Masacre del 11m elementos para un juicio popular revolucionario al Estado “democrático” Español (3) Introducción



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MASACRE DEL 11M

Elementos para un juicio popular revolucionario al Estado “democrático” Español (3)

Introducción

El 11 de Marzo de 2004 —dos días antes de las elecciones generales celebradas el 14― a partir de las 7,30hs hicieron explosión casi simultánea en cuatro distintos trenes de la línea ferroviaria de cercanías, en Madrid, doce artefactos explosivos conteniendo 20Kg. de dinamita cada uno. Los atentados ocasionaron 192 víctimas mortales y 1.200 heridos de distinta gravedad y consideración.

Tras las primeras investigaciones de rigor, y una vez descartada la autoría de la organización nacionalista vasca radical, ETA y cualquiera otra, las autoridades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil coincidieron en señalar:

1) que la dinamita había sido sustraída de uno de los ocho “cofres de seguridad” (cinco para el almacenamiento de dinamita y tres para detonadores) que se encuentran dentro de la jurisdicción de la Mina “Conchita”, propiedad de la empresa Caolines de Merillés, S.L., situada en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda. Los informes de la Guardia Civil enviados al juez del caso en la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, han revelado que estos cofres de seguridad —con una sola llave de acceso, sin vigilancia continua, situados en zonas aisladas donde nadie acude tras acabar la jornada laboral― son muy vulnerables a un posible robo. Dichos informes aclaran que el robo en la fábrica o en los depósitos intermedios, se considera algo casi imposible por las enormes medidas de seguridad dispuestas en torno a los búnkeres en los que se guardan los explosivos. Además, las llaves de la mayoría de ellos están en poder de la Guardia Civil, encargada de abrirlos. Los minipolvorines, en cambio, son como pequeñas cajas fuertes encastradas en las faldas montañosas próximas a las bocas de las minas que albergan, con una capacidad media de 50 kilos de dinamita cada uno o 500 detonadores.

Según el Juez, a esta conclusión se llegó a raíz del análisis de la dinamita contenida en tres sitios distintos, a saber: en una de las mochilas supuestamente utilizadas en el atentado que no llegó a explosionar; en unos restos de explosivo y detonadores encontrados a las 9,50 del 11M en la furgoneta Renault modelo “kangoo” estacionada sobre la calle de acceso a la estación de Alcalá de Henares; del explosivo —¡¿sin estallar!?— hallado en un piso de la localidad madrileña de Leganés, donde seis de los ejecutores de los atentados permanecían ocultos y, al ser sorprendidos por la policía —según la versión oficial— decidieron suicidarse haciendo volar el apartamento. Basado en los informes periciales de la policía y de la Guardia Civil, para el juez Del Olmo estaba claro que el explosivo utilizado en los atentados había sido proporcionado a sus autores materiales por la trama delictiva asturiana localizada en Avilés.

2) Que el acto de entrega de los explosivos a los autores de los atentados habría sido gerenciada por el ciudadano español José Emilio Suárez Trashorras, en connivencia con su cuñado, José Antonio Toro Castro y su novia, Carmen Toro Castro, con la colaboración necesaria del marroquí Rafá Soller. A todos ellos se les atribuye haber participado en la negociación y venta ilegal de los explosivos a la célula terrorista actuante el 11-M, a cambio de dinero y drogas. Se da la circunstancia de que todos estos sujetos eran —¿siguen siendo?— “confidentes” de la fuerzas de seguridad del Estado, sea de la Policía Nacional, como es el caso de Suárez Trashorras, José Antonio Toro Castro y Carmen Toro Castro, o de la Guardia Civil, como Rafá Zouhier.

3) Que hasta el momento de la ejecución de esa matanza, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil, sabían nada de sus preparativos, ni tampoco habían sido alertadas por sus respectivos confidentes acerca del trapicheo delictivo con explosivos, ni de la identidad e intenciones de los interesados en adquirirlos. Según consta en el auto del 18 de junio de 2004, el Juez del caso, Juan del Olmo, afirma que la investigación de los atentados del 11-M "en modo alguno" puede verse afectada por "la condición, supuesta o no" de confidentes de la Policía de dos de los detenidos (Rafá Zouhier y José Emilio Suárez Trashorras):

<> (Op. Cit.)

