Los patronos en los juicios de nulidad matrimonial



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Los patronos en los juicios de nulidad matrimonial


Pbro. Dr. Alejandro W. Bunge

Sumario: Introducción. 1. El derecho en la misión de la Iglesia. 1.1. Dimensión sacramental del ordenamiento canónico. 1.2. Misión de los patronos en el ordenamiento canónico. 2. Los patronos: el procurador y el abogado. 2.1. El procurador. 2.2. El abogado. 2.3. La actuación de procuradores y abogados. 3. Relación del patrono con los Tribunales eclesiásticos. 3.1. Los patronos estables. 3.2. Normas particulares de los Tribunales. 4. El patrono en los juicios de nulidad matrimonial. Conclusión.

Introducción


Con frecuencia los patronos (abogados y procuradores) que intervienen en los procesos judiciales canónicos han adquirido su primera formación jurídica en el campo civil. De allí que, aunque hayan adquirido después una específica y a veces esmerada formación teológica y canónica, no les resulte siempre fácil asumir en la práctica judicial las características propias de su intervención en los procesos eclesiásticos. Con el objeto de ayudar a estos servidores del derecho a llevar adelante con fidelidad y provecho para los fieles su aporte específico, he reunido aquí algunos elementos de reflexión que, sin la pretensión de proponer novedades, pretende simplemente brindar un cuadro sintético del marco dentro del cual les corresponde desempeñar su oficio.

Comenzaré planteando el cuadro más general del lugar propio del derecho en la vida de la Iglesia, y la ayuda que presta al servicio de su misión. Esto permitirá plantear el carácter sacramental del derecho en la Iglesia, correspondiente con la naturaleza también específicamente sacramental de la Iglesia, institución a la vez divina y humana, que Dios ha querido como instrumento al servicio de Su comunión con los hombres y de los hombres entre sí. La dimensión sacramental del derecho de la Iglesia, por otra parte, llevará a considerar la tarea de los patronos (procuradores y abogados) que intervienen en los procesos canónicos como un servicio pastoral para la salvación de los hombres, a la cual sirve la Iglesia entera, y también su ordenamiento canónico. Aunque hay pronunciamientos posteriores del magisterio que se han referido con mucha claridad a este tema, me ha parecido muy provechoso volver en este caso al paradigmático discurso de Pío XII a la Rota Romana en el año 1944, y seguir su hilo conductor.

A continuación me detendré en el análisis de la naturaleza propia del oficio tanto del procurador como del abogado y sus funciones dentro del ordenamiento canónico. Señalaré los elementos que son comunes a ambos, que permiten referirse a ellos con el término común de patronos, y los elementos específicos de cada uno. Será ocasión para detenerse también en los elementos fundamentales de su desempeño dentro de los procesos eclesiásticos.

A la luz de la naturaleza propia y de las funciones de los patronos en los Tribunales eclesiásticos, será posible desarrollar de manera especial el análisis del lugar que les corresponde dentro de ellos. Esto me permitirá detenerme en la figura de los patronos estables, ofrecidos como una posibilidad quizás todavía no del todo aprovechada en los Tribunales de la Iglesia desde la promulgación del Código en el año 1983. Esto llevará también a señalar la necesidad de normas particulares que deberán promulgarse en los Tribunales que pretendan utilizar esta figura de los patrones estables, para aprovechar y facilitar la aplicación de las normas universales sobre la materia.

Por último, sin pretender un tratamiento exhaustivo de todas las normas que regulan el desempeño de su función, llamaré la atención sobre algunas características especiales de la tarea de los procuradores y abogados en los juicios de nulidad matrimonial, sobretodo a la luz de algunas determinaciones específicas de la reciente Instrucción Dignitas connubii promulgada por la Pontificia Comisión para los Textos Legislativos, que debe observarse en todos los Tribunales de la Iglesia para el tratamiento de las causas de nulidad matrimonial.

1. El derecho en la misión de la Iglesia


Para poder individuar con precisión la tarea de los patronos en los juicios de nulidad matrimonial, nos prestará una gran utilidad comenzar preguntándonos por el lugar que ocupa el derecho en la misión de la Iglesia. La respuesta a esta pregunta nos pondrá ante la dimensión sacramental del ordenamiento canónico.

