Lo militar y la monarquía con especial referencia al siglo XVIII



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Lo militar y la monarquía
con especial referencia al siglo XVIII


Enfocar el papel de lo militar en el sistema de gobierno implica describir el contexto "constitutional" en el que se inserta. En efecto, tanto la organización de las fuerzas armadas como las relaciones que mantienen con el soberano por un lado, con sus "vasallos" por otro, están condicionadas, al nivel más global, por las reglas generales que rigen le funcionamiento de la Monarquía: sin un conocimiento previo de este marco, el problema se vuelve ininteligible o, peor todavía, se interpreta de forma equivocada, retroproyectando sobre los siglos pasados conceptos que no tuvieron vigencia hasta mucho después. Por otra parte, dentro de este marco conceptual relativamente estable y homogéneo en todas las monarquías de Europa occidental, la cuestión está condicionada en cada momento por desarrollos específicos que se derivan de la dinámica interna de cada conjunto político. Expondremos en una primera parte aquellas coordonadas generales, lo que haremos necesariamente en plan genérico, para pasar en un segundo momento a describir las condiciones particulares que regían en la España del siglo XVIII y apuntar unas consecuencias que tuvieron sobre el lugar que ocuparon dentro de la maquinaría estatal lo militar y los militares, conceptos que no coinciden.

I. Elementos de teoría política

a) De lege et jurisdictione


No por vana presunción usamos el latín en el título de este párrafo, sino para insistir en imprescindible distanciamiento en relación con el sentido que damos hoy en día a conceptos que adquirieron en los últimos dos siglos un significado muy distinto del que tenían antiguamente.

Las normas de derecho no tuvieron, en efecto, hasta principios del siglo XIX, el poder vinculante que asociamos hoy con ellas. No nos estamos refiriendo aquí a una cuestión de hecho, sino a una cuestión de derecho. La ley, el reglamento, aunque se formularan en los términos más estrictos, no vinculaban absolutamente a los actores. Proporcionaban una pauta de comportamiento, en su caso un argumento en una negociación, de ninguna forma una regla de mecánica aplicación. Claro está que el usar de tal libertad frente a la norma no estaba al alcance de cualquiera. Pertenecía en puridad a quien la había puesto Así que toda norma anterior a 1789 en Europa Occidental, y hasta fechas diversas en los otros sistemas jurídicos - hasta hoy en Derecho canónigo - tiene que entenderse salvo dispensa. La claúsula no se explicita casi nunca por obvia e, insistimos, se aplica incluso a las renuncias más solenes de usarla que se insertan en algunos textos. De tal forma que la imposición de una norma tiene dos finalidades alternativas o simultaneas: aplicarse y/o abrir un espacio al ejercicio de la "gracia" de la autoridad dispensadora, gracia que puede ejercerse de balde, "gratis et amore", pero que puede también ir acompañada de un contra-don en forma de la entrega de dinero o de cualquier otro recurso. La dispensa es, en efecto, un ejercicio de la libre voluntad del dispensador al que el dispensado no tiene ningún derecho previo. Es por consiguiente objeto legítimo de intercambio según mercado. Pudimos así demostrar más allá de toda duda que en 1501 Fernando e Isabel promulgaron dos pragmáticas que prohibían a los hijos y nietos de condenados y reconciliados por la inquisición el ejercicio de todo cargo u oficio que les pusiera en contacto con el público, con el único y exclusivo fin de venderles dispensas a la norma que acababan de publicar con toda solenidad, encabezándola para más señas con un prólogo de estilo apocalíptico sobre los peligros que la pervesión de estos malvados causaba a la sociedad. La norma, de hecho, existía ya en derecho canónico, y los reyes no veían porque el papa solo tenía que beneficiarse, tanto del punto de vista clientelar como del económico, de las dispensas que liberalmente concedía. El problema era que no siendo ellos autores de la norma, no tenían jurisdicción sobre ella. Lo remediaron como vimos. Haciéndolo, no iban en absoluto contra derecho, sino que usaban inteligentemente las posibilidades que el derecho les proporcionaba1. Lo mismo se puede decir de las normas procesales, en especial de las penas marcadas por la ley, que no tienen muchas veces otra función que la de abrir un espacio al "arbitrio" del juez y que de ninguna forma están hechas para aplicarse. Castillo de Bobadilla cuenta el abrupto final que tuvo la carrera de un juez que se tomó al pie de la letra la ley que condenaba a muerte a las hechiceras2.

El poder de dispensar pertenece a la autoridad que puso la norma y también a sus "ministros", agentes por el escogidos, que comparten su esencia y, por consecuencia, su facultad de decir derecho. Porque el manejo de la ley para dar solución a problemas concretos, al no ser una operación codificable ni un mero ejercicio interpretativo que se pueda enmarcar en pautas predifinidas como lo es, en cierto sentido, el trabajo del jurista contemporaneo, depende en cuanto a su validez de dos factores, siendo el primero de ellos la calidad de la persona que lo efectua. Dejaremos de lado este aspecto, fundamental para el reclutamiento del personal jurídico, para examinar el segundo, que más incide en el tema militar. Se trata de la adecuación de la solución adoptada a los fines para los cuales se estableció la norma.

Este es, en efecto, el criterio fundamental que permite determinar la legitimidad tanto de la puesta en práctica como de la suspensión de aquella. Es más, la legitimidad de la misma norma se deriva no de criterios formales, como sería el caso en la teoría del derecho vigente desde principios del siglo XIX, sino de su adecuación a los fines que Dios estableció para las instituciones y la persona humanas. Ello explica, de pasada, porque el derecho no se encuentra expuesto, hasta el siglo XVII por lo menos en España, en libros de derecho sino en libros de moral escritos por autores que pueden describirse como muy relacionados con el clero. De ahí se deriva el que la adecuación de la puesta en práctica a las finalidades de la norma sea la piedra de toque. Veamos las consecuencias para un caso concreto. Dios estableció los reyes para hacer justicia - veremos luego en que sentido se deben tomar estas palabras -. Entonces el rey tiene que reclutar jueces que hagan justicia. La experiencia y el buen sentido parecen indicar que el juez que haya comprado su plaza será menos justiciero que quien no. Ergo se establece por regla general que los oficios de justicia, o mejor dicho aquellos que dan la autoridad de decir el derecho, no se deben vender. Salvo desde luego si el rector de la norma considera que se pueden vender, en cada caso concreto, sin el inconveniente aludido y con los beneficios marginales que puede reportar la venta para una mejor consecución de la justicia; tal el aumento de los medios a disposición del soberano para mantener el orden.

