Àmbit Prevenció 2011 Mujeres nigerianas víctimas de explotación sexual en la invisibilidadad: dificultades y propuestas Index



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Ser mujer en Nigeria

La práctica de los derechos humanos en Nigeria es aún una cuestión que está pendiente de resolver. El profesor de derecho, J. Nnamdi Aduba21, analiza el progreso alcanzado en estos 6 años de reciente democracia y expone los siete motivos que aún impiden un avance en la consecución de unas prácticas adecuadas basadas en estos derechos.



  • El primero sería el analfabetismo, ya que inhibe la libertad de expresión, asociación y asamblea.

  • El segundo, el bajo nivel de infraestructuras, no hay inversión en mantenimiento de carreteras, programas de abastecimiento de agua, extensión de red eléctrica en áreas rurales y urbanas.

  • El tercero sería el alto nivel de desempleo y las escasas o nulas políticas para fomentar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.

  • El cuarto es la falta de una judicatura independiente, arrastrando actitudes ya mantenidas durante el régimen militar anterior.

  • El quinto motivo está relacionado con impedimentos culturales. Es indudable que las mujeres y los niños y niñas, no tienen acceso igualitario a los derechos en su sociedad. Mujeres jóvenes son obligadas aún a casarse a edades muy tempranas, son expulsadas de sus hogares, sin dinero alguno. También la práctica de la mutilación genital femenina, especialmente en el sudeste del país, la negación del derecho a heredar los bienes paternos o del marido y la denuncia de muchas organizaciones no gubernamentales sobre el tráfico de mujeres para su explotación sexual.

  • El sexto se refiere a que la gran tarea de garantizar los derechos humanos, está en las manos de la policía nigeriana y el ejército, que continúan usando el uso de la fuerza y los abusos de poder de siempre, disparando a la más mínima provocación, o utilizando disparos para descongestionar el tráfico automovilístico.

  • Por último, el séptimo motivo es la pobreza en la que se encuentra la mayoría de la población, aunque Nigeria se encuentre entre en el sexto lugar de los países productores de petróleo. Sólo una minoría vive en la opulencia cuando el resto está luchando por la supervivencia.

Por tanto, hablar de derechos humanos en estas circunstancias tiene poco sentido y especialmente como se ha expuesto anteriormente, ser mujer o menor de edad te hace estar más expuesta a la vulneración de derechos. Desde la National Policy of Woman de Nigeria22 aprobada en el 2000, se afirma que la salud de las mujeres está reconocido como un derecho fundamental, aunque se les niegue a muchas de ellas. Este texto también destaca la necesidad de un esfuerzo deliberado por aplicar políticas y programas basados en consideraciones de género.

Son muchos los retos con que se enfrenta el Gobierno Federal de Nigeria, en la aplicación de estas políticas, ya que los problemas de salud de la población y en especial de las mujeres son muchos y muy graves. Entre los más relevantes problemas de salud que padecen las mujeres y en gran parte originados por las diferencias atribuidas a las desigualdades de género, ya que la sociedad patriarcal Nigeria, sigue considerando superior al hombre que a la mujer, se encuentran:



  • La mortalidad materna en Nigeria es una de las más altas del mundo, oscilan según diferentes fuentes23, entre 800 a 1000 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos (1999-2000), especialmente en las regiones del norte y zonas rurales y una esperanza de vida que ronda los 52 años Entre las principales causas se encuentran: las hemorragias, desproporción céfalo-pélvica u obstrucción en el parto, abortos en malas condiciones, hipertensión y septicemias. Aunque estos datos corresponden a los servicios sanitarios, sin embargo la mayoría de los partos tienen lugar fuera del sistema sanitario. Muchas mujeres no acuden o llegan tarde a los centros de salud, los factores socio-culturales tienen un gran papel y son los culpables en gran parte de estos retrasos. Algunos de ellos serían, los matrimonios a corta edad, la carencia de capacidad de toma de decisión, la baja consideración social, el alto nivel de alfabetismo femenino y las prácticas como la reclusión de las mujeres.

  • La morbilidad nutricional debida a una ingesta calórica inadecuada y la anemia nutricional (Encuesta demográfica de salud 2009). La prevalencia más alta correspondía a mujeres jóvenes (15-19 años) y las regiones del norte i sureste, las más afectadas.

