Lectura sociodemográfica y de derechos de la migración de niños mexicanos a Estados Unidos



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Lectura sociodemográfica y de derechos de la migración de niños mexicanos a Estados Unidos

Eduardo Andrés Sandoval Forero

Juan Gabino González Becerril

Rosa Patricia Román Reyes

forerosandoval@gmail.com

gonzalezg2012@hotmail.com



promanreyes@yahoo.com.mx

Integrantes del Cuerpo Académico Migración interna e internacional

Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población

Universidad Autónoma del Estado de México



Resumen

La ponencia expone algunos aspectos sociodemográficos y la política del cuidado y protección de la migración infantil de México ha Estado Unidos. Es parte de una investigación que incluye el retorno obligado o voluntario de este sector de la población. El trabajo se fundamenta en la perspectiva crítica de los estudios de la población, utilizando la metodología comparativa y deductiva a la luz de la información bibliográfica, hemerográfica y estadística disponible en el país. El texto se estructura con un apartado sobre la metodología utilizada; otro sobre el diagnóstico sociodemográfico de la migración de niños mexicanos a Estados Unidos; un tercero aborda y discute la política del cuidado y la denominada crisis humanitaria de la movilidad infantil en contexto internacional.

Esta complejidad de la migración infantil internacional enmarcada en la globalización económica, además de las crecientes cifras, conduce a conclusiones que atañen a la dimensión social y demográfica por una parte, y por otra a la violación a los derechos humanos y los derechos de los niños en contradicción con los instrumentos del derecho internacional y con las políticas anti-migratorias que violan las garantías de los menores migrantes.

Presentación

En las discusiones recientes sobre la migración se destacan varios fenómenos, uno de los cuales es el vinculado con la crisis humanitaria que viven los migrantes, en particular los menores de edad, cuya migración resulta relevante desde cualquier punto de vista. Es importante cuantitativamente, porque los datos apuntan a que migran miles de niños, niñas y adolescentes mexicanos a Estados Unidos y muchos de ellos son detenidos en la frontera controlada por la patrulla fronteriza, las bandas de traficantes de personas, policías de los tres niveles de gobierno, elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que se encarga de la administración de las estaciones migratorias.

Las cifras del desplazamiento infantil son preocupantes: el gobierno estadunidense devolvió a México, de enero a noviembre de 2014 19 mil 296 pequeños; en cambio, autoridades federales mexicanas regresaron a sus naciones, principalmente centroamericanas, sólo cuatro mil 517 menores de edad. Dichas cifras exponen que Estados Unidos devuelve cuatro veces más niños mexicanos, que lo que el gobierno federal repatria a otras naciones (INM, 2014).

Pero la relevancia de la migración infantil no se da únicamente por la fuerza de las cifras. Es innegable y lamentable a la vez, tener que reconocer que la niñez migrante se ha convertido en el punto más vulnerable para la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. La vulnerabilidad en que se encuentran, la falta absoluta de respeto a sus derechos humanos y el desconocimiento de sus garantías, los convierten en víctimas de violación a sus derechos humanos, que van desde el maltrato, la explotación sexual y el trabajo forzado, hasta abusos por parte de autoridades, la deportación o el encarcelamiento.

Sin embargo, los niños en general y los niños migrantes específicamente, continúan siendo invisibles. “Históricamente la infancia es invisible. El hilo conductor de las crónicas históricas son las grandes batallas y los grandes personajes. La vida cotidiana y doméstica, y por lo tanto también la infancia, hasta muy recientemente en general no han sido temas de interés. En las crónicas históricas, cuando aparece algún menor es un príncipe o una princesa. El resto de la infancia no existe”. Así comienza un informe de amnistía internacional1 sobre la situación e historia de la infancia, destacando su invisibilidad, misma que también está presente en la falta de reconocimiento e interés político sobre este complejo fenómeno y que afortunadamente y de manera gradual y sistemática, se comienza a superar en el estudio y análisis desde las ciencias sociales.