Todo el problema consiste en saber quien es el rector de la norma. Cuando se trata de normas de "derecho positivo", cuyo autor es un ser humano claramente identificado, cuyo contenido no afecta las normas del más alto rango establecidas por Dios, y cuya variabilidad se reconoce como un efecto natural de la mutabilidad de las cosas humanas, no hay duda: es el autor de la norma o el rey, cuyo oficio consiste precisamente en ciudar que todas la normas establecidas en su reino sean conformes a los principios generales del derecho. Si la norma afecta a valores y fines de un nivel superior, o al nivel de donde dimanan las propias facultades del rey, la cosa se vuelve más borrosa. La solución pasa por la confrontación de los distintos puntos de vista. El derecho del Antiguo Régimen, en efecto, es por esencia agónico: se define a través del enfrentamiento. Ahí radica la fuente de su dinámica, y con ella la de aspectos fundamentales de la historia que intentamos reconstruir.

Por los principios que expusimos, se entiende que no se puede definir el papel de ningún actor en el mundo jurídico por la lista de sus atribuciones. Una jurisdicción se define por su centro, por la misión que se le encarga dentro del conjunto orgánico de las instituciones que regulan la sociedad. Termina su jurisdicción donde termina esta misión. Se deriva logicamente de tal concepto que dos poseedores de jurisdicciones complementarias tienen necesariamente que coincidir, "concurrir" algún día sobre el mismo objeto. El mismo derecho intenta establecer pautas para solucionar estos problemas, siendo la más usual el conocimiento "a prevención": se encarga del negocio el primero que se hizo con él. El concepto de "prevención" es sin embargo dificil de llevar a la práctica. De ahí que la competencia se dislucide a veces por medios que hoy en día se calificarían de violentos, en los que dos autoridades se enfrentan publicamente, se descomulgan, se encarcelan, se secuestran los bienes a la vista de todos3. Tales son los principios básicos que hay que guardar en la mente para entender lo que sigue4.


b) El rey y el reino


La dialéctica rey / reino es el fundamento sistema polítco del Antiguo Régimen. Olvidamos durante muchos tiempo que el rey sólo era una mitad del mismo, y todavía hoy no sacamos todas las conclusiones que del hecho se derivan5. La cosa es especialmente llamativa para el siglo XVIII. Las obras de teoría política publicadas en España en el siglo XVI, las del siglo XVII en parte, todavía exponen el sistema político en su totalidad: rey y reino. Progresivamente desaparece éste, y sólo queda el soberano. No porque el reino dejó de ser un elemento fundamental de la "constitución" política de la Monarquía6, sino porque el rey lo fue progresivamente aparcando, imponiendo el silencio sobre aspectos poco favorables al crecimiento desmesurado del su poder propio dentro del sistema político imperante.

El reino es una comunidad política amplia, que se piensa a sí misma como tal y se autoreconoce unidad y sentido de existencia propia, territorio, independencia. El reino es compuesto de "répúblicas" locales, generalmente, pero no siempre, urbanas, dotadas de una personalidad fuerte, anclaje de un fuerte sentido de identidad por parte de sus habitantes, objeto de fidelidades que sobreviven a la emigración a tierras lejanas, y que forman otros tantos organismos políticos organizados cada uno según sus reglas propias7. El reino, sin embargo, transciende la repúblicas. El reino es indivisible. La pérdida de una provincia es un trauma dificilement superable. Es independiente. Tiene leyes propias que definen mecanismos básicos del funcionamiento de su sociedad, tales la transmisión de los patrimonios o el papel de la mujer. Exige jueces civiles y eclesiásticos suyos. La fusión de varios reinos en uno solo es un proceso largo, de siglos. El reino es poco expansivo, poco propenso a empresas bélicas ofensiva, más bien preocupado de su "conservación".

Todo ello crea tensiones con el soberano. El rey, visto desde el reino y desde la teoría política clásica, tiene un papel de protector. Es el depositario de la soberania. Defiende el reino contra las agresiones exteriores, lo defiende también contra sí mismo, ya que las repúblicas que lo componen y dentro de las repúblicas las familias, tienen intereses divergentes que llevan a enfrentamientos. Estos pueden desembocar en la desagregación de sociedad local, en un verdadero suicidio colectivo. De forma más habitual llevan a situaciones de injusticia en las que los poderosos aplastan a los "menores"8. Para el cumplimiento de aquellas tareas, el reino concede recursos al rey, especialmente recursos militares y financieros, bien de forma temporal, bien de forma permanente. Lo más habitual es que las concesiones provisionales se vuelvan con el tiempo permanentes9.

El problema es que el rey no es sólo soberano. Es también cabeza de una casa, y como tal tiene intereses familiares.particulares En este campo, su comportamiento es perfectamente homologable con cualquier otro miembro de su aristocracia, con la única diferencia que sus mayorazgos son reinos. Lo mismo que cualquier buen padre, intenta colocar a sus segundones lo mejor que pueda con tal que no estorben la sucesión del heredero principal, lo mismo el soberano intenta sobre todo transmitir a éste una herencia intacta, preferentemente algo mayor de la que recibió el mismo10. Intenta mandar en su casa, en su patrimonio, en su reino, lo mismo que un señor intenta mandar en sus señoríos11 o cualquier hacendado intenta controlar a los administradores encargados de sus bienes12. Intenta mantener su "reputación" frente a sus iguales, frente a la docena de familias reinantes a quienes dieron los pueblos, a finales de la Edad media, en Europa occidental el monopolio de la soberanía. Para ello, donde sus vasallos disponen de estrategias matrimoniales, económicas y judiciales, dispone el además de la fuerza de las armas, que no en vano definía Luis XIV como la "ultima ratio regum", a expensas del reino.

