La estrategia de seguridad imperial de los estados unidos: implicaciones para el gran caribe



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LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPERIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS: IMPLICACIONES PARA EL GRAN CARIBE.

Por: Luis Suárez Salazar

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa del autor

INTRODUCCIÓN


El objetivo de esta contribución es presentar algunas hipótesis acerca de las adversas implicaciones que pudieran tener para las naciones del Gran Caribe1 los principales enunciados de la más reciente Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dada a conocer públicamente por el presidente de ese país, George W. Bush, el 20 de septiembre del año 2002.2 O sea, exactamente un año después de su primer discurso luego de los fatídicos atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001.3
Para cumplir mis propósitos las páginas que siguen se dividirán en dos acápites. En el primero, presentaré una apretada exégesis de los principales contenidos de la estratagema estadounidense antes mencionada. Y, en el segundo, luego de referirme de manera somera a las negativas consecuencias que la misma ya ha tenido y pudiera tener para la paz y la seguridad internacionales, para el Derecho Internacional Público Contemporáneo (DIPC) y para la edificación de lo que, desde 1995, he venido denominando el Nuevo Orden Panamericano (NOP),4 abordaré un breve examen del impacto que la también llamada “Doctrina Bush”5 pudiera tener sobre diferentes países grancaribeños.
Al final, a modo de conclusión, resumiré mis consideraciones acerca de los serios peligros que esa doctrina plantea para las naciones latinoamericanas y caribeñas. Y, en especial, para aquellas fuerzas políticas, sociales e intelectuales del hemisferio occidental interesadas en edificar un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo subdesarrollado y dependiente entronizado en la mayor parte de los países de toda la región.

LA “DOCTRINA BUSH”: UNA BREVE EXÉGESIS.


