Los beneficios penitenciarios y el crimen organizado. El nuevo modelo penal de seguridad ciudadana



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LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS Y EL CRIMEN ORGANIZADO. EL NUEVO MODELO PENAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Diana Gisella Milla Vásquez1
Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá y Máster oficial en Derecho por la misma Universidad

1. Introducción
Los hechos acaecidos el 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos de Norteamérica marcaron un punto de inflexión en la historia legislativa y doctrinal del ámbito jurídico-penal. A partir de este suceso, la política criminal tomaba un nuevo rumbo que se expandía internacionalmente y que aún permanece. Los legisladores, políticos y especialistas de occidente, preocupados por la sensación de amenaza vertida sobre la seguridad ciudadana, introdujeron entonces políticas normativas de tolerancia cero. Estas directrices de ley y orden, a todas luces más severas, se vieron reflejadas en la construcción de un nuevo modelo dogmático, que desde el ordenamiento alemán es ya bien conocido como Derecho penal del enemigo o Derecho penal de tercera velocidad. El fundamento de esta interpretación y construcción dogmática, lejos de servir como límite a la expansión del crimen organizado, envilece los derechos fundamentales de los delincuentes, después internos, al concebir como no persona a aquel que supuestamente ha socavado las instituciones del ordenamiento jurídico. Ese ha sido el sostén principal, -bajo un firme populismo punitivo en aras de otorgar cierta sensación de seguridad-, paraincrementar el marco abstracto de la sanción penal para los delitos relacionados con el crimen organizado, así como restringir el acceso de tales sujetos a los beneficios penitenciarios.

En consecuencia, el problema radica en su difícil compatibilidad con los principios básicos del Derecho penal del Estado de derecho.


Por todo ello, en esta comunicación se hace referencia a la expansión del crimen organizado y a la sensación de inseguridad que tal incremento ha desplegado en los ciudadanos; así como al papel de los medios de comunicación a la hora de percibir y difundir tales consecuencias; y, la expansión de la opción legislativa de restringir los beneficios penitenciariosrespecto de los delitos vinculados al crimen organizado en el ordenamiento español, habida cuenta de la comisión sistemática y reiterada de delitos particularmente graves por razón a los bienes jurídicos vulnerados como el terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, secuestro, extorsión, entre otros.
Ahora bien, antes de continuar con lo señalado, es menester señalar qué entendemos por beneficios penitenciarios. Estos instrumentos normativos, según se recoge en el art. 202 del Reglamento penitenciario español, sirven para acortar las penas privativas de libertad impuestas o para reducir o disminuir el tiempo efectivo de internamiento o reclusión.


2. Expansión del crimen organizado y la sensación de inseguridad como corolario de la misma
El crimen organizado es un fenómeno característico de los procesos de globalización e integración, los que precisamente han servido para sacar ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados libres y de los avances tecnológicos que tantos beneficios acarrean a la humanidad. Sin duda este abanico de aspectos positivos ha posibilitado que el crimen organizado traspase fronteras, cuya expansión en sus diferentes manifestaciones ha generado y sigue produciendo cierta sensación de inseguridad en el colectivo social. Por ello, la comunidad internacional preocupada por un problema mundial demostró interés y voluntad política para abordarla con una reacción a escala global.
Sin embargo, tal reacción ha venido a rebasar ciertos límites, esto es, ante la existencia de una amenaza para la seguridad ciudadana o un incremento circunstancial de la alarma social producto de la expansión de los delitos de crimen organizado, el legislador español ha creído conveniente incrementar el marco abstracto de la sanción penal para tales conductas delictivas, así como restringir el acceso a los beneficios penitenciarios. La aplicación de ciertas políticas irreflexivas y de tolerancia cero que desembocan en la restricción de los beneficios penitenciarios para los delitos de crimen organizado, bajo argumentos de lucha contra el crimen, vulneran no solo el objetivo medular del Derecho penitenciario o de ejecución penal, sino también del derecho fundamental a la igualdad recogido en las cartas fundamentales de España (art. 14).

