Mercurio contra Baco y Briján. Impuestos a la «industria del vicio» en Baja California Norte, 1920-1940



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Mercurio contra Baco y Briján. Impuestos a la «industria del vicio» en Baja California Norte, 1920-1940.
Paola Chenillo Alazraki

Facultad de Economía, UNAM / Universidad de Barcelona



La moral revolucionaria

En México, a raíz del estallido revolucionario, las bebidas alcohólicas, los juegos de azar y los espectáculos sangrientos –como las corridas de toros y las peleas de gallos– fueron blanco de feroces críticas, pues, de acuerdo con el sentir generalizado, entorpecían el progreso de la nación y ponían en riesgo la conservación de la especie. Todavía con las armas en la mano, algunos revolucionarios dictaron disposiciones para eliminar toda suerte de desenfrenos.1 Dicha preocupación no era una novedad como tampoco lo eran los términos en los que ésta se expresaba, pero en aquella peculiar coyuntura, la “regeneración social” dejó de ser un campo prácticamente reservado al mundo de los especialistas, para convertirse en una de las principales tareas del régimen.2 Sin duda, el cambio estuvo acompañado por una fuerte carga ideológica. En un esquema que, desde el punto de vista político, resultaba muy provechoso, la explotación económica y la decadencia moral se concibieron como los dos brazos del control ejercido por “el tirano Díaz y sus hombres”.3 En tales circunstancias, erradicar los vicios cobraba una importancia similar a la del fomento educativo, la reglamentación del trabajo o el reparto agrario.4

Más allá del terreno discursivo, el triunfo de la facción constitucionalista amplió el espectro de participación del Estado a esferas que tradicionalmente le eran ajenas. El llamado a un Congreso Constituyente abrió la posibilidad para que las medidas profilácticas impactaran en toda la República. Si bien, el proyecto que presentó Venustiano Carranza no contemplaba el tema, durante las sesiones en distintos momentos atrajo la atención de los legisladores que coincidían en la necesidad de eliminar las “costumbres licenciosas” y las “diversiones canallescas”, pero discrepaban en los mecanismos para hacerlo. Algunos legisladores, convencidos de que era el único modo de acabar de manera definitiva con la inmoralidad que reinaba en el país, plantearon en un par de ocasiones la conveniencia de prohibir expresamente en la Carta Magna el ejercicio de tales prácticas.5 Los ataques más severos estuvieron dirigidos en contra del alcohol, seguramente por la estrecha relación que se estableció entre su consumo y la degeneración de la raza.6 Pero también se cuestionaron los juegos de azar que acababan con la honra e, incluso, con la vida de las personas; las corridas de toros y las peleas de gallos que degradaban al individuo y contravenían la “más rudimentaria civilización”; y las casas de asignación en donde se menguaba la dignidad y la libertad de las mujeres.7

Durante los debates, independientemente de los aspectos formales, se puso en duda la conveniencia de “suprimir de un golpe” las actividades vinculadas a la industria del vicio. Por un lado, varios diputados advirtieron que tales providencias no solían tener los efectos esperados pues no bastaba con la promulgación de leyes para modificar las costumbres de los pueblos.8 Por otro lado, se arguyó que las medidas prohibicionistas serían un duro golpe para la economía.9 El debate hizo evidente la vigencia de una vieja disyuntiva: combatir con toda energía los vicios en aras de alcanzar la tan anhelada moralización o aprovechar los beneficios económicos que esta industria generaba para fomentar el progreso material de la patria.


Los afanes moralizadores en marcha

A lo largo las décadas que siguieron al movimiento revolucionario, la tensión entre los afanes moralizadores y el progreso material estuvo siempre presente y, en gran medida, nos ayuda a entender la errática trayectoria de las políticas gubernamentales en la materia. Se trataba, como lo planteaba la opinión pública de la época, de una lucha entre el industrioso dios Mercurio y los desenfadados Baco y Briján, siempre rodados de truhanes, borrachos y estafadores.10 Así, mientras la condena a los vicios y a las diversiones atávicas fue parte sustancial del discurso tanto de funcionarios y políticos, como de periodistas, organizaciones sociales y sindicales, las disposiciones dictadas para erradicarlos fueron tímidas y su influjo, limitado.