  • La violencia contra las mujeres. Esta se manifiesta desde los malos tratos conyugales a la práctica muy generalizada de la mutilación genital femenina (MGF), pasando por prácticas degradantes hacia las viudas, formas también de violencia económica y matrimonios infantiles.

La MGF se practica ampliamente en Nigeria que, debido a su gran población, tiene el número más alto de casos en el mundo, sumando casi la cuarta parte de los 115 a 130 millones de mujeres circuncidadas del mundo (UNICEF 2001)24. Las razones que se dan para esta práctica incluyen desde preservar la virginidad, aumentar el placer sexual del hombre, reducir la libido femenina para prevenir la promiscuidad, aumentar la limpieza sexual femenina e incluso asegurar un parto fácil y seguro. Estas prácticas son llevadas a cabo por mujeres del entorno familiar, en tres momentos principalemente, cuando las niñas nacen, en la pubertad o en el momento del parto. La pràctica suele durar de 10 a 20 minutos y no se utiliza ningún tipo de anestesia.25 También se empezó a constatar en la década del 1990, el tráfico de mujeres jóvenes a países extranjeros, un alarmante aumento de mujeres que han sido repatriadas a Nigeria, después de contraer el VIH/SIDA.

  • Bajo o escaso nivel de planificación familiar. La información sobre los métodos anticonceptivos es variable según la zona, son más alto en el sur y en las zonas urbanas. Por otra parte es más entre los hombres que entre las mujeres. La utilización de algún método anticonceptivo moderno en la actualidad se situaba alrededor del 9% en 1999. Las razones de la baja utilización se encuentran en la escasa disponibilidad, las dificultades de acceso a los servicios y la baja calidad de éstos, las actitudes de los maridos, el temor de los efectos secundarios, el deseo de tener familias numerosas e hijos varones, principalmente (Okojie and Okojie, 1997)26.

  • Otros problemas de salud están relacionados con los cánceres de mama y los cervicales, que suponen una de las primeras causas de muerte en las mujeres nigerianas. Los embarazos en adolescentes (15-19 años) alcanzan también unos niveles alarmantes, estadísticas recientes situan las cifras alrededor del 30% de adolescentes que son ya madres o están en su primer embarazo.

2.1. Normativa sobre el fenómeno de la trata

De acuerdo con el Informe de la ONU sobre Principios y directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata de personas, los derechos humanos de las personas objeto de trata constituirán el centro de todos los trabajos para prevenir y combatir la trata de personas y para proteger dar asistencia y reparación a las víctimas. Los estados tienen la obligación, de acuerdo con el derecho internacional, de actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a los autores de dicho delito y a proteger a las víctimas de la trata. Las medidas contra la trata no pueden olvidar los derechos humanos y la Dignidad de las personas, en Particular los derechos de las víctimas de la trata, ni de los migrantes, las personas internamente desplazadas, los refugiados y aquellos que soliciten asilo.


El artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hace referencia a la asistencia y protección de las víctimas, pero deja al libre arbitrio de los estados partes las medidas que crean pertinentes, en el segundo punto de este artículo confía en que los estados partes establezcan procedimientos para obtener indemnización y restitución para las víctimas del delito, sin mencionar que estos/as tengan que ser también testigos.
En el artículo 24 del mismo protocolo nos habla de la protección de los testigos, así pues las víctimas que además participan en procesos penales, los familiares y personas cercanas a estas disfrutan de una protección privilegiada, pero este artículo no debería dejar sin efecto el artículo 24 que se refiere a todas las víctimas sean parte o no de proceso penal.
Pero por otro lado, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de niños y mujeres, dedica el título II a la protección de las Victimas de la trata de personas. El artículo 6 se refiere a la asistencia y a la protección a las víctimas de la trata de personas, aquí da unas pautas sobre que es lo que los Estados deberían ofrecer a las víctimas de la trata de personas en referencia a asistencia y protección , tiene en cuenta que es necesaria una asistencia jurídica sobre los procedimientos en que la víctima pueda verse implicada, pero lo que es más importante hace referencia a las medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, y reconoce que esta asistencia pueda prestarse por organizaciones no gubernamentales. Pero del mismo modo que la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, lo hace dejándolo al libre arbitrio de los Estados Parte.
El artículo 7 del mismo Protocolo hace referencia al régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el estado receptor, que considera que en algunos casos las víctimas puedan permanecer en el estado parte, el artículo que le sigue es mucho más extenso y habla de la repatriación, pero en la mayoría de los casos las víctimas no quieren volver a su país de origen pero la tónica habitual es la repatriación, contrariamente a lo que la ONU recomienda en sus Principios y Directrices recomendados sobre los Derechos Humanos y la trata de Personas.
En España, la influencia de los textos internacionales relativos al tema, asociada a la obligación de transponer algunas directivas europeas27 llevaron, como vimos, en la aprobación en España de un Plan Integral de la Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, a finales de 2008. En el caso español el Plan Nacional contra la TSH aprobado a finales de 2008, resulta tímido a la hora de prever medidas de identificación, protección, reparación y resarcimiento de las personas víctimas. Además de padecer del serio handicap de dirigirse apenas al combate contra una forma de trata entre muchas, la que tiene fines de explotación sexual, lo hace identificando erroneamente explotación sexual y prostitución, sin distinguir entre el ejercicio forzado y voluntario de la misma28, elemento que contamina de forma necesaria la labor de identificación de las víctimas. Por otro lado, no se ha logrado hasta la fecha (lo que podría cambiar con la futura aprobación del nuevo Reglamento de extranjería), que la identificación de una posible víctima suspenda la aplicación de la normativa de extranjería, como queda patente en las denúncias de algunas ONGs relativas a la expulsión de víctimas de trata a sus países de origen, donde podrán sufrir represalias o volver a manos de sus tratantes29.