Con este punto de partida fue organizado el documento, destacando en primera instancia, la metodología, en segundo lugar, la importancia demográfica, en tercer lugar, la situación del cuidado y protección de los emigrantes mexicanos infantiles y por último la discusión sobre la política del cuidado y la denominada crisis humanitaria de la movilidad infantil a Estados Unidos.



Metodología

Para lograr el objetivo central de este artículo, se optó por utilizar el método comparativo, el cual es una herramienta de análisis que permite estudiar situaciones o casos de la migración infantil entre 2000 y 2010. De este modo, la comparación se presenta como una estrategia analítica con fines descriptivos y explicativos en dos puntos en el tiempo sobre este fenómeno.

En el análisis se tomaron como puntos de comparación las cifras del cuestionario ampliado de las muestras censales de 2000 y 2010 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de donde se obtuvo la información referente a la migración de niños.

Adicionalmente, la información se enriqueció con la investigación hemerográfica y la comparación de leyes sobre derechos humanos, leyes nacionales, leyes de migración para destacar el cuidado, protección o desprotección de los menores migrantes.

El concepto operacional y teórico sobra el cual se basa este trabajo es la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que considera niños y niñas a los menores de 14 años de edad (límite inferior establecido para la admisión al empleo en la mayoría de los países latinoamericanos). Este criterio puede ser operacionalizado con los datos demográficos que contienen las encuestas del INEGI, aunque el propio INEGI y otros autores manejan el criterio de niños migrantes que están en los intervalos de cinco a 17 años de edad.

De acuerdo con las definiciones establecidas por la Organización de Naciones Unidas a través de la Convención de los Derechos del Niño, se debería entender como niños a todos los individuos menores de dieciséis años, edad que además puede variar con la legislación de cada país. La legislación internacional establece al mismo tiempo que los niños son sujetos que deben contar con la protección y el cuidado de los adultos en todos los aspectos de su vida cotidiana. Por otro lado, deben contar con derechos esenciales, tales como el derecho a la familia, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a la salud, siendo responsabilidad de los adultos velar por que éstos sean cumplidos2.



Importancia demográfica de la migración internacional de menores de edad

Desde la perspectiva de los estudios sociodemográficos en México, se ha empezado a exponer el tema de la migración infantil. Por ejemplo, Jorge Bustamante, investigador de El Colegio de la Frontera Norte fue quien llamó la atención por primera vez sobre la creciente incorporación de la migración de los niños.

A partir de allí, se han hecho trabajos como el de “La migración infantil: un problema acuciante” de Gabriel Mario Santos Villarreal en 2009. Dicho autor reconoce el ascenso de la migración infantil en su forma irregular, su fragilidad e indefensión y hace hincapié en la trata de menores y sus consecuencias, así como en los mecanismos de repatriación. La parte final del texto trata sobre los instrumentos internacionales en defensa de los menores. Silva (2010) analiza la niñez migrante retornada y destaca los riesgos en la migración, así como una cadena de factores asociados al fenómeno.

Por su parte, Mancillas (2009) expone diversos temas, como el de los menores hijos de migrantes que permanecen en México a la espera del regreso de los padres; menores que migran a Estados Unidos en condición de tránsito; los menores migrantes e hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos y menores migrantes en la frontera norte, que plantean desafíos ante su invisibilidad y vulnerabilidad.

A su vez, Aguilar (2012) en su trabajo “Migración de menores de edad Estados Unidos-México en el período 2000-2010: ¿retornados o inmigrantes?”, justamente trata el tema de los menores de retorno y para ello hace algunas estimaciones y caracteriza demográficamente a los menores retornados según lugar de nacimiento.

El más reciente trabajo de Olvera et al. 2014, intitulado “Migración de jóvenes, adolescentes y niños mexiquenses a Estados Unidos: una lectura sociodemográfica”, trata sobre las características sociodemográficas de la migración de menores mexiquenses y sostiene la importancia que se considere el tema en leyes nacionales y estatales.

Por su parte, las instituciones públicas también han estado al pendiente de este fenómeno migratorio. Por ejemplo, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reporta que de los 30.7 millones de hispanos residentes en Estados Unidos hasta 2008, 65.5 por ciento correspondía a mexicanos. En ese mismo año, el Buró del Censo de Estados Unidos estimaba que residían en ese país 11.8 millones de personas que declararon haber nacido en México, de los cuales alrededor de ocho por ciento eran niños menores de 15 años.