La tentación era grande, y la confusión fácil entre los recursos del reino y los fines propios del rey como persona. Resulta difícil la distincción hoy en día para los historiadores13; resultaba también borrosa para los contemporáneos14. El debate sobre el destino de los recursos que el reino pone a disposición del soberano es probablemente el más importante factor de la vida del Antiguo Régimen. El reino argumenta desde la necesidad de su "alivio" y los principios de autogobierno. El rey desde la necesidad de la defensa del reino, concepto que en la pluma de sus abogados toma proporciones impresionantes; algunas desde veces la perspectiva de su "gloria", o "reputación", que se confunden, en su argumentación, con las del reino.

Esta dialéctica entre el rey y el reino tiene vigencia del siglo XII al XVIII, por lo menos, por lo que sabemos ahora. En toda Europa sin duda. Es demostrable que tuvo vigencia en la Península Ibérica, en Francia y en Inglaterra, en todo el periodo aludido. En todo caso, establece un marco fundamentalmente inestable en el que insertar la historia militar. Las fuerzas armadas son, por esencia, objeto de un debate que les desborda de todos lados, pero en el que tienen un protagonismo accentuado.


c) Lo militar y lo judicial


El rey, en efecto, tiene dos vías principales para ejercer su autoridad: la judicial y la militar. En la vía judicial, pesa el reino. La justicia es emanación de la comunidad. Todavía a fines del siglo XVIII pervive la vieja idea, objeto de tantos debates en el siglo XVI15 de que los jueces de primera instancia siguen siendo los alcaldes, aunque un corregidor real o señorial haya asumido su jurisdicción. Muy dificilmente consigue el rey imponer jueces no regnícolas, y siempre en este caso asesorados por regnícolas. Ni Felipe V en la nueva planta de la Corona de Aragón se atrevió a infrigir este principio, y estudios recientes hacen del intento de la Monarquia para reducir el control de la oligarquía letrada local sobre el sistema judicial del Estado de Milán un factor notable en el debilitamiento del nexo que la unía a aquel territorio16. Los jueces no sólo juzgan, sino que controlan el poder real y lo limitan de hecho y de derecho. Tal es el papel de los consejos territoriales. El rey, cuando actua por la vía judicial, tiene que respetar un concepto de la monarquía que le da un papel equilibrador de lo existente, poco dinámico. Esto vale todavía en el siglo XVIII, a pesar de la notable perdida de poder que sufrieron los consejos y de la tentativa de la monarquía de abrir un frente judicial nuevo en el que tendría la iniciativa, el de la defensa de los intereses de los pobres17.

En lo militar, el rey tiene más libertad. Desde siempre. La defensa del reino frente a sus enemigos exteriores, en efecto, tiene un carácter de extrema urgencia que implica la imposibilidad de consultar y prohibe componendas. El reino no está ausente del campo de la defensa, pero nunca pudo reivindicar un monopolio, ni aún teórico, sobre la misma. Por lo menos desde fines de la edad media existen dos ejércitos. Uno del reino, cuya mobilización es exigible para su defensa. Todos están sometidos a la obligación militar dentro del mismo, y su leva puede llevar a una mobilización entera de los recursos del reino si éste hace suya la guerra18. El reino retiene cierta medida de control sobre aquel ejército, fundamentalemente en lo referente a la selección de los oficiales, y en la prohibición de usarlo fuera del reino; poca influencia tiene, por lo demás, sobre su uso operativo. Este ejército del reino será desarrollado y organizado en el siglo XVIII con el nombre de milicias. Por otra parte está el ejército del rey, disponible tanto para la defensa del reino como para la de los intereses personales del soberano, bajo su mando y responsabilidad. Es financiado en gran parte por el reino, aunque siempre con reticencia. Tanto para organizar su propio ejército como para mobilizar el del reino, el rey siempre pudo apoyarse sobre argumentos irrebatibles: la necesidad absoluta de la defensa del reino, que era la esencia misma de la monarquía19; y la defensa de su propia persona, que llevó a la constitución de la guardia. Disponía así, en la cosa militar, de una palanca con serias incidencias políticas, de un instrumento fuerte para desarrollar su poder e influencia dentro del reino. La usó sin miramientos ni reservas.


II. La dinámica del siglo XVIII

a) La toma de control del ejército por el rey


Remito a los analisis de Francisco Andújar20. En los primeros años del siglo XVIII el rey adquirió el monopolio de los nombramientos a todos los grados en todas las unidades militares, facultad que compartía antes con los jefes de cuerpos para los oficiales que no eran generales. En los primeros años del siglo, por otra parte, se creó un cuerpo de ejército totalmente puesto en manos del rey, la guardia, cuya misión iba mucho más allá de la protección de la persona del soberano21. Remito por fin a los trabajos de Andújar y de Contreras Gay sobre la progresiva integración, hasta donde era posible, del ejército del reino en el ejército real por la vía de los regimientos de milicias provinciales, cuya proceso de organización culminó en 173422.

Este conjunto de reformas, aunque no nos extendemos sobre ellas por ser de sobra conocidas, no deja de tener una importancia fundamental para el tema militar. La concentración resultante de todos los nombramientos militares importantes en la secretaría del despacho de guerra o en la de marina, tanto en lo referente a los de mandos operativos como los de la administración militar (intendencia, etc.), puso efectivamente el ejército en manos del monarca, como nunca lo había sido antes, y multiplicó la posibilidades de usar la palanca militar para fines que más tenían que ver con la defensa de las posiciones del soberano dentro del reino que con la defensa del mismo frente al exterior. Lo que siempre se había hecho, pero nunca en escala similar a lo que se vio en el siglo XVIII.


b) La sustitución de lo "ejecutivo" a lo judicial


El siglo XVIII está marcado por un esfuerzo constante de la monarquía para reducir el peso de la "vía judicial" en el aparato de gobierno. Esta fue la vía normal de gobierno en España hasta mediados del siglo XVII. Los corregidores, por ejemplo, el eje sobre el que descansaba el ejerecicio local del poder real, eran ante todo jueces y aunque fueran de capa y espada, eran nombrados por la Cámara de Castilla, ciudadela de los letrados. Vía judicial significaba decisiones por consejo, tomando en cuenta los puntos de vista de todas las partes y preservando, en toda la medida de lo posible, los derechos de cada una, dicho de otra forma preservando las posiciones adquiridas. Significaba también un cojunto bien trabado de instituciones interrelacionadas, jerarquizadas y colectivamente administradas, que abarcaban todas las etapas del funcionamiento del sistema, desde la educación de sus agentes en las universidades, hasta los procesos de toma de decisión en los consejos, pasando por los mecanismos de reclutamiento que cerraban la puerta a todo intervencionismo externo, hasta al intervencionismo real. Conjunto de instituciones, por otra parte, con el que estaba íntimamente relacionada la Iglesia, sobre cuyo apoyo podía contar el mundo letrado para su defensa. O sea, un conjunto bien trabado, dificil de desmantelar por partes, y cuyo papel efectivo en la administración de la maquinaría estatal era tal que su destrucción repentina dejaría un vacio en el que el propio gobierno del reino podía naufragar23.

