Magistrado Ponente



Descargar 44.49 Kb.
Fecha de conversión20.10.2017
Tamaño44.49 Kb.

penalbyn

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Nº 1


GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Magistrado Ponente


STP2126-2017



Radicación n° 90252

Aprobado acta No. 38.


Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

VISTOS

Decide la Sala, en primera instancia, la demanda de tutela instaurada por el señor GONZALO ABDON GUARNIZO ALVAREZ en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad y la Fiscalía N° 107 de DDHH y DIH de Bogotá, trámite al que se dispuso la vinculación de los demás sujetos procesales e intervinientes en la actuación que es objeto de censura por el demandante.


ANTECEDENTES
Del líbelo de tutela y de la información allegada a la actuación se conoce que:
(i) En virtud de la resolución acusatoria proferida el día 23 de diciembre de 2015, la Fiscalía Cuarta Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la capital país, resolvió acusar al señor GONZALO ABDON GUARNIZO ALVAREZ como coautor de los punibles de homicidio agravado en concurso heterogéneo con el punible de concierto para delinquir agravado, correspondiendo el conocimiento, en la fase de juzgamiento, al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, despacho judicial que, en el trámite de la audiencia preparatoria, celebrada los días 10 y 12 de agosto de 2016, ante los suplicios de nulidad y recusación promovidos por la defensa del señor GONZALO ABDON GUARNIZO ALVAREZ, resolvió pronunciarse de manera desfavorable, auto que al ser objeto de alzada la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma urbe mediante el proveído de calendas 9 de diciembre de 2016, resolvió:
Primero.- Rechazar por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el procesado Gonzalo Abdón Guarnizo Álvarez, conforme lo visto.
Segundo.- Declarar manifiestamente infundada la recusación propuesta por el acusado Guarnizo Álvarez por las razones indicadas..
Tercero.- Confirmar la decisión de fecha, contenido y procedencia enunciados, a través de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta ciudad negó la solicitud de nulidad y prescripción de la acción penal dentro de la presente causa adelantada en contra de Gonzalo Abdón Guarnizo Álvarez.
Cuarto.- Contra esta providencia no procede recurso alguno.

DE LA DEMANDA
El accionante enfila la acción constitucional en contra de la decisión que desató el recurso de alzada, conforme fue reseñada en precedencia, lográndose destacar de la argumentación expuesta en el libelo introductorio que la inconformidad, con la cual pretende estructurar una supuesta vía de hecho, yace en la negativa de las autoridades judiciales demandadas en acceder a las solicitudes nulitativas y de prescripción elevadas durante el trámite de la audiencia preparatoria, como también frente a la recusación enervada en la misma vista pública, indicando que con la determinación adoptada por el Tribunal demandado, se están transgrediendo sus derechos iusfundamentales, en la medida en que, a su juicio, se reúnen las condiciones normativas para acceder a sus solicitudes.
Por lo anterior, la parte actora depreca dejar sin efecto la decisión adoptada por el colegiado accionado y, en consecuencia, decretar las nulidades procesales señaladas, como también declarar la prescripción en relación con el punible de concierto para delinquir.
INFORMES DE LOS FUNCIONARIOS ACCIONADOS
En el término de traslado concedido, tan solo se pronunciaron las siguientes partes:
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
Solicitó que se declarara la improcedencia del presente accionamiento, como quiera que el actor pretende debatir en forma indefinida los asuntos que fueron materia de pronunciamiento por parte del juez natural, sin que se vislumbre ninguna vía de hecho judicial en las decisiones demandadas, como quiera que el accionante sólo se limita a realizar, en forma iterada, la postulación de las objeciones que ya fueron revisadas en primer y segundo grado, sin que sea viable utilizar esta herramienta constitucional para una finalidad que escapa de su naturaleza residual y subsidiaria, esto es, rescatar etapas procesales que ya se encuentran agotadas, destacando que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacifica en señalar que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad cuando se está frente a un proceso activo.
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la capital de Santander
Luego de realizar un recuento procesal de la causa que cursa en su despacho contra el señor GONZALO ABDÓN GUARNIZO ALVAREZ, requirió que se declarara la improcedencia de la presente solicitud constitucional, toda vez que no se ha incurrido por parte de su despacho en ninguna vulneración a los derechos fundamentales del actor, si en cuenta se tiene que tanto el demandante como su apoderado judicial han sido debidamente notificados de las decisiones proferidas por su judicatura, teniendo la oportunidad de participar en forma activa en el trámite del proceso adelantado en su contra, garantizando en todo momento sus derechos de defensa y debido proceso.
Fiscalía Nº 107 Especializada DFNEDH-DIH
Después de indicar una serie de situaciones administrativas ocurridas al interior de la entidad, develó que se encuentra acorde con las argumentaciones expuestas por parte de las autoridades accionadas, refiriendo que los hechos consignados en este accionamiento son temerarios, toda vez que los planteamientos aducidos por el tutelante, ya fueron resueltos por parte de las entidades aludidas
Apoderado judicial del señor GONZALO ABDON GUARNIZO ALVAREZ
Exterioriza que sí se torna viable conceder el amparo solicitado en favor de su representado, ya que las providencias censuradas son transgresoras del derecho al debido proceso, para lo cual expresó similares argumentos a las que planteó en su recurso de alzada frente a la decisión proferida por el colegiado demandado.