En ese mismo auto, el Juez Del Olmo sostiene que el comisario de Avilés —“controlador” de Suárez Trashorras— ha declarado que antes del 11-M no le informaron sobre la venta de los explosivos, y que Suárez Trashorras ha declarado que informó al comisario de que los marroquíes vendían droga, pero no de que estaban tratando de comprar explosivos. O sea, que el delincuente Suárez Trashorras podrá decir lo que quiera, que si un policía dice lo contrario, habrá que creerle al policía. Esto es algo que cualquier ciudadano medio suele tener muy claro, porque así se nos ha enseñado desde pequeños. Más aun tratándose de un Juez, que se gana la vida con ese tipo de “razones”. Pero el caso es que, a su condición de delincuente habitual, José Emilio Suárez Trashorras llevaba adherida su función de confidente policial. Y esto cambia mucho las cosas. Así se lo decía al periodista Fernando Múgica un “veterano policía” en abril de 2004:



<>. (“Los agujeros negros del 11M”. En “El Mundo” 23/04/04) http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/19/enespecial/1082356558.html

Esto plantea dos interrogantes fundamentales



  1. ¿Qué es lo que explica esa aparente negligencia en materia de investigación y “torpeza” operativa por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en un país tan reconocidamente amenazado por el terrorismo etarra, al que ―tras el papel jugado por España en la guerra de Irak aliándose con EE.UU.― debía preverse que se le sumaría la amenaza del terrorismo islamista?

  2. ¿Cómo encajar, en este caso, la lamentable actuación de unos cuerpos armados de seguridad pública, cuyo probado celo profesional y eficacia operativa les habían puesto a la altura de los mejores del mundo?

De ser cierto ―como dijo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Comisión parlamentaria de investigación por el 11M― que todo fue obra del “terrorismo islamista”, ejecutada por no más de veinte individuos sin preparación alguna y al coste de un millón escaso de pesetas, entonces, a juzgar por los resultados de lo que se hizo y dejó de hacer en todo este asunto, la ya proverbial eficacia del Estado español ha quedado muy, pero que muy por debajo de sus impecables antecedentes en la lucha policial contra el delito y la inseguridad ciudadana; tanto, que hasta parece haber hecho de los profesionales de la seguridad a su servicio, una malísima caricatura de lo que en realidad han venido probando que son. Y a juzgar por las contradicciones de la versión oficial de esos hechos, se está demostrando que —para quienes saben cómo hacer las cosas de su especialidad—, es más difícil simular que se lo ha hecho mal, que hacerlo bien. Porque ¿cómo es posible creer que el Estado español haya sido burlado por una minúscula panda de delincuentes comunes de poca monta, ocasionalmente organizados nada más que para este acto?

Tal es el interrogante que hubiera debido orientar las investigaciones del señor Juez de la Audiencia Nacional en lugar de irse a indagar sobre un escenario parecido al que se montan ciertas aves que llaman la atención con sus cantos, precisamente donde no tienen puestos sus huevos o alimentan a sus crías. Pero ya se sabe que la división de poderes en que ―por desgracia creen todavía muchos asalariados y― descansa la supuesta independencia de los magistrados, sólo funciona a la hora de juzgar a quienes carecen de recursos y/o de influencias suficientes y seguras en la superestructura política del sistema; más aun en casos como este, donde esperar que un juez haga justicia según la verdad de los hechos y sin interferencias políticas de ninguna índole, es como pedir peras a un olmo, o como hablar de la soga en casa del ahorcado, la soga en que ahogaría su futuro como servidor del Estado el señor juez Juan del Olmo, de haber obrado con la independencia política profesional que se presume de cualquier representante del poder judicial.

