La responsabilidad civil en el procedimiento de menores isabel Fernández Olmo



Descargar 64.6 Kb.
Fecha de conversión09.12.2018
Tamaño64.6 Kb.
LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCEDIMIENTO DE MENORES
Isabel Fernández Olmo.

Fiscal de Menores de la Audiencia Provincial de Málaga.

Septiembre 2005.

Una de las materias más novedosas e interesantes de la nueva Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, es la incorporación, por primera vez en nuestra legislación, de la responsabilidad civil al procedimiento desencadenante de un hecho delictivo cometido por un menor, todo ello dentro de la postura actual de reforzar la protección de las víctimas en todo tipo de procesos. Con anterioridad a esta ley, en el proceso de menores sólo se discutía la pretensión penal, debiendo de acudir los perjudicados por los daños ocasionados por los menores delincuentes, a la jurisdicción civil.


Por ello, como señala la propia Exposición de Motivos, con la nueva ley se trata de proteger “el interés propio del perjudicado o víctima del hecho cometido por el menor”
Así, los hechos cometidos por menores con daño para terceros pueden generar responsabilidad civil:

para ellos mismos,

para sus representantes legales,

para terceros (titulares de vehículos, aseguradoras, empresarios,…).


Cuando los hechos no tienen trascendencia penal, las disposiciones sustantivas básicas aplicables son los art. 1902 y 1903 del Código Civil, y el procedimiento se tramita ante la jurisdicción civil conforme a las normas civiles. Pero cuando el hecho cometido por el menor, es delictivo y por tanto tiene trascendencia penal, se incoará un procedimiento penal conforme a las prescripciones de la LO 5/2000, y junto a él se abrirá un procedimiento paralelo al penal, tramitado por el Juez de Menores, en el que se sustanciarán las responsabilidades civiles, y que termina por sentencia, con la particularidad de que no producirá efectos de cosa juzgada, y permitirá que la cuestión se plantee de nuevo ante la jurisdicción civil.

Por tanto la nueva legislación aborda la problemática de los daños derivados de hechos constitutivos de delito o falta, estableciendo un proceso autónomo para el conocimiento de la pretensión de resarcimiento, y para ello la Ley usa el término de PIEZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, parece que con ello quiera dar a entender que éste es un proceso accesorio al procedimiento penal (al que incluso en ocasiones denomina proceso principal).


Las normas civiles de la Ley Penal del Menor solamente serán de aplicación cuando simultáneamente concurran las siguientes circunstancias:

Que los hechos hayan sido cometidos por menores entre 14 y 18 años.

Que los hechos sean típicos penalmente.

Que el perjudicado opte por ejercitar las acciones civiles por los cauces previstos en esta Ley.


La filosofía que subyace con esta inclusión de la responsabilidad civil en el proceso penal, puede ser sin duda digna de alabanza, ya que con ello se trata de proteger a la víctima, evitándole los inconvenientes de obligarle a acudir a un proceso distinto, ante una jurisdicción distinta para conseguir una reparación de los daños y perjuicios que se hayan inferido como consecuencia de la acción delictiva. Sin embargo, a estas alturas de la Ley, si bien esta prioridad parece que se está cumpliendo, también está produciendo dificultades y disfunciones en la aplicación de la misma, ya que conseguir el resarcimiento de los daños causados en esta jurisdicción, puede desviar la respuesta principal que se trata de conseguir a través de la ley, dado su principal carácter educativo y socializador, y que pretende la reintegración del menor en la convivencia social.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.


A diferencia del sistema penal de adultos, el Decreto de 11 de junio 1948 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Tribunales de Menores expresamente excluía el ejercicio de acciones civiles en el procedimiento de reforma de menores. Este sistema se mantuvo en la Ley Orgánica 4/92, de 5 de junio, cuyo art. 15 establecía que no cabía el ejercicio de acciones por particulares. El perjudicado debía acudir para resarcirse al proceso civil ante el Juez de Primera Instancia. El legislador lo que trató de evitar en todo momento era la confrontación entre perjudicado y víctima, y devino de la necesidad de que en el proceso de reforma de menores se orientara esencialmente en la finalidad educativa y resocializadora del menor, y no mezclarla con otras finalidades que pudieran distorsionar el proceso o perturbar su rápida conclusión.

