Àmbit Prevenció 2011 Mujeres nigerianas víctimas de explotación sexual en la invisibilidadad: dificultades y propuestas Index



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Se trata de un proyecto de investigación que contempla la atención jurídica, social y psicológica de mujeres nigerianas víctimas de trata con el estudio de su proceso como personas que han sido víctimas de explotación sexual, haciendo un recorrido desde el país de origen, como en el país de acogida. Se pretende conocer los mecanismos y circunstancias que dificultan el ejercicio de sus derechos como víctimas, atendiendo a las situaciones específicas que presentan cada una de ellas, así como poner de manifiesto las diferentes estrategias de supervivencia que utilizan, así como su vinculación con los servicios de detección, atención y seguimiento especializados o no en materia de trata con fines de explotación.

Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad
Autoras

Silvia Granato. Mercè Meroño

Silvia Silva. Laura Alegre
Àmbit Prevenció 2011
Mujeres nigerianas víctimas de explotación sexual en la invisibilidadad:dificultades y propuestas

Index

Pàg.







3




  1. Introducción

5




  1. Objetivos

6




  1. Estado de la cuestión

14




2.1.Normativa sobre el fenómeno de la trata.

17




2.2. Marcos jurídicos relacionados con la trata.

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2.3. Trabajo en red

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  1. Metodologia

26




3.1.Método: Investigación cualitativa

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3.2.Equipo de investigación

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3.3. Ámbito territorial

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3.4. Población diana

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3.5. Instrumentos metodológicos

30




3.6. Análisis de datos

32




  1. Resultados

32




A: Situación en el país de origen

35




B: Viaje y cruce de frontera

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C: Vida en España

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D: Experiencia de trata

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E: Recursos o mecanismos de acogida

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  1. Recomendaciones

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  1. Bibiliografia

80




  1. Annex: Cuestionarios ONGs y Cuerpos y Fuerzas de seguridad

  1. Introducción

La motivación principal de nuestro proyecto es la constatación del aumento de mujeres procedentes de Àfrica subsahariana, y en concreto de Nigeria, en nuestro trabajo diario de atención a mujeres que ejercen la prostitución y de los datos aportados desde la investigación previa que realizamos en 20091 a cerca del colectivo de mujeres nigerianas. En esa investigación detectamos el amplio abanico de violencias que sufren estas mujeres en su país de origen y que siguen sufriendo en los países de acogida. El estudio analizaba mediante historias de vida y el estudio de casos las situaciones más habituales que se presentaban, con el objetivo de obtener conocimiento y que éste pudiera servir a trabajos posteriores de planificación y atención en nuestro contexto y en otros entornos similares con la elaboración de guías de intervención y/o ejemplos de buenas prácticas.

Evidenciamos también en esa investigación que las violencias de género que sufren las mujeres de otras culturas -no occidentales-, no han sido estudiadas suficientemente. En este sentido y hasta que no llegan a nuestras sociedades- mujeres migrantes de otras partes del mundo-, no se ha trabajado sobre ellas a nivel teórico ni en el plano de la intervención social otras manifestaciones contemporáneas de cómo vivir estas violencias: la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, los crímenes de honor, los embarazos precoces y la trata de personas con fines de explotación sexual.

La llegada de estas mujeres con situaciones de violencia diversas, ha puesto de manifesto el insuficiente y/o deficitario sistema de acceso a los derechos en las sociedades de destino (acogida). Las normativas de extranjería de los países ricos del norte (América y Europa) y las interpretaciones restrictivas de las normativas de asilo o las dificultades que presentan las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, dejan a muchas de éstas en una absoluta desprotección y exclusión social.

Hay cifras que demuestran que hay dos colectivos especialmente vulnerables al fenómeno de la trata de personas: las mujeres y niñas conforman la gran mayoria de víctimas de la trata con fines de explotación sexual (98%), según un informe de la OIT (2005)2. El número de víctimas de la trata transfronteriza, sometidas a situaciones de gran explotación, decepción, coerción y brutalidad continúa en ascenso. Las víctimas de la trata son particularmente vulnerables a situaciones laborales de explotación en razón de no poder hablar el idioma local y la situación legal irregular en que se encuentren en el país estranjero. En términos generales, los abusos y la explotación perpetrados contra las mujeres (trabajadoras) migrantes son menos identificables que los que sufren los hombres, dado que se producen en una etapa previa del proceso de migración, o en situaciones del mercado laboral más “invisibles”.

