La distinción entre delitos y faltas el regimen jurídico circundante – una nueva y acertada doctrina de la corte. – Fernando Raúl García Pullés



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Fernando García Pullés

LA DISTINCIÓN ENTRE DELITOS Y FALTAS - EL REGIMEN JURÍDICO CIRCUNDANTE – UNA NUEVA Y ACERTADA DOCTRINA DE LA CORTE. –
Fernando Raúl García Pullés

I.- Introducción.-


Todos los hombres deben haber pensado, alguna vez, que sus vidas transcurrían en una época especialmente compleja de la humanidad. La multiplicidad de perspectivas desde las que puede otearse la vida obliga a justificar cada una de esas opiniones. Nuestros días presentan sus propias angustias. La velocidad de la técnica, la comunicación y la informática se desentienden de los tiempos requeridos para la “aprehensión” y “digestión” psicológica de los nuevos conceptos. Los cambios en determinadas circunstancias de la realidad no son seguidos de una reflexión serena sobre sus repercusiones en algunos aspectos de nuestra personalidad, que se va desajustando de un modo grave, al punto de provocar verdaderos descalabros en la inserción social. Lo jurídico, que ha sido siempre un compañero de viaje necesario del peregrinar del hombre, no podría haber resultado ajeno a estos conflictos.
No es este el lugar ni el momento para hacer un análisis de este fenómeno contemporáneo, que hasta ha adormecido nuestra capacidad de asombro. Sin embargo, valga señalar que la materia que será objeto de examen en este trabajo puede servir como prueba de esta denuncia. Me refiero a la evolución de los conceptos de delito y falta, a la traslación de conductas de una a otra categoría en el fenómeno que ha dado en llamarse universalmente “despenalización” y, más precisamente, al tratamiento jurídico que viene haciéndose de estas instituciones por parte del Estado, como titular del único “ius puniendi”1.
La investigación que aquí se propone no viene impuesta por una mera aspiración académica, sino por una exigencia de la realidad jurídica actual. Desde los países más desarrollados del planeta se alienta la tesis de la reducción de las sanciones penales a su mínima expresión, criterio que viene acompañado por una transferencia de conductas del ámbito del derecho penal al contravencional o al del derecho administrativo sancionador. Ese movimiento, que pareciera fundado en criterios de benevolencia hacia quienes infringen el ordenamiento, puede traducirse en la práctica, como de hecho sucede e intentará demostrarse aquí, en el agravamiento de la situación jurídica de aquellos a quienes se postula proteger, extremo que exige una respuesta jurídica acorde.

II.- Las sanciones jurídicas. La potestad sancionatoria estatal y las sanciones administrativas.