1.1. Dimensión sacramental del ordenamiento canónico


La pregunta sobre el lugar del derecho en la Iglesia ha suscitado respuestas muy diversas en distintos momentos de la vida de la Iglesia. Diversas porque parten de distintas nociones de la Iglesia y del derecho, diversas también por las conclusiones a las que llegan. Muchas veces se parte de concepciones no sólo distintas sino también opuestas del derecho y de la Iglesia, y se llega a una fundamentación también distinta del derecho en la Iglesia y de su naturaleza jurídica. Sin entrar en los detalles de cada posición, presentaremos los rasgos fundamentales de algunas de ellas.

Para Lutero, y los protestantes en general (pasando por encima de los diferentes matices de sus posiciones), existen dos Iglesias. Una es la Iglesia espiritual, escondida, sobrenatural, en la que existe sólo el derecho divino, que afecta el ámbito interior de la persona, y que no puede ser expresado en normas humanas. Otra es la Iglesia visible, exterior, humana, en la que existe un derecho de origen humano, que hace referencia a los actos exteriores del hombre, que no es vinculante en el fuero de la conciencia y que no tiene ningún significado salvífico, ya que el hombre se salva por la sola fe. Estas dos realidades de la Iglesia son no sólo distintas, sino totalmente separadas entre sí, por una barrera infranqueable.

El derecho que esta concepción admite en la Iglesia visible es un derecho muy parecido al derecho civil, que regula la relación entre las personas, pero que de ningún modo puede llegar a vincular las conciencias. El derecho, exagerando esta posición, es casi como “un mal necesario” en la Iglesia visible.

Una posición extrema es la del protestante R. Sohm, a fines del siglo diecinueve. Parte de una concepción no solo espiritual sino directamente espiritualista de la Iglesia, en la que todo lo que no es espiritual y sobrenatural es ajeno a la Iglesia. También tiene una concepción positivista del derecho, que no tiene su origen en la naturaleza del hombre, sino que nace directamente del Estado. El derecho, entonces, no pertenece a la esencia de la Iglesia. La Iglesia es sólo caridad. El derecho, desde esta visión positivista, es necesario, pero está fuera de lo que es propiamente la Iglesia. Así se plantea la oposición entre la Iglesia del derecho y la Iglesia de la caridad, irreconciliables entre sí.

También dentro del campo protestante, K. Barth, con una posición mucho más matizada, parte de la concepción del derecho como orden. Cristo es el modelo del orden perfecto, dado que en él Dios se reconcilia con el mundo. Cristo es la Ley viviente de la Iglesia, que debe subordinarse siempre a su Fundador. El derecho eclesial, entonces, que no suplanta a Cristo como ley viviente de la Iglesia, es un derecho humano que ordena a la comunidad, en total subordinación a Cristo, ley viviente.

Hacia la mitad del siglo XVIII, frente a la negación, por parte de los protestantes, de una Iglesia visible organizada jurídicamente, y el intento del estado moderno de absorber a la Iglesia, nace la posición católica que intenta justificar el derecho en la Iglesia con razones filosóficas. Se parte de la definición de la Iglesia dada por San Roberto Belarmino: una sociedad de hombres unidos por el vínculo de una misma fe y por la comunión en los mismos sacramentos, bajo el gobierno de los legítimos pastores, especialmente el único Vicario de Cristo en la tierra, el Papa, es decir, una sociedad perfecta, subsistente por sí misma1. Justificada la existencia de la Iglesia como sociedad perfecta, queda también justificado su derecho, ya que ubi societas, ibi ius. Pero éste, fundamentado igual que el derecho del Estado, corre el riesgo de ser concebido con sus mismas características, en vez de ser considerado según la específica naturaleza que le corresponde por tratarse del derecho de una sociedad con las características especiales de la Iglesia, cuya naturaleza íntima es a la vez natural y sobrenatural.

