Margarita cabello blanco



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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

1. El fallador ad-quem inició el estudio de la controversia dejando clarificado que los presupuestos exigidos para la adopción de una determinación de fondo concurrían al plenario. También valoró la legitimación de todos los sujetos procesales para hacer parte del litigio y no encontró reparo alguno sobre el particular.


2. A continuación puso de presente que el marco de referencia dentro del cual debía asumirse el estudio de la disputa, eran los aspectos esbozados como soporte de la apelación formulada; dichos fundamentos se erigían, en definitiva, en los límites del pronunciamiento de segundo grado, los cuales no podían desbordar los precisos términos de la censura.
3. A renglón seguido, el Tribunal, sostuvo que las copias allegadas al plenario, relativas al trámite de la adopción de la menor demandada, no podían ser sopesadas como elementos de prueba habida cuenta que se adujeron sin nota de autenticidad (en copia simple), situación que, a voces de los artículos 251 y 254 del C. de P.C., les restaba valor probatorio.
Y, en referencia a la sentencia de adopción, si bien existía certeza de su procedencia y autoría, no quedó constancia del auto que así lo ordenó, por tanto, según el precepto 115 de la misma codificación, están desprovistas de capacidad persuasiva; además, sostuvo, dichas actuaciones están sometidas a reserva, según lo previene el Código del Menor.
4. La Corporación acusada dejó asentado que de la documental allegada al proceso, sopesada en su momento, dada su trascendencia, los siguientes hechos quedaron suficientemente acreditados: i) que el 27 de febrero de 1997, en la Notaría única de Girón (Santander), Jorge King Retamozo y Elvinia Galán Pinilla contrajeron matrimonio civil (fl., 3, del cuaderno principal); ii) que Nelly Fabiola Quintero estuvo unida en matrimonio católico con Alonso Penilla Prado, vínculo establecido el 28 de septiembre de 1967 (folio 4 ib); iii) que la sociedad conyugal del matrimonio King-Galán fue disuelta y liquidada mediante la escritura pública No. 1037 del 21 de junio de 2002, de la Notaría Primera de Barrancabermeja (fls., 10 al 20); iv) a su turno, la surgida de la unión de los señores Quintero-Penilla, fue disuelta mediante sentencia proferida el 27 de marzo de 1974, por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali; v) el señor Jorge King Retamozo falleció el 3 de abril de 2007; vi) al proceso concurrieron como hijos determinados del finado, Diana María King Galán y Luis Fernando King Rodríguez; y, vii) el señor King Retamozo y la señora Sheyla Rodríguez Jiménez, el 28 de octubre de 1993, a través de la Escritura Pública No. 2.693, disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal que entre ellos existió.
5. También reseñó el sentenciador de segundo grado que:
«Examinados con detenimiento los testimonios rendidos sobre lo que aquí es objeto de averiguación y que fueron escuchados por petición de la parte demandante, es decir, los de Ademar Miranda Ortiz, Vilma Balcázar Peña, Alonso Penilla Prado, Gloria Mercedes Franco Díaz, Teresa López Muñoz, Carlos Mauricio Rengifo Osorio, Consuelo Arizabaleta de Núñez, no encuentra la Sala de Decisión ninguna contradicción trascendente entre lo declarado por ellos, salvo las normales imprecisiones o vacíos entre lo vivido por cada uno de los declarantes (….), se limitaron desde sus perspectivas y vivencias particulares a relatar cómo y bajo qué circunstancias conocieron a los integrantes de la pareja de compañeros, precisando de manera más o menos pormenorizada la forma y la época en que la pareja decidió unir sus vidas a partir del 2000, la manera como se conformó la vida en familia, cómo era su entorno familiar, inclusive, cuál era el trato que impartía la demandante a la madre y al hijo del señor King Retamozo (….) haciendo una relación de los lugares y las épocas en las que convivieron, su comportamiento ante la sociedad y la exteriorización de su relación de pareja, incluso dentro de la última residencia común de la pareja, (….) lugar que era ocupado inicialmente por la demandante y donde llegó el causante en el 2000 proviniendo de Barrancabermeja, pues de ello fueron testigos presenciales y directos las vecinas de la actora, señoras Consuelo Arizabaleta de Núñez y Gloria Mercedes Franco Díaz (….). Bajo tales condiciones, los nombrados testigos pudieron dar fe y estuvieron en condiciones por ser testigos presenciales, como lo hicieron (sic) en sus declaraciones, del accionar y la conducta y el comportamiento como pareja de sus conocidos o amigos, especialmente a través de la exteriorización de sus sentimientos y tratamientos mutuos, hechos estos que hizo entender a dichos deponentes que tenían la calidad de: ‘marido y mujer’ sin duda alguna, de donde surge, a no dudarlo, la sinrazón de la apelante Diana María King de señalar a los testigos como testigos de oídas o de referencia, cuando de la mera lectura de esas declaraciones se obtiene como conclusión, como aquí ya se ha dicho, que esos testigos declararon sobre hechos que llegaron a su conocimiento por haberlo percibido de una manera directa a través de sus sentidos por tener una relación directa y permanente con los sitios en los que la parejo (sic) asentaron su residencia» (fs., 76 y 77, cuaderno del Tribunal).
6. Afirmó el juzgador que los testigos escuchados a instancia de la parte demandada, ‘nada les consta respecto de las actividades y la vida de King Retamozo en la ciudad de Cali’; encontrando en ellos una tendencia marcada en negar la calidad de pareja de la actora y el difunto o, cuando menos, testimoniar sobre la concurrencia de uniones para así, descartada la singularidad, diluir el nexo que exitió entre la demandante y el difunto. Y agregó:
«Por lo antes dicho, resulta lógico que el juez de primera instancia hubiese determinado darle credibilidad a la prueba testimonial allegada al proceso por petición de la actora y restársela a la testimonial de la contraparte, pues sus contradicciones y la falta de conocimiento sobre los hechos acaecidos en la vida personal King Retamozo en esta ciudad debilitan la credibilidad de dichos testimonios, por lo que no resulta cierto que esos testimonios no hubiesen sido debidamente evaluados por el juez de instancia (….)» -folio 79 idem-.
7. Atinente a la manifestación que el occiso realizó al momento de adquirir un predio, de la que quedó constancia en la Escritura Pública No. 1364 del 19 de mayo de 2003, otorgada en la Notaría Octava del Círculo de Cali, en el sentido de no tener ‘unión marital de hecho con ninguna persona’, el juzgador fue enfático en decir que a voces del artículo 195 del C. de P.C., esa expresión no constituía una confesión y, además, en el proceso, hicieron presencia otras pruebas que desvirtuaron tal aserto, a lo que debe agregarse, arguyó el ad-quem, que en el mismo documento escriturario, en la parte de la firma, el causante dejó indicado que era separado, lo que, para el fallador, bien podía indicar que esa separación aludía a su cónyuge Elvinia Galán, a la demandante o a Sheyla Rodríguez, madre de Luis Fernando, por tanto, en ese contexto, cobran mayor valor las probanzas del juicio, las que rebaten el texto de aquel documento público.
8. Por último, el juez de segundo grado manifestó que la tacha formulada por la parte demandada a uno de los testigos (Consuelo Arizabaleta de Núñez), no podía prosperar habida cuenta que la accionada no adujo las pruebas necesarias sobre el particular.

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