De ese Plan de Acción, articulada con la posterior firma del Convenio de Varsovia, del Consejo de Europa (2005) nacen dos modificaciones legislativas a destacar - la del Código Penal, destinada a configurar la trata como hecho punible claramente diferenciado del tráfico, y la de la normativa de extranjería, destinada a incorporar medidas de protección a víctimas extranjeras en situación irregular.

Empezando por esta última, se incluye de un nuevo art. 59bis en la LOEX; entre las novedades establecidas se destacan la afirmación de que se tomarán las “medidas necesarias para la identificación de las víctimas”, de que “Identificada la posible víctima, se le informará y se iniciará un período de reflexión y restablecimiento, de por lo menos 30 días”, asociado a una autorización de estancia temporal, la suspensión de un eventual procedimiento sancionador (expulsión), la obligación de que las Administraciones competentes, velen por la subsistencia y protección de la persona así como una ambigua posibilidad bifurcada de que se proceda a un retorno asistido a país de origen o una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales (acompañada de "facilidades para su integración social") "cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal". Por otro lado, se destaca la previsión de colaboración con las ONGs que tengan por objeto la acogida y atención a las víctimas.
Los detalles de estas medidas están por desarrollar hasta que no se apruebe un nuevo Reglamento de Extranjería, lo que debió hacerse hasta mayo de 2010 pero que en la fecha en la que redactamos este Informe todavía no sucedió. En todo caso es necesario subrayar que los recursos de protección para las víctimas de trata de seres humanos se preven en un apartado que suspende la aplicación del régimen sancionador de extranjería (regulado naturalmente en el mismo texto), es decir, el régimen de protección diseñado se introduce como excepción a la aplicación de sanciones por estancia irregular, un paréntesis en la normalidad sancionadora.

Respecto a las modificaciones introducidas en el marco penal, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que se aprueba en Junio, y entró en vigor en diciembre de 2010 parte de la necesidad de corregir, por “inadecuado”, "El tratamiento penal unificado de los delitos de trata de seres humanos e inmigración clandestina que contenía el artículo 318 bis”.


En la redacción anterior a la reforma los delitos de trata y de tráfico aparecían mezclados en un mismo tipo legal y en el mismo artículo (318bis, en el título sobre los “delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”): el art. 318bis, se dirigía de una forma general contra los supuestos de inmigración clandestina/tráfico de personas, y se preveía, en el núm. 2, el «supuesto especial» de "tráfico de personas con fines de explotación sexual", el equivalente a la trata con fines de explotación sexual. De este modo, ni se punían formas de trata que no tuvieran por fines la explotación sexual, ni se reconocía la posibilidad de víctimas que no fueran extranjeras.