Los ordenamientos positivos prevén respuestas diversas ante la infracción de sus contenidos normativos. Estas respuestas se presentan como reacciones de menor o mayor importancia según el valor que el legislador atribuye a los bienes jurídicos directa o indirectamente protegidos por los preceptos vulnerados con el comportamiento humano. Parece incuestionable que la calificación de una conducta como delito y la amenaza de una pena -generalmente privativa de la libertad ambulatoria- se presenta como la máxima reacción del sistema, en procura de la defensa de sus más altos valores, pero también lo es que existen otras que no pueden dejar de considerarse.
Es claro que cualquiera fuera la sanción prevista, siempre tiene la íntima finalidad de lograr el cumplimiento de los preceptos normativos: sea por el poder disuasorio contenido en la privación de efectos a los actos que violan el ordenamiento; por la amenaza de un mal para su autor que actúa como reasegurador del sometimiento voluntario a las leyes (de cara a las demás personas –prevención general-, o para lograrla en el propio sancionado –prevención especial-), o aún por la aplicación de penas destinadas a la “reinserción social” del contraventor, aspecto paradigmático de las penas que la realidad ha desvirtuado.
A medida que evoluciona el concepto de la persona humana y de la dignidad que le es propia, se hace forzoso modificar la respuesta del derecho a la conducta antijurídica, de modo que no se limite a la mera retribución de males ni se detenga en la sentencia condenatoria. Los cambios en la “penalización” y “despenalización” de conductas que se han registrado en el ámbito nacional e internacional en los últimos años, no sólo resultan de una similar modificación de los bienes protegidos o de las nuevas formas de la criminalidad, también reflejan la necesidad de reservar las limitaciones a la libertad, que no otra cosa constituyen en general las sanciones, de un modo acorde al principio de la mínima intervención necesaria.
Sin embargo, esa meta del ordenamiento debe preservar, en el propio cambio de perspectiva, esos mismos principios generales del derecho y el prioritario respeto por la persona humana, bagaje que el derecho penal aquilató durante un prolongado período de la historia.
El examen de las especies de sanción permite advertir que algunas veces la reacción jurídica está destinada únicamente a restablecer, en especie o en sucedáneo, el “status quo ante” (como ocurre con la nulidad o anulabilidad de los actos jurídicos y con la obligación de resarcir derivada de los actos ilícitos) mientras que en otras va más allá de ese sólo restablecer y se ubica en el ámbito retributivo, pues consisten en infligir un daño al infractor independiente de aquél fin de recomposición, extremo que no implica desconocer el propósito disuasorio al que se hiciera referencia más arriba, pues el objeto y finalidad de la sanción nunca podrá ser su aplicación –ya que el derecho no puede postular su incumplimiento- sino lograr la sujeción voluntaria del ordenamiento.
Deberíamos, pues, distinguir dos tipos de sanciones jurídicas: las destinadas al restablecimiento de la situación jurídica anterior al hecho que consuma la infracción al deber y las que se desentienden de aquella circunstancia e infligen al autor un mal –entendido como privación de derechos o expectativas-. Con base en esta diferenciación inicial se ha sostenido que toda consecuencia dañosa para el infractor de una norma, en cuanto no esté enderezada al restablecimiento de la situación anterior o al resarcimiento sustitutivo del daño causado, constituye genéricamente una sanción penal, cuya esencia es de carácter retributivo2.
Las sanciones administrativas, también llamadas de policía, se ubican en este campo de aparente “retribucionismo” o, si se quiere, de medidas independientes del los efectos de la conducta antijurídica, destinadas a prevenir su reiteración. En ese contexto, la capacidad de aplicar una sanción se exhibe directa o indirectamente como manifestación de una de las potestades del Estado sobre los ciudadanos que deriva de su facultad de reglamentar los derechos.
Con la concentración del poder político, que se revela claramente desde el siglo XIII, la aptitud sancionatoria del Estado sobre los ciudadanos fue reconocida como atributo propio de la potestad monárquica de policía y los planteos que se hicieran a su respecto se limitaron a los aspectos procedimentales de la aplicación de las penas. En ese período, la potestad sancionatoria se presentaba como un poder de reacción para la conservación del poder ante el delito, entendido como ruptura de la paz3 y se asociaba directamente con el poder del soberano. En la edad media, también la represión canónica se ejercía en nombre de la divinidad, desconociéndose el principio de nullum crimen sine lege y atribuyéndose a los sancionadores un poder extraordinario y de intensidad poco común4.
La corrección fundamental de estos principios tiene origen en el importante desarrollo científico que adquiere el derecho sancionador en la segunda mitad del siglo XVIII a partir de las obras de Beccaría y de Lardizabal5, pero también halla concausa en el cambio político, pues la Revolución Francesa implicó la concreción institucional de la doctrina de los frenos y contrapesos e introdujo un planteo esencial en el campo de la facultad de penar, a saber: el de la atribución monopólica de la potestad sancionatoria al poder judicial: Una de las expresiones típicas de la revolución fue la de abolir el sometimiento del ciudadano a la policía monárquica, afirmando su sujeción a la ley y exclusivamente a las decisiones de los jueces.
La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y el Código Penal francés de 1791 significaron la recepción normativa plena del principio “nula poena sine lege” y “nulla poena sine legale iudicium”, que recorrieron Europa continental y llegaron a América con rapidez, fijando como regla básica del todo el sistema jurídico punitivo, que la potestad sancionatoria sobre el ciudadano sólo era establecida por la ley y discernida por los jueces6.
Sin embargo, cualquiera fuera la razón –práctica o filosófica que lo justificare-, lo cierto es que la regla no tuvo el ámbito de aplicación para el que fuera concebida7, pues en todos los lugares en el que se legalizaran los principios antes expuestos, se mantuvo en manos de la Administración un poder sancionatorio directo y expeditivo, que en algunos lugares adquirió una autonomía indiscutible, como ocurriera en la propia Francia, al amparo del viejo principio de Domat del siglo XVII, según el cual: “L`Administration de la police renferme l`usage de l`autorité de la justice”8.
Es así que se registra la aparición, o más acertadamente la continuidad en la existencia, de una categoría de sanciones que la Administración creaba (con un poder normativo de dudosa compatibilidad con los pilares de la cultura revolucionaria recién expuestos) y aplicaba (con una potestad de discernimiento que comparte el vicio recién mencionado) y que recibieron el nombre de “infracciones administrativas”, “faltas” o “contravenciones”, tal vez con el afán de separarlas del ámbito del “delito” y las sanciones penales, para no exhibir tan descaradamente la contradicción con los principios jurídicos generalmente aceptados en la época.
La fuerza de la realidad llevó a la doctrina a reconocer la permanencia de esa potestad de la Administración, que más tarde Otto Mayer justificó en el renacimiento de la doctrina de la Policía, De La Morena en la existencia de una facultad inherente a la competencia de gestión9, o se intentó afincar hasta en una facultad derivada del poder jurisdiccional de penar. Aquella constatación fáctica hizo necesario admitir que el único “ius puniendi” estatal se cristalizaba en dos expresiones diversas, a saber: la potestad penal y la potestad sancionatoria administrativa.


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