Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009



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Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009”
Ley Núm. 186 de 18 de Diciembre de 2009, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 165 de 7 de Noviembre de 2010

Ley Núm. 247 de 16 de Diciembre de 2011

Ley Núm. 248 de 14 de Septiembre de 2012



Ley Núm. 85 de 9 de Julio de 2014)

Para establecer la “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009” con el propósito de modernizar y agilizar el proceso de adopción en Puerto Rico; viabilizar un procedimiento diligente y expedito de adopción, que proveerá a las madres con embarazos viables no deseados, la opción de continuar con los mismos; disponer que el Secretario o la Secretaria del Departamento de la Familia adoptará la reglamentación necesaria para implantar programas que faciliten la adopción; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el establecimiento de un sistema de Refugio Seguro; disponer la creación de un “task force” de adopción que integrará al Departamento de la Familia, al Departamento de Salud y a las agencias de adopción; disponer que el Departamento de la Familia establecerá el Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico en el referido Departamento; ordenar al Departamento de la Familia a adoptar o enmendar la reglamentación necesaria para implantarlo; disponer que rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa y al Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico, sobre el funcionamiento del mismo; disponer sobre la entrega voluntaria de menores y el procedimiento de adopción en menores liberados de patria potestad; disponer el procedimiento de colocación de menores con los padres adoptantes; enmendar el Artículo 3, el Artículo 39, el Artículo 42, el Artículo 47, el Artículo 50, el Artículo 52, el Artículo 53, el Artículo 54, y el Artículo 55 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”; enmendar el Artículo 612, el Artículo 612A, el Artículo 612B, el Artículo 613B, el Artículo 613D, el Artículo 613º; y añadir un nuevo Artículo 613Q de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, antes, Código de Enjuiciamiento Civil; enmendar el Artículo 5.005 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”; con el propósito de referir toda petición de adopción a la Sala Especializada de Familia del Tribunal de Primera Instancia, enfocar la política pública, dirigida en primera instancia al bienestar del menor y, de ser posible, la unidad familiar, siempre que ésta última sea cónsona con los mejores intereses de los menores; flexibilizar el proceso de adopción acortando los términos para las vistas de custodia de esfuerzos razonables realizados por el Departamento de la Familia para el bienestar y la protección del menor; privación, restricción o suspensión de patria potestad; demandas; informe del estudio social pericial; señalamiento y celebración de la primera conferencia; reconocer y convalidar adopciones interestatales e internacionales; y establecer el derecho de los hogares de crianza y de padres adoptantes, a ser escuchados en dichos procesos; establecer por disposición de ley, la iniciativa ya tomada por la Rama Judicial de que los tribunales designen salas especiales para atender los casos de privación de patria potestad, adopción y aquéllos que surjan a raíz de la Ley Núm. 177, supra; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS


La adopción es una alternativa real y una opción de amor en beneficio de todos, cuando por diversas circunstancias nuestros niños no encuentran en sus padres biológicos el amor y afecto que por derecho natural deben recibir. Gracias a la adopción, muchas personas tienen la oportunidad de compartir su alegría ofreciendo al menor un hogar estable y permanente.

Actualmente, el proceso para adoptar un menor es uno complicado, acompañado de una larga y tortuosa espera. La adopción puede darse dentro de escenarios diversos. Como solución a uno de los dilemas enfrentados, otras jurisdicciones estatales de Estados Unidos han creado la opción de las “madres donantes voluntarias”. Bajo esta alternativa, la mujer embarazada acuerda con unos prospectivos padres adoptivos, la entrega de su recién nacido, a partir de su nacimiento. Durante este proceso, tanto la madre voluntaria como los futuros padres adoptivos, de éstos así desearlo, comparten la experiencia del embarazo y asisten conjuntamente a las citas médicas de seguimiento. De esta forma, los futuros padres adoptivos se involucran en toda esta experiencia, lo que les permite estar más aptos para el momento en que finalmente asumirán la custodia y patria potestad del menor. En ocasiones, la adopción no se da de forma inmediata al nacimiento y ocurre dentro de la infancia o adolescencia de un menor.

Esta Ley, establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la creación de un sistema de refugio seguro, que promueve como alternativa el que una madre biológica pueda entregar a su recién nacido en una institución hospitalaria, sin que tenga el temor de que pueda ser procesada por el delito de abandono, según establecido en el Artículo 132 del Código Penal de Puerto Rico.

Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende justo, meritorio y necesario aprobar legislación para establecer en Puerto Rico, al igual que en la gran mayoría de los demás Estados, el sistema de las “madres voluntarias”, con el fin de viabilizar un procedimiento expedito de adopción, cuyo objetivo sea velar por el mejor interés del adoptado y amparar su derecho a desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el afecto y le procure los cuidados que satisfagan sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por sus padres biológicos. Resulta alarmante e indignante, cómo muchos niños han perdido la vida, tras la larga espera de que surja una transformación en su entorno familiar, digno para su adecuado desarrollo y calidad de vida. Esta Asamblea Legislativa cree en la reunificación familiar, en aquellos casos donde la rehabilitación de los padres biológicos sea clara y éstos manifiesten la capacidad y estabilidad necesaria para asumir la enorme responsabilidad de ser padres y madres.

Asimismo, en Puerto Rico existe un gran número de personas que desean convertirse en padres adoptivos, al igual que existen muchos menores en espera de ser adoptados. Sin embargo, en ocasiones resulta difícil identificar, oportunamente, a los interesados que muy bien podrían proveer un nuevo hogar y familia a todos los menores en Puerto Rico, sujetos a adopción, quienes lo necesitan con urgencia. Ante la creciente necesidad de ofrecer hogares estables a niñas y niños que tanto lo necesitan, entendemos meritorio agilizar la adopción en la Isla, en beneficio de los padres adoptantes y sobre todo de los adoptandos.

Por tal razón, entendemos adecuado y apremiante, además, disponer para que el Departamento de la Familia establezca, en el referido Departamento, el “Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico”. Mediante el mismo, lograremos que, supeditado al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, el Estado identifique a tiempo, cuántas personas están interesadas y cualificadas para adoptar a un menor y que, asimismo, tenga disponible los datos relevantes para permitir su fácil identificación y localización. De igual forma, el Estado identificará aquellos menores que estén sujetos a ser adoptados. Con la debida implantación de este registro, se garantizará a las personas que el proceso de adopción sea uno justo y ágil, en el cual sus oportunidades y posibilidades de adoptar sean reales.

El Estado, en su poder de parens patriae, puede utilizar el vehículo de la adopción para brindarles un hogar estable, saludable y seguro a los menores de edad que han sido removidos de sus hogares y que por alguna razón no puedan regresar al mismo. Cónsono con dicho poder, se estableció que el Gobierno tiene la potestad de adoptar la reglamentación necesaria para cerciorarse de que la adopción es la alternativa idónea para el menor que esté bajo la custodia del Departamento de la Familia.

Se ha constatado que el bienestar y la seguridad de los menores, en muchos casos, se han visto comprometidos por la obsecada intención de lograr la unidad familiar, aun en casos donde las circunstancias de dicho seno familiar van en detrimento del bienestar de los menores. Aun cuando el principio de unidad familiar es esencial, no podemos perder de perspectiva que el fundamento principal siempre debe ser el bienestar y la seguridad del menor, brindarle un ambiente adecuado en el hogar, de modo que se sienta amado y que se pueda desarrollar física, mental, social y moralmente, además de proveerle una convivencia sana, llena de orden, paz y tranquilidad.

Por otro lado, la tendencia moderna de la globalización ha viabilizado que en la pasada década, miles de ciudadanos americanos, incluyendo residentes de Puerto Rico, acudiesen a países extranjeros para adoptar menores cualificados para la adopción. En el año 2000, el Gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley sobre Adopciones Internacionales, P. L. 106-279 (“Intercountry Adoption Act”), mediante la cual ratificó el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, adoptado en La Haya el 29 de Mayo de 1993. La Sección 503 del “Intercountry Adoption Act”, establece que los estados podrán adoptar disposiciones estatutarias consistentes con lo dispuesto en dicho estatuto.

Al presente, los procedimientos de adopción en países extranjeros varían conforme al ordenamiento legal vigente en cada jurisdicción. Una vez concluido dicho trámite, el ciudadano americano obtiene del Gobierno Federal una autorización o visa para el ingreso del adoptado a territorio americano, luego de lo cual, los padres adoptantes regresan al Estado de su residencia con el menor, adoptado.

La mayoría de las jurisdicciones estatales americanas, incluyendo Louisiana, Texas y New York, han promulgado legislación para revestir de finalidad la adopción extranjera por sus residentes y viabilizar la expedición de un certificado de nacimiento en su jurisdicción para el menor, cónsono con el ordenamiento jurídico de su Estado. De igual forma, la mayoría de los estados han establecido estatutos para reconocer las adopciones de sus residentes en otros estados de la Nación Americana.

Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende adecuado y apremiante establecer un procedimiento estatal uniforme mediante el cual se pueda ratificar y convalidar las adopciones internacionales e interestatales en esta jurisdicción, y obtener un certificado de nacimiento para el menor, todo lo anterior cónsono con el ordenamiento federal y local vigente. A tales fines, se añade un nuevo Artículo 613Q a la Ley Núm. 9, infra, para establecer un proceso de convalidación de las adopciones llevadas a cabo en otros estados u otros países.

Como parte de esta reforma integral de los procedimientos de adopción, también enmendamos varias disposiciones de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, de manera que estarán dirigidas - en primera instancia - al bienestar del menor y, de ser posible, a la unidad familiar. Asimismo, enmendamos varios artículos de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”, antes, Código de Enjuiciamiento Civil, con el propósito de simplificar el proceso de adopción, acortando los términos para las vistas de custodia, de esfuerzos razonables realizados por el Departamento de la Familia para el bienestar y la protección del menor; privación, restricción o suspensión de patria potestad; demandas; informe del estudio social pericial; señalamiento y celebración de la primera conferencia; reconocer y convalidar adopciones interestatales e internacionales; y establecer el derecho de los hogares de crianza y de partes adoptantes,, a ser escuchado en dichos procesos.

Esta Ley constituye un paso determinante en nuestra lucha como sociedad contra el abandono, maltrato y menosprecio de nuestra niñez. Con ello, pretendemos detener el avance del ciclo de violencia en contra de los más indefensos.



Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES INICIALES
Sección 1. — Título. (8 L.P.R.A. § 1051 nota)
Esta Ley será conocida y podrá ser citada como “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopción de 2009” o por las siglas “RIPA”.
Sección 2. — Definiciones. (8 L.P.R.A. § 1051)
Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación, a menos que dentro de su contexto claramente se desprenda otro significado:

(a) “Acuerdo de Adopción”: es el acto jurídico solemne mediante el cual la mujer gestante pacta, sin mediar compensación de clase alguna, salvo el pago de los gastos del embarazo, según lo establecido en la Sección 4 de esta Ley, en documento juramentado ante notario público autorizado a ejercer en Puerto Rico, a llevar a término el embarazo y renunciar al derecho de patria potestad para entregar al recién nacido en adopción; y la persona o matrimonio adoptante futuro se obligan a sufragar los gastos del embarazo y a adoptar al recién nacido, independientemente de cualquier condición de salud con la cual haya nacido, sujeto a los requisitos que impone esta Ley. Este acuerdo podrá ser abierto o cerrado, a opción de las partes.

(i) Acuerdo de Adopción Abierto: acuerdo de adopción mediante el cual la parte adoptante se relaciona con la madre biológica durante el período de gestación hasta culminado el período de derecho de retracto de la madre biológica.

(ii) Acuerdo de Adopción Cerrado: acuerdo de adopción mediante el cual la parte adoptante no se relaciona con la madre biológica. Dicho acuerdo incluirá una cláusula de confidencialidad a esos efectos, por lo que el Departamento mantendrá en estricta confidencialidad la información de las partes, excepto para el uso exclusivo de aquellos trámites correspondientes al procedimiento de adopción por parte del Departamento. El Departamento establecerá mediante reglamentación, a esos efectos, el costo adicional por concepto de los gastos administrativos que conlleve el acuerdo de adopción Cerrado de ser necesario.

(b) “Departamento”: el Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico.

(c) “Institución de Servicios de Salud”: cualquier institución que ofrezca servicios de salud, según definida por el Artículo 2 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de Facilidades de Salud”. También significará cualquier instalación privada en la que se presten servicios médico-ginecológicos, de obstetricia y de planificación familiar, al amparo de la legislación aplicable.

(d) “Parte Adoptante”: persona o matrimonio, válido y reconocido bajo el Código Civil de Puerto Rico, según surge del Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico, adscrito al Departamento de la Familia, y quienes tienen la intención de asumir la custodia y la patria potestad del menor a ser adoptado, luego de presentar una solicitud a tal efecto, evaluada por el Departamento como posible(s) candidato(s) para fines de adopción de un(a) menor, sujeto a las disposiciones sobre adopción establecidas en el Código Civil de Puerto Rico. La definición de Parte Adoptante se extiende, además, a las personas individuales y matrimonios que figuran en los registros de las agencias de adopción.

(e) “Madre biológica”: se refiere a quien procrea, o a la mujer en estado de gestación, quien libre y voluntariamente acuerda renunciar a todos los derechos sobre el futuro recién nacido a favor de los adoptantes, mediante el Acuerdo de Adopción, sujeto a los requisitos de capacidad para tal acto.