Pero pronto cobraron auge las corrientes de la victimología, que propugnaban dar una efectiva protección a los perjudicados en el proceso penal de menores.

Por tanto se permite en la nueva ley ejercer la acción civil derivada del delito pero no de forma acumulada como en el procedimiento de adultos, sino como se ha dicho con anterioridad a través de una pieza separada ante el mismo Juez de Menores, con una pretendida tramitación autónoma.
La ley no se limita a regular los aspectos procesales, si bien su regulación es de carácter fundamentalmente procesal, sino que también regula e introduce importantes novedades de naturaleza sustantiva.
La explicación sin duda de la inclusión de la responsabilidad civil en el procedimiento de reforma por un lado, y su regulación como pieza separada por el otro, es pretender proteger a la víctima aprovechando el proceso de reforma en curso para sustanciar las responsabilidades civiles, pero sin enfrentarla al menor y sin perturbar la finalidad esencial del procedimiento de reforma, cual es la imposición de medidas al menor en el marco educativo y sancionador, y de acuerdo con su interés, y para ello se introduce la responsabilidad civil como objeto del proceso de menores pero evitando la acumulación de acciones que se da en el proceso penal de adultos, tramitando la acción civil por cauces separados.
Sin embargo esta tramitación separada ha sido duramente criticada por la doctrina y por Jueces y Fiscales, que han propugnado su desaparición de la legislación, como ocurría con anterioridad, o al menos su regulación conjunta en el mismo procedimiento como ocurre en la jurisdicción de adultos, máxime cuando por Ley Orgánica de 25 de noviembre de 2003, se modificó el art. 25, que ha admitido la total participación de los perjudicados como acusación particular en el procedimiento de menores (siempre y cuando el hecho delictivo sea calificado de delito).

REGULACION


La pieza de responsabilidad civil viene regulada en el TITULO VIII: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, en los art. 61 a 64 de la Ley.

Art. 61: Reglas Generales

Art. 62: Extensión de la responsabilidad civil

Art. 63. Responsabilidad civil de los aseguradores

Art. 64: Reglas de procedimiento.
Sin embargo no se acota la regulación de la responsabilidad civil en los referidos artículos, ya que también cuando regula el procedimiento de reforma hace continuas alusiones al tema de la responsabilidad civil:

Art. 18: En el caso de Desistimiento.

Art. 19: En el caso de Archivo por Conciliación.
Como ya se ha señalado con anterioridad, esta regulación incluye no sólo normas procesales, sino también normas materiales y sustantivas. Con todo no establece una regulación completa, ya que en muchos aspectos necesita de ser integrada con las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, e incluso con normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

NATURALEZA JURIDICA


De la regulación que ofrece la Ley, puede señalarse que estamos ante:
A) Un procedimiento civil declarativo especial y sumario, en donde no existe prueba tasada.

B) Un procedimiento autónomo, con respecto al proceso principal penal, al no coincidir las partes en ambos procesos, en donde existe un objeto distinto y diferenciado, con pretensiones distintas, y todo ello a pesar de lo desafortunado del término: pieza de responsabilidad civil. Que se trata de un procedimiento autónomo, viene confirmado en el art. 18, cuando regula en él el desistimiento, y que permite no obstante el archivo del procedimiento penal, la continuación de la pieza para depurar tan sólo las responsabilidades civiles.

C) Un proceso de efectos limitados, al no producir efectos de cosa juzgada. Cuestión ésta que se evidencia en muchas ocasiones como problemática.

COMPETENCIA


Conforme al art. 96 LOPJ se establece que en cada provincia con jurisdicción en toda ella, y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Menores. Por tanto, en principio la demarcación es la provincia. El propio art. 96 establece una excepción: “cuando el volumen de trabajo lo aconseje” podrán establecerse Juzgados de Menores “cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o a una agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma”
El art. 2, 2 LORPM dispone que la competencia corresponde al Juez de Menores donde se haya cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el art. 20, 3 de esta Ley. Por lo que el Juzgado de Menores tendrá competencia sobre los hechos delictivos cometidos por menores en la provincia en que radique. Si se cometen varios hechos delictivos, y éstos son conexos, habrán de acumularse en un único procedimiento. Si todos los hechos han sido cometidos en una misma provincia, las reglas de competencia no se alteran, pero si se han cometido en distintas provincias, la LORPM establece un fuero preferente: la determinación del órgano judicial competente para el enjuiciamiento será teniendo en cuenta el domicilio del menor, y subsidiariamente los criterios contenidos en el art. 18 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

LEGITIMACION ACTIVA


Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal no obstante tener una naturaleza subsidiaria como actor civil en este tipo de procedimiento, sin embargo la Ley Orgánica se refiere principalmente a él cuando habla del demandante. La regla general es que la acción civil la ejercite el Ministerio Fiscal, sin embargo no la ejercerá como excepción en tres supuestos:

A) Cuando el perjudicado renuncie a ella.