En realidad, los atentados del 11M forman parte del problema que el Estado español está tratando de resolver, y que, para ello, ha debido cargarse no sólo el tan mentado concepto de “seguridad ciudadana”, sino la supuesta independencia de los poderes, e incluso el mismísimo significado de la palabra “democracia”. Y mucho nos tememos que este desbarajuste pueda explicarse por la supuesta “descoordinación” entre los cuerpos represivos, aunque esto sea bien cierto por “razones” corporativas, lo cual da pie para que barbaridades como ésta —que tienen su causa en otros ámbitos— puedan ser todavía más factibles.

Según todos los indicios, el 11M ofrece una curiosa similitud con el 11S, como dos gotas que debieran estar rebasando el vaso de la paciencia popular para hacer tronar el escarmiento de su propia justicia. Pero como esta hipótesis sigue siendo sólo tardanza de lo que está por venir, el problema para las clases dominantes de este país, manifiestamente divididas desde la famosa reunión del triángulo de las Azores1, era y sigue siendo otro. No es casual que el atentado ocurriera a dos días vista de las elecciones generales, donde lo que se decidía tenía muy poco que ver con la solución a las crecientes dificultades que afrontan día que pasa las mayorías sociales. Porque en esa jornada electoral no estaban en juego las políticas siquiera moderadamente paliativas respecto del paro masivo o las leyes laborales vigentes que legitiman el despido libre, la creciente disminución del salario relativo, la más absoluta precariedad en el empleo, la inseguridad laboral y las más extremas condiciones de superexplotación en el trabajo; tampoco de esas políticas se podían esperar mejoras significativas en el servicio de la salud pública, la educación en sus distintos niveles o en el acceso a la vivienda.

En estos puntos ―aun cuando estuvieran presentes como promesas en los planteos electorales de las distintas formaciones políticas institucionalizadas― no hay ni puede haber diferencias significativas como para poder hablar de que, en realidad, las haya y puedan concretarse. Y no las puede haber, en primer lugar, porque la situación económica general del capitalismo a escala planetaria lo impide absolutamente. En segundo lugar, y como consecuencia de aquél hecho básico estructural, porque lo sustancial de la política en esas materias no es una cuestión de partidos; y no lo es porque todo lo que el sistema no permite, deja de ser una política de partidos en tanto “arte de lo posible”; porque, cuando una reivindicación de las clases subalternas es de imposible realización en aras del insultante fondo de consumo de los explotadores, toda pretensión de ir con ella más allá de la simple enumeración de derechos constitucionales o de promesas electorales no cumplidas, pasa a ser una cuestión de seguridad; pero no de la ciudadanía sino del Estado, dado que atenta contra la estabilidad política del sistema capitalista en su conjunto, es decir, del conjunto de la burguesía. Tal es la esencia de la “democracia” capitalista; y los asalariados que quieran seguirle dando vueltas a esta cuestión buscándole el lado bueno que les muestran los patrones, se engañan gratuita y miserablemente.

Si con los pies en la tierra descartamos que el 14M estuvieran en juego las soluciones a los acuciantes problemas que afectan a las mayorías sociales en España ¿qué es lo que quedaba para dirimir en esa confrontación electoral? Pues, poco más que las relaciones del Estado con la Iglesia y alguna que otra menudencia, ajena a las reales necesidades de las mayorías. ¿O no?

Pero en ese poco más que se jugaba en los comicios, había una cuestión de fundamental importancia para los intereses representados por esas fuerzas políticas en pugna dentro del Estado Español. Y esa diferencia era y sigue siendo la orientación de la política exterior y territorial española. Y nadie puede dudar que las elecciones decidieron efectivamente sobre estos puntos, esto es, si debía revisarse la política territorial del Estado español tal y como había quedado atada y bien atada en la constitución de 1978, y si España debía seguir privilegiando la relación con EE.UU y Gran Bretaña o pasaba a priorizar y apoyar el bloque burgués dominante en la UE representado por el eje franco-alemán.

Nosotros estamos entre los que piensan que los atentados del 11M en España, estuvieron determinados por este problema, por esta diferencia, por esta fractura expuesta del capital internacional a raíz de los sucesos del 11S; más concretamente, por una de las consecuencias inmediatas de su lógica: la intervención militar en Irak. Esta movida rompió el frágil equilibrio entre los grandes bloques de poder de la burguesía internacional que se había estado manteniendo ―cada vez más precariamente― desde la caída del “Muro de Berlín” y la inmediata debacle del sistema burocrático soviético mal llamado “comunista” o “socialista”, que ―tras la muerte de Lenin― abandonó por completo esa perspectiva social y política, para pasar a ser sólo un híbrido perverso en franca regresión histórica al capitalismo, como así se ha demostrado.

