Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo Instituto de Estudios Legislativos



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Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo
Instituto de Estudios Legislativos


LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA PARA EL ESTADO DE HIDALGO.


ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN PERIÓDICO OFICIAL: 15 DE AGOSTO DE 2016. Ley publicada en el Alcance al Periódico Oficial, el 31 de Diciembre de 2010.
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO
MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:
QUE LA LX LEGISLATURA DELH. CONGRESO CONSTITUCIONAL DELESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

D E C R E T O NUM. 486
QUE CREA LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA
PARA EL ESTADO DE HIDALGO
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de la facultades que le confiere el Artículo 56 fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, D E C R E T A:

A N T E C E D E N T E S
PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de fecha 1 de julio del presente año, por instrucciones del Presidente de la Directiva, nos fue turnada la Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, presentada por la Diputada Yarely Melo Rodríguez, integrante de esta Sexagésima Legislatura.
SEGUNDO.- El asunto de mérito, se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con el número 136/2010.
Por lo que, en mérito de lo expuesto; y

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que la Comisión que suscribe, es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2, 75 y 77 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
SEGUNDO.- Que los Artículos 47 fracción II, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a los ciudadanos Diputados, para iniciar Leyes y Decretos, por lo que, la Iniciativa que se estudia, reúne los requisitos estipulados en Ley.
TERCERO.- Que, quienes integramos la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, coincidimos expresamente en la imperiosa necesidad de contar con un ordenamiento jurídico de vanguardia, que reglamente lo establecido en el Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de derechos, cultura y organización indígena, por lo que, cabe resaltar que, en los últimos 20 años, la lucha de los pueblos indígenas ha logrado el reconocimiento de su realidad actual, que es la de pueblos y culturas vivas, con cosmovisiones, lenguas, conocimientos, formas de organización y adaptación a sus condiciones de existencia en pleno desarrollo, contraviniendo la visión prevaleciente, hasta

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entonces, de que se trataba de pequeñas poblaciones, minorías en proceso de extinción, resabios de viejas culturas desaparecidas; cuyos derechos se extinguirían junto con la desaparición de sus últimos pobladores.


CUARTO.- Que en ese contexto, la piedra angular de las reivindicaciones indígenas en la arena internacional que se ha venido traduciendo en cada país en diversas demandas específicas, es la lucha por su reconocimiento como pueblos y, con él, el de su derecho a la libre determinación.
Al respecto, los pueblos indígenas en México y en el Estado de Hidalgo, reivindican el reconocimiento de este derecho universalmente reconocido a todos los pueblos del mundo en el Artículo 1, común en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Esta situación marca con claridad la naturaleza política de esta plataforma, en torno a la cual se ha venido produciendo la ya referida unidad programática del movimiento indígena en los diversos escenarios de la arena internacional y Nacional.
QUINTO.- Que es importante enfatizar que, este derecho, incluido en el Artículo 3 del proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con una redacción similar a la de los Pactos internacionales de derechos humanos, es a su vez –y a pesar de la relativización que introduce la globalización de conceptos, tales como la soberanía– el principal obstáculo que han interpuesto los gobiernos para avanzar con su aprobación, toda vez que dicho debate involucra la dimensión territorial de los actuales Estados nacionales. A diferencia del proceso que siguió a la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la independencia de los pueblos y países bajo dominación colonial (1960), que dio lugar al surgimiento de decenas de nuevos Estados independientes, particularmente en África y Asia; en el caso de la mayoría de los pueblos indígenas –aunque por principio no puede excluirse este extremo– no parece ser éste el sentido de la reivindicación del derecho a la libre determinación y contextos históricos, que motivan, en igual sentido, las luchas indígenas en nuestro País.
SEXTO.- Que, en este tenor, es de señalarse que son múltiples y muy diversas las condiciones que caracterizan las relaciones de los pueblos indígenas y los Estados en la actualidad, como resultado de los procesos de colonización vividos tras la invasión de sus territorios. A pesar de ello, la libre determinación no depende de la amplitud de las responsabilidades que ejerce un pueblo, sino, más bien, de su poder de decidir cuáles son las responsabilidades que necesita para desarrollarse. Como consecuencia, la libre determinación no puede ser otorgada por Gobiernos o Constituciones. Menos aún, cuando los Gobiernos y las Constituciones cambian. La libre determinación fluye del estatuto del pueblo. Las maneras de ejercer la libre determinación son múltiples para poder ajustarse a las diversas situaciones de los distintos pueblos, pero implican, todas, la negociación de igual a igual con el Estado, la posibilidad de acudir a la comunidad internacional y la de participar en foros Internacionales, Nacionales y Estatales.
SÉPTIMO.- Que, en la búsqueda de condiciones que permitan romper el escepticismo de los gobiernos, que ha impedido, hasta ahora, avanzar en este debate, el derecho a la libre determinación que demandan los pueblos indígenas, no parte de un deseo de secesión, se expresa, más bien, como un proceso de autoafirmación de la identidad y la dignidad propia de los pueblos indígenas a partir del cual se establecen las condiciones para redefinir sus relaciones con el Estado, que funcionan como uninacionales y monoétnicas, pero también con sus entornos regionales y globales. Ello conlleva la necesidad de revisar las relaciones de poder, hasta ahora vigentes; llevar a cabo un reordenamiento territorial que traduzca, en la estructura político-administrativa, la relación de los pueblos con sus territorios ancestrales; los recursos existentes en dichos territorios, las formas normativas, de gobierno y de justicia que regirían la vida social, política, económica, cultural y espiritual de los mismos y, en el orden socio cultural, la necesidad de construir nuevas relaciones interculturales, fundadas en el respeto mutuo, la dignidad y la horizontalidad, siempre dentro del marco legal prescrito en la Carta Magna y en la Constitución del Estado.
OCTAVO.- Que en ese contexto, es de considerar que, el debate al interior de los pueblos indígenas para precisar estas demandas, la apertura del gobierno y las sociedades criollo-mestizas, para entender el trasfondo y la legitimidad de estos derechos y, el papel de acompañamiento que puedan hacer organizaciones académicas, ONGs y otras vinculadas al tema, podrán permitir avanzar en el reconocimiento de este derecho esencial, construir y fortalecer una verdadera democracia pluriétnica y destrabar el debate internacional que desemboque en la aprobación de la Declaración en el marco del Decenio Internacional para los Pueblos Indígenas (2004).
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En la cosmovisión indígena, cada pueblo, cada cultura son el espejo del mundo natural en el que viven. La diversidad cultural es el espejo de la diversidad natural. La obra de la creación es la unidad de la diversidad, donde coexisten todas las vidas en un equilibrio armónico, cada vez que se arrasa un bosque, se violenta una forma de vida, se pierde una lengua, se corta una forma de civilización, se comete un genocidio.