Completando esta fundamentación del derecho en la Iglesia con una mirada de carácter más teológico, será posible tener en cuenta el dato revelado sobre su naturaleza propia. Partiendo de la analogía de la encarnación, que en Cristo supone la unión hipostática de lo humano y lo divino y en la Iglesia una unión análoga aunque no igual de los mismos elementos, encontramos ya a comienzos del siglo pasado el intento de una fundamentación del derecho en la Iglesia que no separa lo divino de lo humano2. Desde allí se avanzará lentamente hasta la concepción de la Iglesia como sacramento de salvación (que viene después afirmada con toda claridad por el Concilio Vaticano II). Esto permitirá una fundamentación y una explicación de lo jurídico en la Iglesia desde su naturaleza sacramental3.

El Concilio Vaticano II generó un gran proceso de renovación en la Iglesia y, como todos los momentos de cambio, el tiempo posterior al Concilio fue de una gran movilidad en las normas y leyes eclesiásticas, al punto de generarse una gran inseguridad sobre las normas vigentes. Esto mismo llevó incluso una pérdida de prestigio del derecho y de su utilidad en la Iglesia.

Juan XXIII, el mismo día que convocaba al Concilio4, lanzaba también la propuesta de la reforma del Código de Derecho Canónico. Ésta, sin embargo, sufrió un proceso mucho más largo. En primer lugar, porque se postergaron los trabajos hasta que el Concilio hubiera terminado. Y también porque la abundante legislación que fue surgiendo después del mismo hizo lento el proceso de revisión y reforma. Hoy, a más de veinte años de terminado ese proceso, podemos comprender las palabras de Juan Pablo II el día de la presentación del Código a la Iglesia universal: “Un triángulo ideal: la Sagrada Escritura en lo más alto; de un lado las disposiciones del Concilio Vaticano II; del otro, el nuevo Código”5.

Desde esta fundamentación sacramental que estamos considerando, que permite tener en cuenta la naturaleza propia y específica del derecho canónico, es posible comprenderlo como un elemento que pertenece a la Iglesia constitutivamente, desde su fundación misma realizada por Jesucristo, y que por lo tanto es de origen divino. Cuando Jesucristo funda la Iglesia lo hace con su estructura social, análoga aunque no idéntica a la de la sociedad civil. Y donde existe una estructura social, existe el derecho, como ya dijimos.

La razón de ser de la estructura social y del derecho en la Iglesia la encontramos en la ley de la condescendencia divina, que en el Nuevo Testamento se convierte en la ley de la encarnación; dicho con un término griego, es la “”, por la que Dios se hace al modo de ser de los hombres para entrar en comunión con ellos. Y pertenece al modo de ser de los hombres la sociabilidad, que reclama la estructura social para la convivencia, y en forma correspondiente el derecho.

Pero esto no es todo. No es lo mismo el derecho en la Iglesia que en cualquier otra sociedad humana, ya que no es lo mismo la Iglesia que una sociedad meramente humana. La función y el lugar que en ella tenga el derecho será conforme a la naturaleza íntima de la Iglesia como sociedad y a su propia finalidad.

El Concilio dice que la Iglesia es “en Cristo, como un sacramento, o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano”6. Esta categoría de sacramento, que Juan Pablo II señala como la categoría central del Concilio para hablar de la Iglesia7, muestra ya la compleja realidad de la Iglesia, visible e invisible, humana y divina al mismo tiempo.

Sacramentum (dicho con la palabra latina) o  (dicho con la palabra griega) es el designio salvífico de Dios que se realiza entre los hombres. El sacramento consta de un elemento sensible (visible), que manifiesta y realiza otro invisible, la presencia y la acción de Dios, que salva a los hombres.

Encontramos dos elementos inseparables en toda la realidad sacramental de la Iglesia. Por una parte, la realidad humana, con su valor de símbolo. Por otra parte, la intervención de Dios, que toma el símbolo humano, y lo hace signo de una nueva realidad. Podemos constatarlo en cada uno de los sacramentos8.