Como está indicado, el 20 de septiembre del año 2002, dándole continuidad a todos sus discursos y acciones posteriores al 11 de septiembre del año precedente (en particular a la brutal intervención militar en Afganistán), George W. Bush presentó públicamente la misión, la visión, los objetivos y las estrategias que –a su decir— deberán guiar las políticas interna, económica, externa (incluida la llamada “diplomacia pública” o propaganda política exterior), militar y de seguridad de su país en lo que se alcanza a ver del siglo XXI. El elemento presuntamente unificador de esa gran política es la llamada “guerra preventiva, prolongada o indefinida contra el terrorismo de alcance global”; entendiendo “el terrorismo” como “la violencia por motivos políticos contra seres (humanos) inocentes” (p.5).6
Sin embargo, con independencia de su retórica sobre ese último tema, así como acerca de que los Estados Unidos no utilizará su fuerza militar, ni su influencia económica y política “para obtener ventajas unilaterales”, sino para edificar junto a las otras potencias “un equilibrio de fuerzas favorable a la libertad”, a las “relaciones pacíficas con otros países”, a las “reformas económicas y políticas” y al ”respeto por la dignidad humana” (p.1), puede afirmarse que –acorde con la tradicional práctica imperial de los círculos de poder estadounidenses7— el concepto esencial que guía la introducción y los ocho acápites de esa estrategia es la búsqueda de las vías para garantizar la expansión y consolidación de la hegemonía absoluta de los Estados Unidos (el eufemísticamente llamado “liderazgo estadounidense”) sobre todas las naciones del mundo;8 Incluidas aquellas grandes potencias en ascenso o en declive que todavía integran o que en el futuro previsible integrarán las denominadas “tríada”, “pentarquía” o “sexágono” del poder mundial. Es decir los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Rusia, la República Popular China y la India. Esta última catalogada por los redactores de la estrategia que comentamos como una de las potenciales “grandes potencias democráticas del siglo XXI” (p.7).
Para cumplir sus propósitos de dominación o hegemonía absoluta sobre todas las naciones del planeta,9 el documento que venimos comentando –además de hacer explícito los objetivos intervensionistas que seguirá la Casa Blanca en sus relaciones bilaterales con los gobiernos de cada una las grandes potencias arriba mencionadas— se propone expresamente fortalecer aún más el poderío militar y las inmensas capacidades policiales, de inteligencia y contrainteligencia de los Estados Unidos, a niveles tales, que le permitan poner las defensas de ese país “por encima de cualquier amenaza”; “disuadir la futura competencia militar” de otras potencias o “estados hostiles”; “derrotar decisivamente a cualquier adversario si fracasa la disuasión”; al igual que “prevenir las (nuevas) amenazas contra los intereses de los Estados Unidos, sus aliados y amigos en todo el mundo”. Especialmente, y en mi opinión esto es una ruptura conceptual con las estrategias de seguridad nacional precedentes, las provenientes de los países que denomina “estados fuera de la ley”, “estados fracasados” (aquellos a los que “la pobreza”, la fragilidad de sus instituciones y “la corrupción” han convertido en vulnerables “a las redes de los terroristas y de los cartels de narcotraficantes”), así como de las “redes oscuras de individuos que pueden traer gran caos y sufrimientos a nuestras costas por menos de lo que cuesta comprar un solo tanque [de guerra]” (p. 1).
No obstante, esa pretensión de garantizar la seguridad absoluta del territorio, de los ciudadanos, de la infraestructura y de las propiedades estadounidenses (incluso, las dislocadas en el cosmos) no queda circunscripta al fortalecimiento de las capacidades defensivas de su país. Ni siquiera al despliegue del cuestionado Sistema de Defensa Antimisiles, previamente impulsado por la administración de Ronald Reagan bajo el sugestivo nombre de Iniciativa de Defensa Estratégica. Tampoco se limita a la preparación de las fuerzas militares estadounidenses para emprender un contraataque en legítima defensa contra los responsables de cualquier agresión a su territorio, sino que –aduciendo “un internacionalismo inconfundiblemente estadounidense” (p.3) y la presunta legalidad de ofrecer respuestas anticipadas y preventivas a eventuales “amenazas inminentes” contra su territorio— proclama el presunto deber y el supuesto derecho de los Estados Unidos a derrocar (roll back), en el momento que considere oportuno, a los gobiernos que no coincidan con los intereses y valores de su país, de impedir a toda costa la “proliferación de armas de destrucción masiva” fuera del control norteamericano o de sus aliados y amigos, así como de iniciar “ataques preventivos” (o sea, propinar “el primer golpe”) contra “los grupos terroristas” que –a su decir— actúan o reciban refugio, ayuda y financiamiento en diferentes países del mundo o contra los “estados hostiles” a los intereses, instituciones y valores estadounidenses.
En lo inmediato, según declaran sin ambages, tales ataques se emprenderán contra los que definen como “un pequeño grupos de estados al margen de ley que, aunque diferentes en forma importante (sic), comparten varios atributos”. Esos atributos, en la opinión de los redactores de la estrategia que venimos comentando, serían: gobiernos o “dictadores” que “tratan brutalmente a sus pueblos y malgastan sus recursos nacionales en beneficio personal de sus mandatarios”; que “no muestran respeto por el derecho internacional, amenazan a sus vecinos y violan sin reparos los tratados internacionales de que forman parte”; que “están decididos a obtener armas de destrucción masiva, junto a otras tecnologías militares avanzadas, para usarlas como amenaza u ofensivamente para lograr los propósitos agresivos de sus regímenes”; que “auspician el terrorismo”; que “rechazan los valores humanos básicos” y, sobre todo (en mi opinión, éste el quid de la cuestión), que “detestan a los Estados Unidos y todo lo que representa” (p.9).10
Con vistas a neutralizar o aniquilar a “los dictadores” que, en la opinión de la Casa Blanca, mal gobiernan a esos estados y “detestan a los Estados Unidos y todo lo que representa”, a los “terroristas individuales” o a los “grupos terroristas de alcance global” que operan desde esos u otros países, la estrategia que comentamos se propone –además de fortalecer la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y los organismos internos encargados del cumplimiento de la Ley11— ampliar las extraordinarias capacidades de sus fuerzas armadas para simultáneamente “defender el territorio nacional”, “proteger la infraestructura y los bienes esenciales de Estados Unidos en el espacio [cósmico]” y “llevar a cabo operaciones rápidas y precisas” de “largo alcance” con el fin de “eliminar amenazas específicas a los Estados Unidos, sus aliados y amigos en todo el mundo (p.10)”. También para emprender “intervenciones humanitarias” en los “estados fracasados”, para intervenir en los llamados “conflictos regionales” o locales existentes o que se presenten en el futuro previsible, al igual que para “llevar a cabo operaciones de información” en “teatros de operaciones distantes” (p. 19).
Con tales fines la indicada estrategia se propone expresamente –junto a desarrollar una nueva generación de “armamentos convencionales”— utilizar todas sus capacidades económicas, científicas, tecnológicas, políticas, mediáticas y diplomáticas para “ayudar a la gente de todo el mundo a aprender acerca de los Estados Unidos y comprenderlo” (p. 20), para “ayudar” a los demás gobiernos que lo soliciten en sus luchas “contra los terroristas”, para apoyar a las fuerzas opositoras a los gobiernos que no comulgan con los inquilinos de la Casa Blanca, para “convencer” o “presionar” a las demás potencias o estados que se resistan a subordinar sus propios intereses nacionales y de seguridad a los de los Estados Unidos; para garantizar el funcionamiento y la expansión de sus bases y estaciones militares en todos los rincones del planeta, así como para obtener “arreglos de acceso temporal” que le posibiliten “el despliegue de las fuerzas expedicionarias” estadounidense “a gran distancia”, cuando esto resulte necesario y conveniente (p.19).
A pesar de los enfoques del documento acerca de la necesidad de formar “coaliciones circunstanciales y flexibles” con otros gobiernos, de aprovechar e incrementar las capacidades de las fuerzas militares implicadas en los acuerdos de seguridad regional ya existentes (como la Organización del Atlántico Norte o el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca) e incluso de utilizar a su favor los mecanismos multilaterales de la ONU (entiéndase: su antidemocrático Consejo de Seguridad), así como de concertar sus políticas con las restantes potencias mundiales para lograr un “equilibrio de poderes que favorezca la libertad”, la Estrategia de Seguridad Nacional que venimos comentando es precisa en definir al carácter preponderante que en tales alianzas, coaliciones o acciones multilaterales tiene que tener el establishment de la política exterior y de seguridad estadounidense. En efecto, según señalan los artífices del indicado documento: “En el ejercicio de nuestro liderazgo, respetaremos los valores, juicios e intereses de nuestros amigos y socios. Pero estaremos preparados para actuar individualmente cuando lo requieran nuestros intereses y nuestras responsabilidades particulares” (p.20). O sea, para actuar de manera unilateral o al margen de los organismos y pactos multilaterales existentes cada vez que así lo indique la ecuación costos-beneficios históricamente tan cara para los artífices de la proyección del poder global de los Estados Unidos.