Según datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, tan sólo de enero a septiembre de 2009 fueron repatriados un total de 21,220 menores de edad de Estados Unidos a México, de los cuales 13,110 regresaron sin compañía y 8,110 con algún familiar; 1,782 eran menores de 11 años y el resto contaba entre 12 y 17 (19,438). De allí, 16,552 pertenecían al sexo masculino y 4,668 al sexo femenino (Santos, 2009).

Según cifras publicadas por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) del 1 de enero al 31 de mayo de 2014, la red consular mexicana proporcionó asistencia a 7 mil 847 menores mexicanos no acompañados procedentes de Estados Unidos en su proceso de repatriación a México.

En su caso, el INEGI también ha trabajado el tema que se evidencia la pregunta sobre lugar de residencia en una fecha fija previa. A la vez, la institución sostiene que la información censal también permite captar a la población que residía en otro país cinco años antes, lo que hace posible dimensionar la magnitud de la inmigración internacional reciente de los menores de edad en el territorio nacional a la vez que la emigración.



La migración de menores mexicanos al exterior y los retornos

México vive un proceso migratorio dinámico al exterior de sus fronteras; por ello, algunas características de la movilidad espacial de la población de los menores de edad tienen un interés especial quienes deciden la política pública así como en el área de la investigación académica y organizaciones no gubernamentales.

En los temas recientes sobre migración internacional en México, abundan los estudios relacionados con historia, cambios en su monto, creciente participación femenina, remesas, menores repatriados y otros temas emergentes. Sin embargo, los relacionados a la protección y cuidado de la migración de menores son escasos.

Antes de pasar a analizar este tema, es imprescindible conocer algunos datos relevantes: primero que nada, se tiene que los migrantes menores, definidos como aquellos que tienen entre 0 y 14 años de edad, aumentaron entre 2000 y 2010. Es decir, la cifra pasó de 87 062 niños emigrantes en 2000 a 157 035 menores involucrados en la migración internacional en 2010 (Véase Esquema 1). Con dichas cifras es posible afirmar que se registró un incremento igual que el retorno de los menores de 15 años, al ser 19 mil en 2000 y en 2010, 42 mil (véase Esquema 1). De ellos, más de 90 por ciento se dirigió a Estados Unidos.



Esquema 1.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos de Población 2000 y 2010 de INEGI.

En cuanto a las entidades federativas de mayor emigración de niños menores de 15 años en los años 2000 y 2010, destacan por su monto y porcentaje Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche, Chihuahua, Sinaloa, Colima y Durango. Las entidades con menos emigración de menores de edad son: Tlaxcala, Querétaro, Yucatán, Chiapas (esta entidad la cifra disminuyó en 2010), Hidalgo y San Luis Potosí (Véase Gráfica 1). La lectura que puede hacerse acerca de las entidades que aportan al mayor porcentaje de niños emigrantes, no es que todos ellos salgan de allí, sino que muchos debieron haber salido de alguna otra entidad, por lo que anteriormente vivieron una migración interna o en su defecto hay una declaración distinta al lugar de residencia cinco años antes del levantamiento censal.

En cambio, para la migración de retorno, las entidades que más destacan son Jalisco, Michoacán, Distrito Federal, Sonora, Colima, Guanajuato y el Estado de México. Se encuentran aquí las entidades de mayor tradición en la migración internacional y otras que se han incorporado de manera plena a la migración internacional (Véase Gráfica 2).

La diferencia en cuanto al origen de la emigración y el del retorno puede verse expresada en su vulnerabilidad en relación a sus derechos civiles, porque algunos menores pueden tener todas las condiciones favorables para migrar y otros no. Pero también algunos pueden tener las condiciones favorables en cuanto a su inserción o reinserción social a su regreso o inmigración al país.

Gráficas 1 y 2. Porcentaje de niños mexicanos emigrantes y migración de retorno por entidad federativa a Estados Unidos, 2000-2010

Ilustración Niños emigrantes

Ilustración Niños en retorno

Fuente: Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010, INEGI.