B) Cuando el perjudicado la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza de responsabilidad civil.

Hay en este supuesto una notable diferencia con respecto a la jurisdicción de adultos, ya que en el proceso de adultos, aunque el perjudicado se persone y ejercite la acción civil, el Fiscal también la ejercerá si procede. Por el contrario en el proceso de menores, personado el perjudicado para ejercitar la acción civil, supone la eliminación automática del Fiscal como actor. Con esta opción creemos que es acertada la regulación de la Ley del Menor, toda vez que la acción civil va encaminada a satisfacer intereses particulares, y el caso de que el titular del bien jurídico se persone a defender sus propios intereses la presencia del Fiscal es ajena a la función constitucional que se le atribuye en el art. 24 de la Constitución.

C) Cuando el perjudicado se reserve la acción civil para ejercerla ante el orden jurisdiccional civil.

Pero en los casos de reserva de acciones civiles para ejercerla en el orden civil, no será de aplicación en estos casos las normas contenidas en la Ley Orgánica 5/2000, sino que se regirá por las normas sustantivas contenidas en los art. 1902 y 1903 y siguientes del Código Civil y normas procesales concordantes.

En todos estos casos, a estos perjudicados, y una vez acreditado el interés que tienen en el pleito habrán de facilitársele los datos precisos para su reclamación civil, incluso con testimonio (difícil por ahora, mientras no exista la figura del Secretario) o copia de las actuaciones, salvo aquellos extremos que afecten a la intimidad o vida privada y familiar del menor, sobre todo los datos contenidos en los Informes de los Equipos Técnicos, aunque en ocasiones en estos informes se contienen los datos relativos a sus representantes legales, domicilios de los mismos, y que pueden no constar en el resto del procedimiento, y que por lo tanto le deberán ser facilitados.
Además de todo lo anterior, la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000, permite que el Fiscal no entable demanda o desista de la ya formulada en determinadas ocasiones:

-/ Manifiesto desinterés expreso o tácito del perjudicado; esto es, caso de que requeridos continuamente para que manifiesten su voluntad de reclamar dentro del plazo que se les confiere, y en su caso aporten facturas o presupuestos de daños, valor,… hagan caso omiso a los referidos requerimientos.

-/ Manifiesta insolvencia del menor y ausencia de otros responsables solidarios.

-/ En casos de ínfima cuantía de los daños causados o del valor de la cosa a restituir.

No está incluído en la Circular mencionada, pero quizás podría añadirse un cuarto supuesto, esto es, los casos de acreditada solvencia del perjudicado o sobre todo de grandes empresas que cuentan con una estructura más que suficiente para defender sus propios intereses (v. gr. Entidades aseguradoras, bancos, etc…).
Perjudicado.
Evidentemente, el propio perjudicado por sí mismo puede ejercer la acción civil, como titular del derecho subjetivo y disponible, art. 64, 2 LORPM.
Espontáneo.
Señala el art. 64, 2 LORPM que podrán personarse “también espontáneamente quienes se consideren como tales”.

Llama la atención la figura del “espontáneo”, aunque su condición de afectado tendrá que acreditarlo en el momento de su personación, y en su caso el Juez de Menores en el auto de inicio del procedimiento fijará o no su legitimación para ser parte en el proceso.


Compañías aseguradoras.
En principio, según la LORPM pueden personarse en la pieza de responsabilidad civil aparte de los ya señalados anteriormente: las compañías aseguradoras que se tengan por parte interesadas.
La alusión a la posibilidad de personación de las aseguradoras como partes interesadas plantea el problema de si debe entenderse que la regla 2ª se refiere a la personación en concepto de demandante, en subrogación de su asegurado, por la indemnización satisfecha en virtud del contrato de seguros. Sin embargo, conviene recordar que la posibilidad de subrogación del asegurador en las acciones civiles del asegurado está recogida genéricamente en el art. 43 de la Ley de Contrato de Seguro, 50/1980, de 8 de Octubre, por lo que hay que concluir que en la pieza de responsabilidad civil en el procedimiento de menores hay que admitir al asegurador como demandante, reconociéndole la cualidad de tercero perjudicado.