En el presente estudio adoptamos la perspectiva de género como enfoque teórico, ya que opta por una concepción epistemológica que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. Las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad: en el trabajo, en la familia, en la política, en las organizaciones, en las empresas, en la salud, en la ciencia, en la sexualidad y en la historia. Dentro de estas desigualdades sociales por razón de género, aparecen conceptos que se han ido definiendo con el objetivo de perseguirlas y erradicarlas. En cuanto al concepto de “violencia contra las mujeres”, las Naciones Unidas la define en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 3como: “Todo acto de violencia basada en la pertinencia al sexo femenino que niega o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Nuestro trabajo combina el estudio con la atención directa sobre las mujeres, pero también indirectamente sobre sus hijos e hijas y sobre otros miembros de su familia o entorno. Se aborda la investigación desde la perspectiva de la defensa y promoción de los derechos humanos, y en especial del marco legal existente en nuestro país en relación a las víctimas de trata con fines sexuales: Plan Nacional contra la trata4, Ley de Estrangeria5, Ley de Asilo6 y Llei per l’erradicació de la violencia masclista7 (Catalunya), principalmente.

Hay consenso de opiniones en cuanto a considerar como flagrantes las violencias que sufren las mujeres en sus países, ya que suponen una violación de los derechos humanos. Y cuando llegan a los países occidentales también se encuentran otras formas de violencia, en concreto de tipo social y/o institucional. Con todo nos encontramos frente a una mutación de la violencia.

Pese a que existen mecanismos –políticos- para evitar o hacer frente a este tipo de violencias, las mujeres en la práctica aún no tienen acceso ni garantias suficientes principalmente por su doble condición: mujeres y africanas. Una vez constatadas las dificultades que presentan y las escasas demandas de acogerse al sistema de protección de víctimas de explotación sexual. Un aspecto que consideramos relevante es que nuestra investigación también incluye la atención jurídica, social y psicológica de estas mujeres.

En la presente investigación se pretende obtener conocimiento de los mecanismos y circunstancias que dificultan el ejercicio de sus derechos como víctimas y la atención a las situaciones específicas que presentan cada una de ellas, así como poner de manifiesto las diferentes estrategias de supervivencia que utilizan, su vinculación con los servicios de detección, atención y seguimiento especializados o no en materia de trata con fines de explotación. Se pretende así contribuir también a la mejora de las intervenciones hacia este grupo de mujeres, atendiendo a sus contextos culturales, descubriendo sus necesidades reales, y también las insuficiencias que se derivan de nuestro sistema de protección y/o atención en la defensa de los derechos humanos, priorizando también en sus capacidades como sujetos activos en la toma de sus decisiones.


1.Objetivos


  1. Visibilizar la situación de las mujeres nigerianas presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual, ante la dificultad de este grupo para acogerse a procedimientos legales en materia de trata que garanticen su protección.




  1. Analizar el marco legal en el estado español respecto a la trata y su capacidad para proteger a estas mujeres.




  1. Recoger información sobre los procesos de trata que han vivido, desde su país de origen hasta su situación actual y sus estrategias de supervivencia.

  2. Conocer la diversidad de situaciones que presentan.




  1. Proponer mejoras para la atención, protección, integración e inclusión social de este colectivo de mujeres.




  1. Proporcionar elementos claves a las administraciones y/o instituciones para que ajusten los mecanismos o procedimientos a las necesidades o especificidades de este colectivo de mujeres.

2. Estado de la cuestión

La trata es un fenómeno relativamente reciente en nuestro país. A partir de nuestra experiencia en la atención a mujeres inmigradas que ejercen la prostitución en calle, clubs y carreteras, observamos un cambio de perfil en estas mujeres. La globalización, las guerras, y la feminización de la pobreza son factores que dejan a muchas mujeres indefensas en manos de sus captores y expuestas a múltiples violencias.