Migración infantil por sexo 2000-2010

La diferencia en la migración internacional entre los hombres y mujeres difiere bastante. A esta condición se le imputa el papel tradicional, la conducta y las relaciones que la sociedad asigna, pero el caso de la migración infantil parece romper con la tradición de una menor migración de mujeres. Los datos muestran que tanto los menores emigrantes como los de retorno son muy parecidos. Es decir, que casi es la mitad y mitad para el periodo de análisis de 2000 y 2010 (Véanse gráficas 3, 4, 5 y 6). Cabe aclarar que los niños menores de cinco años, en su mayoría pueden ir acompañados de los papás o una persona adulta, pero muchos mayores de cinco años podrían ir solos. La fuente no permite observar estas características.















Fuente: Censos de Población y Vivienda, 2000 y 2010, INEGI.

País de destino de los niños emigrantes

El país de destino de la emigración de los niños mexicanos menores de 15 años es Estados Unidos de Norteamérica, donde la mayoría de las migraciones son por motivos de trabajo. En términos de porcentaje, más del 90 por ciento se va a Estados Unidos, porque allá están sus padres y la migración es motivo de reunificación familiar.



Niños emigrantes según país de destino (¿A qué país se fue?)




2000

2010

País

Porcentaje

Porcentaje

Estados Unidos

93.4

90.1

Otros

6.6

9.9

Total

100.0

100.0

Fuente: INEGI, 2000-2010.







Familia y riesgos de la migración infantil no documentada

Cuando los miembros de la familia, en particular niñas, niños y adolescentes se ven obligados a emigrar de manera indocumentada, se presenta una realidad familiar de crisis económica, social, laboral, cultural o personal de varios de sus miembros. Esto significa procesos de desorganización familiar en algunos casos, en otros de desintegración, reordenación, reintegración, recomposición, o nuevas construcciones y roles familiares.

Esa crisis familiar y sus movimientos migratorios son también expresiones de la crisis del sistema político, económico y social que muestran las condiciones de desigualdad, pobreza y miseria en que se debaten millones de familias con impedimentos para vivir dignamente y tener una integración familiar sensata.

En general se puede hablar de familias vulnerables, con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes, expuestas a condiciones migratorias que implican altos riesgos con pérdida de derechos humanos, derechos específicos de menores y adolescentes, hasta llegar incluso a desaparición forzada y a la muerte.

Este contexto sociológico familiar de estrategias de supervivencia obligadas, exhibe un deterioro y pérdida de cohesión social, rupturas de vínculos familiares, en algunos casos síndrome de abandono, estrés familiar, deserción escolar, exposición a trata de niñas y niños y posible vinculación forzada a grupos delictivos, generando incertidumbre, que puede ser prolongada, acerca del futuro de la familia, debilitando progresivamente los lazos familiares y sociales, haciendo que se pierdan los referentes culturales y de identidad y llegando incluso a estados de anomia.

El derecho a desarrollarse plenamente en su propia tierra es hoy negado a millones de latinoamericanos y caribeños y las grandes promesas políticas de otorgar igualdad de oportunidades por tantas décadas repetidas e incumplidas, no compiten ya con la posibilidad de buscar una tierra prometida. Con todos los riesgos que se presentan e intensifican, la migración representa una esperanza mayor para alcanzar la justicia que los sistemas políticos y económicos ofrecen y poco cumplen en los países de origen.

En el contexto de la denominada crisis humanitaria se debe entender que el derecho a migrar es un principio básico voluntario de la persona para desarrollarse en donde las posibilidades de vida le sean más favorables o donde encuentre estabilidad. Asimismo, esta idea está necesariamente vinculada con lo que podría llamarse “el derecho a no migrar”, es decir, el derecho a que las personas, en este caso los niños, niñas y adolescentes, no estén obligados a moverse hacia otro territorio, a otro contexto social, a otra cultura, como un devenir natural signado por la imposibilidad de realizar un proyecto de vida en su país de origen.