LEGITIMACION PASIVA


Menor.
Evidentemente el primer responsable civilmente, es el menor responsable del hecho delictivo. Lógicamente han de tratarse de menores entre 14 y 18 años, que son los destinatarios naturales de la LORPM y a los que propiamente denomina menores.

Para los menores de entre 18 a 21 años a los que la Ley llama “jóvenes”, antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2000, y por LO 9/2000, fue prorrogada su vigencia por dos años. Y con posterioridad por L0 9/2002, se suspendió el plazo de su vigencia hasta el 1 julio 2007. Hoy son las voces mayoritarias las que recomiendan que el tramo comprendido entre los jóvenes de entre 18 a 21 años desparezcan totalmente del ámbito de aplicación de la Ley del Menor.


Para los menores de 14 años serán competentes:

La jurisdicción civil conforma a las normas contenidas en los art. 1902 y ss del Código Civil.

La jurisdicción contencioso-administrativa, en los casos de menores tutelados por la entidad pública de protección.
Menores emancipados.
Los menores emancipados suponen un límite a la denominada solidaridad que puede llevar a exonerar la responsabilidad civil al tercero, salvo los casos de emancipación tácita por vía del art. 319, ya que este tipo de emancipación puede ser revocada en cualquier tiempo. Por tanto en los casos de menores emancipados, ellos serán los únicos responsables.
Guardadores en sentido amplio. Los representantes legales.
Se trata de terceros por vínculo jurídico de parentesco legal, de hecho o educativo. Se establece en la ley un orden de solidaridad en cascada, pero que no es excluyente.
Llama la atención la previsión contenida en el art 61, 3 Ley: “Cuando éstos no hubieran favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos”. Ya que en estos casos estamos más bien próximos a la responsabilidad criminal por inducción, cooperación necesaria o complicidad, que a la responsabilidad civil a la que aquí nos venimos refiriendo, ya que si hubieran favorecido la conducta del menor también responderán civilmente pero ante la jurisdicción penal de adultos.

En cuanto a la posibilidad de moderación cabe por el Juez de Menores, quien podrá moderar la responsabilidad civil de los representantes legales, pero no excluir totalmente dicha responsabilidad.


Padres separados o divorciados.
En los casos de padres separados o divorciados al no distinguir la Ley al respecto, ambos progenitores resultarán responsables aunque no tengan la guardia o custodia, todo ello sin perjuicio de las facultades de moderación del Juez.
Tutores.
El art. 229 Código Civil obliga a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, a los parientes llamados a ella, y la persona bajo cuya guardia se encuentre el menor , “que si no lo hicieran, serán responsables solidarios de las indemnizaciones y perjuicios causados”. Si bien debe descartarse la responsabilidad del tutor que lo sea exclusivamente de los bienes del tutelado.
Entidades públicas. Menores en desamparo.
En los casos de menores tutelados conforme a lo dispuesto en el art. 172 Código Civil por las Entidades Públicas de Protección de Menores, serán éstas las responsables civiles de los hechos delictivos cometidos por los menores. Sin embargo ello no excluye en principio la responsabilidad de los padres, aunque la asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleve consigo la suspensión de la patria potestad o tutela ordinaria, ya que la responsabilidad civil contenida en la LORPM es objetiva y fundada en el riesgo.
En apoyo de esta tesis, de la responsabilidad de los padres no obstante también la responsabilidad de la entidad pública de protección está precisamente en que la declaración de desamparo que motiva la asunción de la tutela vendrá precedida en gran número de supuestos por el incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes. En estos casos, junto con el menor responderán los padres y la entidad pública por este orden.
También responderán civilmente ante la jurisdicción de menores, en los supuestos de asunción de la guarda de menores infractores por la entidad pública, art. 172, 2 Código Civil, por lo que podrá demandarse tanto a los padres como a la entidad pública, pues esta guarda se constituye a solicitud de los padres y no implica la suspensión de la patria potestad.
Conviene advertir que la posibilidad de demandar a la entidad pública se realizará ante el propio Juzgado de menores, y no habrá que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Acogimiento legal.
En los casos de menores acogidos legalmente por otra familia serán responsables civiles los padres, la entidad pública y los acogedores, por este orden.
Guardadores de hecho.
Mayores problemas plantea la posibilidad de demandar a los guardadores de hecho de un menor, sobre todo en los casos de inexistencia de parentesco entre ellos, y que voluntariamente asumen una obligación que implica hacer un bien a la sociedad. Sin embargo el tenor literal de la ley los incluye como responsables solidarios.
Compañías aseguradoras.
El art. 63 LORPM incluye como responsable directo a los aseguradores que hubieran asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores.

