La nulidad absoluta de los procesos penales contra dahik, bucaram y noboa



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LA NULIDAD ABSOLUTA DE LOS PROCESOS PENALES CONTRA DAHIK, BUCARAM Y NOBOA
La decisión de dictar auto resolutorio de nulidad en los procesos penales en contra del ex Vicepresidente Alberto Dahik, y de los ex Presidentes Abdalá Bucarám y Gustavo Noboa, es constitucional, y ajustada a derecho. Solamente el secuestro político en que cayó la Corte Suprema, permitió que se institucionalice un verdadero terrorismo judicial, que irrespetando la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Función judicial y el Sistema procesal penal ecuatoriano, persiguió a algunos contradictores políticos.

La prejudicialidad constitucional al ejercicio de la acción penal llamada también condición objetiva de punibilidad, que se concreta en la exigencia insalvable de sustanciar un juicio político como presupuesto de procedibilidad se encontraba prevista en el Art. 59, lit. e) de la Constitución codificada de 1993. Cumpliendo el mandato constitucional el Ec., Dahik fue llevado a juicio político y resultó absuelto en el mismo, por lo que constituye un acto de ultraje al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica iniciarle un proceso penal con posterioridad, si había sido absuelto por el propio Congreso de la República. El juicio político se realiza para imputarle cargos, para permitirle la defensa, producir el debate y la votación por la censura. Si es censurado y se aprecian indicios que permitan presumir razonablemente que se hubiese cometido un delito, el Congreso dispone el enjuiciamiento penal y pasa los antecedentes al juez penal que corresponde (así lo reconoce el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Función Judicial). Dahik fue absuelto en el juicio político por lo que su enjuiciamiento posterior constituye un acto de barbarie jurídica, pues JAMAS se cumplió con el presupuesto de procedibilidad.

Otro acto de barbarie coronada ocurre con el ex Presidente Bucarám quien jamás fue convocado a juicio político, no obstante que el Art. 82, lit. g) de la Constitución codificada de 1996, establecía la necesidad del juicio político previo y hasta un año después de la cesación del cargo, y consignaba, “ Si la acusación implicare responsabilidad penal del funcionario, después de juzgar su conducta oficial, ordenará que pase a conocimiento del juez o tribunal competente en caso de hallar fundamento para ello”. JAMAS fue juzgada la conducta oficial del Presidente Bucarám por el Congreso Nacional, ni el Congreso ORDENÓ que un juez o tribunal competente le inicie proceso penal alguno. Este perseguimiento es otro aborto de un manejo perverso y depredador de la justicia penal en Ecuador. Jamás debió iniciarse proceso penal alguno, mientras no se hubiese cumplido con el presupuesto de prejudicialidad constitucional, expresamente previsto ¡
En el caso del Presidente Gustavo Noboa, se produce un nuevo linchamiento judicial. La Constitución del 11 de agosto de 1998, aplicable en su situación, determinaba en el Art. 130 los deberes y atribuciones del Congreso, y entre ellos en el No. 9, proceder al enjuiciamiento político del Presidente y Vicepresidente de la República, etc., que sólo podían ser enjuiciados políticamente por los delitos de tradición a la patria, cohecho, peculado y otros señalados, y que no era necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso político. Lo que debe entenderse es que el Congreso debía llevarlo a juicio político aunque no hubiese un proceso penal, PERO NO que podía iniciarse el proceso penal sin el cumplimiento del requisito previo del enjuiciamiento político. En el párrafo último de este numeral se manifiesta, “si de la censura se derivaren indicios de responsabilidad penal del funcionario, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento del juez competente”. La autorización para el enjuiciamiento prevista en el numeral 10, es para otros casos como los de un delito de tránsito, un homicidio, una estafa, etc., pero no para el caso de peculado.
Este mismo trato debe dársele al ex Presidente Jamil Mahuad víctima igualmente de un sicariato judicial institucionalizado, ya que fue llevado a proceso penal sin previa autorización del Congreso a través del juicio político. Ese proceso está igualmente viciado de nulidad absoluta que como tal es insubsanable e insuperable y que determina la falta de valor del proceso de pleno derecho. La Constitución Política vigente consagra el principio de la igualdad de todos ante la ley, en el Art. 23 numeral 3 como uno de los derechos civiles que caracterizan la vigencia de un Estado de Derecho y el respeto necesario a las garantías del debido proceso.
El auto de nulidad no es susceptible de recurso de apelación ni es consultable, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de 1983, por lo que los procesos penales sustanciados con arreglo al mismo no admiten tales instancias. La Constitución Política de 1998, consagra en el Art. 24 numeral 1 como una de las garantías del debido proceso, el derecho a ser juzgado de acuerdo con la ley preexistente. ¡ Para evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse, hay que decirle NUNCA MAS al abuso del poder político, impidiendo una nueva Corte Suprema comprometida con instancias de poder, y el reparto político depredador de ese nuevo gigante que es el Ministerio Público ¡

Dr. Alfonso Zambrano Pasquel

CI 09 0331038 1


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