En efecto, uno de los principales fines de la prevención especial positiva, que impregna numerosas normas constitucionales en lo que a la pena privativa de libertad se refiere, es evitar la desocialización de los penados. Por ello, parece conveniente la disminución del tiempo de cumplimiento de la pena en prisión, variando el modo de ejecución de la pena, por ejemplo, a través de la aplicación, cuando se cumplan los requisitos, de los beneficios penitenciarios. En definitiva, estos instrumentos normativos constituyen una herramienta muy útil y necesaria dentro del sistema penal, en tanto suponen un mecanismo motivacional, dirigido al fin reinsertador. De este modo, erradicarlos denotaría un vago conocimiento de cuáles son los elementos esenciales para la consecución de tales metas constitucionales, como para el buen funcionamiento de un centro penitenciario y de un sistema al completo. Una de las primeras consecuencias negativas se desencadenaría en la obtención de centros penitenciarios hacinados, más violentos, peligrosos, originando caos, desorden, inadaptación de la conducta de los penados al régimen, a partir de motines, intentos de secuestros, entre otros problemas.

Asimismo cabe resaltar que aplicar estas políticas de tolerancia cero para este sector delictivo, denota un trato desigual que vulnera la norma fundamental, otorgando beneficios para determinados delitos y restringiéndose para otros.

Por otro lado, desde el punto de vista político, con tal limitación, se pone de manifiesto el mensaje de desconfianza del legislador español, tanto respecto de sus instituciones penitenciarias, de su sistema administrativo, y más específicamente en relación a sus órganos penitenciarios (equipos de tratamiento), a quienes corresponde evaluar el estado favorable de reinserción social y de evolución del interno; cuanto de sus órganos jurisdiccionales especializados, quienes finalmente conceden los beneficios penitenciarios.


En cualquier caso, se ha comprobado estadísticamente que el incremento de los marcos abstractos de las normas penales, así como la restricción de los beneficios penitenciarios en diversos delitos, no ha resultado en una disminución de los índices de criminalidad en ninguna experiencia jurídica. La respuesta del Derecho penal “es necesaria pero no es una varita mágica que transformará la realidad y reducirá la delincuencia”.