Los riesgos a los que se encuentran expuestos los niños y niñas migrantes en condición irregular, son mayores a los que se enfrentan los adultos, entre otros se encuentran largas jornadas para atravesar campos y desierto, climas extremos, fauna salvaje, control y sometimiento por parte de delincuentes, narcotraficantes, agresiones físicas y verbales, violaciones a las menores, obligación de consumo y transporte de drogas, trata de personas, detención, secuestro, ingreso y permanencia obligada en los grupos delictivos.

Cuando los migrantes infantiles irregulares logran pasar y llegar al país vecino, muchos viven en los países de destino sin documentación, violándose de esta forma sus derechos a una nacionalidad y a un nombre, dificultándose su acceso a los servicios de educación y salud y haciéndolos más vulnerables a la trata y a las adopciones ilegales. Las relaciones interculturales desiguales que permean a los migrantes en sus desplazamientos y en los países receptores, además de la vulnerabilidad económica, se traduce en la mayoría de los casos en xenofobia, exclusión, violación de los derechos humanos y derechos políticos, expresado en el rechazo al otro, al inmigrante, al otro cultural que altera la dominancia y hegemonía de culturas de países desarrollados (Sandoval, 2009:29).

Tanto para los menores que los migrantes dejan atrás como para los propios niños que migran, la pérdida de referentes afectivos -padres, madres, abuelos u otros- aumenta la probabilidad de que no reciban el mismo cuidado de salud, alimentación ni la protección adecuada contra todas las formas de violencia. Las ausencias que supone la desintegración familiar conllevan un efecto psicosocial significativo que puede traducirse en sentimientos de abandono y vulnerabilidad.

¿Pero es posible hablar de un derecho a migrar que como tal se encuentre reconocido en el Sistema Interamericano y/o Universal de Derechos Humanos? En los instrumentos internacionales de promoción y protección de Derechos Humanos, se encuentra que el derecho a migrar no está considerado explícitamente. En cambio, se reconoce la libertad de circulación y residencia de las personas. Si bien los Estados son soberanos para definir sus políticas migratorias, todos deben proteger y garantizar en forma integral los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto supone la obligación de prevenir, sancionar y castigar toda violación de derechos reconocidos, así como también restablecer el derecho conculcado.

Al igual que los adultos, los niños, niñas y adolescentes no migrantes pueden verse beneficiados con mayores oportunidades de desarrollo como consecuencia del aumento de los ingresos de su familia, pudiendo directamente o a través de las remesas recibir alimentación, vivienda, educación y salud, de forma tal que seguramente no hubiese sido posible sin la migración.

Las remesas permiten financiar la educación de los niños, prevenir deserciones y así, contribuir a evitar el trabajo infantil o migrar. Sin embargo, las familias con intención de migrar tienden a invertir menos en la educación de sus hijos, entre otros motivos, porque suponen que ésta no será reconocida ni relevante en el país de destino. En el caso de los niños y las niñas migrantes, nuevas oportunidades educativas chocan con las dificultades de adaptación a nuevos programas escolares, cuando no a un idioma totalmente desconocido.

Instrumentos internacionales de protección y cuidado de los niños migrantes

Hay una serie de instrumentos internacionales para protección y cuidado de la migración infantil, de los cuales se citan sólo algunos: Convenio (núm. 182) de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999; Recomendación (núm. 190) de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999; Convenio (núm. 138) de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973; Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989; Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 2001; Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: Protocolo Suplementario para Prevenir, Suprimir y Penalizar la Trata de Personas, en especial Mujeres y Niños, 2000; Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990; Convenio (núm. 29) de la OIT sobre el trabajo forzoso, 1930; Convenio (núm. 105) de la OIT relativo a la abolición del trabajo forzoso, 1957; Convenio (núm. 97) de la OIT relativo a los trabajadores migrantes (revisado), 1949; Convenio (núm. 143) de la OIT sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975; Convenio (núm. 181) de la OIT sobre las agencias de empleo privadas, 1997; Convenio (núm. 143) de la OIT sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975, entre otras (Santos, 2009).