Poniendo la lupa del análisis de clase sobre este punto de fractura en el espinazo de la política exterior y territorial de España —provocada por la disputa entre os dos grandes partidos de su aparato político institucional— entramos en el meollo de la política de andar por casa de la burguesía internacional proyectada al interior del Estado español; se trata de la “pequeña política”; de la que dirime las relaciones de poder entre fracciones de una misma clase dominante en el contexto socio-económico del mismo sistema de vida capitalista a escala nacional e internacional en situación de crisis económica general no superada, y en ausencia de una alternativa de Gran Política por parte de la clase estratégicamente enemiga de la burguesía: el proletariado, los asalariados, también a escala nacional y planetaria combinadas.

Y dado que nuestro trabajo en curso tiene por objeto explicar las causas y consecuencias de lo acontecido el 11 de marzo de 2004, acontecimiento que —como se ha visto hasta aquí— compromete a las llamadas “fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” como organismo relativamente autónomo, esto exige que, previamente, nos pongamos de acuerdo sobre el origen, naturaleza y función política del Estado capitalista y de sus fuerzas armadas, en general y, particularmente del Estado español, en las presentes circunstancias.


Origen causal y funciones del Estado

En términos generales, siguiendo a Marx y Engels, Lenin dice —porque sigue más vivo que nunca mal que pese a muchos— que el Estado —dentro de la línea de desarrollo típica de la sociedad Occidental— ha tenido su razón histórica de ser en el hecho de la propiedad privada que dividió a la sociedad humana en clases sociales antagónicas, explotadoras y explotadas; en clases económica y políticamente dominantes y dominadas históricamente irreconciliables. Así, la historia del Estado fue y sigue siendo la historia de la lucha más o menos manifiesta y cruenta entre amos y esclavos, señores y siervos, capitalistas y asalariados. Que los burgueses se empeñen en sostener lo contrario, es algo así como querer contener agua en el cuenco de las manos.

Esta es la idea fundamental del marxismo en punto a la cuestión del papel histórico y la significación del Estado. Según esta idea, el Estado es el producto directo y la manifestación inmediata del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio y el momento en que la sociedad se divide en clases; y actúa siempre en defensa de las clases dominantes, especialmente cuando las contradicciones con sus clases dominadas o subalternas no pueden resolverse conciliarse objetivamente2. Dicho en sentido inverso, la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son permanentes e irreconciliables. La prueba está en que el origen de las clases estuvo determinado por el hecho originario de la propiedad privada, y que el fundamento lógico e histórico3 de las clases coincidió con el propio origen y fundamento del Estado como categoría político-institucional, en tanto salvaguarda de los intereses de las clases dominantes. Es precisamente sobre esta cuestión fundamental de la teoría política, que los ideólogos de la burguesía han concentrado su labor tergiversadora del materialismo histórico, falsificación que se ha instrumentado a instancias de dos categorías de agentes:


  1. Los apologetas teóricos burgueses (filósofos, juristas, economistas, sociólogos, psicólogos, literatos, periodistas, etc.)

  2. Los oportunistas políticos enquistados en el movimiento obrero

Los teóricos burgueses ―en especial los pequeñoburgueses― empujados por los hechos indiscutibles de la historia a reconocer que el Estado sólo existe allí donde las contradicciones entre las clases fundamentales de la sociedad (actualmente burguesía y proletariado) se tornan objetivamente irreconciliables, tratan de resistir y sobreponerse a esa evidencia empírica, intentando convencer que el Estado resulta ser el órgano de una presunta conciliación de clases, presentándola como una tendencia natural de la sociedad. Algo así como pretender el absurdo de que la prohibición política del incesto, es el producto de la supuesta tendencia natural de los seres humanos a las relaciones sexuales no consanguíneas, cuando está demostrado científica y empíricamente que es justamente al revés.

