Marisela Escobedo



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Clínica de Justicia y Género “Marisela Escobedo”

Incongruencia en resoluciones judiciales
La sentencia recurrida causa perjuicio a la quejosa toda vez que incurre en falta de congruencia en dos puntos básicos: 1) los argumentos de la propia sentencia de amparo y 2) con las constancias del juicio, en las que se destacan la solicitud formulada por la quejosa ante el Ministerio Público, así como el informe que rindió y las constancias exhibidas en el juicio de amparo en su calidad de Autoridad Responsable.
La sentencia al ser incongruente causa agravio a la recurrente en atención a que se encuentra dictada en contra de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en sus fracciones II, III y VI.
1.- Congruencia interna.
Por lo que corresponde a la falta de congruencia del documento de sentencia, el juez en el final de su último Considerando dijo:
“En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa **********, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de investigación “B-2” de la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal:

a) Deje insubsistente la determinación de veintisiete de enero de dos mil catorce dictada en la averiguación previa *****.

b) Emita una nueva en la que resuelva sobre la procedencia o no de la aplicación del Protocolo de Estambul, y del Acuerdo A/008/2005, pero en la que acate los señalamientos destacados en el presente considerando”

(El subrayado es propio)


Al respecto es oportuno resaltar que durante todo el contenido de la sentencia en ningún momento se habla de la “procedencia o no de la aplicación del Protocolo de Estambul”, por lo que sí es el caso que dicha afirmación determina los efectos de la sentencia de amparo, contempla un criterio que no fue sostenido durante la argumentación y dicho punto resulta incongruente por lo que causa perjuicio a la recurrente.
De tal forma que el criterio para emitir una nueva resolución ordenada al Ministerio Público, resulta contraria a lo argumentado por el propio Juez de Amparo, en razón a que se habla de que el Protocolo de Estambul es aplicable al caso, incluyendo sus particularidades sobre la imparcialidad y el profesionalismo de aquellos encargados de operarlo, sumando así a la incongruencia de la sentencia, dado que por una parte ordena valorar su procedencia y aplicabilidad a la autoridad responsable y por la otra parte precisa los puntos que deben de observarse al momento de designar a los peritos.
Si la petición en la demanda de garantías fue fundada y se otorgó el amparo y protección a la quejosa, es incongruente que bajo la argumentación planteada por el mismo Juez de Distrito se ordene emitir una resolución sobre la procedencia o no de la aplicación del Protocolo de Estambul. Así, el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal en la sentencia de fecha 7 de julio de 2014 sostuvo, en diversas ocasiones, argumentos que tienden a fortalecer aquellos sostenidos por la quejosa, como los siguientes:
“Del contenido del referido Acuerdo, amerita destacarse que dicha norma le otorga una facultad específica al agente investigador sobre los peritos que integran la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; sin embargo, en ningún apartado de su texto se establece que forzosa y necesariamente ese agente deba apoyarse, en exclusiva, en los expertos de la propia institución.”(p. 7).

“Como se precisó, entre los principios fundamentales de toda investigación viable sobre casos de tortura, según lo establece el artículo 74 del Protocolo de Estambul, están los de imparcialidad e independencia.” (p. 7).