Desde mediados del siglo XVII se notan esfuerzos cada vez más enconados de la monarquía para sacudir el yugo letrado e implantar otro modo de gobierno, basado en la transmisión de instrucciones aplicables sin discusión (en teoría por lo menos) a lo largo de una cadena jerárquica. En un primer momento, parece que fue privilegiada la vía de hacienda. El rey nombró en cada provincia de Castilla un superintendente general de rentas reales quien, aparte de tener un poder local omnímodo en materia de hacienda, era a la par corregidor de la capital de provincia. Debido a su cargo de hacienda, era elegido por el Consejo de hacienda, uno de los pocos que no controlaban los letrados, sino hombre de negocios firmes partidarios de la implantación de un poder real fuerte24. Las resistencias por parte del Consejo de Castilla fueron muy fuertes y la reforma, después de varias vaivenes (implantación, seguida de supresiones, en 1658, 1682, 1691, 1718) no culminó. La implantación definitiva de las intendencias, ya en los reinados de Felipe V y de Fernando VI, significó su implementación.

Felipe V multiplicó las tentativas de reformas para asentar un poder real fuerte. Intentó desbancar a los letrados de los consejos, reformaando en profundidad los mismos en 1713. Este ataque frontal fracasó por el apoyo que se prestaron las distintas piezas del entramado letrado, especialmente por la intervención de la Iglesia (procesamiento de Macanaz por la inquisición, intervención de Belluga) y por la dificultad de sustituir repentinamente un aparato de gobierno por otro. No se desanimó el rey y retomó la ofensiva, apoyándose en tres herramientas que usó de forma coordinada. Por una parte, desarrolló las secretarías del despacho, que progresivamente habilitaron una vía de gobierno independiente de la de los Consejos y tomaron el relevo de éstos en la administración diaria del reino, hasta volverlos "inútiles" como rezaban justificadamente los decretos de supresión de 1834. Por otra parte prosiguió la reforma de la Real hacienda y consiguió implantar en ella, con la complicidad de unas grandes empresas financieras privadas, un sistema de arrendamiento de las rentas reales totalmente controlado desde la Secretaría del despacho de Hacienda. Por fin, desarrolló la vía militar, al dar a los capitanes generales, en los territorios de la Corona de Aragón la presidencia de las Audiencias y al implantar en estos mismos territorios, por vía de conquista, cierto número de corregimientos militares, cuyos corregidores no eligía ya la Cámara de Castilla, sino la Secretaría del despacho de guerra.

A pesar de múltiples tentativas del mundo letrado para retomar la iniciativa y de retiradas parciales, los sucesores de Felipe V prosiguieron, perfeccionaron y ampliaron su obra, con la creación del cuerpo de Hacienda y la implantación definitiva de los intendentes de provincia a mediados del siglo XVIII; con la progresiva reducción del papel de las audiencias en la administración local; con la sustitución de presidentes civiles por el capitán general en las chancillerías castellanas, ya en 180025.

Dentro del dispositivo real de gobierno, lo militar tenía un papel central. Por una parte, fue el elemento legitimizador. La reforma de los corregimientos de Cataluña fue impuesta por derecho de conquista. Las urgencias bélicas justificaron la reforma de la Hacienda de 1708-1718. Estudios recientes insisten sobre el peso que tuvo el recuerdo de las tomas de partido en la Guerra de Sucesión como elemento vertebrador de las relaciones entre los Borobones y las élites del reino26. Las institutiones militares, por otra parte, proporcionaron el marco general que necesitaba la administración nueva para implantarse localmente: véase al respecto el papel de las tesorerías del ejército en la organización del sistema de pago de la Real hacienda y el de los intendentes de ejército en la organización general de la intendencia.

El ejército, por fin, fue también un instrumento coercitivo. No se puede olvidar que la dinastia borbónica se implantó a raíz de una guerra civil, ni que la represión militar fue dura en zonas como el Reino de Valencia o Cataluña; que el Principado fue sometido hasta finales del siglo XVIII a una verdadera ocupación militar por parte de las tropas de élite del ejército, los regimientos de la guardia de infantería, que alternaban estancias en Madrid con estancias en Barcelona.

Queda claro, por fin, al examinar el uso que hicieron los Borbones del aparato militar para la reforma interna del aparato de gobierno, que en su mente el ejército no era ni podía ser una institución aparte, distinta en su esencia de las demás. Lo veían, obviamente, como un instrumento más de autoridad, que actuaba en estrecha colaboración con el resto del aparato estatal.

c) Lo militar como vía de interrelación entre el rey y la sociedad política


Lo militar tuvo también otro papel en el funcionamiento del aparato estatal: fue un lugar preferente de negociación entre rey y élites del reino. Es un aspecto que hasta hace poco no había captado la historiografía en toda su extensión. Los americanistas habían sin embargo llamado nuestra atención sobre el hecho de que en Indias las notables fuerzas armadas de las que disponía la monarquía al finales del período colonial habían sido creadas y se mantenían a base de un intercambio de servicios y recursos con los poderosos locales27. Fueron los estudios de Francisco Andújar los que nos hicieron tomar conciencia de la verdadera importancia del fenómeno28. Durante todo el siglo XVIII, el rey vendió cargos y grados del ejército. Los vendió masiva y continuamente, no teniendo practicamente que costear la leva de un solo regimiento en todo el siglo - exceptuando los de la guardia y unas unidades especialmente selectas -. Vendía de esta forma la nobleza, ya que había decretado en los primeros años que su reinado que al grado de capitán correspondía nobleza; ya que supó también el monarca mostrarse generoso con quienes le proporcionaban recursos militares, distribuyendo con liberalidad títulos, hábitos, plazas honoríficas en la alta servidumbre de la Casa real y títulos de secretario del rey. Dicho de otra forma, vendía por la vía militar posiciones sociales. Notaremos de pasada que el recurso a la venta fue sino impuesto, por lo menos favorecido por la tensión que apuntamos arriba entre el rey y el reino sobre la finalidad de las fuerzas armadas, tensión que mantenía de forma constante la Real hacienda al borde de la asfixia al negarse el reino, a asumir, en la práctica, el coste adicional de las guerras.