Paralelamente desde hace aproxidamente una década, se vienen multiplicando esfuerzos a distintas escalas para combatir el fenomeno de la esclavitud moderna, la trata de seres humanos. La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la presentación del Informe Anual sobre Trata del departamento de estado norteamericano (abril de 2010), se “complacía” de “celebrar la década transcurrida de progreso en la identificación y la lucha contra” este fenómeno, recordando los protocolos de Naciones Unidas del 2000 y la promulgación en EEUU de la Ley de Protección de víctimas. En realidad el término trata proviene de la expresión trata de blancas, empleada en un contexto en el que la mercantilización de personas revestía de gravedad distinta en función de la raza del traficado. En ese sentido la OIT apunta, que “dos siglos después de la abolición del comercio trasatlántico de esclavos, al menos 12,3 millones de personas aún están sometidas a formas modernas de trabajo forzoso, caracterizado por la coerción y la explotación”.
En todo caso, la trata de personas es un fenómeno global - más de 130 países han reportado casos8, aunque resulta relevante que, como se señalaba en la Conferencia Mundial contra el Racismo (Durban 2001) “ un factor que permanece constante es la distinción económica entre los países de origen y los países de destino”. Esta forma moderna de esclavitud esta articulada con otros movimientos globales, como las migraciones contemporáneas, el sistema economico-financiero  mundial y las nuevas formas de delincuencia organizada transnacional. Es una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, más de 2.4 millones de personas están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, ya sea para explotación sexual o laboral. Otras formas de trata de personas incluyen la servidumbre, el tráfico de órganos y la explotación de niños para la mendicidad o bien la guerra. Hasta un 80% de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas9. Las Naciones Unidas declararon en 2009 que las estimaciones muestran que podrían haber alrededor de 270.000 víctimas de la trata de personas en la Unión Europea. En 2008, la OIT calculaba que únicamente hacia Estados Unidos se trasladan entre 45.000 y 50.000 mujeres y niños cada año con fines de explotación.
Ya vemos que en los datos que podemos obtener las cifras no cuadran. La más veraz a la que tuvimos acceso es la propocionada por SICAR-Catalunya-, que comenta haber atendido a unas 180 víctimas a lo largo de los últimos 3 años; en todo caso resulta dificil obtener datos fiables cuando se refieren a hechos que tienen lugar en un contexto de economia submergida e invisibilidad; por otro lado la forma como se recogen estos datos difieren muchisimo de unos contextos a otros - como veremos hasta finales de 2010 en España la trata ni siquiera se punía como hecho penal separado del tráfico, por lo que, a ese respecto, tan simplemente no existen datos.
En los últimos dos años se han dado pasos importantes y avances significativos en lo que se refiere a la aprobación de planes y adopción de nuevas medidas legislativas de lucha contra la trata de personas en España. Estos avances legislativos son el reflejo de la conciencia política a cerca de la importancia de este grave problema también en nuestro país. De la necesidad de dar una respuesta coherente, adoptando políticas y adecuando nuestra normativa a las exigencias de instituciones europeas (Naciones Unidas, Consejo de Europa, Organización para la Seguridad y para la Cooperación en Europa y la Unión Europea) en la lucha contra la trata de personas.

La trata de seres humanos es un fenómeno de preocupantes dimensiones que constituye una de las más escandalosas y sangrantes formas de reducción del ser humano a simple mercancia y representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos”10
La trata de personas se tiende a designar como la nueva cara de la esclavitud en el mundo, en cuanto fenómeno que aglutina viejas y nuevas formas de explotación de seres humanos, prescindiendo del respecto a su dignidad intrínseca, y como tal supone una constelación de violaciones de derechos humanos; según las Naciones Unidas 11, constituye el tercer negocio ilicito más lucrativo en el mundo, después del tráfico de armas y de drogas y, como fenomeno complexo en un mundo globalizado, su estudio requiere una mirada multidisciplinar y transnacional.
En el Protocolo de Palermo12 (el Convenio de Varsovia, del Consejo de Europa, sigue una definición muy similar13), en la línea con un cierto consenso internacional logrado a partir de inicios del siglo XXI, se utiliza la siguiente definición de trata, articulada en tres elementos diferenciados:

- [actos] “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,

- [métodos] recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,

- [finalidad] con fines de explotación”.