Por milenios, nuestros pueblos indígenas han aprendido de la naturaleza a vivir en armonía con todos sus elementos constitutivos. La tierra no les pertenece, son parte de ella y de los equilibrios que hacen posible la vida en su seno.
Los valores sobre los que los pueblos indígenas han construido sus complejos sistemas de relación se fundan en la cooperación y la reciprocidad en la vida comunitaria y la responsabilidad individual, en la autoridad de los ancianos y en la relación con sus ancestros, en la comunicación y la responsabilidad intergeneracional, en el derecho colectivo a la tierra, el territorio y los recursos; en la austeridad y la autosuficiencia de sus formas de producción y consumo; en la escala local y la prioridad de los recursos naturales locales en la búsqueda y construcción de su bienestar.
NOVENO.- Que, la relación de los pueblos con sus tierras y recursos es un elemento esencial del derecho a la libre determinación, como lo atestiguan los Pactos internacionales de derechos humanos: "Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica basada en el principio de beneficio recíproco, así como, del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia". En el caso de los pueblos indígenas, esta realidad es aún más importante por cuanto que el territorio es para ellos fuente de identidad cultural, de conocimientos y de espiritualidad y se relaciona estrechamente con su supervivencia. Por otro lado, no resulta casual que las regiones más prístinas, es decir, aquéllas donde la riqueza natural ha permanecido a salvo de la depredación provocada por la sobre-explotación de sus recursos, coincidan admirablemente con territorios indígenas, muestra de ello, tenemos diversas regiones en la Entidad.
DÉCIMO.- Que estas vastas y complejas relaciones, explican la naturaleza ética, espiritual y sagrada del vínculo de los pueblos indígenas con toda la obra de la creación y, por eso, son inviolables, así lo han entendido los pueblos indígenas a través de los siglos y así pareció entenderlo la comunidad de naciones hace 10 años en Río, al reconocer la interconexión y dependencia recíproca de todos los elementos que hacen posible la sostenibilidad del desarrollo y la vida.
DÉCIMO PRIMERO.- Que en ese contexto, es preciso referir que la Cumbre de Río, fue un pacto ético y político para redistribuir el poder, los recursos y las oportunidades entre los países y al interior de ellos. Hace 10 años se hizo un pacto por el desarrollo y la equidad. Hoy, que el concepto de seguridad parece haber sustituido a estos valores, colocando a la diversidad como su principal amenaza, los pueblos indígenas comparten la impotencia del resto de la humanidad, denunciando que la seguridad no puede ser el pretexto para la agresión, ni la guerra puede continuar siendo la locomotora de la economía y el conocimiento en detrimento de los equilibrios que hacen posible la vida en el planeta.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en el proceso iniciado en Río, los pueblos indígenas han tenido una participación creciente y muy significativa. Así, la 4ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del CBD decidió, luego de amplio cabildeo, la creación de un Grupo de Trabajo abierto, sobre la implementación del Artículo 8j y las previsiones conexas del Convenio, relativas al conocimiento tradicional, con una importante participación de los representantes indígenas, convirtiéndose en un foro potencialmente significativo para el intercambio y la formulación de políticas, estableciéndose:
“El reconocimiento de la importancia de la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, desde el ámbito local al internacional, en una amplia variedad de programas de trabajo del CDB; El reconocimiento de los roles especiales de las mujeres de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de la diversidad; El reconocimiento del Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad como organismo asesor de la COP; La promoción de la nominación de miembros de pueblos indígenas y comunidades locales a la nómina internacional de expertos; La promoción de delegados indígenas dentro de las delegaciones oficiales de los procesos del CDB; La continuación del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8j y las previsiones conexas
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relativas al conocimiento tradicional; La creación de un Grupo de Trabajo sobre Acceso y Reparto de Beneficios que reconozca la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales y, el principio del previo e informado consentimiento para cualquier uso de su conocimiento”. Sobre este particular, la COP6 conoció el informe preliminar sobre la elaboración de las llamadas "Directrices de Bonn", las mismas que aún distan mucho de expresar el interés de los pueblos indígenas en la materia, dado que se inscriben en la lógica del interés de los Estados como tutores de derechos que, en realidad, corresponden a los pueblos indígenas.