Los peligros que entraña para la paz y la seguridad internacionales los conceptos político-militares acerca de la seguridad nacional estadounidense antes referidos no requieren comentarios adicionales. Basta recordar las lecciones de historia. Sin embargo, es necesario acentuar que, siguiendo el legado del trío Reagan-Bush(padre)-Clinton, la “nueva” estrategia de seguridad imperial de los Estados Unidos virtualmente declara como enemigos de su seguridad a todos aquellos gobiernos y a todas aquellas fuerzas sociales y políticas que no acepten los dictados de la Casa Blanca; en tanto incluye diversos componentes “no tradicionales de la seguridad nacional” otrora ausentes (o sólo marginalmente referidos) en las doctrinas político-militares elaboradas entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la “primera guerra fría”.12 Así se expresa cuando la actual administración república transforma en objetivos supremos de la seguridad nacional de su país la promoción del libre comercio, la protección de la libertad de empresa y de inversión, la eliminación de los subsidios estatales (entiéndase los que no provienen de los Estados Unidos), así como la ampliación de las “apertura de los mercados” y la institucionalización de las proteccionistas cláusulas ambientales y laborales propugnadas por las principales potencias capitalistas y en especial por los Estados Unidos en las negociaciones de la llamada Ronda del Milenio que se están desarrollando en la OMC.