(para calificar una situación como trata si la víctima es menor de edad basta con la existencia de los actos y finalidad, prescindiendose de los métodos).
Respecto a la finalidad de explotación, esta en realidad puede asumir tantas formas cuantas personas explotadas, pero aunque no haya un consenso tan claro respecto a ello el mismo Protocolo de Palermo refiere, que deberán incluirse, como mínimo, “la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”; la Red Española contra la Trata de Personas, por su turno, ofrece14 la siguiente clasificación:
Explotación laboral: cualquier trabajo forzado o realizado en condiciones de esclavitud como, por ejemplo, el trabajo en fábricas, talleres clandestinos, la agricultura, trabajo infantil forzoso.
Explotación sexual: prostitución forzada, prostitución infantil, turismo sexual, pornografía y matrimonios serviles.
Servidumbre: por deudas, mendicidad, esclavitud y trabajo doméstico.
Extracción de órganos.
Otras formas de explotación: adopciones ilegales, niñas y niños soldados.
Por otro lado, es importante mantener presente la distinción entre trata (trafficking, en ingles) y tráfico de personas (smuggling); este último se define, en el protocolo hermanastro del relativo a la trata (ambos se aprueban como anexos a la Convención sobre delincuencia organizada transnacional) como el “procedimiento para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico de la entrada ilegal de una persona en un país del que no es nacional ni residente permanente15. En el tráfico existe consentimiento de la persona traficada, quién busca entrar en el territorio del Estado en cuestión (en la trata este o no se da o se encuentra viciado por engaño, coacción, etc); el tráfico simpre tiene carácter transnacional, mientras la trata puede tener carácter nacional; y, por último, en tráfico se agota con el cruce de frontera, mientras la trata tiene como finalidad la explotación de la persona en el territorio de destino de forma posterior a la entrada.
Desde hace aproximadamente dos décadas proliferaran los textos normativos, recomendaciones de buenas prácticas y estudios de índole teórica sobre la trata de seres humanos, en cuanto existe un consenso generalizado a la hora de considerarla como uno de los más espeluznantes fenómenos del mundo contemporáneo: organismos internacionales como la ONU o OIT; otros de carácter regional como la OSCE (Organización de Seguridad y Cooperación Europea), Consejo de Europa y UE en el plano europeo; así como muchos son los estados que han empezado a poner en marcha una série de mecanismos destinados a Prevenir los hechos que constituyen la trata, a Proteger a las víctimas y a Perseguir los tratantes. En ese sentido ya el Convenio de Varsovia de 2005 supuso un paso adelante respecto al Protocolo de Palermo del 2000, con cuanto supuso un salto cualitativo en las previsiones de derechos de las personas víctimas. Así, en el epígrafe b del art. Núm. 1 se afirma como objeto del Convenio:
Proteger los derechos de la persona de las víctimas de trata, crear un marco completo de protección y asistencia a las víctimas y a los testigos, garantizando la igualdad enter las mujeres y los hombres, así como garantizar una investigación y unas acciones judiciales eficaces;”
Resulta evidente que la lucha contra la trata requiere de una articulación balanceada de las tres Ps, prevención, protección de las víctimas y persecución de los responsables16. Sin embargo asistimos a como la persecución de los responsables pasa generalmente a primer plano; es decir, se pone el acento en medidas de carácter punitivo y de cooperación policial. La globalización de la delincuencia pone de relieve una cierta inadecuación de los cuerpos policiales nacionales o regionales para combatir hechos delictivos de carácter transnacional, y requiere elementos de sólida cooperación internacional que a día de hoy son manifiestamente insuficientes.

En el presente estudio se busca ahondar en los mecanismos de coacción y explotación que pesan sobre las mujeres nigerianas y estructurar las recomendaciones de mejora en el sistema de protección. En primer lugar, partimos de un enfoque transversal de género, en concreto en lo que concierne a las cuestiones de género que atraviesan necesariamente todas las consideraciones relativas a las migraciones contemporáneas.


Por otro lado, la lucha contra la trata es en sí misma una reivindicación del corpus normativo y filosófico de los derechos humanos, por lo que resultará relevante referirnos a algunas limitaciones derivadas de la distinción entre nacional y extranjero presentes en la construcción moderna de los Estados nacionales, en un intento de desnaturalizar esa diferencia. Esta diferenciación resulta decisiva para una mejor comprehensión de las restricciones impuestas a la movilidad humana, que obliga a las personas migrantes a buscar formas más arriesgadas de emprender sus trayectos migratorios y las expone a las redes de trafico y trata.
En último lugar, tampoco podemos ignorar que algunos discursos relativos a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual están tintados con una perspectiva abolicionista de la prostitución. Sin embargo esta visión no siempre contribuye a la mejora de las situaciones de las mujeres víctimas de trata, ya que la persistencia en la alegalidad del trabajo sexual conlleva a la persecución de éstas y no a su protección. Entre los antecedentes normativos del Protocolo de Palermo está el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena17, que identifica trata con prostitución18. Durante los debates que llevaron a la aprobación del citado Protocolo hubo un intenso disenso respecto a la inclusión o no del “abuso de situación de vulnerabilidad” entre los medios a los que se refiere la definición de trata, ya que se incluiria potencialmente los supuestos de prostitución voluntaria. Finalmente terminó por incluirse en la citada definición.
Aunque resulte ventajosa la mayor amplitud de la definición-por superior capacidad inclusiva de sujetos-, hemos de tener claro que la lucha contra la trata no es una lucha contra la mercantilización de las vidas humanas, a secas. Sí lo es en cuanto supone despersonalización, es decir la limitación de la capacidad de elegir autonomamente sobre el curso de las propias vidas. Y en ese sentido, la asimilación entre trata con fines de explotación sexual y la prostitución en general, sin distinguir entre su ejercicio forzado o voluntario, redunda en la misma violencia que pretende combatir. Por otro lado este elemento dicta necesariamente dificultades en la identificación de las víctimas, al poner el accento en el ejercicio de la prostitución eludiendo que lo que resulta decisivo en la trata es la existencia de violencia, engaño o coacción. En un informe de la Unidad Técnica de la Policía Criminológica de la Guardia Civil, de 2004, ya se plantea que «el ejercicio de la prostitución no está claramente reconocido como actividad laboral, por lo que la actuación policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual se complica, al no diferenciar prostitución voluntaria de prostitución forzada»19.
Cuando hablamos de trata en general, y aquí en concreto de trata con fines de explotación sexual, estamos ante hechos que constituyen una constelación de vulneraciones de derechos fundamentales; el Convenio de Varsovia, de 2005, enmarca con acierto y contundencia el fenómeno de la trata desde un “enfoque de derechos humanos con una clara perspectiva de género20. Pese a tener un valor vinculante para España, este Convenio se constituye en la obligación de reconocer los derechos ahí establecidos en su plano interno. Es decir, no tiene efecto directo, y aquí nos encontramos con el problema de la distinción transversal entre nacional y extranjero a la hora de reconocer derechos en los Estados nacionales.
Aunque los derechos humanos se fundamenten en el valor de la dignidad de la persona por el simple hecho de serlo, y como tal tengan una clara vocación universal, en la práctica se procedió a una distribución internacional de competencias en la que cada Estado se hace cargo de hacer valer los derechos fundamentales de sus nacionales, con la figura de asilo como mecanismo corrector que ampara a las personas que no pueden, por motivos de persecución, obtener protección por parte de sus respectivos Estados.
Por otro lado, la fuerza en el disfrute de los derechos depende de las garantias establecidas. El derecho a la vida puede considerarse más “fuerte” que el derecho a la vivienda en virtud de las sanciones establecidas ante la violación de uno u otro y la posibilidad de obtener protección cautelar (previa, ante una amenaza a ese derecho) por parte de las fuerzas de seguridad. En ese sentido las personas extranjeras están un paso atrás respecto al reconocimiento de sus derechos en los estados de acogida, aunque en principio ese Estado debería considerarse competente o responsable de esa persona en virtud de algun elemento de conexión con su territorio, y porque las garantias tienen que establecerse con independencia de la condición de nacional, lo que ni siempre es el caso, y como veremos con más detalle en el apartado relativo al marco legal.
Continuando el análisis de la trata desde una perspectiva de género también hay que contemplar las especificidades de los problemas de la migración femenina. Según dados de la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2006), casi la mitad de la migración internacional es femenina, de tal forma que en las últimas décadas, estamos delante de un proceso de feminización de la migración. El proceso de globalización contribuyó en el aumento del número de mujeres que en las últimas décadas han tomado la decisión de salir en solitario de su país de origen hacia diferentes partes del mundo. Lo hacen como otros migrantes, no necesariamente por reagrupación familiar, sino por razones económicas y/o para intentar poner fin a diferentes situaciones de violencia vividas en el país de origen.
Las situaciones de pobreza o de escasos recursos económicos en la familia; la escasez de empleo y la precariedad salarial son algunas de ellas; las contingencias sociales y económicas, así como las diferentes expresiones de violencia patriarcal, son escenarios que limitan las oportunidades y la libertad de las mujeres, motivando el movimiento migratorio. Asimismo, podríamos decir que los factores de desigualdad de género influyen tanto en el por qué, cómo en las restricciones vividas por las mujeres en todo el trayecto migratorio.
La migración en femenino está envuelta de diversas especificidades que se derivan del simple hecho de ser mujer. El género, asociado a otros factores de exclusión, como edad, etnia y clase social, conduce a las mujeres a situaciones de desigualdad. El grupo étnico de pertenencia y la clase social son otros de los factores a tener en cuenta; las mujeres de raza negra tienden a estar en categorías profesionales inferiores y a sufrir más acoso (UNFPA, 2006).
En relación estrecha con el proceso globalizador, la demanda mundial de servicios en determinados sectores impulsó la migración de las mujeres hacia ocupaciones fuertemente “feminizadas”, como son el trabajo doméstico y el trabajo sexual. La concentración de las mujeres en trabajos menos cualificados y de peor remuneración, es agravada por la falta de regulación de los mismos, haciendo que éstas estén sujetas a situaciones de discriminación y explotación.