Este precepto es fiel traducción de lo que como novedad desde el punto de vista del derecho positivo se recogía en el art. 117 del nuevo Código Penal.


La condición de responsable civil directo del asegurador descansa en los siguientes presupuestos:

  • La existencia de un seguro, voluntario u obligatorio de responsabilidad civil.

  • La tipificación del riesgo asegurado que ha de estar referido al uso o explotación de un bien, empresa, industria o actividad.

  • Que el hecho delictivo se encuentre comprendido en el ámbito del riesgo asegurado.

De todas formas, siempre será conveniente requerir a los demandados, especialmente en el caso de los padres, para que señalen la existencia de algún tipo de seguros, especialmente el seguro de hogar, que normalmente cubre este tipo de riesgos, y así poder demandarlos igualmente.


Otros responsables.
Directores de Centros docentes.
En el ámbito de la responsabilidad civil en materia de menores se discute la posibilidad de aplicar el art. 1903, 5 Código Civil, a los efectos de demandar como responsables civiles a los titulares de centros docentes por los daños y perjuicios derivados de delitos y faltas cometidos por los menores de edad, durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallan bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares o complementarias.

Se ha propuesto incluso la posibilidad de encauzar estos supuestos interpretando que en estos casos el centro docente habría de ser considerado como guardador, y por tanto cabría fundamentar su responsabilidad por la vía del art. 61, 3 LORPM.


En mi opinión no habría obstáculos legales a la posibilidad de que el centro escolar fuese demandado en la pieza separada aplicando supletoriamente el art. 1903, 5 Código Civil conforme a la cláusula general de supletoriedad contenida en el art. 4, 3 Código Civil, siendo por lo demás esta solución respetuosa con el principio de economía procesal y de protección de la víctima, principios que quedarían maltrechos si se obligara al perjudicado a entablar un nuevo proceso contra otros eventuales responsables.

REGLAS DE PROCEDIMIENTO.


La Ley 5/2000 introduce en su Título VIII, una fórmula intermedia, específica y compleja para el resarcimiento de los intereses del perjudicado o víctima.
Y aquí ocurre como en el procedimiento penal de menores, procedimiento que no se corresponde exactamente con ninguno de los establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento civil no responde con exactitud a ninguno de los modelos de proceso declarativo recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se trata de un procedimiento ordinario, pero sin la existencia de audiencia previa, por lo que tanto la parte actora como la demandada deberán proponer en sus correspondientes escritos de demanda y contestación de los medios de prueba de que intenten valerse. Tampoco existe el trámite de conclusiones o de valoración de la prueba.
Conviene advertir que no obstante la literalidad del art. 61, 2 Ley, que impone la existencia de una pieza por cada uno de los hechos imputados y que de aplicarse esta disposición en sus propios términos, la consecuencia práctica sería la de que en los supuestos en que exista conexidad penal, que da lugar al conocimiento de más de un hecho delictivo en un solo expediente, la causa civil debería “multiplicarse” dando lugar a tantos procesos civiles como hechos delictivos imputados. Pero no cabe duda que esta previsión carece del más mínimo fundamento, y la única razón que puede explicarla es que en los proyectos iniciales de la Ley se diseñó un sistema de expediente personal por cada menor, sistema que posteriormente fue desechado a favor del expediente por hecho, a imagen y semejanza del sistema de adultos. Y al optarse definitivamente por el expediente penal por hecho, no se revisó esta previsión del art. 61, 2. y la práctica jurisprudencial se ha inclinado por incoar una única pieza por expediente personal, pues con ello se agiliza y facilita el trámite, sin perjudicar los derechos de los interesados.
En su regulación podemos distinguir tres fases:

Fase preparatoria y de inicio

Fase de alegaciones

Fase de juicio y resolutoria.


