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 1999 y 2000. La Comisión tiene dudas sobre si esto no podría constituir una nueva ayuda estatal que, tras la autorización de un paquete de reestructuración de 811 millones de euros en 1997, no sería compatible con las normas de la UE sobre ayudas a la construcción naval.

Mediante otra decisión, la Comisión inició el procedimiento de investigación formal referente a las inyecciones de capital por un importe cercano a 1.500 millones de euros aportado por SEPI a IZAR durante los años 2000 a 2002. La Comisión tiene dudas en cuanto a que el capital aportado por SEPI a IZAR pudiera conferir beneficios económicos a la construcción naval civil que probablemente no hubieran recibido de otras fuentes comerciales. Por lo tanto, el capital aportado a IZAR por SEPI o por cualquier otra fuente pública puede constituir ayuda estatal incompatible.

En 1997, la Comisión aprobó una ayuda de reestructuración para una serie de astilleros públicos españoles que ascendía a 811 millones de euros1 con la condición de que en lo sucesivo ya no se podría proporcionar ninguna otra ayuda.

Posteriormente se efectuaron varias transacciones entre la SEPI y sus filiales Astilleros Españoles (AESA), el holding de astilleros públicos, y Bazán, grupo militar de construcción naval. Estas transacciones desembocaron en la fusión de todos los astilleros españoles (civiles y militares) de propiedad estatal en Bazán, que luego cambió su nombre por el de IZAR. Como estas transacciones podían contener ayuda estatal no justificable en virtud del Tratado CE, el 12 de julio de 2000 la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal 2 que el 28 de noviembre de 2001 se amplió para abarcar las medidas no cubiertas por la decisión inicial de incoación3.

En fecha reciente, la Comisión tuvo acceso a las cuentas anuales de las empresas de construcción naval interesadas, cuentas que reflejan varias transacciones financieras nuevas que podrían implicar una ayuda estatal adicional. De las cuentas se desprende que el holding público SEPI efectuó las siguientes transacciones, que podrían suponer nuevos elementos de ayuda estatal:


  • préstamos por un importe de 194,4 millones de euros a las tres empresas públicas de construcción naval Cádiz, Juliana y Manises.

  • una aportación de capital a AESA de 252,4 millones de euros, que según parece fue transferida por AESA a sus empresas de construcción naval Puerto Real, Sestao y Sevilla.

  • aportaciones de capital por un importe de 68,2 millones de euros a las empresas públicas de construcción naval Astano, Cádiz, Juliana y Manises.

Basándose en la información que obra en su poder hoy en día, la Comisión ha decidido ampliar el procedimiento en curso y examinar si estas transacciones financieras se ajustan a su decisión inicial de 1997.

Durante su investigación, la Comisión descubrió también que IZAR había recibido inyecciones de capital de SEPI después de que IZAR se hiciese cargo de los astilleros civiles españoles de propiedad estatal de AESA y SEPI. Estas inyecciones de capital ascendieron a 1.322 millones de euros en 2000, 105 millones de euros en 2001 y 50 millones de euros en 2002. El objetivo del procedimiento de ayuda estatal en este caso consiste en aclarar si alguna parte del capital aportado a IZAR redundó en beneficio de los astilleros civiles españoles o de la producción civil de buques. España ha afirmado que estas importantes inyecciones de capital sólo afectaban a la construcción naval militar.



1 DO C 354 de 21.11.97, p.2. Comunicado de prensa IP/97/646, 15/07/1997

2 DO C 328 de 18.11.2000, p.16. Comunicado de prensa IP/00/760, 12/07/2000

3 DO C 21 de 24.01.2002, p.17. Comunicado de prensa IP/01/1672, 28/11/2001



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