Aparte de ingresos financieros importantes, esta práctica proporcionó un cauce de intercambio entre la monarquía y las élites sociales y económicas. Por esta vía no sólo comunicaban con el rey las élites ya instaladas, que tradicionalmente tenían acceso a los canales antiguos que conectaban el monarca con los notables del reino, que fluían por la vía del corregimiento y terminaban casi todos en la Cámara de Castilla29. Por la venta de lo militar tenían acceso al monarca, al lado de los aristrocratas que querían mejorar posiciones, mercaderes enriquecidos, administradores de fincas venidos a más, mineros exitosos, financieros favorecidos por la fortuna, o sea grupos en ascenso que no habían penetrado todavía el corazón del sistema

Al lado de las sociedades económicas de amigos del país30, al lado del patronato real eclesiástico, que permitía integrar a los intelectuales, la venta de los cargos militares fue una de las vías principales por las que la monarquía contribuyó a la homogeneización de la sociedad española. Por la distribución de sus favores, favoreció la aparición de una capa de élites unitarias, iguales en cuanto a sus títulos, iguales en cuanto a los signos externos de nobleza, iguales por fin ante mecanismos de ascenso social que ya no dependían sólo de una lenta alquimía social a nivel local, sino cada vez más de mecanismos de ámbito nacional, que controlaba cada día más completamente el sobreano. Lo militar fue una vía de negociación como las demás. El sistema de venta de cargos militares se inserta pues en un continuo donde figuran la ventas de muchas mercedes reales no militares, desde notarías hasta títulos de Castilla, pasando por gobiernos territoriales, plazas de justicia e hidalguías. El historiador puede sospechar que, teniendo en cuenta el agotamiento demográfico de la nobleza antigua y el de las familias de "caballeros" que formaban el nucleo de poder tradicional más eficaz y el grupo tradicional de intermediación entre el rey y el reino, de un lado; las crecientes tensiones entre el rey y la clase letrada tradicional por otro, era necesario transponer el diálogo entre el rey y las élites del reino a otro campo y darle formas nuevas. Lo militar fue una de ellas.

c) Que es un militar?

Queda por examinar un problema fundamental, que apenas tocaremos porque merece en sí un libro. Que concepto tenían los mismos militares de su papel? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. El mundo militar es todo menos unitario. Dejando de lado la diferencia radical entre la tropa y la oficialidad, nos limitaremos al mundo de los jefes. Muchos los hay cuyas perspectivas vitales no pasaron nunca de las fronteras del regimiento, personas que se pueden describir como "militares", como otros se pueden describir como "frailes". Pertenecen a este grupo esos capitanes con canas, que todavía sirven la los treinta, cuarenta años de ingresar como cadete, a quienes se concede como jubilación honrosa el gobierno de algún fuerte perdido en el fondo de una ría gallega o en un cabo aislado del Mediterraneo, como este Renato Duchemin, primer capitán del regimiento de infantería de Bruselas, hecho gobernador de Monterrey en 1762, coronel graduado sin duda algún tiempo después, gobernador por fin del fuerte de San Felipe en la Ría del Ferrol31; o como este Juan Doucet, que sacan de un batallón de inválidos de Andalucía para hacerlo en 1760 gobernador del nuevo fuerte del Cabo de Gata, donde murió a los tres años32. Tales como los que dejan entrever las hojas de servicio, amargados por postergaciones sucesivas, que esperan su retiro comparando méritos y antigüedades33. Algunos llegan al ansiado grado de brigadier, tal Juan Bernet, con 71 años, en 1741, después de haber sido largos años teniente provincial de artillería del reino de Navarra34. Son sin duda muy numerosos los militares de este tipo. Pero no tienen transcendencia política, ni directa, ni indirecta en el siglo XVIII.

Otros lllevan un inconfundible sello militar, y tuvieron una notable relevancia política. José Francisco Carrillo Albornoz, primero conde, luego duque de Montemar. Nacido en Sevilla en 1671, entró a servir con doce años, en Cataluña, provincia donde parece que se desarrollaron las primeras etapas de su carrera militar. Llegó a casarse con una Catalana y a pertenecer a la Academia de los Desconfiados. A los treinta años era ya teniente coronel (no se sabe desde que fecha), cuando ingresó como exempto en una compañia de la guardia de corps. Comandante militar de Zaragoza en la reconquista de 1706, coronel de un regimiento de caballería, asciende a brigadier en 1707, con 36 años de edad. Mariscal de campo a los cuarenta años, coronel del regimiento de caballería de Asturias, gobernador de Zaragoza, es nombrado gobernador político militar de Barcelona en 1715, a los 44 años, publica en 1718, con 47 años, unos "Avisos militares sobre el servicio de infantería en guarnición y campaña" y el mismo año asciende al grado de teniente general. Inspector general de la caballería en 1720, desempeña varias veces la interinidad de la capitanía general de Cataluña antes de ocupar, como propietario, la de la Costa de Granada (1727). Gentilhombre de cámara en 1729, publica el mismo año su Ejercicio que se debe practicar en la caballería y carabineros... En 1731, con sesenta años, manda en jefe la expedición la reconquista de Orán, lo que le vale al año siguiente el grado de capitán general de los ejércitos, la función de director general de la caballería y el mando en jefe del ejército de refuerzo que se manda a Toscana, con el que gana la batalla de Bitonto y conquista Nápoles. El rey Carlos, nuevamente instalado en Nápoles, le hace virrey de Sicilia y duque de Montemar. En 1737, es nombrado "Ministro de la guerra", es decir director general de las fuerzas armadas, cargo que abandona en 1741, algunos meses después que se hubiera filtrado al público un memorial que había elevado al secretario del despacho de la guerra, haciéndose eco de las quejas del ejército y de la urgencia de pagar los sueldos atrasados, ahorrando en otros gastos. Felipe V no gustó en absoluto de semejante intrusión en lo que consideraba como su campo reservado, el de la decisión en cuanto a las prioridades políticas. Comandante en jefe, por segunda vez del cuerpo expedicionario de Italia, fue destituido en 1742 (tenía entonces 72 años) por desobeder las instrucciones del rey. Se consoló con el mando del regimiento de la guardia de infantería española. Uno de los pocos amigos personales del príncipe de Asturias, amigo de Bárbara de Braganza, interviene con Farinelli y Carvajal para que la real pareja, en su accesión al trono, mantenga a La Ensenada en sus secretarías del despacho (1746). Interviene otra vez para provocar el cese de Campoflorido como embajador en Francia. Muere al año siguiente35.