Fase preparatoria y de inicio.
Las actuaciones previas al inicio de la pieza coincide con la incoación del procedimiento penal, ya que el art. 16, 3 Ley establece que el Ministerio Fiscal una vez que incoa el expediente contra el menor debe dirigir oficio al Juzgado de Menores donde pondrá en conocimiento de dicho órgano no sólo la incoación del expediente, sino además deberá determinar con claridad y precisión la existencia de responsabilidades patrimoniales derivadas del presunto hecho delictivo y las personas que aparecen como perjudicados.

Además de la remisión del referido oficio el Ministerio Fiscal está obligado a los que aparezcan como presuntos perjudicados la incoación del expediente informándoles de su derecho a ejercitar las correspondientes acciones civiles, art. 22, 3.

Pero la Ley impone igualmente al Juez de Menores la obligación de notificar a quienes aparezcan como posibles perjudicados su derecho a ser parte en el proceso, estableciendo el plazo límite para el ejercicio de la acción, art. 61, 1ª in fine. Está notificación deberá hacerse tan pronto se inicie la pieza civil.
Una vez se ha producido esta notificación, se abre el plazo de los que se consideren perjudicados para comparecer, personándose en el proceso civil. Conforme al art. 61, 1 el plazo para esta personación es el de un mes.
El escrito de los presuntos perjudicados deberá indicar las personas que se consideren responsables de los hechos cometidos y contra los cuales se pretende reclamar.
La ley impone igualmente al Juez de Menores la obligación de notificar al menor y a sus representantes legales, en su caso, de su condición de posibles responsables civiles.
Fase de alegaciones.
Una vez trascurrido el plazo de un mes y personados los presuntos perjudicados y responsables civiles el órgano jurisdiccional debe dictar auto de inicio del procedimiento. Con este auto se inicia la fase de alegaciones, y en él el Juez señalará las partes actoras y demandadas y dará el plazo de un mes a los demandantes para que presenten un escrito con las pretensiones y proponer pruebas, incluida la confesión en juicio y la de testigos, sin que pueda rechazarse por el hecho de que se hayan practicados en el expediente penal.
El contenido de la demanda deberá contener como mínimo:


  • La fijación clara y precisa de la reclamación de daños y perjuicios que solicita, en base a los hechos y fundamentos en que se base, art. 399 y 437 LEC, acompañando los documentos oportunos.

  • Fijación de la cuota de cada menor en los supuestos de coparticipación.

  • Relación de causalidad entre el representante legal o de hecho demandado y el menor vinculado jurídicamente.

  • Proposición de prueba.

El plazo para la presentación de la demanda es de 10 días. Si una vez transcurrido dicho plazo no se hubiere presentado escrito de demanda, deberá ser archivado el proceso, y en el caso de que existieran más personas personadas, se procederá al archivo respecto de aquél que no presentó la demanda.