“…en las investigaciones que lleven a cabo los agentes deben regir su actuar conforme al artículo quinto del Acuerdo A/008/2005, es decir, que cuando se requiera el apoyo de peritos en la averiguación de un caso de posible tortura, que se impute a cualquier servidor público que no pertenezca a la mencionada Procuraduría, solicitarán y obtendrán el apoyo de la propia institución (de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal). En cambio, dicha regla general tiene como excepción aquellos casos en los que se investigue la posible tortura atribuida a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; pues en este caso, deja de regir el precitado artículo quinto y, por actualizarse la hipótesis específica que contempla, emerge la aplicabilidad obligatoria del Protocolo de Estambul.” (p. 8).
En este orden de ideas, el Juez de Distrito debió continuar con su línea argumentativa y amparar a la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable emitiera una resolución en la que nombrara al Colectivo contra la Tortura y la Impunidad para la práctica del Protocolo de Estambul, con fundamento en el principio de debida defensa así como de los artículos 1° y 20, apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el Distrito Federal y el artículo 12° Fracción III y XIII de la Ley General de Víctimas.
En ese sentido, la sentencia al no guardar la debida congruencia con el mismo documento está en contra de lo dispuesto con el artículo 74 fracción VI de la Ley de Amparo por lo que causa agravio a la recurrente.
2.-Congruencia externa y exhaustividad.
En cuanto a la congruencia que toda sentencia debe de guardar con las constancias que integran los expedientes, la resolución aquí recurrida carece de la misma causando perjuicio a la recurrente al dejarla en estado de indefensión. Esto es así en razón a que la sentencia recurrida es incongruente con los argumentos esgrimidos por la recurrente en su demanda de amparo. En el primer concepto de violación de la demanda de amparo se contemplan los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que son aplicables al caso, dentro de ellos la aplicación del Protocolo de Estambul, así como los artículos 8º, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; diversas disposiciones de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y Abuso del Poder.
Si es el caso que el Juez de Distrito no tomó en cuenta lo vertido en dicho concepto de violación primero, la sentencia carece de un análisis sistemático correcto.
La sentencia también es incongruente con las constancias que integran el informe justificado del propio agente del Ministerio Público, en el que se relaciona el acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce donde señaló que la prueba pericial a practicarse era:
conforme a lo dispuesto en el acuerdo A/008/05 y A/009/11, emitido por el titular de esta institución, al constituir la contextualización de los parámetros y lineamientos establecidos en el manual internacional denominado como “Protocolo de Estambul”, por ser ésta (experticia) el medio eficiente y eficaz con el cual poder correlacionar los hallazgos tanto objetivos (médicos) como subjetivos (psicológicos)… por ser este el procedimiento, tendiente a respetar el derecho de la aquí denunciante de que se le procure justicia, respecto de una conducta con la cual se pudiera haber visto mermado, objeto jurídico de alta envergadura para el estado, como lo es la dignidad humana, de cuya salvaguarda deviene en cumplimiento de los compromisos asumidos por el estado mexicano en pro de los Derechos Humanos conforme a los ordenamientos internacionales”.
De lo anterior se desprende claramente que la propia Autoridad Responsable no pone en duda la aplicabilidad del Protocolo de Estambul, dado que se trata de un caso de denuncia de tortura y que es criterio de la Procuraduría en su conjunto, con base en el acuerdo A/008/05 emitido por el Procurador de Justicia del Distrito Federal. En ese sentido la procedencia o no de la aplicación del Protocolo de Estambul no fue objeto de la Litis constitucional, ya que como ha quedado expuesto la misma es asumida por el propio Agente del Ministerio Público en el acto de autoridad recurrido.
Por lo que si es el caso que dicha procedencia o no de la aplicación del protocolo no formó parte de los argumentos controvertidos en juicio y el juez de amparo resolvió poner dicho punto en una nueva oportunidad de valoración por parte de la Autoridad Responsable, es claro que dicha determinación en la sentencia es incongruente y por tanto causa agravio a la recurrente.
La sentencia al no tener un correcto análisis de la demanda (aplicabilidad del protocolo en términos del primer concepto de violación de la demanda de amparo), así como tampoco valoró correctamente las pruebas aportadas en el juicio (informe justificado que asume la aplicación del Protocolo de Estambul), el documento recurrido va en contra de lo establecido por las fracciones II y III del artículo 74 de la Ley de Amparo por lo que causa agravio a la recurrente.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia:
Época: Novena Época

Registro: 178783

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXI, Abril de 2005

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 33/2005

Página: 108

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.

Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.


La sentencia de amparo deja al arbitrio del Ministerio Público aplicar o no el Protocolo antes mencionado. Al otorgarle el amparo a la quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público emita una nueva determinación en la que resuelva sobre la procedencia o no de la aplicación del Protocolo de Estambul y del Acuerdo A/008/2005 en la que acate los señalamientos destacados en la sentencia de amparo, además de no proteger en la mayor medida posible los derechos de la quejosa como se ha sostenido en el agravio expuesto con anterioridad, deja al arbitrio de la autoridad responsable emitir un acto en el que se pronuncié sobre la procedencia o no de un derecho de la quejosa.


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