3. La restricción de beneficios penitenciarios como respuesta a las demandas mediáticas de punibilidad: ¿El cuarto poder también legisla?
La prensa, cómplice de una irreflexiva y precipitada política criminal, está ganando terreno y avanza a pasos agigantados, cómo si se tratara de un legislador más. Por ello creemos acertadamente que la creación de normas jurídicas no debiera atender a demandas mediáticas de punibilidad al albur de circunstancias concretas y populistas.
Comparto la idea que no se debe utilizar al Derecho penal como una salida oportunista e interesada. Por el contrario, el Derecho penal como forma de control social formal, debe ser aplicado como ultima ratio, es decir, cuando otros medios de control previos –incluso administrativos- no han dado una solución satisfactoria al problema.
La reacción del Estado –a través del ordenamiento penal- frente a la aparición de determinados delitos, debiera estar cimentada, principalmente, en una política criminal basada en razones científicas o al menos en estadísticas fiables. En ningún caso, en atención a las demandas que genera el “Cuarto Poder” -la prensa en todos sus niveles-. En reiteradas oportunidades, desconocedora del contenido y fin de las instituciones penales y penitenciarias, instrumentalizada políticamente y actuando como una de las fábricas del miedo en el contexto de la expansión irrazonable del Derecho penal, ha valorado negativamente el papel importante que juegan los beneficios penitenciarios dentro del sistema penal. En ese sentido, provocando cierta zozobra y alarma social en la población, ha señalado que los beneficios penitenciarios deberían desaparecer. Cuando surge una noticia que insufla cierta “alarma social”, los titulares de la prensa suelen enviar un mensaje cuyo contenido desemboca en una respuesta inmediata y mediática, visceral, en una “sentida necesidad de incremento y endurecimiento progresivo de la represión social.
Desde luego, la producción vertiginosa o tal suerte de furor legislativo de normas penales, consecuencia del modelo “mediático y coyuntural”, debiera ralentizarse y adecuar su cauce a un proceso de elaboración consciente, que brinde credibilidad, seguridad, aplicabilidad y eficacia del sistema. Ello implicaría realizar un análisis prospectivo acerca de la comprensibilidad del texto modificado, su aplicabilidad práctica, así como de los posibles efectos que pueda generar la nueva norma jurídico-penal.
4. La restricción de los beneficios penitenciarios
Ahora bien, la respuesta que se ha materializado en la legislación penal y penitenciaria a partir de tal modo de expansión, es moneda común en diversos ordenamientos como desde hace años ocurre en España, donde se dictaba la Ley Orgánica nº. 7/2003, de 30 de junio, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, con la finalidad de “lograr una lucha más efectiva contra la criminalidad” - tal como se expone en su Exposición de motivos–. Para lograr este objetivo el legislador español modificó algunas instituciones básicas de carácter penitenciario, tales como la clasificación inicial y progresión al tercer grado de tratamiento (y con ello la posibilidad de acceso al régimen abierto o semilibertad), los beneficios penitenciarios y, también, la libertad condicional. Asimismo, no solo se incrementaban desde la norma penal la duración de las penas para los delitos de terrorismo y criminalidad organizada, sino que también se restringía el acceso a los beneficios penitenciarios para los penados por estos delitos. Así, específicamente, se restringió la concesión del adelantamiento de la libertad condicional para los delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del Código penal español y los cometidos en el seno de las organizaciones criminales.
Con tal restricción, el legislador español pretende evitar que los beneficios penitenciarios “se conviertan en meros instrumentos al servicio de los terroristas y los más graves delincuentes”. A partir de esta premisa, extraída de la Exposición de motivos de la citada ley, se vislumbra la importancia que retoma la orientación preventivo-general en el Derecho penal español, y por medio del cual se resquebraja el sistema penitenciario de individualización científica, pues, con la negación del acceso a los beneficios penitenciarios para estos delitos, se niega a priori la posibilidad de su resocialización.
Por último, cabe resaltar que este modelo de Derecho penal ciudadana se consolida el 26 de marzo de 2015 en España, fecha en la se aprobó definitivamente “La Ley Mordaza” La Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, proyecto propuesto por el Partido Popular que contiene el instituto de la prisión permanente revisable, equiparable a la “cadena perpetua” tal como algunos expertos señalan y supone que se revise el cumplimiento a los 25 o 35 años para delitos graves, pero que sea posible el internamiento de por vida
5. Conclusiones
En el conflicto seguridad ciudadana vs libertad y derechos fundamentales, se está dando mayor relevancia al primero de ellos. Empero, desde mi punto de vista debiera mantenerse un equilibrio en dicho conflicto sin vulnerar, por supuesto, los derechos fundamentales de los internos. Si bien ante la amenaza de la seguridad ciudadana se exige una reacción oportuna del Estado, este debiera actuar dentro de los límites establecidos.
Como reflexión cabe señalar que la seguridad se torna en un concepto miserable si su precio es la violación de derechos humanos. Es verdad que el lenguaje se adapta para que la opinión pública digiera los conceptos y acciones odiosas. No obstante, tengo la firme convicción que valores como la seguridad, la paz, la libertad y la justicia son conmensurables, siempre y cuando haya un equilibrio entre ellos, y que en ese contexto social y jurídico se respete los principios básicos, los derechos humanos, los derechos fundamentales y las libertades públicas, propios de un Estado Social y Democrático de Derecho. La política invocando la seguridad que se lleve por delante estos valores y principios debe ser evitable.
Empero, en la praxis la aplicación de políticas urgentes ha sido producto de la falta de control de la situación en la que prevalece una dinámica represiva y custodial. Este hecho lamentable se está apoderando del sistema en varios Ordenamientos como los de España, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, y Venezuela. Estas experiencias jurídicas están restringiendo en sus legislaciones los beneficios penitenciarios para delitos de crimen organizado, sin advertir que los mismos forman parte del sistema progresivo (en Latinoamérica) o de individualización científica (en España). En suma, con tal restricción lejos de hacer frente a la lucha contra la criminalidad, se está negando la eficacia de sus instituciones.
Cuando el legislador aplica tales políticas y medidas irreflexivas y de emergencia, pareciera desconocer el fin orientador de las penas denominado desde el prisma constitucional como resocialización o en, terminología penal, como prevención especial positiva.
En suma, discrepamos con la restricción de los beneficios penitenciarios para esta clase de delitos como resultado de aplicar políticas de tolerancia cero para los autores pertenecientes al crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, no solo porque vulnera el derecho fundamental a la igualdad consagrada en las constituciones iberoamericanas sino porque también se les niega a priori la posibilidad de resocializarse.


1Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá (UAH-España) y Máster Oficial en Derecho por la misma Universidad.Miembro fundador del Instituto de Ciencias Penales Cesare Beccaria y ex-Becaria del MAEC-AECID. Correo electrónico: diana.milla.vasquez@gmail.com.



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