Los niños y la suspensión del programa migratorio en Estados Unidos

El 3 de diciembre de 2014, una coalición de 26 entidades de la unión americana encabezada por Texas, interpuso una demanda contra las medidas de alivio migratorio emitidas por el presidente Obama, argumentado que la orden que pretende proteger de la deportación a más de cuatro millones de indocumentados,


es anticonstitucional

El 16 de febrero de 2015, el juez federal de Texas, Andrew Hanen falló a favor de los 26 estados que demandaban la suspensión de la orden ejecutiva de alivio migratorio del presidente Obama, asegurando que éste se extralimitó en sus poderes

Esta decisión plantea la suspensión temporal de la implementación de la orden ejecutiva, misma que daría inicio el miércoles 18 de febrero con la extensión del programa DACA (Acción Diferida para menores de edad indocumentados conocidos como Dreamers).

Se espera que el departamento de justicia del gobierno de Obama apele esta suspensión temporal buscando poder iniciar la aplicación del programa aun cuando el proceso en las cortes continúe.

Por otra parte, Jeh Johnson, el secretario del Department of Homeland Security (DHS) declaró su desacuerdo con la decisión del juez texano. Johnson aclaró que la decisión de la corte no afecta la renovación o solicitud de DACA para quienes están dentro de lo establecido en 2012. También afirmó que esa decisión no interfiere con la habilidad del DHS de aplicar prioridades en la deportación, mismas que se establecieron a través del programa PEP (Programa de Prioridad de Aplicación de la Ley) en el memorándum del 20 de noviembre de 2014, por lo que estas prioridades permanecen como política del DHS y no serán suspendidas.

En resumen, la decisión del juez es sólo temporal, en tanto que no se pronuncia todavía sobre el mérito de la demanda. El gobierno federal apelará la suspensión. Las medidas emitidas por Obama fueron tomadas con mucha precaución jurídica precisamente para que no pudieran ser bloqueadas en las cortes. La opinión generalizada es que estas medidas sobrevivirán esta batalla legal y los programas podrán entrar en vigor.



http://observatoriocolef.org/_admin/documentos/estados%20contra%20acci%c3%93n%20ejecutiva.jpg

Este mapa describe y proporciona los datos de los estados patrocinadores de menores no acompañados en Estados Unidos en el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2014.



La política pública migratoria: el gran tema pendiente

En un informe de la Cepal (2010) Rut Feuk, Nadine Perrault y Enrique Delamónica señalan que existe un trabajo de La Convención sobre los Derechos del Niño que protege a todos los menores sin discriminación alguna. Se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes en un Estado, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria y por eso no se refiere específicamente a los niños que migran. Los Estados tienen la obligación de adoptar los principios consagrados en la Convención y de aplicarlos a todos los menores que estén dentro de su jurisdicción, incluyendo a los visitantes, refugiados, y migrantes, de manera que garantice todos los derechos de la infancia. En este sentido, la Convención refleja el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirma la existencia de un conjunto de derechos humanos y libertades básicas que trasciendan las fronteras, y que todos pueden ejercer, más allá́ de su situación migratoria o nacionalidad, por su sola condición de seres humanos.

Uno de los principales desafíos para la región, con respecto a la situación de los niños en tránsito, dejados detrás debido a la emigración o nacidos de padres migrantes en el país de destino, es primero reconocer este núcleo de derechos que asegure un respeto continuo de sus derechos básicos a lo largo del proceso migratorio. Esto a la vez ayudará a aprovechar los efectos positivos de la migración, al mismo tiempo que se abordan sus riesgos y repercusiones negativas. En varios instrumentos de las leyes internacionales sobre derechos humanos se reconocen derechos sociales, económicos y culturales a todas las personas que residan en un Estado. En la Convención se señala una serie de derechos que deben garantizarse a todos los niños, incluyendo el derecho a ser inscrito al nacer, a vivir en un entorno familiar, a gozar de un nivel accesible de atención sanitaria, a acceder a la educación, y a estar protegido de cualquier tipo de violencia, abuso y explotación, sin distinción de nacionalidad o situación migratoria.