Todo lo tiene. Militar, y ante todo militar - su curso de vida entero está centrado en la actividad bélica, su carrera se desarrolla unicamente en cargos militares -, interviene politicamente, una vez incluso en nombre del ejército. Sus intervenciones políticas, sin embargo tienen rasgos que las hacen muy distintas de los pronunciamientos del siglo siguiente. La coincidencia con Farinelli, persona deprovista de todo rasgo bélico - y Carvajal - que tampoco tuvo actividad militar alguna, aún siendo el retoño de una de las primera casas de Extremadura - es llamativa. No se trata de la intromisión de una institución en un campo donde por ley constitucional no le compete. Se trata de la intervención personal de un grupo de viejos servidores cerca del dueño. Vemos actuar aquí el reducísimo nucleo de personas con las que el rey, fuera de todos los cauces institucionales predefinidos, toma las decisiones políticas fundamentales. Dicho de otra forma, el papel de Montemar se inserta en un mecanismo normal de la mecánica del Estado. El incidente de la paga del ejército fue un exceso de celo.

No se puede hablar de intromisión de lo militar en el gobierno de la monarquía en el siglo XVIII, porque la relación personal de los jefes militares con la persona del rey y la enorme flexibilidad del sistema político que, recordemoslo, dentro del amplio espacio que abren los principios generales de la teoría y de la moral política, no tiene más reglas que la voluntad real, previenen todo enfrentamiento.

Como los previene el hecho de que a diferencia de los ejemplos que acabamos de citar, la figura del militar profesional puro parece - hablando provisionalmente - minoritaria en el ejército español del siglo XVIII. Los oficiales y los hombres de los regimientos de milicias no son sino militares de tiempo compartido, y sus intereses principales no se situan en la milicia. Otro tanto se puede decir de muchos oficiales jóvenes que están en el ejército para hacer méritos hasta casarse y se salen luego para dedicarse a la perpetuación de su estirpe y del patrimonio correspondiente. Véase don Carlos Gutiérrez de los Ríos Rohan Chabot, conde de Fernán Nuñez. Brigadier en 1767, a los veinticinco años, fue ascendido a teniente general en 1789, seis años antes de su muerte. Abandonó sin embargo su último mando efectivo (la coronelía del Regimiento de infantería inmemorial del rey) en 1778 para la embajada de España en Lisboa. El resto de su vida lo dedicó a la diplomacia. Y la lectura de sus Memorias no deja la sensación de una honda procupación por la cosa militar36. Otro tanto puede decirse de un Aranda, del que es muy difícil decidir si conviene dar la preferencia al prestigioso militar o al aristocrata mayor del reino de Aragón37.


Conlusión: las bases de una militarización


El auge del factor militar en la España del siglo XVIII no pasó desapercibido de la historiografía, y menos porque se insertaba entre un período (siglos XVI y primerar mitad del XVII) que la historiografía consideraba, no sin visos de razón, como una fase de casi-desmilitarización de la península y un siglo XIX en el que el ejército pasó a ser el protagonista principal de la vida política nacional. Sufrió pues España en el siglo XVIII una militarización38? Obviamente, sí, y los que ven aquella época según el modelo de los cuadros bucólicos de Goya o de los militares a la violeta de Cadalso van equivocados. Pero no fue una militarización en el sentido del siglo XIX.

Resumiendo en breves palabras mi parecer:

a) Los reyes no usan el ejército, sino la "vía militar" para gobernar el reino. El ejército no es más autónomo del rey (i.e. del gobierno) que la administración de hacienda, por ejemplo.

b) El esfuerzo de la Monarquía para desarrollar la vía ejecutiva lleva a una valorización creciente de la vía militar, para nombramientos y acciones concretas de gobierno.

c) El sistema de venta de cargos militares, que no constituye en sí ninguna novedad, por el hecho de pasar bajo el estricto control de la monarquía (lo que sí es nuevo) lleva a una valorización social de lo militar - lo que era uno de los fines perseguidos por los Borbones.

d) La ausencia de una cultura política fuerte independiente de la monarquía - a diferencia de Francia, por ejemplo - resalta aún más la importancia de lo militar como vía de acceso a la benevolencia de los dirigentes y consecuentemente como vía de acceso al poder político.



e) Todo ello crea las condiciones para que, - por la conyuncción 1) de un hundimiento de la monarquía - clave del edificio político antiguo que, con su poder omnímodo - jurídico, de facto y de prestigio - mantenía fluidez relacional y equilibrio entre los distintos colectivos que tomaban parte en el sistema de gobierno; 2) de un nuevo concepto de lo político en la que la soberanía no reside ya en un monarca sino en el reino transformado por ello en "nación"; 3) de guerras en la que estuvo en juego la supervivencia del reino como tal, en las que el ejército actuó como último baluarte, seguidas por guerras civiles en las que actuó como "última ratio" del sistema de gobierno vigente -, el ejército, ya "español", adquiera como tal voz y voto en la vida política, voz que la debilidad de los otros recursos de poder volvió pronto preponderante. Pero ello se dará en el siglo XIX ya, no en el XVIII.