DÉCIMO TERCERO.- Que a pesar de los evidentes avances registrados, tanto en las reuniones de las COP, como en los diálogos multisectoriales, los que los pueblos indígenas han venido reclamando ser considerados, como los "detentadores de derechos" que son y, no meramente “simples partes interesadas".
La nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, se basa en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de las identidades indígenas como componentes intrínsecos de nuestra nacionalidad y, en la aceptación de sus particularidades como elementos básicos consustanciales a nuestro orden jurídico, basado en la pluriculturalidad. Entendida ésta, como la relación de respeto y valoración entre las culturas, no como un simple contacto, sino como la relación positiva y en igualdad de condiciones.
La nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, debe garantizar inclusión, diálogo permanente y consensos para el desarrollo en todos sus aspectos.
DÉCIMO CUARTO.- Que la autonomía, es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma como parte del Estado Nacional. Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del nuevo marco constitucional de autonomía, se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de la Entidad. El ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas contribuirá a la unidad y democratización de la vida nacional y fortalecerá la soberanía del país y del Estado mismo.
DÉCIMO QUINTO.- Que, es de referir que, los retos a impulsar e implementar, contenidos en la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo que se analiza son, entre otros, los siguientes:
La adopción de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el texto ya aprobado por la Sub-Comisión de Derechos Humanos, antes de la finalización del Decenio (2004), es un requisito fundamental para el desarrollo sostenible.
El desarrollo de legislación y políticas públicas Estatales, que reconozcan y promuevan los derechos de los pueblos indígenas y la participación de los propios pueblos en la evolución de éstas. La participación de los pueblos indígenas en los mecanismos de gobierno, desde sus comunidades hasta los ámbitos de representación Estatal y Nacional, deberán considerar, la necesidad fortalecer los programas de capacitación y fortalecimiento institucional para los pueblos indígenas, sus líderes y sus organizaciones. Asimismo, deberán fortalecerse los mecanismos de prevención y resolución de conflictos, particularmente en aquellos casos que implican a las comunidades indígenas, sus territorios y recursos.
La formulación de estrategias y Planes Estatales, regionales, y locales de desarrollo sostenible para la próxima década, con la participación activa de los pueblos y comunidades indígenas, a manera de incorporar sus legítimas demandas y aspiraciones, respetando su identidad cultural y su dignidad, aprovechando los sistemas de conocimientos tradicionales que poseen tales pueblos, dichos planes deberán prevenir la transferencia de tecnologías destructivas y promover el desarrollo y acceso a otras ambientalmente apropiadas.
La concientización pública, la educación, la investigación y la capacitación, deberán jugar un papel determinante tanto en la promoción de un mayor conocimiento y comprensión de los pueblos indígenas, su historia, sus conocimientos y prácticas aportadas al desarrollo sostenible, como en el establecimiento de un fecundo diálogo intercultural.

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Los programas y políticas de combate a la pobreza, deberán incorporar las propuestas y recomendaciones de los pueblos indígenas, particularmente, a partir de sus críticas a programas previos que se hayan implementado en regiones y comunidades indígenas, se deberá asegurar la participación de estos, en el diseño e implementación de dichos programas revisados.