Cristo es signo e instrumento de la acción salvífica de Dios. Desde esta concepción, podemos entender también cómo Cristo es el sacramento fundamental y fontal, fundamento y fuente de todos los demás. Desde Él, que es Dios invisible por su divinidad pero hecho visible por su humanidad, brota, como desde una fuente, la acción salvífica de Dios para los hombres. Análogamente, también es la Iglesia “como un sacramento”9.

En Cristo la unión entre el elemento humano y la acción de Dios es la mayor posible, es una unión en el ser que llega a su grado máximo, en razón de la unión hipostática, es decir, la unión de las dos naturalezas en la persona divina del Verbo, segunda Persona de la Trinidad. En la Iglesia la unión entre el elemento humano y la acción de Dios no se da en el ser con el mismo grado, ya que no se trata de una unión hipostática, sino de la unión personal de cada hombre con la Trinidad divina y con los otros hombres, iniciada por la fe, y orientada a la plenitud escatológica en la Iglesia celeste, que es ya una realidad incoada en la Iglesia sobre la tierra10, que se pone especialmente en evidencia en el obrar, sobretodo cuando realiza el triple ministerio de Cristo, de enseñar, santificar y conducir al Pueblo de Dios. Por eso decimos que es “análogamente” como un sacramento.

En ambos la realidad humana conserva plenamente su consistencia. Así como Jesús no es Dios actuando “bajo las apariencias” de un hombre, así la Iglesia no es el Espíritu Santo actuando “bajo las apariencias” de una comunidad humana. En la economía de la salvación lo humano es asumido por lo divino como instrumento de esa salvación que debe realizarse para el hombre.

Esta realidad humana de la Iglesia, Pueblo “constituido por Cristo en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad, es empleado también por Él como instrumento de la redención universal”11. Es, entonces, una comunidad estructurada de acuerdo a su naturaleza (la comunión) y su fin (la redención). Y toda comunidad o sociedad necesita “normas” para su normal desenvolvimiento. Y por eso hay normas en la Iglesia, y tiene ésta una dimensión jurídica.

Con palabras de Pablo VI, la Iglesia,

siendo una comunidad no sólo espiritual, sino visible, orgánica, jerárquica, social y ordenada, también tiene necesidad de una ley escrita y reclama órganos adecuados que la promulgan y lahacen observar, no tanto por un mero ejercicio de la autoirdad, sino propiamente por la tutela de la esencia y de la libertad tanto de los entes morales como de las personas físicas que componen la Iglesia misma12.

Dios, que se revela a sí mismo como una comunión interpersonal (Padre, Hijo y Espíritu Santo), llama a los hombres a esa comunión y la realiza por la gracia, comenzando por el Bautismo. Es una comunión vertical (de los hombres con Dios) y horizontal (de los hombres entre sí), que llega a su máxima expresión en la Eucaristía. Una comunión que abarca lo divino y lo humano de la Iglesia, que comprende la totalidad de ese misterio de comunión, de los hombres con Dios y de los hombres entre sí13.

Por esta razón la dimensión jurídica de la Iglesia también abarca lo humano y lo divino en ella, y tiene una naturaleza verdaderamente sacramental. Abarca lo humano, estableciendo los lazos visibles de la comunión, tanto de los hombres con Dios como de los hombres entre sí en la comunidad eclesial, en cuanto comunidad visible. Y abarca también lo divino porque, dada su naturaleza sacramental, en la Iglesia todo lo humano se convierte en signo, expresión e instrumento de lo divino, y la comunión visible se hace signo e instrumento de la comunión sobrenatural, en la que consiste la salvación. Dicho de otra manera: la comunión que expresa y realiza la dimensión jurídica de la Iglesia es la comunión humana de los fieles, pero también y sobretodo la comunión divina o sobrenatural, y en consecuencia el derecho en la Iglesia tiene una naturaleza efectivamente sacramental, porque es signo e instrumento de la comunión, es decir, signo e instrumento de la salvación.

La dimensión jurídica de la Iglesia abarca todo el conjunto de procesos y elementos que la ordenan como comunidad humana y divina. Es decir, los procesos y elementos que dan a las personas su lugar, su misión y su función en la Iglesia; que las hacen nacer, permanecer y desarrollarse en ella en una comunión interpersonal. Y esta dimensión jurídica expresa y desarrolla el orden con que el mismo Cristo la ha fundado.