(f) “Recién nacido”: toda persona recién nacida, entre 0 y seis (6) meses, cuya entrega en adopción es el objeto de un Acuerdo de Adopción, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

(g) “Parte”: el o los adoptantes, la madre biológica, padre biológico; así como aquella persona que demuestre su legítimo interés a satisfacción del Tribunal sobre el menor.

(h) “Tribunal”: las Salas Especializadas de Familia, creadas por esta Ley, adscritas al Tribunal General de Justicia, Sala de Primera Instancia de Puerto Rico para la atención de trámites de privación de patria potestad, adopción, y aquéllos que surjan a raíz de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez” [Nota: Actual Ley 246-2011, según enmendada, “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”].

(i) “Agencia de Adopción”: institución u organización pública o privada sin fines de lucro acreditada, reglamentada e inspeccionada periódicamente por el Departamento de la Familia para colocar menores en hogares adoptivos. Las agencias deberán regirse por todas las leyes aplicables al Departamento y por cualquier reglamentación que el mismo establezca en el mejor bienestar de los menores. Las Agencias de Adopción, discrecionalmente, podrán servir como agencia de entrega voluntaria de menores o de refugio seguro.

(j) “Padre biológico”: es el hombre, quien a través de la fecundación natural, da origen biológico al niño o niña.

(k) “Entrega Voluntaria de Menores”: acto mediante el cual la madre biológica o los padres biológicos o aquéllos que ostenten la patria potestad sobre el menor, entregan la custodia física de un menor recién nacido o acuerdan renunciar y transferir la custodia y patria potestad de dichos menores, entre 0 y tres (3) años, para ser adoptados.

(l) “Adopción”: acto jurídico solemne, el cual supone la ruptura total del vínculo jurídico-familiar de un menor con su parentela biológica, y la consecuente filiación del menor con la Parte Adoptante, la cual ha expresado su voluntad de que legalmente sea su hijo o hija.

(m) “Adoptando”: un menor de edad sujeto de la adopción, a tenor con los requisitos establecidos en el Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado.

(n) “Registro”: el Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico, establecido mediante esta Ley.

(o) “Convenio de Colocación”: acuerdo para disponer los términos y condiciones de ubicaciones de menores en hogares aprobados por el Departamento o agencias de adopción con el fin de que éstos sean adoptados. El mismo garantizará el derecho de todas las partes, con especial atención al mejor interés del menor.

(p) “Hogar Adoptivo”: el hogar de una familia de uno o más miembros que ha adoptado al menor que tenía bajo su custodia.

(q) “Hogar Pre-Adoptivo”: aquel hogar debidamente certificado, licenciado y que cumple con todos los requisitos de elegibilidad del Departamento para ser considerado para fines adoptivos.

(r) “Hogar de Crianza”: aquel hogar de carácter temporero y de transición, debidamente certificado y licenciado por el Departamento, que alberga menores que están bajo la tutela del Departamento.

(s) “Centro de Orientación de Adopción”: lugar establecido en las oficinas centrales del Departamento que funge como oficina central para la adopción de menores en Puerto Rico.


CAPÍTULO II
ENTREGA VOLUNTARIA DE MENORES
Sección 3. — Orientación sobre acuerdos de adopción voluntaria durante embarazo. (8 L.P.R.A. § 1052)
Cuando una mujer embarazada acuda a una institución de servicios de salud, con el propósito de terminar su embarazo, la institución le notificará a su trabajador social de turno o a un profesional en el campo de la salud y el bienestar social, para que oriente a la mujer sobre la opción de la adopción voluntaria, como una de las alternativas disponibles ante embarazos no deseados.

Esta orientación se le ofrecerá a la mujer, quien la recibirá de forma libre, voluntaria y gratuita, de conformidad con la reglamentación que sobre este asunto adoptará el Departamento, y garantizando los derechos constitucionales que asisten a una mujer embarazada.

En caso de que la mujer embarazada acceda a recibir la referida orientación, al culminar la misma, el trabajador social o el profesional en el campo de la salud y el bienestar social, le preguntará sobre su disposición para convenir para la entrega voluntaria del recién nacido en adopción.

Si contestara en la afirmativa, el trabajador social notificará inmediatamente al Departamento de este hecho, quien se encargará de realizar las gestiones correspondientes para iniciar el proceso mediante el establecimiento de un Acuerdo de Adopción, ya sea por el Departamento o mediante cualquier agencia de adopción, según definida en esta Ley. Dicho Acuerdo de Adopción se hará de forma libre y voluntaria, sin mediar compensación de clase alguna, salvo el pago de los gastos del embarazo, según lo establecido en la Sección 4 de esta Ley.