En la nueva redacción se introduce un nuevo art. (177bis) donde se tipifica el delito de trata y se "repasan" los arts. 313.1 y 318bis (donde anteriormente se incluían ambos tipos legales, de trata y trafico), limpiándolos de las referencias a la trata de personas. Se amplia el tipo de trata de seres humanos, antes reducida a la que tuviera por fines la explotación sexual y que incluye ahora, además de esa, la trata destinada a "la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad" y la que tiene por finalidad “la extracción de órganos” y se establece la exención penal de las víctimas de trata con respecto a las " infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida”, siempre que sean “consecuencia directa” de la misma, entre otros elementos.


Sin embargo, hay que recordar que en España, hasta la introducción del art. 59bis, la protección integral de las víctimas en situación de estancia irregular va directamente ligada con la denuncia del delito del que son víctimas. Es decir, se prevé jurídicamente la protección de testigos, no la de las víctimas que no testifiquen. De tal modo la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en casos criminales, en el artículo 1# nos dice que sólo protege a las personas que sean testigos que intervengan en procesos penales, y cuando las autoridades judiciales lo vean necesario. Así pues las víctimas de trata que no decidieran denunciar no se les ofrecía ninguna protección especial aunque identificadas como tal, y además debido a su situación administrativa irregular se podría expedir una orden de expulsión, la que sería parada si hicieran una denuncia y su testimonio fuera relevante para la investigación. Aún así, la modificación real de lo descrito exige no apenas la citada modificación en el marco jurídico sino que las prácticas de las autoridades competentes sean adecuadas a una correcta identificación e inmediata protección integral de las víctimas, recordemos, en la línea del mandato vinculante establecido por el Convenio de Varsovia. Aquí debemos destacar la obligación de adoptar “las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar que la asistencia a una víctima no quede subordinada a su voluntad de actuar como testigo” (enunciada en el art. 6) así como la obligación de expedir una autorización de residencia a las víctimas “cuando se den uno o ambos de los dos supuestos siguientes: a) la autoridad competente considera que su estancia es necesaria a causa de su situación personal; b) la autoridad competente considera que su estancia es necesaria a causa de su cooperación con las autoridades competentes para los fines de la investigación o de las acciones penales”.

2.2. Marcos jurídicos relacionados con la trata
Sin embargo, el corpus normativo que describimos, que pretende proteger a personas víctimas de trata, se entrecruza con otros bloques de normas, con finalidades distintas, que de algún modo neutralizan su potencial protector y reparador, y que por lo tanto deben necesariamente ser tenidos en cuenta a la hora de dibujar el marco jurídico aplicable a estas personas. Es el caso de la normativa de extranjería (que entre sus finalidades cuenta la “lucha” contra la inmigración irregular y el control de fronteras, y que establece importantes restricciones de derechos de las personas extranjeras en España y un marco sancionador que puede llevar a la expulsión del territorio, condicionando de forma determinante las vidas de estas mujeres) así como el campo de la “regulación” jurídica y fáctica del trabajo sexual, predominantemente por la vía de las Ordenanzas del civismo y de presencia policial, que además de negar al ejercicio de la prostitución la consideracion de trabajo establece un marco confuso y poco garantístico que da pie a incontables violencias y abusos de poder.
Los derechos de las personas extranjeras en España
Como punto de partida, recordemos que la condición de “no-nacionales” de estas mujeres las colocan naturalmente en una posición jurídica inferior, de restrición de derechos respecto a los nacionales; es decir hay un principio discriminatorio que opera en la asimilación entre ciudadania (en cuanto capacidad de agencia humana) y nacionalidad (vínculo con el Estado que nos reconoce como ciudadano/as), que es intrínseca a los Estados nacionales modernos y que jerarquiza nacional y extranjero.

De este modo, aunque la Constitución española de 1978 reconoce en su art. 13.130 un principio general de reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de las personas extranjeras31, la normativa de extranjería impone luego una panoplia de requisitos a su ejercicio así como una diferenciación de status en función de su situación administrativa, que opera de forma discriminatoria en función de la nacionalidad.

Con respecto a los derechos de los que pueden ser titulares las personas extranjeras la jurisprudencia constitucional en España ha dibujado una línea que va desde la vinculación íntima de algunos derechos con el principio de dignidad humana (fundamento del orden constitucional español según el 10.132), que impone su reconocimiento con independencia de la situación administrativa de la persona y apenas admite regulación por parte del legislador (donde encontramos los derechos civiles personalísimos y los bienes jurídicos tutelados por el orden penal, así como algunos otros, en la medida que el Tribunal Constitucional se vaya pronunciando sobre ello: el derecho a la vida, a la integridad física, a la tutela judicial efectiva, etc) hasta el extremo opuesto de los derechos reconocidos exclusivamente a los nacionales y relacionados con la titularidad por el pueblo español de la soberanía (como el de crear partidos o el sufragio, que en principio no pueden ser reconocidos a personas extranjeras, o al menos hasta que no adquieran la nacionalidad española). Por el medio, existe una larga zona de grises (donde se ubican de forma mayoritaria los derechos económicos, sociales o culturales, como por ejemplo el derecho al trabajo, a la vivienda o a prestaciones sociales), respecto a los cuales el legislador puede, con vistas a la finalidad “legítima” de control de fronteras y de los flujos migratorios, establecer requisitos adicionales a su goce por parte de personas extranjeras.

La normativa de extranjería33 establece los requisitos concretos que las personas extranjeras deberán cumplir para que puedan entrar en el territorio español (espacio Schengen) y acceder/mantener/modificar alguno de los distintos tipos de autorización de residencia y/o trabajo (con sus respectivos derechos).


La situación administrativa irregular
La situación de irregularidad administrativa puede darse porque la persona entra irregularmente en España o porque después de entrar de forma válida pierde el título que la habilita a permanecer (porque se caduca su visado o porque se le deniega una renovación, por ejemplo), en concreto entran irregularmente en España quienes llegan en cayuco a Canarias o a la cuesta andaluza, o cruzan a pie hasta Ceuta, porque la normativa europea que determina las condiciones de entrada al espacio Schengen dicta que deberían hacerlo por un puesto fronterizo habilitado y provistas del respectivo visado en su pasaporte34.

Aunque la situación de irregularidad administrativa sea un mero ilicito administrativo (como una infracción de tráfico, no constituye un delito!) puede llevar a la expulsión de la persona del territorio europeo y conllevar un periodo de detención en un Centro de Internamiento de Extranjeros de hasta 60 días35.


La expulsión es (según la jurisprudencia desarrollada por los tribunales a partir de 2007/08, que desautoriza la práctica administrativa y policial extendida hasta entonces de aplicar de forma automática la expulsión ante toda y cualquier persona en situación irregular) una sanción subsidiaria a la sanción de multa (solo puede aplicarse en el caso de que existan circunstancias agravantes a la mera estancia irregular, como la existencia de antecedentes delictivos).
Por otro lado, una repatriación no puede ejecutarse a no ser que el Estado a cuyo territorio se pretende llevar a la persona (el de origen o uno de tránsito) esté de acuerdo con ello (España es soberana hasta el límite de sus fronteras), exige la asignación de importantes medios materiales (no siempre disponibles, como aviones, autobuses, fuerzas de seguridad, etc)36.
La expulsión constituye una “sanción” con enorme impacto en la vida de quien la sufre, asociada a una medida cautelar de privación de libertad (internamiento en un CIE) cuya proporcionalidad y constitucionalidad resultan controvertidas37; aún así la competencia para su tramitación recae sobre los cuerpos policiales, quienes proceden de forma sistemática a la identificación y detención de personas sin papeles a efectos de tramitar el procedimiento sancionador; la detención puede durar un máximo de 72 horas, durante las cuales se podrá solicitar a un Juez el internamiento de la persona en un CIE a efectos de garantizar la ejecución de la eventual orden de expulsión que se dicte. En todo caso cumple recordar que la detención se reserva a las sospechas de comisión de delito, que de ningún modo es el caso en el supuesto de la mera estancia irregular, recordamos, un ilícito administrativo del mismo carácter que una multa de tráfico.
Un número importante de las órdenes de expulsión dictadas en España adolecen de irregularidades jurídicas (por vicíos en el procedimiento) o simplemente no pueden llevarse a cabo (porque el país de destino no accepta la repatriación, por ejemplo); en todo caso, la práctica abusiva de detenciones por carecer de documentos y la imposición de ordenes de expulsión (aunque ilegales o inejecutables) crean un clima de miedo y incertidumbre en las personas en situación irregular que coarta sus vidas (manieta gestos vitales esenciales como coger el tren o ir al cole a recoger sus hijos) y dificulta que estas puedan recurrir a la policia como agentes de protección (y a la vez facilitan la labor policial de zonificación de la prostitución, como veremos más adelante).
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