El aporte de las mujeres indígenas y sus valiosas contribuciones a la generación, reproducción y preservación del conocimiento tradicional, así como, sus diversos roles sociales en el marco de sus familias, comunidades, organizaciones, organismos e instituciones estatales y locales, deberán ser reconocidos y promovidos de manera activa, así como, el impulso al fortalecimiento y ampliación de sus mecanismos de organización y participación en todos los ámbitos.
DÉCIMO SEXTO.- Que, es de citar que, la Iniciativa que se estudia, regula el establecimiento de los derechos, cultura, usos, costumbres, idioma y organización interna y social de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Hidalgo, respetando, en todo momento, las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de nuestro Estado.
En ese tenor, la Iniciativa en estudio, está conformada por seis Capítulos con 35 Artículos, describiendo el CAPÍTULO PRIMERO las DISPOSICIONES GENERALES, en donde se describen las definiciones que engloba la Ley; el CAPÍTULO SEGUNDO, refiere a las AUTORIDADES Y REPRESENTACIÓN INDÍGENA, reconociendo la existencia y jerarquía de las autoridades; el CAPÍTULO TERCERO, refiere a la CULTURA Y EDUCACIÓN, señala la obligación de las autoridades del Estado, así como, de los ayuntamientos, de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad en los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas, favoreciendo la alfabetización, la educación bilingüe e intercultural, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; el CAPÍTULO CUARTO, refiere a los SERVICIOS DE SALUD y establece que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, según las condiciones territoriales, socioeconómicas y dependiendo de la cantidad de habitantes indígenas que integren su población, presupuestarán programas dirigidos a la construcción o, en su caso, rehabilitación y mejoramiento de las clínicas de salud regionales, así como, para el funcionamiento de unidades móviles de salud, en los pueblos y comunidades indígenas más apartadas, para satisfacer las necesidades de los servicios de salud; CAPÍTULO QUINTO, DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, establece la obligatoriedad del Estado, en coordinación con los Ayuntamientos, para atender la equidad de género entre sus ciudadanos, para lo cual deberá proporcionar información, capacitación, difusión y diálogo, que permitan, en las comunidades indígenas, la participación plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural y; el CAPÍTULO SEXTO, del DESARROLLO SUSTENTABLE, establece la obligación directa de la autoridad estatal y municipal, de promover el desarrollo económico entre los pueblos y comunidades indígenas, mediante la celebración de convenios, en donde se implementen programas y proyectos productivos de manera conjunta y con pleno respeto hacia la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, podrá otorgarse a Éstas, asistencia técnica y financiera para el mejor aprovechamiento de sus recursos. Así mismo, que las actividades tendientes a brindar asistencia a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser en su respectiva lengua o dialecto.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, en esa tesitura, es de considerarse que, derivado del análisis y estudio a la Iniciativa de mérito y del trabajo legislativo realizado al seno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, es de aprobarse el Dictamen que contiene la Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, siendo oportuno referir que, el Congreso del Estado de Hidalgo, a través de las Primeras Comisiones Permanentes de Asuntos Indígenas y Equidad de Género, organizaron el foro denominado “FORO DE CONSULTA PARA LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA Y EQUIDAD DE GÉNERO”, realizado, los días 6, 8 y 10 de diciembre del año en curso, en los municipios de Huejutla de Reyes, Tenango de Doria e Ixmiquilpan, Hidalgo, respectivamente, los que tuvieron como objetivo, propiciar la participación activa de los diferentes pueblos indígenas que existen en la Entidad, a efecto de integrarlos con sus propuestas, mismas que partieron de su cosmovisión, a efecto de robustecer en su contenido el presente Dictamen; participando los Diputados integrantes de las Comisiones convocantes, así como, Diputados de esta Sexagésima Legislatura; de igual forma, participaron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Hidalgo, la Comisión Estatal de Lenguas y Cultura Indígena, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Salud, el Instituto Hidalguenses de las Mujeres, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como, mujeres y

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Garantizar el derecho de las personas y comunidades indígenas a transmitir y enriquecer sus costumbres, lengua, conocimiento, e instituciones propias que constituyan su cultura e identidad siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos reconocidos internacionalmente;

Garantizar a las personas que se reconocen como integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, su identidad étnica, valores culturales tradiciones y costumbres como pueblos distintos;

Garantizar a los pueblos y comunidades indígenas la conservación integra de su cultura y forma de vida;


Fomentar las relaciones armoniosas y de cooperación entre el Estado y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, la tolerancia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe;
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hombres hidalguenses, que orgullosamente pertenecen a alguna población o etnia indígena, lo que, con sus propuestas y comentarios, se consolidó el Dictamen de cuenta.


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