1 "Hérésie et pureté de sang: l'incapacité légale des hérétiques et de leurs descendants en Espagne aux premiers temps de l'Inquisition", in: Amalric (Jean Pierre) et alt., Pouvoirs et société dans l'Espagne moderne, Toulouse, PUM, 1993, p. 161-176. El texto de la pragmático en Novísima Recopilación, lib. VIII, tit. 3, l. 3 y 4..

2 Castillo de Bobadilla (Jerónimo), Política para corregidores y señores de vasallos..., Madrid, Luis Sánchez, 1597, lib. IV, cap. 5, § 61 y 62.

3 Los enfrentamientos más violentos se dieron entre las autoridades reales y las eclesiásticas, al ser el rango de los principios de donde derivaba su autoridad de un nivel similar. Ejemplos en: Cortes Peña (Antonio Luis), "Conflictos jurisdiccionales entre la Iglesia y los poderes civiles en el siglo XVIII", Iglesias y fronteras. V Jornadas de historia en la Abadía [de Alcalá la Real]. Homenaje a José Rodríguez Molina, Jaén, Diputación provincial de Jaén, 2005, p. 127-140, que muestra además como la justicia real fue poco a poco tomando la ventaja sobre la eclesiástica.

4 Sobre todo ello se verá: Meccarelli (Massimo), Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamienti giuridici in età di diritto comune, Milán, Giuffre, 1998, que sintetiza nuestros conocimientos y cita la bibliografía pertinente. La historia del progresivo redescubrimiento de este concepto antiguo del Derecho es de por sí apasionante y empezó cuando, al terminar las Segunda Guerra Mundial, los juristas centroeuropeos tomaron una brutal conciencia de las consecuencias desastrosas que había acarreado el "imperio de la ley" implantado a principios del siglo XIX: Coing (Helmut), "La contribución de las naciones europeas al derecho común", Pérez Martín, Antonio, España y Europa. Un pasado jurídico común. Actas del primer simposium internacional del Instituto de derecho común, Murcia, Instituto de derecho de la Universidad de Murcia, 1986, p. 45-61). On lira également avec profit: Quaglioni (Diego), A une déesse inconnue: la conception pré-moderne de la justice, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003. O los excelentes estudios de caso de Salustiano de Dios, tal: "La doctrina sobre el poder del príncipe en Alfonso Hojeda de Mendoza", Studia Historica. Historia moderna, 1999, XXI, p. 241-270. Es de lamentar que no se hayan publicado las excelentes Jornadas científicas "Ejercer la justicia en los siglos XVI-XVII: la nebulosa jurisdiccional", habidas en la Casa de Velazquez de Madrid los 4 y 5 de avril 2002 que delinearon con nitidez las distintas fascetas del problema. No será de más concretar que no se trata aquí de la última lucubración posmodernista de turno, sino de algo que se está volviendo doctrina vulgar entre los historiadores del derecho de las mejores universidades, entre ellas Salamanca

5 Dos obras, escritas por medievalistas, contribuyeron poderosamente a la recuperación del concepto de reino: Reynolds (Susan), Kingdoms and Communities in Western Europe, 900-1300, Oxford, Oxford University Press, 1997 [1984], 2nd ed., LXXI + 387 p. y Reynolds (Susan), Fiefs and vassals. The Medieval evidence reinterpreted, Oxford, Oxford University Press, 2001 [1994], 2nd ed., XI + 544 p. En España, el primer modernista en insistir en la importancia del reino, aunque enfocando la cuestión desde una perspectiva más instrumental que teórica, fue Artola (Miguel), La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza, 1982, 512 p. El concepto pasó a ser patrimonio común de los estudiosos de la Real hacienda, que sin embargo pocas veces intentaron analizarlo en profundidad.

6 El brutal resurgir de la teoría política del reino según pautas antiguas directamente inspiradas del siglo XVI, en 1808, tan pronto como se hundió el poder real, tanto en España como en América, no deja la menor duda en cuanto a la pervivencia del concepto de reino en la mente de los vasallos. Véase al respecto: Hocquelet (Richard), Du soulèvement patriotique à la souveraineté nationale. La première phase de la révolution espagnole, 1808-1810, Paris, 1999, thèse, dactylographiée, 787 p. y Hocquelet (Richard), Résistance et révolution durant l'occupation napoléonienne en Espagne, 1808-1812, Paris, La Boutique de l'histoire, 2001, 369 p., así como Busaall (Jean Baptiste), "La dualité du débat sur la première constitution espagnole de 1812. Entre norme historique et volontarisme juridique", Revue historique de Droit Français et Etranger, 2002, n° 80 / 4, 10-12/2002, p. 419-450, que plantea el problema de forma algo distinta, insistiendo sobre la omnipresencia en el pensamiento político, a principios de la Guerra de la Independencia, de la idea de una "constitución antigua" de la Monarquía, pervertida por los reyes.

7 La expresión del concepto de "república" local es de lo más corriente, tanto en obras de teoría política ("La España es una Monarquía pura, cuya feliz constitución es la causa de la calma y sosiego interior que ha experimentado en estos siglos; pero contiene en su seno una infinidad de Repúblicas, que hacen el objeto de nuestro Discurso...", Ibáñez de la Renteria (José Agustín), Sebastián (Javier F.) (ed.), Las "Reflexiones sobre las formas de gobierno" de José A. Ibáñez de la Rentería y otros discursos conexos (1767-1790), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994, ed. de Fernández Sebastián (Javier F.), 342 p.) como en documentos de la práctica (véanse las miles de menciones en las informaciones de limpieza de sangre y soltería hechas para conseguir licencias de paso a América en el siglo XVIII, AGI, Contratación, leg. 5217A a leg. 5535).

8 Fernández Santamaría (José Antonio), La formación de la sociedad y el origen del Estado. Ensayos sobre el pensamiento político del siglo de oro, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, 262 p.

9 Ulloa (Modesto), La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986, 3a edición revisada, 891 p.; Gelabert (Juan E.), La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648), Barcelona, Crítica, 1997, 422 p.

10 La lectura paralela de los testamentos reales (Domínguez Ortiz (Antonio), [Testamentos de los reyes de España:] los Austrias, Madrid, 1982, 5 vol.) y de testamentos de miembros de la nobleza es aleccionadora al respecto.