CONSIDERACIONES
Es competente la Sala para conocer del presente asunto conforme con lo dispuesto por el Decreto 1382 del 2000, toda vez que el reproche involucra una decisión emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga de la cual la Corte es su superior funcional.
Ahora bien, ante la evidente improcedencia de la solicitud de amparo constitucional elevada por el demandante, de manera anticipada la Corporación enuncia su decisión de negar la protección de las garantías fundamentales incoadas. Las siguientes son las razones:
Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier actuación u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.
No obstante, esa regla general, que no es absoluta, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política, producto de actuaciones que constituyan causales de procedibilidad de la solicitud de amparo, que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz y siempre que en estos eventos la salvaguardia sea necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, caso en el cual la medida que se adopte tendrá una vigencia eminentemente temporal. (ver CC T 332/06)
Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos, lo cual implica una carga demostrativa para el actor, respecto de la satisfacción de los mismos y de los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta, de tal manera que resulte evidente la vulneración.
De lo anterior surge que la protección que se espera obtener no está dirigida a resolver las controversias sometidas al conocimiento del funcionario competente cuando al interior del ordenamiento jurídico existe un medio de defensa judicial idóneo para proteger el derecho vulnerado o amenazado. Luego, es esa la razón por la que así se prevé en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos:
Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”
Ahora bien, tal exigencia solo admite excepción en el evento de que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando así un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
En el caso bajo examen, tal como se colige de la documentación aportada al diligenciamiento, y lo reconoce el propio demandante, el proceso penal en cuyo desarrollo advierte se gestó la vulneración para sus garantías fundamentales, actualmente se encuentra en curso, específicamente, surtiéndose la etapa del juzgamiento, circunstancia que ab initio denota la palmaria improcedencia del amparo solicitado, dado que carece de facultad el Juez de tutela para inmiscuirse en el curso de los procesos, en cuanto ello compete a los Jueces naturales.
Significa lo anterior, contrario sensu a lo esgrimido por el accionante, que los cuestionamientos frente a las presuntas irregularidades en la adopción del auto que resolvió la alzada sobre las solicitudes de nulidad y recusación planteados, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas al interior del mismo, si es del caso, recurriendo la sentencia en el evento de resultar contraria a sus intereses o, incluso, eventualmente, a través del recurso extraordinario de casación.
Así mismo, frente a esa decisión, esta Sala debe insistir que la misma fue proferida al interior de un trámite ordinario y con presencia de las partes interesadas, sin que se advierta que dicha postura de denegar las nulidades propuestas por el defensor técnico del actor sea producto del capricho o la arbitrariedad, razón por la cual esta herramienta de amparo no puede ser utilizada como una instancia adicional, simplemente por no estar de acuerdo con lo resuelto.
Así entonces, la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normatividad procesal contempla, requisito sin el cual la acción de tutela contra decisiones que en su trámite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opción extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los que se exponen en la demanda, se pueda acudir ante la Corte Suprema de Justicia por vía de casación, dado el carácter de control constitucional que tiene este recurso.
En ese sentido, lo que se advierte es que el accionante en este evento pretende habilitar una instancia más, a través de este instrumento, con el fin de revivir una discusión jurídica que no puede ser examinada sino dentro del proceso, alterando con ello la esencia de esta herramienta, pese a que se ha insistido que no se trata de un mecanismo adicional ni alternativo para censurar el raciocinio jurídico, ni el trámite impartido al asunto, ni la convicción a la que pudiesen arribar los funcionarios competentes después de analizar la normatividad aplicable, las pruebas allegadas al expediente, o los lineamientos jurisprudenciales sobre el tema debatido.
No debe olvidarse que la proyección material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche, como claramente lo ha sostenido la Corte Constitucional al indicar en sentencia CC T- 332/06 que:
el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error.
En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto.
Corolario de lo antedicho y verificado, adicionalmente, que no se demostró un eventual perjuicio irremediable que habilite la intervención del Juez de tutela, se denegará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,




RESUELVE




PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela promovida por el señor GONZALO ABDÓN GUARNIZO ÁLVAREZ, conforme se precisó en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

TERCERO.- En firme esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

EYDER PATIÑO CABRERA
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

Nubia Yolanda Nova García

Secretaria


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal