Àmbit Prevenció 2011 Mujeres nigerianas víctimas de explotación sexual en la invisibilidadad: dificultades y propuestas Index



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La regularización de la situación administrativa en el marco de extranjería
Ahora bien, la estancia irregular debe entenderse en articulación con las formas y mecanismos previstos para que las personas sin “papeles” puedan regularizar su situación en España. El marco migratorio español está diseñado para que las personas que deseen residir, trabajar o estudiar en España entren con el correspondiente visado (tramitado ante el consulado en el país de origen), por lo que los procedimientos que permiten acceder a la residencia encontrándose en España en situación irregular son escasos, y pueden reconducirse a las residencias por “circunstancias excepcionales” del marco general de extranjería. Al lado de estas debemos considerar los supuestos amparados por la figura de asilo, dentro del marco de la protección internacional.
Las residencias por “circunstancias excepcionales” aglutinan situaciones muy díspares entre si, que tienen en común la excepcionalidad de que la persona pueda solicitarlas encontrandose irregularmente en España. Al lado de trámites a los que la persona interesada no puede acceder directamente (como la residencia por colaboración con las autoridades,hasta hace muy poco la residencia “ofrecida” a las víctimas de trata, supeditada a una “colaboración efectiva” de contornos ambíguos, y que solo puede obtenerse si lo propone la policia o el órgano con quien se colabora), encontramos el bloque de residencias por razones humanitarias por una parte, y el bloque de los arraigos (con destaque para el arraigo social), por otra.
De forma un tanto grosera, podemos afirmar que las razones humanitarias están referidas a la protección de diferentes victimologias o de vulnerabilidad por razones de enfermedad38; los arraigos amparan personas que demuestren un tiempo de permanencia en España (dos o tres años) y acrediten vinculación (pasada o futura) con el mercado formal de trabajo39; todas exigen que la persona esté identificada, carezca de antecedentes penales en España o en su país de origen (más adelante vemos las enormes dificultades que tienen las personas nigerianas para obtener sus certificados de antecedentes penales) y presente la documentación acreditativa del supuesto que alega.
Por lo general, y a no ser que pueda acogerse a algún otro supuesto excepcional (todos con características muy particulares y dirigidos a situaciones marginales o difícilmente demostrables), las personas extranjeras sin papeles tienen que acumular tres años continuados de permanencia (debidamente empadronadas), luego conseguir un certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades competentes de su país de origen así como una oferta de trabajo de un año y “pruebas de integración” para poder optar a una residencia por arraigo social. De qué ingresos habrán sobrevivido esas personas durante los tres años que deben esperar para regularizar su situación administrativa es algo que aparentemente no preocupa al legislador español, pero en la práctica las personas inmigrantes (agentes autónomos y capaces, con independencia de que puedan ser víctimas de abusos) desarrollan estrategias de supervivencia muy diferenciadas, que incluyen la incorporación al trabajo en negro en condiciones laborales precarias (y desde la mirada del enfoque de género cumple apuntar que a grande número de mujeres se les aboca al trabajo doméstico o al ejercicio de la prostitución) y el recurso a redes de apoyo mutuo o a programas de asistencia desarrollados por ONGs en el estado de acogida.

La protección internacional mediante la figura de Asilo
Respecto al sistema de Asilo, la Convención de Ginebra de 1951, y en el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el estatuto de los refugiados constituyen la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados, recordamos normas internacionales derivadas del imperativo internacional de protección de los derechos humanos de las personas que no pueden obtener protección de los Estados del que son nacionales. En España el régimen de Asilo se desarrolló a partir de la Ley de 28 de marzo de 1984 y la amplía modificación que sufrió mediante la Ley de 19 de mayo de 1994. Recientemente esta regulación sufrió modificaciones mediante la nueva Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la protección subsidiaria, respondiendo a dos elementos diferenciados: en primer lugar, la necesidad de incorporar al ordenamiento español algunas normas comunitarias y, en segundo lugar, adecuar el sistema de asilo a las nuevas realidades sociales. Respecto a las novedades más destacadas y relevantes, la que más tiene que parar nuestra atención es la relativa al género, y es que por primera vez se reconoce de forma expresa las características de género y de orientación sexual como causas que pueden dar lugar el reconocimiento del estatuto de refugiado por pertenencia a un determinado grupo social. Hasta el momento, la única mención efectuada en el ordenamiento jurídico español sobre esta materia era la que figuraba en la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Pero, esta mención era ciertamente insuficiente en materia de asilo, en la medida en la efectuaba una remisión a la Convención de Ginebra y al Protocolo de Nueva York, ninguna de las cuales contemplaba el reconocimiento del estatuto de refugiado por motivos de género.
La nueva ley supone un salto cualitativo en este ámbito, al reconocer la posibilidad de otorgar el estatuto de refugiado a una persona por razón de su género o de su orientación sexual, siempre y cuando en su país de origen estas circunstancias sean determinantes para que la persona sea catalogada como miembro de un determinado grupo social perseguido en el citado país, por lo que la persona pueda tener temores fundados para sufrir persecución. La persecución por motivos de género es un concepto que per se no tiene un sentido legal. En este ámbito, se utiliza para referirse al conjunto de solicitudes en las que el género representa una variable de relevancia en la determinación de la condición de refugiado. Esta consideración no deriva sólo del reconocimiento explícito de la nueva ley sino que cuenta con el precedente del visto bueno por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas así como por el Comité Ejecutivo del programa de ACNUR. El género debe entenderse a la relación entre hombres y mujeres, basada en la identidad, las condiciones, las funciones y las responsabilidades según han sido construidas y definidas por la sociedad y cultura, y asignadas a uno u otro sexo, su consideración debe servir como primer paso para determinar la base social y cultural de la persona solicitante. Desde una perspectiva de la mujer, las solicitudes por motivos de género abarcan generalmente, actos de violencia sexual, violencia doméstica y familiar, planificación familiar forzada, mutilación genital femenina, castigo por transgredir los valores y costumbres morales, de los que se deriva el temor fundado de persecución.
No obstante, la mera discriminación en sí misma no supone persecución, según el Alto Comisionado, salvo que ésta tenga tal intensidad, o que tengan un carácter tan lesivo para la persona como una persecución, o que en el estado de origen no brinde protección a personas amenazadas por ciertos tipos de perjuicios o daños o si éste por política o práctica, no reconoce ciertos derechos ni protección contra abusos graves. Como la alegación del género no se base suficiente para adquirir la condición de refugiado, debe relacionarse con uno o más motivos. Como por ejemplo: (a) La "trata" de personas para la prostitución o explotación sexual forzosa como una forma de persecución y (b) el reclutamiento o captación forzosa mediante engaño de mujeres o menores para la prostitución o la explotación sexual es una forma de violencia o abuso por motivos de género que puede llevar incluso a la muerte. Puede ser considerada como una forma de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. También puede imponer serias restricciones a la libertad de circulación de una mujer, debido al secuestro, encarcelamiento o confiscación de pasaportes y otros documentos de identificación.
Ejercicio de la prostitución: entre el delito y la sanción administrativa
Desde un prisma radicalmente distinto, sin omitir las conexiones teóricas, prácticas y jurídicas entre los dos mundos presentes en la división internacional y sexual del trabajo propio del sistema económico mundial y en cuanto personas que ejercen la prostitución en la calle, estas mujeres están sujetas al bloque de regulación de la prostitución en España -o su aparente ausencia-. Por tanto, se hace necesario hacer algunas aclaraciones respecto a la regulación de la prostitución en el marco penal español y en el contexto de los textos y discursos relativos al espacio público, así como distinguir con claridad los supuestos de prostitución voluntaria y forzada.
La jurisprudencia entiende la prostitución como la entrega o intercambio sexual de una persona a otra, realizada de forma habitual e indiscriminada, a cambio de precio. Para mayor concreción resulta preciso que este tipo de actividad se realice con cierta frecuencia o reiteración, aunque no necesariamente permanencia o profesionalidad. A efectos de este concepto es indiferente que el ejercicio de la prostitución constituya el único medio de vida o pueda ser compartido o completo con otros de diferente naturaleza, así como tampoco es decisiva la naturaleza y entidad de los actos sexuales practicados ni el que quien se prostituya sea hombre o mujer. [Martínez, Ricardo Mata Martín y Noemí Serrano Argüello, "Regulación penal de la prostitución y Establecimientos autorizados para el Ejercicio de la misma". A prostitución y Derecho. Ed. Aranzadi. Navarra. 2001.] Fundamentalmente, los hechos punibles responden a comportamientos de determinación de la prostitución, en que el autor mediante violencia, intimidación o engaño, o bien abusa de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima precisamente para conseguir dirigir la prostitución en la víctima o mantenerla en esta actividad, artículo 188.1 del Código Penal de 1995. Lo relevante en estas conductas sobre mayores de edad es el ataque directo o indirecto a su libertad en relación con la práctica de conductas sexuales, sin que la conducta típica en realidad cumpla los requisitos, sino más bien que se pretenda establecer diferentes modalidades de desprecio al bien jurídico y de concretos medios de ejecución.
Por otra parte Rosario Sierra Cristóbal40, reflexionando sobre la confusión que se da desde un principio entre prostitución y explotación sexual, y también que no toda prostitución es resultado de una opción libre. Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 cuando adoptó la CEDAW41 condenaba la trata de mujeres para la explotación sexual y la explotación de la prostitución de las mujeres, en 1993 con la declaración sobre la violencia contra las mujeres, condena la prostitución forzada y la trata, distinguiendo así entre la prostitución libre y la prostitución forzada. En los textos adoptados por diferentes organizaciones internacionales se han pronunciado taxativamente respecto a la trata y la prostitución forzada, pero han dejado al libre arbitrio de cada Estado la regulación de la prostitución voluntaria. Y las fórmulas de algunos Estados han pasado del abolicionismo a la regulación.
Pero, como ya se vio en el Debate sobre prostitución que se celebró el congreso de los Diputados, en España la postura institucional relaciona la prostitución con la trata, y eso se reafirma en el Plan integral de 2008 (pág. 8): “Dentro del análisis de la trata en nuestro país es imposible eludir la conexión tan relevante de este fenómeno con la prostitución. Como se señalaba en el preámbulo, la trata de mujeres, Niñas y Niños EXISTE Porque EXISTE la prostitución.”.
Sin embargo, pese a este abolicionismo declarado, sí que existe una regulación de facto en algunos aspectos ya que se pretende por norma general la regulación de los espacios, y a fomentar el control social sobre las mismas mujeres. Se observa un aumento creciente en España de un movimiento de vuelta al reglamentarismo, de la mano de ordenanzas municipales, de leyes autonómicas y de presión policial. La zonificación de la prostitución y la actuación policial que persigue disuadir al colectivo de mujeres que ejercen prostitución de acercarse a determinadas zonas (más turísticas o emblemáticas de la ciudad), van consiguiendo un acorralamiento de muchas de estas mujeres, que sufren explotación y control, hacia sectores del sexo comercial más ocultos y con mayores restricciones de libertad para las mujeres: los clubes de alterne y el control de las mafias.

Las actuaciones municipales en virtud de sus ordenanzas, vulneran también su derecho a la seguridad jurídica. En otro sentido, la zonificación de la prostitución y la actuación policial que persigue disuadir al colectivo de trabajadoras sexuales de acercarse a determinadas zonas (más turísticas o emblemáticas de la ciudad), van consiguiendo un acorralamiento del sector del sexo hacia los clubes de alterne y las mafias.


La discrecionalidad de las actuaciones de algunos cuerpos policiales, junto con la especial situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra este colectivo, son una mezcla explosiva que da lugar a abusos y malos tratos, sin repercusión social, política o judicial. También debido a las sanciones administrativas que sufren en su día a día, y que incrementan la presión económica que ya sufrían muchas de estas mujeres, además de realizar controles de documentación -con las consecuentes detenciones y eventuales internamientos en un CIE cuando se está en situación irregular y posteriormente su expulsión del país-, atentando contra su derecho a la igualdad y a la libertad; o, simplemente, ejerciendo presión para la dispersión deja mucho que desear.

2.3. Trabajo en red
En este apartado se explican los movimientos estatales y gubernamentales en relación a la Trata de seres humanos en nuestro medio, aunque el tema esté más enfocado o centrado en la explotación con finalidad sexual que en el resto de situaciones (matrimonios forzados, explotación laboral. Se presentan por orden de aparición, se muestran las entidades participantes y sus finalidades, como se puede comprobar, la experiencia de trabajo en estos temas se remonta a cinco años.

Red Española contra la Trata de personas42, 2005-2006.

Es una red compuesta por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata de personas en España. La necesidad de una Red surge de la necesidad de poner en común los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas; analizar la situación y trabajar conjuntamente para mejorar la asistencia y la protección de las víctimas y de esta manera luchar contra la trata desde los distintos ámbitos de trabajo; aunar esfuerzos, coordinar actuaciones para incidir en la políticas nacionales.

Entre diciembre de 2005 y enero de 2006 se trabajó para la creación de una red de trabajo, que aunase esfuerzos, fomentase el intercambio y coordinase el trabajo de los actores estatales y no estatales implicados, promoviendo el conocimiento y asesoramiento sobre la materia. Varias organizaciones fueron las que comenzaron este trabajo preeliminar para la constitución y el funcionamiento de la Red Española contra la Trata de Personas, entre las cuales estaban Accem, Proyecto Esperanza, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Women´s Link Worldwide, CEAR, Cruz Roja Española, OIM y con la colaboración de la Delegación Española del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones unidas para los Refugiados). Actualmente, participan y colaboran más de 25 organizaciones no gubernamentales.

Xarxa Catalana sobre la trata de persones (XCT), 2008.

Está formada por diferentes entidades, organismos e instituciones que actúan a nivel local, autonómico, estatal y/o internacional43. Éste grupo tiene como principal objetivo, movilizar y construir redes territoriales de entidades e instituciones vinculadas directamente y/o transversalmente a la intervención con víctimas de la trata de personas en Cataluña. La Xarxa Catalana sobre la trata de persones (XCT), tiene como referencia la experiencia de la Red Española contra la trata de personas a nivel estatal y la experiencia del proyecto E.N.a.T (European Network against Trafficking) a nivel europeo, en el que diferentes entidades procedentes de 7 paises europeos, aportaron y compartieron buenas prácticas en esta materia 44


La Xarxa Catalana sobre la trata de persones (XCT) aborda el fenómeno basándose en la definición y los preceptos del protocolo de Palermo y del Convenio Europeo de Lucha contra la Trata de Personas. En ellos se establece que los estados velaran por recoger las medidas necesarias, no sólo para combatir el delito, sino también para prevenir, proteger, asistir y proveer de la posibilidad de reparación a las víctimas.

La complejidad del fenómeno de la trata de personas requiere necesariamente, una coordinación activa entre los agentes y actores implicados. Sin duda, se considera también la cooperación de la sociedad civil en todas las fases de la lucha contra la trata de personas. Entre sus objetivos se encuentran:




  1. Coordinar y promover la cooperación efectiva entre quienes participan del grupo de trabajo para garantizar y ofrecer un servicio de calidad en cuanto a la protección integral y atención de las víctimas.

Intercambiar información, experiencias de trabajo y metodologías así como detectar y validar las buenas prácticas.

Articular mecanismos para la derivación de las víctimas a los recursos especializados entre los agentes que integran el grupo de trabajo.

2- Promover mejoras en las estructuras políticas, sociales, económicas y legales, así como la adopción y evaluación de los instrumentos internacionales sobre la materia.

Promover la implicación de todas las estructuras y especialmente de la sociedad civil mediante campañas de sensibilización.

Contribuir en la elaboración de propuestas y estrategias de lucha contra la trata de personas y proceder a su evaluación.


  1. Promover la formación especializada de los agentes y actores involucrados para así facilitar la identificación y derivación adecuada de víctimas de trata por parte de agentes sociales, personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad.

  2. Promover estudios y trabajos de investigación específicos sobre la trata en España así como la creación de un observatorio sobre la trata de personas en Cataluña.



Protocolo Marco para una intervención coordinada en

materia de violencia machista45, 2009.
Se ponen las bases para la elaboración de un circuito de intervención en xarxa (red), centrada en la trata con finalidades de explotación sexual en Catalunya, en desarrollo de la Llei 5/2208 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, de la Generalitat de Catalunya.

A lo largo de la execución de este estudio se ha iniciando la puesta en marcha de los nuevos dispositivos y circuitos en el territorio catalán. Estas acciones están lideradas por el Institut Català de les Dones, con participación interdepartamental y de las organizaciones no-gobernamentales del territorio catalán. Se han definido unos estándares de servicio para las situaciones de “trata” con finalidad de explotación sexual así como un Circuito de Intervención en trata con finalidades de explotación sexual (2010)46. Cabe destacar, que, en la definición de estos estándares de servicio, no se han considerado como explotación sexual otros tipos de situaciones vinculadas al ejercicio voluntario de la prostitución.




3. Metodología
3.1. Método: Investigación cualitativa
El presente estudio está basado en la investigación cualitativa como manera de entender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus protagonistas: la manera de cómo experimentan el mundo; es decir, la realidad que importa es la que las personas perciben como importante, procurando comprender en el plano personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones de las personas. Se persigue superar el sesgo para la investigación que supone el desarrollo desigual de la sociedad. Aunque con este tipo de investigación los resultados a los que llegamos no deben generalizarse, si que nos proveen de respuestas prácticas. Se pretende a través de ésta investigación, emprender un proceso de diagnóstico de las situaciones específicas y proporcionar las propuestas sobre marcos de acciones para la mejora de la comprensión profunda de éstos problemas y desarrollar estrategias que mejoren la práctica.
Basamos nuestra elección en los siguientes motivos principalmente:

Los fenómenos estudiados, debidos a su complejidad, ocurren en contextos que son naturales, sujetos a las condiciones donde se desarrollan, más que reconstruidos o modificados por la persona que investiga, en las que los seres humanos se implican e interesan, evalúan, y experimentan directamente. El ambiente donde operan, más que un escenario o telón de fondo, son un producto directo y cambiante de la interacción social.



  1. La realidad humana, como objeto de conocimiento, supone un componente objetivo (contexto natural) y otro subjetivo (de los protagonistas). Estos dos componentes, lejos de ser dos componentes diferentes, se imbrican profundamente entre sí, de tal manera que no se pueden separar ni tan solo a efectos metodológicos. El ser humano concreto es una síntesis de la sociedad, esta sociedad (valores, normas, roles, tradiciones…) es internalizada por el ser humano e integrada en estructuras de razonamiento, roles, valores y normes.




  1. Los seres humanos somos constructores de mundos imaginarios y simbólicos, no sólo del actual, sino del posible o deseable. La realidad humana es lenguaje, en el sentido que se articula a través del diálogo. Esto implica reconocimiento y aceptación del otro, una comunicación horizontal, en igualdad de condiciones, hecho que no siempre se produce así. La realidad también supone una interpretación, que viene dada por las protagonistas de estos procesos sociales, de manera que para desentrañar esta realidad es necesario comprender en profundidad los grupos humanos desde sus miradas y vivencias.




  1. La vida humana es un proceso de transformación permanente que se construye a través de decisiones individuales y colectivas sobre las situaciones y se articula a través de un sistema compartido de significados.

En este sentido podemos decir que la metodología cualitativa que empleamos es inductiva, ya que la investigación se inicia con interrogantes vagamente formulados y con un diseño de investigación flexible o adaptable a los nuevos escenarios. Es una investigación holística, ya que estos escenarios y grupos no están reducidos a variables, sino que son considerados como un todo. Es también, una investigación naturalista, porque intenta reducir el impacto al mínimo o al menos entender y considerar los efectos que las investigadoras causan sobre las personas que son objeto de estudio.

Recogemos de los métodos cualitativos existentes el de la investigación-acción (Lewis 1944)47 porque se trata de promover que un colectivo social identifique los problemas sociales y también proponga o sea parte de las soluciones. En definitiva se trata de unir el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social, que respondan a los problemas sociales con una gama de estrategias que promueven la mejora del sistema social. También, Elliott (1993) la entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas, con el objetivo de ampliar la comprensión (diagnóstico) de los problemas que aparecen en la práctica y proporcionar acciones que vayan encaminadas a modificar la situación una vez que se alcance una comprensión más profunda de los problemas.

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