Una vez transcurrido el plazo par interponer la demanda, el Juez de Menores dará traslado del escrito a los demandados, quienes en un plazo de 10 días deberán contestar la demanda y promover a su vez la prueba que consideren necesaria, art. 64, 5ª. La contestación a la demanda deberá formularse en los términos previstos en el art. 405 LEC. Si no se presenta el escrito de contestación en el referido plazo, no dice nada la Ley a las consecuencias que acarreará, pero creo que deberá entenderse que existe oposición a la demanda y procederá a impulsar de oficio el procedimiento, dando por precluido el trámite y convocando a las partes a juicio oral.
Fase de juicio y resolutoria.
En la vista oral las partes expondrán sus pretensiones y alegaciones, se admitirán las pruebas pertinentes y se practicarán las pruebas propuestas .
La vista será pública por aplicación de los principios generales recogidos al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo sin embargo celebrarse a puerta cerrada en los supuestos y con las garantías legalmente previstas en dicha ley.
No se cumple aquí las previsiones contenidas en la ley, respecto a la documentación de la vista por medio de un sistema de grabación y reproducción, art. 147 LEC, ya que las administraciones competentes no han previsto desgraciadamente aún de los medios necesarios para el cumplimiento de esta norma.
Por lo que respecta a la prueba, son pocas y poco afortunadas las reglas que al respecto se contienen en la Ley, debiendo acudirse para su integración y corrección a las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Juez de Menores no podrá rechazar la confesión en juicio o la prueba testifical por el hecho de haber sido ya practicada en el expediente principal, art. 64 Ley. De la simple lectura de este artículo, cabe destacar la notoria impropiedad a que el legislador se refiere a la prueba de confesión, y que no entra en concordancia con la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pese al simultáneo tiempo de elaboración de ambas leyes, ya que la LEC se refiere a este tipo de prueba con la terminología “interrogatorio de las partes,…de testigos”.
Por lo que se refiere al orden de la práctica de las pruebas deberá tenerse en cuenta lo preceptuado por el art. 300 LEC. Además conforma al art. 64, 7 el Juez de Menores mandará unir a la pieza aquellos particulares del expediente principal y de las actas de las audiencias que considere relevantes para su decisión. Se otorga aquí una considerable intervención al órgano jurisdiccional en sede probatoria, no acorde con los principios propios del orden civil (principio dispositivo).
Una vez celebrada la audiencia el Juez de menores dictará sentencia. Sin embargo conviene aquí advertir, que el proceso civil debe finalmente acomodarse al del penal, en el sentido de que no puede recaer sentencia hasta que se haya dictado resolución definitiva en el proceso penal, no obstante los posibles problemas de contaminación que pueden existir por parte del Juez de Menores.
Contra dicha sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial correspondiente, que se sustanciará por los trámites de la apelación regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la cuantía que corresponda.

El valor de la sentencia.
El art. 64, 10 Ley dispone que “la sentencia no producirá fuerza de cosa juzgada, quedando a salvo el derecho de las partes para promover juicio ordinario sobre la misma cuestión, en el cual se considerarán hechos probados los hechos que el Juez de Menores haya estimado acreditados, así como la participación del menor”.
Llama la atención poderosamente que la sentencia recaída en este proceso no produzca efectos de cosa juzgada, efecto que tan sólo se excluye en los procedimientos sumarísimos en los que queda limitado el ámbito de conocimiento del Juzgador, pero no ocurre aquí en el proceso civil de menores, en los que no existe límite alguno en cuanto a la prueba, y tampoco existen límites al objeto del debate procesal.

La explicación de esta antinomia puede encontrarse en los sucesivos retoques al sistema, ya que inicialmente se limitaba las posibilidades de proposición de prueba, y correlativamente limitaba los efectos de la cosa juzgada. En sucesivos retoques se suprimió la limitación a la prueba olvidando suprimir los límites a los efectos a la cosa juzgada.


Dicha carencia de cosa juzgada ha sido criticado por la mayoría de la doctrina por lo que supone de retraso en obtener una respuesta ágil y rápida al perjudicado al que se trata de proteger con la creación de esta pieza separada. Además de que perjudica aún más la posición del menor, que se puede ver sometido a sucesivos enjuiciamientos, no cumpliéndose las previsiones de evitar la posible “judicialización” del menor”.

EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL


El art. 62 de la Ley establece que la responsabilidad a la que se refiere el artículo anterior se regulará en cuanto a su extensión por lo dispuesto en el Capítulo I. Título V del Libro I del Código Penal vigente.
Así conforme al art. 110 Código Penal se establece, que la responsabilidad civil comprende:

La restitución

La reparación del daño

La indemnización de perjuicios materiales y morales.


Habrá que acudir a los artículos siguientes del Código Penal para integrar su contenido: art. 111 (la restitución de la cosa siempre que fuera posible, art. 112 (la reparación), art. 113 (la indemnización), art. 114 (la compensación de culpas).