Como parte de dicho trámite, la madre biológica certificará que ha sido orientada sobre la alternativa de adopción por entrega voluntaria, y que en ningún momento ha sido coaccionada o intimidada para acceder a tal adopción.
Sección 4. — Requisitos del acuerdo de adopción durante el embarazo. (8 L.P.R.A. § 1053)
El acuerdo de adopción se realizará sujeto a los siguientes requisitos:

1. Se establecerá sobre quién recae la responsabilidad por el pago de los gastos del embarazo autorizados en esta Ley. Se entenderá por tales, los gastos médicos, hospitalarios, de enfermería; por concepto de medicamentos; gastos de alojamiento o viajes si son necesarios; durante la gestación y hasta seis (6) semanas después del nacimiento. Estos gastos podrán incluir aquéllos de consejería sicológica o psiquiátrica que requiera la madre biológica como consecuencia de la entrega en adopción, así como cualesquiera otros, siempre que no sean contrarios a la Ley, a la moral y al orden público. Esta responsabilidad recaerá únicamente sobre los gastos que no sean cubiertos por el plan de seguro médico de la madre biológica, ya sea privado o provisto por el Gobierno de Puerto Rico.

De no contar la madre biológica con un plan de seguro médico, el Gobierno de Puerto Rico, de acuerdo con la política pública establecida en esta Ley, de fomentar la adopción en Puerto Rico, le proveerá a la madre biológica un plan médico a través de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, según creado por la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”. Esta cubierta estará vigente durante el término establecido en este inciso.

2. Se expresará la intención de la Parte Adoptante de adoptar al infante y de asumir todas las responsabilidades que este acto conlleva, independientemente de cualquier condición de salud con la cual haya nacido el menor.

3. Se expresará la intención de la madre biológica de renunciar a todos los derechos derivados de la patria potestad, a favor de la Parte Adoptante, sujeto al derecho a retractarse.

4. Se expresará que la madre biológica entiende y acepta tener conocimiento de que el Departamento o alguna agencia de adopción asumirá la custodia y patria potestad del recién nacido, según se dispone por Ley, si la Parte Adoptante por alguna razón no concluye el proceso de adopción.

5. La Parte Adoptante expresará que reconoce que la madre biológica podrá dejar sin efecto el acuerdo de adopción y retractarse de entregar al recién nacido en adopción, dentro de los siete (7) días siguientes al nacimiento del menor. Dicho término se entenderá extendido, si por alguna razón la madre biológica perdiese el conocimiento o su capacidad para consentir, se viese afectada, luego del alumbramiento. Dicha pérdida de conocimiento o capacidad deberá ser certificada por un médico debidamente acreditado. De ejercer su derecho al retracto, la madre biológica vendrá obligada a resarcir a la Parte Adoptante los gastos incurridos de conformidad con el Acuerdo. Disponiéndose, además, que en esta eventualidad ni el Departamento ni la agencia de adopción, respectivamente, serán responsables de resarcir estos gastos.

6. En el caso de que la madre biológica o el padre biológico sean menores de edad y no estén emancipados, conforme al ordenamiento jurídico vigente, sus padres o tutores le suplirán la capacidad jurídica para consentir y así cumplir con los requisitos de consentimiento establecidos en esta Ley.

7. Se expresará que se cumplieron con las disposiciones para que el padre biológico tuviera una oportunidad de reclamar sus derechos sobre el menor conforme expresado en esta Ley.

8. El Acuerdo de Adopción podrá ser abierto o cerrado a opción de las partes. El Departamento o la agencia de adopción en el caso pertinente, instruirá a las partes sobre estas alternativas:

i. Acuerdo de Adopción Abierto: acuerdo de adopción mediante el cual la Parte Adoptante se relaciona con la madre biológica durante el período de gestación hasta culminado el período de derecho de retracto de la madre biológica. Luego de este término, el Departamento mantendrá en estricta confidencialidad la información de las partes, excepto para el uso exclusivo en los trámites correspondientes al procedimiento de adopción por parte del Departamento, sujeto a lo dispuesto en el Capítulo III, Sección 14 de esta Ley, en torno al derecho de los adoptantes de acceder a los datos confidenciales del Registro.

ii. Acuerdo de Adopción Cerrado: acuerdo de adopción mediante el cual la Parte Adoptante no se relaciona con la madre biológica. Dicho acuerdo incluirá una cláusula de confidencialidad a esos efectos, por lo que el Departamento mantendrá en estricta confidencialidad, la información de las partes, excepto para el uso exclusivo de aquellos trámites correspondientes al procedimiento de adopción por parte del Departamento, sujeto lo dispuesto en el Capítulo III, Sección 14 de esta Ley, en torno al derecho de los adoptandos, de acceder a los datos confidenciales del Registro.

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