Ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos del estado de colima



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LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 15 DE AGOSTO DE 2015.

Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 8 de diciembre de 1984.

GRISELDA ALVAREZ, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente Decreto:

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ARTICULO 33, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

.

Por lo anterior expuesto, ha tenido a bien expedir el siguiente:



DECRETO No. 183

LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

TITULO PRIMERO.

CAPITULO UNICO.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el título once de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de:

I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público.

II.- Las obligaciones en el servicio público.

III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político.

IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones.

V.- Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan del fuero y

VI.- El registro patrimonial de los servidores públicos.

ARTICULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos estatales y federales.

ARTICULO 3.- Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:

I.- El Congreso del Estado.

II.- La Contraloría General del Estado.

III.- Las demás dependencias del Ejecutivo Estatal.

IV.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

V.- Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las Leyes.

ARTICULO 4.- Los procedimientos para la aplicación de los Artículos 121 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima se desarrollarán autónomamente, según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que aluden los Artículos anteriores turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

TITULO SEGUNDO.

PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, EN MATERIA DE JUICIO POLITICO Y DECLARACION DE PROCEDENCIA.

CAPITULO I.

SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLITICO Y SANCIONES.

ARTICULO 5.- En los términos del Artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan.

El Gobernador (a), los Diputados, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario General, el Procurador General de Justicia, el Sub-Procurador, el Tesorero General del Estado, el Contralor General del Estado y los Munícipes podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y las Leyes que de ambos emanen, así como por el manejo indebido de Fondos y Recursos Federales, Estatales y Municipales.

ARTICULO 6.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el Artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

ARTICULO 7.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I.- El ataque a las instituciones democráticas.

II.- El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo y Federal.

(REFORMADA, P.O. 10 DE AGOSTO DE 2013)

III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o sociales.

IV.- El ataque a la libertad de sufragio.

V.- La usurpación de atribuciones.

VI.- Cualquier infracción dolosa o de mala fe a la Constitución General de la República, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, o a las Leyes que de ellas emanen cuando causen perjuicios graves a la Federación, al Estado, a la Sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

VII.- Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior.

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Estado y a las Leyes que determinan el manejo de los recursos económicos Federales y del Estado.

No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas.

El Congreso del Estado valorará con base a las pruebas recabadas, la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este Artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente Ley y se estará a lo dispuesto por la Legislación Penal.

ARTICULO 8.- Si la resolución que se dicte en el Juicio Político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta catorce años.

CAPITULO II.

PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POLITICO.

ARTICULO 9.- El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión o dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

ARTICULO 10.- Corresponde al Congreso del Estado instruir el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano de acusación, y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado fungir como Jurado de sentencia.

ARTICULO 11.- El Congreso del Estado propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley.

ARTICULO 12.- Cualquier Ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito denuncia, la cual siempre deberá ser personal, ante el Congreso del Estado, por las conductas a que se refiere el Artículo 7 y por lo que toca a las personas señaladas en el párrafo segundo del Artículo 5. Presentada la denuncia y ratificada que sea, se procederá al dictamen de la misma, si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos y si el inculpado está comprendido dentro de los servicios públicos a que se refiere el Artículo 2, así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento.

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

ARTICULO 13.- Dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, se le informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá, a su elección, comparecer o informar por escrito, dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación, transcurridos los cuales el Congreso del Estado abrirá un término de ofrecimiento de pruebas de quince días, común a las partes. El Congreso del Estado calificará la pertinencia de las pruebas, desechando las que a su juicio sean improcedentes.

ARTICULO 14.- El Congreso del Estado abrirá un período de desahogo de pruebas de 30 días naturales, dentro del cual recibirá las que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que el propio Congreso del Estado estime necesarias.

Si al concluir el plazo no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, el Congreso del Estado podrá ampliarlo hasta por otros 30 días naturales.

ARTICULO 15.- Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante, por un plazo de tres días naturales, y por otros tantos a la del servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los seis días naturales siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado.

ARTICULO 16.- Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, el Congreso del Estado formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar sus conclusiones.

ARTICULO 17.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del acusado, las conclusiones del Congreso del Estado terminarán proponiendo que no haya lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento.

Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:

I.- Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia.

II.- Que existe responsabilidad del encausado.

III.- La sanción que deba imponerse de acuerdo con el Artículo 8 de esta Ley, y

IV.- Que en caso de ser aprobadas las conclusiones concepto de acusación se procederá a los efectos legales respectivos.

De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos.

ARTICULO 18.- Una vez emitidas las conclusiones, el Congreso del Estado los (sic) notificará al servidor público, citándolo para que comparezca un día y hora determinado, lo que de no hacerlo se le dará por notificado.

ARTICULO 19.- El Congreso del Estado deberá practicar todas las diligencias y formular las conclusiones a que se refieren los Artículos anteriores, dentro del plazo de noventa días naturales, contando desde el día siguiente a la fecha en que se imputa al servidor público, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedido para hacerlo. En este caso podría ampliar el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo no excederá de 90 días.

Los plazos a que se refiere este Artículo se entienden comprendidos dentro del período ordinario de sesiones del Congreso del Estado o bien dentro del siguiente ordinario o extraordinario que se convoque.

ARTICULO 20.- El día señalado, conforme al Artículo 18, el Congreso del Estado se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su Presidente. Enseguida la Secretaría dará lectura a las constancias procesales que contengan los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones del Congreso del Estado.

ARTICULO 21.- Si el Congreso del Estado resolviese que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo.