Igualmente, cuando proclama como metas de la gran política de seguridad de los Estados Unidos la expansión de la democracia liberal-burguesa (es decir de las poliarquías actualmente imperantes en el mundo),13 la defensa de “los derechos humanos fundamentales” (o sea, el derecho a la propiedad y algunos de los derechos civiles y políticos), así como el cumplimiento de las llamadas “reformas económicas de primera y segunda generación” (los programas de ajuste y reestructuración “neoliberales”) impulsadas por el FMI y el BM desde comienzos de la década de 1990. Curiosamente y contra toda evidencia empírica, esas reformas, al igual que las indiscriminadas aperturas económicas que las han acompañado, el “libre comercio” y la inversión proveniente de las grandes corporaciones privadas son consideradas por los redactores de la estrategia que comentamos como condición univoca e imprescindible para impulsar el desarrollo, eliminar la pobreza y combatir las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, tuberculosis, paludismo) en todo el mundo.
Lo anterior se une a la reiteración del “narcotráfico sin restricciones” (p.7) y de “las migraciones incontroladas” entre los “nuevos enemigos” de la seguridad nacional estadounidense. También a las endurecidos controles que se anuncian contra los emigrantes y sus familias con el propósito de “contener a los terroristas fuera de las fronteras nacionales de los Estados Unidos”, en las onerosas condiciones de factibilidad (la medición precisa de los resultados), políticas (el “buen gobierno” y la lucha contra la corrupción), económicas (la aplicación de los Programas de Ajustes del FMI y el BM) y de seguridad (la lucha contra el “narcotráfico” y “el terrorismo”) que esa potencia establece para transferir su “ayuda humanitaria” o para entregar sus menguados fondos de la mal llamada Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a los eufemísticamente llamados por la ONU: “países en vías de desarrollo” y “países de menor desarrollo relativo”. Entre esas condiciones hay que resaltar la flamante exigencia de que los gobiernos receptores o que aspiren a recibir ciertos fondos oficiales estadounidenses –además de cumplir con todos los requisitos antes mencionados— firmen acuerdos bilaterales o multilaterales con los Estados Unidos que le garanticen a esa potencia que sus “esfuerzos por cumplir con nuestros compromisos de seguridad mundiales y proteger a los estadounidenses no se verán perjudicados por el potencial de investigación, pesquisas o enjuiciamiento por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya jurisdicción, que no aceptamos, no se extiende a los estadounidenses” (p.20).
Es decir, como parte de la realización de su estrategia de seguridad imperial los círculos dominantes en los Estados Unidos no sólo pretende imponer sus propias nociones sobre el desarrollo, la democracia, el buen gobierno, la lucha contra la pobreza y los derechos humanos, así como lograr su hegemonía absoluta sobre las demás naciones del mundo y la seguridad absoluta de su territorio, de sus ciudadanos, infraestructuras e intereses económicos en todo el planeta (incluido el cosmos), sino que también quieren obtener la impunidad absoluta de sus funcionarios civiles y militares para violar a su antojo el Derecho Internacional Humanitario (el Tratado de Ginebra de 1949 y sus protocolos adiciones de 1975) y, sobre todo, para perpetrar los crímenes de lesa humanidad (torturas, desapariciones forzadas, genocidios y etnocidios) que –según el Tratado de Roma de 1998— virtualmente serán los únicos delitos que, sin carácter retroactivo, conocerá, investigará, juzgará y sancionará el TPI cuando comience a funcionar en el año 2003.
Las terribles implicaciones de esa exigencia oficial estadounidense para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y para el Derecho Internacional Humanitario ya se pusieron de manifiesto en los miles de crímenes contra la población civil, contra los prisioneros de guerra y contra diversos periodistas cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses durante la mal llamadas operaciones “Libertad Infinita” y “buscar nombre” que (a espaldas de la ONU, incluso de su antidemocrático Consejo de Seguridad) aún se desarrollan en Afganistán y en Irak. Asimismo, en el tratamiento de los cerca de mil inmigrantes extranjeros que –bajo los enunciados de la mal llamada Patriotic Act de octubre del 2001— fueron encarcelados en los Estados Unidos inmediatamente después del 11 de septiembre del 2001. La mayor parte de ellos permanecen encarcelados a pesar de que la fiscalía no ha podido demostrar su vinculación con los responsables intelectuales y materiales de los atentados terroristas contra el World Trade Center, contra el Pentágono y contra el avión de United Airlines que se estrelló en el oeste de Pensilvania.