Sin embargo, el reconocimiento de este núcleo de derechos, que no pueden ser negados a ninguna persona, sobre ninguna base, en ninguna jurisdicción, ha sido obstaculizado por la aprobación en muchos Estados de marcos legales y normativos en los que se hace hincapié́ en el concepto de ciudadanía y se distingue entre los ciudadanos y los no ciudadanos del país. Para que este conjunto de derechos sea reconocido, debe haber colaboración entre los países de origen, tránsito y destino. Un primer paso sería abordar el crítico desafío que representa la migración para niños, niñas y adolescentes (Feuk et al, 2010).

En un estudio realizado recientemente por la Universidad Nacional de Lanús sobre la situación irregular de la niñez migrante en América Latina y el Caribe, se llegó a la conclusión de que hacen falta normas, reglamentaciones y políticas públicas que estén dirigidas a proteger a los menores migrantes, especialmente en el contexto de la migración irregular. En el documento se destacan los complejos problemas que han surgido de las prácticas y políticas que tienen como objetivo regular las corrientes migratorias en términos de entrada, residencia y expulsión y que han derivado en la violación de los derechos humanos de los menores que están en tránsito. Con algunas excepciones, en la mayoría de los países de la región no se ha reconocido el derecho a la unidad o reunificación familiar dentro de la legislación nacional, lo que significa que los niños están siendo separados de sus padres por largos periodos. Hay varias situaciones comunes en la región en las que se debería procurar la reunificación familiar. Por ejemplo, cuando los padres desean reunirse con sus hijos que han emigrado no acompañados por ellos o en el caso de niños que quedaron en su país de origen y tienen que reunirse con sus padres en el país al que estos han emigrado y en casos que se originen en el contexto de un proceso de deportación (Feuk et al, 2010).

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no hay leyes migratorias que aborden explícitamente el tema de los derechos económicos, sociales y culturales de los menores migrantes y sus familias. Esto significa que, en la práctica, las políticas públicas no protegen estos derechos y existen pocos programas para la protección y el tratamiento adecuado de las necesidades específicas de los niños. Esta brecha legal y la falta de servicios especializados podrían derivar en la negación del acceso a la educación, la salud y otros tipos de apoyo social y además podrían llevar a situaciones de explotación infantil laboral o sexual. Por lo tanto, se estaría transgrediendo la mencionada Convención sobre los Derecho del Niño (Feuk et al, 2010).

Las causas del desplazamiento de los niños, niñas y adolescentes, así como las consecuencias que afrontan durante el viaje, la llegada al otro país y el retorno voluntario e involuntario ponen en tela de juicio el papel del cuidado de la familia, y de los gobiernos municipales, estatales y federal. Sin duda que el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, iniciado en 1996 con la participación de la UNICEF y el Sistema Nacional DIF es de gran importancia, pero insuficiente toda vez que atiende solamente necesidades de los menores migrantes que han sido repatriados y que viajan solos. Es decir que todavía no hay programas ni atención para los que se encuentran en tránsito o los que requieren regresar por decisión propia.

En este sentido, y teniendo en cuenta las magnitudes de la migración infantil mexicana y también centroamericana, las cuales constituyen una verdadera catástrofe social, se vuelve urgente el establecimiento de políticas públicas para la infancia y la familia con planes y programas nacionales y regionales que involucren a gobiernos de todos los niveles, a la sociedad civil y que tengan dos ejes fundamentales: 1) el arraigo y la reintegración de las niñas, niños y adolescentes a sus familias y comunidades a partir de generar condiciones de bienestar social y familiar y 2) La protección de los derechos humanos de los migrantes por encima de cualquier tratado comercial, laboral o cultural.



Comentarios finales

Es indudable que los niños, niñas y adolescentes en condición migratoria irregular con o sin acompañamiento, se encuentran en situaciones altamente vulnerables durante su traslado, llegada a Estaos Unidos o retorno a su lugar de origen. La responsabilidad de las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad, así como el cuidado de este sector poblacional, le corresponde a la familia, a los gobiernos municipales, estatales y federal de México, así como al gobierno de los Estados Unidos, cuyos sistemas de protección de menores son deficientes y de escasa trascendencia.