Así, por ejemplo, nos encontraremos en el Código con los deberes y derechos fundamentales de todos los fieles, de los laicos y de los clérigos en la Iglesia14, cuál es la función de un Obispo diocesano15, cómo debe organizar su diócesis16, cuál es la función y la misión de un párroco y cómo debe organizar su parroquia17, o qué es lo que a cada uno le corresponde, como derecho y como deber, en la celebración de los sacramentos18.

Si analizáramos con detalle cada uno de los ejemplos que hemos señalado en el párrafo anterior, veríamos con claridad cómo lo jurídico en la Iglesia tiene una estructura sacramental (porque ordena lo humano y, a través de lo humano, lo divino en la Iglesia). Y es una estructura de comunión (porque da a cada uno su lugar y lo relaciona con los demás, ordenando los carismas y los ministerios). Aunque algunos de los derechos o deberes que encontraremos en el Código, en los ejemplos presentados y en otros lugares, pueden no parecernos estrictamente jurídicos, no cabe duda que tienen esa naturaleza específica, aunque su carácter sacramental los lleva más allá de su aplicación visible, para entrar en el orden sobrenatural, ya que su finalidad no de agota en la construcción de un orden social visible, sino que tiende a la salvación y a la comunión19.

Quiere decir que lo jurídico en la Iglesia va más allá de la norma meramente positiva (el Código, por ejemplo). Es una realidad previa a la norma positiva, aunque la incluye. Y el estudio del derecho canónico, que constituye una disciplina verdaderamente ciencia jurídica, entendido desde esta perspectiva, será también verdaderamente un parte de la teología. La ciencia canónica estudiará con métodos propios (métodos teológicos y jurídicos) determinados aspectos (los aspectos jurídicos) de una realidad teológica, que es la Iglesia20.

En la Iglesia, entonces, encontramos elementos visibles y elementos espirituales o invisibles. Todos los elementos visibles están “ordenados a” y “en función de” los elementos invisibles. El derecho pertenece a los elementos visibles, y de allí su función de servicio. El derecho está al servicio de la vida de la gracia y de la caridad en la Iglesia.


1.2. Misión de los patronos en el ordenamiento canónico


Para comprender en su dimensión más profunda todo el alcance de la tarea de los procuradores y abogados en los Tribunales eclesiásticos, resulta de la mayor importancia tener en cuenta el discurso del Papa Pío XII a la Rota Romana el 2 de octubre de 194421, refiriéndose a la unidad de la meta a la que tiende la obra de todos los que colaboran en los Tribunales eclesiásticos.

Todos los que intervienen en los Tribunales eclesiásticos, afirma Pío XII en esa ocasión, tienden a un mismo fin, que consiste en alcanzar un juicio conforme a la verdad y el derecho. En los juicios de nulidad matrimonial este juicio consistirá más específicamente en la comprobación de la existencia o no del vínculo matrimonial cuestionado. Para dirigirse hacia ese único fin, cada uno debe dirigir y subordinar todo su pensamiento, su querer y su obrar a dicha meta. Y de allí se desprende por derecho divino, en razón del bien sobrenatural que está en juego, la obligación a la vez jurídica y moral de todos los que intervienen de tomar esta dirección común.

También el abogado, por lo tanto, debe dirigir su acción a este mismo fin. En toda su tarea, desde la formulación del libelo con el que se introduce la causa hasta la conclusión de la misma, dice Pío XII, el abogado podrá plantearse en primer lugar la victoria de su representado. Sin embargo, no podrá hacerlo sustrayéndose a la meta que tiene en común con los demás miembros del Tribunal, el descubrimiento del hecho objetivo verdadero, ya que lo que debe alcanzarse es la afirmación legal de la verdad objetiva. La verdad formal de la sentencia no tiene ningún valor, nos hará comprender Pío XII en ese discurso a la Rota Romana, si se desprende de la verdad objetiva, ya que carecería de valor ante Dios y ante la conciencia de las personas involucradas22.