IMPLICACIONES DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD IMPERIAL



DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL GRAN CARIBE
Lo antes dicho me coloca en una de las principales incidencias que tendrá la “nueva” estrategia de seguridad imperial de los Estados Unidos en el Derecho Internacional Publico Contemporáneo (DIPC), en el Nuevo Orden Panamericano (NOP)14 y, por ende, en las naciones del Gran Caribe: El descarado desconocimiento por parte de las actuales autoridades de esa potencia multidimensional de todos aquellos tratados, organismos e instituciones jurídicas internacionales e interamericanas (incluso las ratificados por los Estados Unidos) que se opongan a sus reverdecidos afanes de dominación sobre todas las naciones del mundo y, en primer lugar, sobre las del Hemisferio Occidental. También los que proscriben las cada vez más frecuentes y draconianas acciones represivas de las agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley tanto contra los ciudadanos estadounidenses opositores a la política oficial, como contra los emigrantes y sus familias residente (o que pretendan ingresar) en el territorio estadounidense.
Esto último viola los acuerdos al respecto elaborados por la comunidad internacional e incluso los enunciados sobre el particular de la Segunda Cumbre de las Américas efectuada en Santiago de Chile en 1998. Igualmente, constituye una flagrante trasgresión del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales signados por la mayor de los Estados del mundo y, por consiguiente, de algunos de los enunciados de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Mucho más porque –como se ha demostrado en los últimos años— los Estados Unidos pretende contener los flujos migratorios “incontrolados” hacia su territorio con el empleo de la violencia en sus fronteras terrestres (cual es la del Muro de la Muerte que se ha levantado en su frontera con México) y en sus aguas jurisdiccionales, como frecuentemente ocurre contra los emigrantes haitianos o dominicanos en el canal de la Mona o frente a las costas de La Florida.
Las violaciones de los pactos internacionales e interamericanos antes mencionados con el remozado pretexto de la “guerra contra el terrorismo global” se vincula íntimamente con la añeja y ahora actualizada pretensión de los círculos de poder estadounidenses de modificar de jure o de facto las bases mismas del DIPC. O sea, los principios de la Carta de San Francisco que dio origen a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los de la Carta de Bogotá que fundó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948. En particular, todos aquellos apartados de ambos instrumentos jurídicos que establecieron y aún establecen la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados, así como la autodeterminación de los pueblos. Igualmente, los artículos de ambas cartas que proscriben el empleo de la coacción y de la fuerza en la solución de los conflictos internacionales y, por consiguiente, propugnan la solución pacífica y negociada de los mismos.
Esta última posibilidad queda virtualmente anulada cuando el gobierno estadounidense proclama en su Estrategia de Seguridad Nacional su presunto deber y su auto conferido derecho a propinar el primer golpe (solo o acompañado por otros gobiernos) contra cualquier nación que –en la evaluación unilateral de la Casa Blanca— sea considerada como “un estado fuera de la ley” o como “un estado fracasado” desde cuyo territorio se incuben “amenazas inminentes” para el territorio, los ciudadanos, la infraestructura, los intereses y la seguridad de los Estados Unidos, así como (lo que es más abarcador y subjetivo aún), para el territorio, los ciudadanos, la infraestructura, los intereses y la “seguridad nacional” de cualquiera de sus múltiples aliados, amigos o socios en todos los confines del mundo. Como hemos vistos, para cumplir esos fines, la gran política estadounidense que venimos comentando también insiste en la conveniencia de mantener su potente sistema de bases militares. Ello a pesar de todo lo codificado por la ONU acerca de la múltiples consecuencias negativas que tiene las bases militares extranjeras para la soberanía, la autodeterminación y el desarrollo de diversas naciones del mundo; en especial de los todavía llamados Países del Tercer Mundo.
Por otra parte, la institucionalización de jure o de facto de los ilegales presupuestos de las “guerras preventivas” contra las llamadas “amenazas inminentes” al territorio de los Estados Unidos y de sus aliados, modifica de manera radical todos aquellos artículos de la Carta de la ONU que establecen que únicamente se emplearán las fuerzas militares de un estado miembro contra otro en el ejercicio fundamentado del derecho a la legítima defensa o en cumpliendo resoluciones expresas del Consejo de Seguridad de la ONU dirigidas a solucionar conflictos que afecten la paz y la seguridad internacionales. Una cláusula parecida quedó establecida en el mal llamado Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) signado en 1947 por los Estados Unidos y los gobiernos de los países entonces independientes de ese continente. A pesar del carácter demostradamente ideológico de ese acuerdo, éste estableció que el uso de la fuerza o de la coacción contra cualquiera de sus Estados miembros o contra “una intervención extranjera” en “los asuntos internos del Hemisferio Occidental” debía de ser decidida por las dos terceras partes de los estados miembros de ese asimétrico pacto político-militar.
Todos los tratados internacionales e interamericanos antes mencionados también son desconocidos cuando el gobierno de los Estados Unidos –en términos que recuerdan el “destino manifiesto”— anuncia su intención unilateral de imponer, por la razón o por la fuerza, su “modelo” económico, político y social a otras naciones del mundo. También cuando expresa su decisión de respaldar –a través de sus programas de Ayuda Oficial al Desarrollo— a las fuerzas opositoras (nuevamente llamados “defensores de la libertad”) a los gobiernos que no comulgan con “los Estados Unidos y todo lo que representan”, así como a derrocar (roll back) en el momento que lo considere oportuno, a las autoridades legitimas de esas naciones. Así lo indican los redactores del documento de marras cuando señalan: “Hoy, estos ideales [los que presuntamente encarnan el modo de vida y el sistema político estadounidense] son un sustento para los solitarios defensores de la libertad. Y, cuando se presente la oportunidad podremos fomentar el cambio, como hicimos en Europa Central y Oriental entre 1889 y 1991, o en Belgrado en el año 2000”(p.4).
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