Por otro lado, su condición de mujeres extranjeras en los países de acogida haz con que, frente al mercado de trabajo, las mujeres que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad son las que están en condiciones irregulares: éstas son las que encuentran más dificultades a la hora de encontrar un trabajo con condiciones justas. Pero no son las únicas: en condiciones similares se encuentran las mujeres inmigrantes que tienen permiso de residencia pero no de trabajo, así como las que tienen un permiso de trabajo inicial (Colectivo Ioé, 2001). Es decir, la mayor o menor precariedad de la situación administrativa de esa mujer inmigrante se hace sentir en la fuerza de los derechos laborales, pero no apenas de los que disfruta.


Con frecuencia, las mujeres objeto de trata son obligadas a realizar trabajo sexual, a contraer matrimonios de conveniencia o a realizar “trabajos femeninos” en condiciones de explotación en el trabajo doméstico, en las tareas agrícolas o en talleres de fábricas (UNFPA, 2006). “Las restricciones actuales de la política migratoria sitúan en condiciones de ilegalidad una parte muy importante de la población migrante, hecho que facilita su explotación por parte de los empresarios sin escrúpulos y la deja indefensa ante mafias y traficantes” (Juliano, 2005:68).
En los casos en que las mujeres objeto de trata trabajan en los países de acogida en la industria sexual u ofreciendo servicios domésticos, se enfrentan a una situación de vulnerabilidad no sólo derivada de las condiciones esclavizantes de trabajo, sino también derivadas del estigma (en el caso del trabajo sexual), y la invisibilización y alegalidad de sus ocupaciones. En el caso de las trabajadoras sexuales inmigrantes, éstas están expuestas no sólo al estigma de ejercer el trabajo sexual, que es una actividad realizada en condiciones de alegalidad y menospreciada socialmente, sino también a los estigmas racistas y xenófobos (Juliano, 2005). A pesar de estas condiciones de trabajo, la mayoría de las mujeres permanecen en los mismos trabajos por varios motivos, tales como el miedo a la deportación o a las posibles represalias (UNFPA, 2006), o tan simplemente por la falta de alternativas laborales.
Por otro lado, las estrictas políticas migratorias colaboran a que haya un mayor número de mujeres en situación irregular, y por lo tanto expuestas a una mayor vulnerabilidad. La condición de “ilegal” y su consecuente relación con el mercado laboral tiene mucha importancia a la hora de ejercer los derechos de ciudadanía en los países desarrollados. Desde el momento en que la adquisición de los derechos de ciudadanía se basan en la relación formal con el mercado de trabajo, una gran cantidad de mujeres quedan al margen de la posibilidad de obtener tales derechos. Además, la precariedad de las condiciones laborales de las mujeres, puede condicionar el acceso a los sistemas de salud, educación y bienestar social. La situación de irregularidad administrativo-legal de muchas mujeres, hace también que éstas tengan recelo a dirigirse a un servicio público, por temor a ser deportadas y esta realidad impide, por ejemplo, que muchas mujeres denuncien episodios de violencia machista (UNFPA, 2006)- es decir, su condición de extranjeras suspende la correcta aplicación de las medidas de protección a las que deberían acceder en cuanto personas en situación de vulnerabilidad o víctimas que merecen protección.

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