Advierte Pío XII sobre el peligro de considerar el proceso judicial, sobretodo en las causas de nulidad matrimonial, como una carrera en la que los contendientes no tienen una finalidad común sino que cada uno tiene el suyo propio y absoluto, sin tener en cuenta e incluso oponiéndose al de su antagonista, de modo que el triunfo de uno signifique para el otro una derrota, como si el juez con su sentencia estuviera creando un hecho jurídico con el que premia al vencedor. En efecto, sigue el Papa, en el proceso judicial de declaración de nulidad matrimonial el juez no crea un hecho, sino que simplemente constata una realidad ya existente, y el abogado no debe pensar que su argumentación es una fuerza creadora de un derecho, sino simplemente una contribución al juez para constatar la verdad de los hechos objetivos. Hacia este fin tiende la actividad de todos los que participan en el juicio canónico de nulidad matrimonial, poniendo cada uno su empeño pro rei veritate.

El objetivo, entonces, hacia el que converge la tarea de todos los que intervienen en los juicios eclesiásticos, se inscribe en la finalidad misma de la Iglesia, expresada en la fórmula clásica cargada de sentido por su largo uso en el magisterio y en el derecho eclesial, y que hoy hace de espléndido broche final en el último canon del Código, recordándonos que todo en la Iglesia, también su ordenamiento canónico, tiende hacia un mismo fin, la salus animarum23.

Esta salus animarum es el fin al que sirven todos los medios con los que cuenta la Iglesia. A la luz de la dimensión sacramental que hemos presentado del ordenamiento canónico, también este instrumento tiende a este fin sobrenatural. Lo decía ya Pío XII en el Discurso a la Rota Romana que venimos citando: este fin sobrenatural de la salus animarum es al que tiende toda la vida jurídica y toda función jurídica en la Iglesia, por lo tanto también la de los abogados. Así como todo lo que hizo Cristo sobre la tierra se encaminó a este fin, también el pensamiento, la voluntad y la obra personal de los que participan en la tarea judicial debe encaminarse a ese fin.

Por resta razón, sigue Pío XII, no puede separarse demasiado netamente el fuero interno de la conciencia y el fuero externo en el que se mueve el juez y los demás operadores del derecho, ya que podría perderse esta dimensión insoslayable del servicio a la salus animarum, y de esa manera se perdería la necesaria inserción de la tarea judicial de los Tribunales eclesiásticos en la finalidad propia de toda la Iglesia.

Toda la actividad jurídica de la Iglesia, afirma Pío XII en el mencionado discurso, y en particular su actividad judicial, no tiene nada que temer de su subordinación a su finalidad sobrenatural. Al contrario, la amplitud de mirada que surge como consecuencia de esta dimensión sobrenatural del ordenamiento canónico, sirve de contrapeso a un exagerado formalismo y sujeción a la letra de la ley, haciendo que la misma se ponga al servicio de los hombres: «Leges propter homines, et non homines propter leges», afirmará Pío XII.

Esta consideración, por otra parte, afirma Pío XII en el mencionado discurso, garantiza la necesaria independencia entre el ordenamiento jurídico de la Iglesia y el del Estado. Todo el ordenamiento canónico se subordina a su fin sobrenatural, cosa que no sucede con el ordenamiento jurídico de la sociedad civil. De allí que no pueda considerarse como un ideal a alcanzar la asimilación de la praxis judicial de la Iglesia a la que se sigue en los ordenamientos civiles. Es verdad que la Iglesia podrá asimilar de dichos ordenamientos algunos institutos jurídicos que resultan útiles a sus fines, pero de todos modos su ordenamiento jurídico propio tendrá características específicas y diversas, tanto como lo es su propio fin.

La salus animarum, concluye Pío XII, resulta la gran moderadora del ordenamiento jurídico de la Iglesia para avanzar por el camino seguro de la verdad y el derecho, evitando tanto una débil condescendencia con las pasiones como una dura e injustificable inflexibilidad. La guía suprema de la salus animarum, y del ordenamiento canónico que se pone a su servicio, se encuentra en la ley y voluntad de Dios.


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