ARTICULO 22.- En caso contrario a lo mencionado en el Artículo anterior, el Congreso del Estado, erigido en órgano de acusación turnará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado las conclusiones y el expediente formado para llegar a ellas, para los efectos de imposición de la sanción y su ejecución.

CAPITULO III.

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE PROCEDENCIA.

ARTICULO 23.- Cuando se presente denuncia o querella por particular o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de los servidores públicos que gocen de fuero constitucional, se actuará en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante el Congreso del Estado.

En este caso el Congreso del Estado o la Comisión que este designe, practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluída esta averiguación, dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Si la imputación fuese improcedente, se archivará el expediente sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.

Para los efectos del primer párrafo de este Artículo, el Congreso o la Comisión que éste designe deberá rendir su dictamen en un plazo de noventa días, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo. En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al Juicio Político.

ARTICULO 24.- Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente del Congreso anunciará a éste que debe erigirse en Jurado de procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público, en su caso.

ARTICULO 25.- El día designado, previa declaración del Presidente del Congreso, éste conocerá en asamblea del dictamen que la Comisión de Enjuiciamiento le presente y actuará en los mismos términos previstos por el Artículo 20 en materia de Juicio Político.

ARTICULO 26.- Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los Tribunales competentes. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluído el desempeño de su empleo cargo o comisión.

CAPITULO IV.

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPITULOS II y III DEL TITULO SEGUNDO.

ARTICULO 27.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso del Estado no admiten recurso.

ARTICULO 28.- El Congreso del Estado tratará por riguroso turno las denuncias, querellas, requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se le presenten.

ARTICULO 29.- En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los Capítulos Segundo y Tercero de este Título.

ARTICULO 30.- Cuando el Congreso del Estado o la Comisión que éste designe, deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito, se entenderá que contesta en sentido afirmativo.

El Congreso del Estado o la Comisión que éste designe, practicará las diligencias que no requieran la presencia del denunciado, encomendando al Juez de lo Penal que corresponda las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia del Congreso del Estado, por medio de despacho firmado por el Presidente y el Secretario al que se acompañará testimonio de las constancias correspondientes.

El Juez de lo Penal practicará las diligencias que le encomiende la Comisión respectiva, con estricta sujeción a las determinaciones que aquella le comunique.

Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere a este Artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier gasto.

ARTICULO 31.- Los miembros de las Comisiones y en general, los Diputados que hayan que intervenir en algún acto del procedimiento podrán excusarse por alguna de las causas de impedimento que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Unicamente con expresión de causa podrá el inculpado recusar a los miembros del Congreso del Estado o de la Comisión que éste designe, de que conozca de la imputación presentada en su contra, o a los Diputados que deban participar en actos del procedimiento.

El propio servidor público solo podrá hacer valer la recusación desde que se le notifique la imputación que se le hace y hasta antes de que se abra el período de alegatos.

ARTICULO 32.- Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres días naturales siguientes en un incidente que se sustanciará ante el Congreso del Estado, quien en su caso, llamará a los suplentes. En el incidente se escucharán al promovente y al recusado y se recibirán las pruebas correspondientes.

ARTICULO 33.- Tanto el inculpado como el denunciante o querellante podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas que pretendan ofrecer como prueba ante el Congreso del Estado o la Comisión que éste designe.

Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas sin demora, y si no lo hicieren el Congreso del Estado a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultare falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra.

Por su parte el Congreso del Estado o la Comisión que éste designe solicitarán las copias certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien la solicitase no la remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 34.- El Congreso del Estado o la Comisión que éste designe, podrán solicitar, por sí o por instancia de los interesados, los documentos o expediente originales ya concluidos, y la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento, se aplicará la sanción dispuesta en el Artículo anterior.

ARTICULO 35.- El Congreso del Estado no podrá erigirse en órgano de acusación, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el querellante y en su caso el Ministerio Público han sido debidamente citados.

ARTICULO 36.- No podrán votar en ningún caso los Diputados que hubiesen presentado la imputación contra el servidor público. Tampoco podrán hacerlo los diputados que hayan aceptado el cargo de defensor, aún cuando renuncien a él después de haber comenzado a ejercer el cargo.

ARTICULO 37.- En todo lo no previsto en esta Ley, en las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso del Estado. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de la Comisión de Enjuiciamiento y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento.

ARTICULO 38.- En el Juicio Político al que se refiere esta Ley, los acuerdos y determinaciones del Congreso del Estado se tomarán en sesión pública, excepto cuando las buenas costumbres o el interés general exijan que la audiencia sea secreta.

ARTICULO 39.- Cuando en el curso del procedimiento a un servidor público de los mencionados en los Artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentare nueva denuncia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación procesal.

Si la acumulación fuese procedente, el Congreso del Estado o la Comisión que éste designe, formulará en un solo documento sus conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.

ARTICULO 40.- El Congreso del Estado o la comisión que éste designe, podrá disponer las medidas de apercibimiento que fueren procedentes, mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la Sesión respectiva.

ARTICULO 41.- Las declaraciones o resoluciones aprobadas por el Congreso del Estado con apego a esta Ley, se comunicarán al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para los efectos legales a que haya lugar.

ARTICULO 42.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Penal del Estado.

TITULO TERCERO.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

CAPITULO I.

SUJETOS Y OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO.

ARTICULO 43.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley.

ARTICULO 44.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos.

IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razones de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso o inutilización indebidas de aquellas.

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad.

VII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones.

VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten sus servicios el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Artículo o las dudas fundadas que le susciten la procedencia de las órdenes que reciba.

IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluído el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones.

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por más de quince días continuos o treinta descontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente, licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan.

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohiba.

XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos oficiales en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

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