11 A duras penas. Véase: Aragón Mateos (Santiago), El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos. La administración del ducado de Feria en el siglo XVIII, Lérida, Editorial Milenio, 2000.

12 Usunáriz Garayoa (Jesús María), Nobleza y señoríos en la Navarra moderna. Entre la solvencia y la crisis económica, Pamplona, Eunsa, 1997, XX + 347 p.;

13 Andújar Castillo (Francisco), "Vender cargos y honores, un recurso extraordinario para la financiación de la corte de Felipe V", Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, Universidad de Granada, 2006, en prensa.

14 La referencia antecedente y Alvarez Ossorio Alvariño (Antonio), "La venalidad de las magistraturas en el Estado de Milán durante el reinado de Carlos II", Archivo Stórico Lombardo, 2000, CXXVI.

15 Véase en cualquiera de sus múltiples ediciones, la ambigüedad de las respuestas a las preguntas de las "Relaciones topográficas de Felipe II" sobre la justicia local.

16 Alvarez Ossorio Alvariño (Antonio), "Felipe V en Italia. El Estado de Milán bajo la Casa de Borbón", Serrano (Eliseo), Felipe V y su tiempo. Congreso internacional, Zaragoza, CSIC, 2004, p. 775-842 y Alvarez Ossorio Alvariño (Antonio), La república de las parentelas. El Estado de Milán en la monarquías de Carlos II, Mantova, Gianluigi Arcari Editore, 2002, passim.

17 Castellano (Juan Luis), Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2006, 266 p.; Dedieu (Jean Pierre), "La muerte del letrado", Aranda Pérez (Francisco José), ed., Estado y representaciones, Ciudad Real, Universidad de Ciudad Real, 2005, p. 479-511.

18 El fenómeno se produjo en España entre las batallas de Zaragoza y de Brihuega - Villaviciosa; un aña antes algo parecido había ocurrido en Francia con la batalla de Malplaquet.

19 Langé (Christine), Pouvoir royal, pouvoir foral. La capitainerie générale et le pleito du capitaine de guerre en Aragon. XVIe-XVIIe siècles, Toulouse, 1997, Thèse de l'Université du Mirail, 3 vol., 562 p.

20 Andújar Castillo (Francisco), Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Granada, Universidad de Granada, 1991, 457 p.

21 Glesener (Thomas), "Les "étrangers" au service du roi. La réforme des gardes royales au début du règne de Philippe V (1701-1705)", Mélanges de la Casa de Velazquez, 2005, XXXV-2, p. 219-242; Andújar Castillo (Francisco), "Las elites de poder militar en la España borbónica. Introducción a su estudio prosopográfico", Castellano (Juan Luis), Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen. Hacia una nueva historia institucional., Granada, Universidad de Granada, 1996, p. 207-235

22 Contreras Gay (José), Las milicias provinciales en el siglo XVIII. Estudio sobre los regimientos de Andalucía, Almería, Instituo de Estudios Almerienses, 1993, 306 p.

23 Dedieu, La muerte..., op. cit.; Alvarez Ossorio, La República..., op. cit., esp. p. 324-328.

24 Dedieu (Jean Pierre), "El arca de rentas reales de Villanueva de los Infantes a finales del siglo XVII. La cuenta de Tomás Marco Ortega (1685-1690)", Cuadernos de Historia Moderna, 1998, p. 103-125

25 Dedieu (Jean Pierre), "La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el reinado de Felipe V", Manuscrits. Revista d'Història Moderna, 2000, XVIII, pp. 113-139.

26 Castellano (Juan Luis), Gobierno..., op. cit.,

27 Marchena Fernández (Juan), Oficiales y soldados en el ejército de América, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1983; Kuethe (Allan), Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada, 1773-1808, Santa Fe de Bogotá, 1993; Kuethe (Allan), Cuba, 1753-1815. Crown, Military and Society, Knoxville, 1988; Goncalvès (Dominique), Le planteur et le roi. Etude des relations entre les élites aristocratiques havanaises et la Couronne espagnole - 1763-1838, Madrid, Casa de Velazquez, sous presse.

28 Andújar Castillo (Francisco), El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2004, 486 p.

29 Dedieu (Jean Pierre), Lèbre (C.), "Monarchie et patriciats municipaux en Castille sous Charles II. Le renouvellement des millions à la fin du XVIIe siècle", [2000], halshs.ccsd.cnrs.fr, 20/4/2006. Sobre la diferencia, dentro de la élite social y económica,, entre los grupos que tienen acceso a los cauces tradicionales de comunicación con el monarca y los excluidos, y las consecuencias políticas de esta diferencia: Windler (Christian), Elites locales, señores, reformistas: redes clientelares y monarquía hacia finales del Antiguo Régimen, Sevilla, Universidad de Sevilla - Universidad de Córdoba, 1997, 524 p. y la reseña mía del mismo en Annales. Histoire Sciences Sociales.

30 Sobre el papel de las Sociedades de amigos del país como vía de integración de las élites nuevas al sistema político, Windelr, op. cit.

31 AGS DGT, inv. 2, leg. 46 y 60.

32 AGS DGT, inv. 2, leg. 44; leg. 47

33 Andújar, Perfil social.

34 Base de datos Fichoz, clio.ish-lyon.cnrs.fr (193.48.145.7) (20/04/2006), n° 030728.

35 Base de datos Fichoz, clio.ish-lyon.cnrs.fr (193.48.145.7) (20/04/2006), n° 004504.

36 Base de datos Fichoz, clio.ish-lyon.cnrs.fr (193.48.145.7) (20/04/2006), n° 000694.

37 Base de datos Fichoz, clio.ish-lyon.cnrs.fr (193.48.145.7) (20/04/2006), n° 000003.

38 Sobre el debate alrededor de la "militarización": Giménez López (Enrique), Irles Vicente (María del Carmen), "La Nueva planta de Aragón. División y evolución corregimental durante el siglo XVIII", Studia Storica - Historia moderna, 1996, XV, pp. 63-81; Giménez López (Enrique), "El debate civilismo-militarismo y el régimen de Nueva Planta en la España del siglo XVIII", Cuadernos de Histoira moderna, 1994, p. 41-75.


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