Según Marx, de ser cierto que la conciliación entre las clases es una tendencia natural en las relaciones sociales, el Estado no podría haber surgido ni sostenerse un solo minuto. El estado prohíbe la tendencia natural de los asalariados a implantar la propiedad colectiva de los medios de producción, dado que ellos encarnan la ausencia total de esa propiedad; del mismo modo que el Estado prohíbe el incesto porque existe la tendencia natural a las relaciones consanguíneas. Para los profesores y publicistas filisteos —¡incluso los que, a cada paso, invocan en actitud benévola a Marx!— resulta que el Estado es precisamente el que concilia las clases porque su tendencia natural (la de las clases) es esa. Pero, según Marx, el Estado es ajeno a esa presunta tendencia en la sociedad de clases; para Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, de opresión de una clase por otra, es el "orden" que legaliza y afianza esta opresión, evitando o amortiguando los choques violentos entre las clases, producto de la explotación de una clase por otra, lo cual no permite la conciliación, sino que, al contrario, es un producto de su lucha, su condición de existencia como Estado que tiende a prohibirla y al mismo tiempo a ejercerla en nombre de la clase dominante. Y cuando no puede conseguir la conciliación y el enfrentamiento se hace inevitable, interviene violentamente a favor de las clases dominantes para aplastar a las clases subalternas.

El Estado capitalista, aunque niega de palabra la lucha de clases, es siempre el primero en asumirla, sea por omisión, cuando permite que las clases dominantes conculquen derechos, o por acción, cuando actúa violentamente contra las clases subalternas que luchan por la defensa de esos derechos conculcados. Esto es así, porque es el Estado de la clase burguesa en actitud conservadora, porque, para el Estado y para la clase que el Estado representa, la lucha de clases constituye una amenaza que trata de conjurar evitando que se concrete. Tal es su función. Pero, para cumplir esa función ideológica de preservar la paz entre las clases, el Estado debe estar dispuesto a prohibir política y, si es preciso, bélicamente, todo conato de lucha efectiva de clases allí donde se produzca, pero siempre en perjuicio de las clases subalternas o explotadas, y en beneficio de las clases dominantes a las que representa; por tanto, pretextando ser el paladín de la conciliación de clases, lo que hace el Estado, todo Estado, en realidad, es garantizar el dominio de la clase explotadora ―que representa― sobre la clase explotada, lo cual determina, a su vez, que la clase explotada, resulte ser, al mismo tiempo, necesariamente una clase oprimida. Tal es el secreto inconfesable de la tortilla ideológica cocinada para consumo de las masas explotadas por los políticos pequeñoburgueses.

Los políticos pequeñoburgueses interesados en el actual statu quo, pregonan que el “orden” social y político es el resultado de la propensión natural de la sociedad a la conciliación de las clases y no al enfrentamiento, producto de la opresión de una clase por otra a instancias del Estado, como consecuencia de la explotación permanente de que esa clase hace objeto a la otra:

 < partidos saturados de esta teoría mezquina y filistea de la "conciliación". Que el Estado es el órgano de dominación de una determinada clase, la cual no puede conciliarse con su antípoda (la clase contrapuesta a ella), es algo que esta democracia pequeñoburguesa no podrá jamás comprender. Su actitud ante el Estado es uno de los síntomas más patentes de que nuestros socialrrevolucionarios y mencheviques no son en manera alguna socialistas (lo que nosotros, los bolcheviques, siempre hemos demostrado), sino demócratas pequeñoburgueses con una fraseología cuasi socialista.>> (V.I. Lenin: “El Estado y la Revolución” Cap. I Punto2)

Por su parte, a los oportunistas políticos en organizaciones tipo Partido Comunista de España (PCE), sus escrúpulos “marxistas” les impiden negar explícitamente el marxismo y, con él, la conclusión teórica avalada por la abrumadora acumulación de evidencias históricas que demuestran a cada paso la naturaleza opresiva del Estado moderno; pero al mismo tiempo carecen por completo de voluntad política para asumir prácticamente las consecuencias políticas de esa conclusión teórica marxista. Por tanto, tratan de eludir esa conclusión teórica mediante un subterfugio ideológico urdido por uno de los tantos renegados del marxismo ―sin duda el de mayor relevancia histórica― llamado Karl Kautsky4. La conclusión teórica de Marx, literalmente es la siguiente:



<> (V.I. Lenin: Op. Cit.)