POSTULACION


El art. 64, 11 señala que en la pieza de responsabilidad civil no se precisa letrado ni procurador, pero si fuera solicitado, se designará letrado de oficio al presunto responsable. Los representantes legales del menor podrán ser defendidos por el letrado designado al menor en el procedimiento principal, si así se aceptare por aquél.
La redacción de este precepto se ha prestado a confusiones. Su literalidad, significa, que en principio si nadie solicita nada, no habrá necesidad de Letrado. Ahora bien, si se solicita por el presunto responsable, se le designará Letrado de oficio; de lo que parece deducirse que un principio el Letrado designado al menor en el procedimiento principal no tiene por qué encargarse de la defensa de éste en la pieza separada. En cualquier caso, aunque ello no se desprende de la redacción del artículo, y dado que el proceso principal y la pieza separada no son sino las dos caras de la misma moneda, parece que una interpretación lógica y sistemática del precepto impone que si es solicitado, se designe al menor el mismo Letrado ya designado en los autos principales.
Sin embargo se ha criticado esta regla de postulación, por un lado porque la intervención necesaria de un abogado de oficio para una demanda civil no se comprende, pudiendo este privilegio inculcar el principio de igualdad de armas con respecto al perjudicado, y por otro lado porque la exención de la defensa y de la procura para los asuntos de cuantía superior a los 900 € puede generar situaciones de indefensión. No obstante, el obstáculo se podría salvar preservándose la designación de abogado de oficio para el perjudicado si así lo solicita.

Más llamativo resulta aún la posibilidad de defensa de los representantes legales, que ni tan siquiera hayan acreditado el derecho para la asistencia jurídica gratuita.

AUTO EJECUTIVO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEHICULOS DE MOTOR.
El art. 13 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre) señala: Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayere sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no hubiere renunciado a la acción civil ni la hubiere reservado para ejercitarla separadamente antes de acordar el archivo de la causa, el Juez o Tribunal que hubiere conocido de la misma, dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado amparados por dicho seguro obligatorio.

El auto referido contendrá la descripción del hecho y la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos.


La Instrucción 1/93 de la Fiscalía General del Estado sobre líneas generales de actuación del Ministerio Fiscal en el procedimiento de menores conforme a la anterior Ley Orgánica 4/92 de 5 de junio, se pronunciaba sobre el dictado de título ejecutivo, considerando incompetente a la jurisdicción de menores y competente al Juez de Instrucción. Todo ello era consecuencia necesaria de que los Jueces de menores eran incompetentes para conocer de la responsabilidad civil derivada del delito o falta, no obstante ser los Jueces de Instrucción reacios a asumir tal competencia. Sin embargo ahora en la nueva regulación al asumir los Jueces de Menores competencia en materia de responsabilidad civil, debe afirmarse su competencia para dictar el título ejecutivo cuando proceda.
Ya se disponen de algunas resoluciones de Audiencias Provinciales atribuyendo la competencia para el dictado de título ejecutivo al Juez de Menores:

Autos de 30 de enero y 10 de marzo de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Auto de 19 de noviembre de 2002 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Auto 96/2002 de 12 de marzo de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga, en este caso además se negaba la posibilidad de que fuera el Fiscal de Menores quien dictara el título ejecutivo, en los casos de desistimiento de la incoación del expediente, en primer lugar porque dada la dicción del art. 13 el desistimiento es una resolución que pone fin al procedimiento y en segundo lugar porque el Ministerio Fiscal carece de jurisdicción.


Parece ser que en todo caso para que pueda dictarse el título ejecutivo es necesario la denuncia del perjudicado, como requisito de procedibilidad en las faltas de lesiones imprudentes.

En cuanto al proceso en que debe dictarse el auto, por su propia naturaleza, deberá hacerse en la pieza de responsabilidad civil.

Una vez obtenido en la jurisdicción de menores el título ejecutivo, el régimen procesal para hacerlo efectivo se contiene en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 que establece un nuevo proceso de ejecución unificado en su Libro III “De la ejecución forzosa y demás títulos ejecutivos”.

Bibliografía:

- José Miguel de la Rosa Cortina. Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. La responsabilidad civil de menores de edad. Aspectos sustantivos y procesales. En especial, responsabilidad derivada de la comisión de infracciones penales. Intervención de las aseguradoras.

- Jorge Carrera Doménech. Magistrado. El proceso de responsabilidad civil en la Ley Orgánica 5/2000.



- María Teresa Olavaria Iglesia. Fiscal de Menores. La responsabilidad civil en la Ley de Responsabilidad Penal del menor. LO 5/2000 de 12 de enero. Noviembre 2000.

- Armando Barreda Hernández. Magistrado. Estudio sobre la controvertida inclusión de la acción civil en el nuevo proceso penal de menores. 2001.


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2019
enviar mensaje

    Página principal