Esta complejidad de la migración internacional enmarcada en la globalización económica requiere de su estudio, por lo menos, en dos dimensiones para que se brinde atención a la problemática y humanización de las políticas que enfrentan los menores migrantes: 1) la violación a los derechos humanos y los derechos de los niños y 2) las contradicciones en el ámbito del concierto internacional que cuenta con instrumentos cada vez más complejos y concertados sobre la protección de los derechos humanos y los derechos de los migrantes y por otro lado las políticas antimigratorias que violan las garantías de estas personas.

La vulnerabilidad de los derechos humanos de los menores migrantes se gesta en el contexto de la vivencia que tienen en su país de origen, motivada por condiciones de pobreza, desempleo, violencias, inseguridad, desastres naturales, y un sinnúmero de situaciones que les auguran junto con su familia un nulo porvenir, viéndose obligados a emigrar en busca de condiciones humanas menos penosas. “En el momento en que en un país la gente opte por marchar de él es un problema de derechos humanos cuya responsabilidad última recae en los países que atraen porque son económicamente superiores y están organizados alrededor de valores democráticos y liberales que ellos no tienen” (Zapata, 2004: 96).

Es estas condiciones, además de reprobar y sancionar el maltrato, el racismo, la xenofobia y todas las violencias físicas y psicológicas a las que es sometida buena parte de las niñas y niños migrantes, es imprescindible comprender y trabajar en la transformación de la realidad de pobreza, exclusión y marginación de millones de familias mexicanas que expulsa a miles de mexicanos fuera de su país, entre los que se encuentran las niñas, niños y adolescentes.

Para lograr efectos positivos de la migración, es fundamental que los Estados de la región aborden la situación de vulnerabilidad de los migrantes, con un énfasis especial en los niños, niñas y adolescentes en situación de tránsito y proporcionen oportunidades para una migración legal. Por tanto, primero se deben tratar los factores que desencadenan la emigración de personas desde sus países de origen. Para promover el bienestar de los menores, en lugar de aplicar impuestos a las remesas, en los diferentes países se deben implementar políticas que faciliten su circulación (por ejemplo, disminuir los costos de las transacciones y garantizar su entrega). Además, se deben explorar maneras de cooperar a nivel internacional para que los padres que están separados o divorciados se hagan responsables de mantener a sus hijos, aunque vivan en otros países (Feuk et al, 2010).

En la condición de migrante infantil, dejar el lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida o de reunificación con familiares, es un proceso en el que la familia tiene una incidencia importante, no sólo porque representa el motivo de partida, sino porque es el vínculo más inmediato que une de manera parental al migrante.

Reflexionar en torno de la infancia en condición migratoria irregular y su relación con la familia, implica considerar las características de complejidad, multicausalidad e inestabilidad que han proyectado a la infancia como un fenómeno social, debido a que son relaciones que establecen no solamente los procesos de crecimiento, desarrollo, salud física, mental, alimentación, educación y rangos de edad, sino también condiciones sociales y culturales. Tener en cuenta estas condiciones de vulnerabilidad de la migración infantil, induce a pensar en la necesidad de políticas públicas y programas que protejan a los menores migrantes y sus familias a partir de los derechos económicos, sociales, culturales y humanos, los cuales deben ser también enseñados en la educación formal e informal a los niños para que adquieran conciencia de sus derechos y conozcan los mecanismos para hacerlos valer.



Bibliografía

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1 http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/h-precariedad.html. Recuperado el 4 de marzo de 2015, a las 13:35 horas.

2 Sobre esta definición véase http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#ixzz3S2AkiPXd (consultado en febrero de 2015), que señala que hoy en día existen numerosas organizaciones internacionales, regionales y locales que se ocupan de asegurar a niños de diferentes partes del mundo un porvenir, así como también buenas condiciones de vida a corto y largo plazo. Entre ellas se encuentra UNICEF (dependiente de la ONU), Save the Children Missing Children. Estas organizaciones se abocan a luchar especialmente contra flagelos tales como el abuso infantil, la pedofilia, el trabajo infantil, el abandono, el analfabetismo y la prostitución infantil, entre otros.



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