Esta es la conclusión teórica a la que Marx llegó en 1852, y que, desde Kautsky en adelante, los oportunistas enquistados en el movimiento político del proletariado ―y a través de él, en el aparato de Estado capitalista— han venido olvidando, escamoteando y falsificando escandalosamente, porque les resulta insoportable mirar de frente a la verdad histórica; porque su apego pequeñoburgués a la propiedad privada les impele a pensar y actuar de espaldas a ella. Por eso siguen aferrados a la mentira que todos los días les pide esa parte de su corazón, y que su maestro por excelencia en el arte de la tergiversación teórica ―llamado Karl Kautsky― les ha venido procurado hasta hoy, para que —como él mismo en su momento― pudieran tener un lugar al sol en el Estado burgués, sin ver al mismo tiempo violentada aquella otra parte de su corazón que también quiere lo mejor posible para los más “desfavorecidos” de este mundo, es decir, lo que el sistema capitalista permita.

Semejante tergiversación del materialismo histórico por parte de Kautsky —y de los oportunistas autoproclamados “comunistas” que siguieron políticamente su pensamiento hasta hoy día— tiene su fundamento en aceptar la lucha de clases, pero no su necesaria consecuencia desde el punto de vista de los explotados y oprimidos, cual es, la necesidad de destruir el Estado capitalista para reemplazarlo por un Estado obrero auténticamente democrático, no sólo porque esta clase ha pasado ha ser ya mayoría social absoluta a escala mundial, sino porque la ausencia de propiedad privada sobre gran parte de los medios de producción, cambio y circulación de valores económicos y riqueza producida, garantiza su control colectivo democrático, permanente y riguroso en cada ámbito de la vida social, única posibilidad de prevenir y preservar a la sociedad, de lo que a cualquier individuo o minoría social, se le ocurra urdir y pretender hacer para conseguir cualquier propósito económico o político particular sin legítimo mérito para ello y a expensas de la voluntad y la seguridad colectiva o general, así como de lo que subrepticiamente intente hacer o dejar de hacer para provecho propio en perjuicio del tiempo de trabajo de los demás.

Pero esta prevención y preservación del delito, bajo el socialismo, no es esencialmente represiva, como sucede bajo el capitalismo, sino de naturaleza social. En efecto, con la desaparición de la propiedad privada sobre los medios de producción, desaparece la explotación de trabajo ajeno y, con ella, el fondo de consumo burgués ilegítimamente apropiado5. En este nuevo contexto social, la distribución de este fondo de consumo entre los trabajadores según el principio universal: “a cada cual según su capacidad, de cada cual según su trabajo”, permite:



  1. Aumentar el nivel de vida de la población obrera activa ―que el capitalismo mantiene en las peores condiciones de vida y de trabajo―, sin perjuicio para el salario histórico del resto de los productores libres asociados;

  2. ocupar a pleno rendimiento y con carácter permanente, la capacidad instalada del aparato productivo que el capitalismo mantiene ociosa;

  3. Erradicar el paro, así como la tendencia histórica del capital al mínimo del salario relativo respecto del fondo de consumo de los capitalistas, y,

  4. disminución progresiva democráticamente pactada de las horas de trabajo, según aumenta el grado de desarrollo de la fuerza productiva del trabajo social y el nivel de vida de los productores libres asociados.

Bajo estas nuevas condiciones revolucionarias ―día que pasa cada vez más necesarias y posibles―, la propensión al delito debe languidecer, en tanto desaparece bajo sus pies el suelo nutricio de la propiedad privada expropiadora que alimenta su existencia, creada tras el cataclismo social que supuso el no menos necesario y transitorio pasaje de la comunidad primitiva a la sociedad de clases, cuya última etapa es el capitalismo imperialista.
Catálogo: gpm -> 11m
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