La lucha en contra del consumo de bebidas embriagantes se planteó a mediano y largo plazo como habían acordado los constituyentes en la ciudad de Querétaro. En ningún momento se tomaron acciones que afectaran al conjunto de las entidades –salvo aquellas de carácter fiscal–, pero se diseñaron campañas publicitarias nacionales.11 De manera similar, los espectáculos sangrientos se mantuvieron, en términos generales, en el terreno de la legalidad y su regulación quedó en manos de las autoridades locales. En algunos sitios, se prohibieron las peleas de box;12 en otros se expidieron disposiciones para reglamentar las contiendas.13 Lo mismo sucedió con la prostitución.14 En cambio, los juegos de azar quedaron proscritos en los códigos penales que estuvieron en vigor en la época.15 Si bien, estos cuerpos legales sólo tenían efectos en el Distrito y los Territorios Federales, marcaron la pauta a nivel nacional.16

Desde la Presidencia, se hicieron algunos esfuerzos por centralizar la lucha en contra de los juegos de azar. Tan pronto asumió el cargo, Álvaro Obregón integró una comisión con el propósito de elaborar un proyecto de ley federal para prohibir semejante vicio que –declaró– “entrañaba dos serios peligros para la sociedad mexicana: […] contribuía a la corrupción de altos empleados del Gobierno y […] amenazaba de ruina a las familias”.17 En una de las sesiones, el Primer Mandatario declaró que si los ciudadanos jugaran tan sólo veinte minutos y se limitaran a perder veinte pesos, dicha actividad podría considerarse como una “diversión ingenua”. El problema era que la “pasión que despierta” puede arruinar a las familias, avivar el deseo de embriaguez, fomentar la prostitución y, en última instancia, alterar la paz pública “con detrimento de la moral y del prestigio de la Nación mexicana”.18

Uno de los argumentos centrales de Obregón para promover la reforma constitucional fue la complicidad de los funcionarios locales, quienes estaban involucrados “en la mayor parte de los casos de juego en la República” e ignoraban las observaciones de la Federación “invocando la soberanía de las entidades federativas”. El presidente aseguró que no se trataba de una violación de dicho principio porque éste, bajo ninguna circunstancia, podía ser absoluto. En el caso de los juegos de azar, si bien se trataba de un asunto que no era propiamente federal, interesaba a toda la República.19 En aquellos días, Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, hizo declaraciones que iban en la misma línea. Criticó a las autoridades locales que otorgaban concesiones con el pretexto de los ingresos que generaban para el erario público, ya que –aseguró– estaban sacrificando los intereses colectivos y los “sanos principios de la moral pública”. En particular, hizo referencia a las autoridades de Chihuahua y Tamaulipas que, “ante la promesa de los concesionarios de pagar dos millones de pesos anualmente”, habían otorgado licencias para el establecimiento de “desplumaderos con el título de salones de juego”. Se lamentaba de que en ciudades como El Paso y Laredo, que “sólo [estaban] separadas de nuestro país por el río Bravo”, habían alcanzado el progreso sin cantinas ni casinos, debido a que las autoridades se preocupaban por el “mejoramiento material y moral del pueblo” esforzándose por construir escuelas y fábricas.20

Como resultado, la Comisión elaboró un proyecto de ley que fue turnado a la Cámara de Diputados en los primeros días de marzo. Entre otras cuestiones, la iniciativa buscaba reformar el artículo 73 constitucional con el objeto de darle facultades al Congreso para “legislar sobre juegos de azar”, esto es, determinar cuáles constituían un delito y fijar penas válidas en toda la República. A su vez, correspondería a los tribunales federales juzgar tales faltas y el Presidente tendría potestades para “para prevenir y perseguir, en la esfera administrativa, los delitos y faltas expresados”.21

Por razones no del todo claras, los legisladores no dieron seguimiento a la propuesta. Finalmente, en noviembre de 1926, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación desecharon la iniciativa que Obregón había presentado años atrás.22 En el dictamen, que fue aprobado por el pleno del Congreso, argumentaron que atentaba contra la soberanía de los estados: no se podía medir con el mismo rasero a todo el país, sin tomar en cuenta cuestiones étnicas, costumbres y condiciones económicas en particular. Alegaron, además, que si se federalizaba la lucha en contra de los juegos de azar, habría que hacer lo mismo con el abuso del alcohol y las drogas enervantes que no sólo “[relajaban] las relaciones familiares”, sino que provocaban “degeneraciones fisiológicas” para los viciosos y sus descendientes y, con ello, “un problema racial que apoca nuestras fuerzas energéticas nacionales”.23

Hasta donde he podido rastrear en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, a partir de entonces, no se volvió a presentar otra iniciativa de reforma. En 1930 y en 1936 se promulgaron nuevos reglamentos, pero ambas disposiciones seguían limitándose al Distrito y los Territorios Federales. Así, el asunto de los juegos de azar se mantuvo en manos de las autoridades locales hasta 1947, cuando emitió una nueva ley en la materia que, de hecho, es la que sigue vigente.24

Ante el fracaso, optaron por hacer llamados y recomendaciones a las autoridades locales para que cooperaran con la magna obra de redención. En enero de 1921, por ejemplo, Álvaro Obregón exhortó al gobernador de Nayarit para que redoblara esfuerzos en contra de los juegos de azar, pues había recibido numerosas quejas de que los presidentes municipales de la entidad los estaban tolerando. Hizo énfasis en la obligación de todos los funcionarios, en especial de los de elección popular, de “velar por la tranquilidad, la moral y el orden público”.25 Por las mismas fechas, llamó la atención de las autoridades de los estados fronterizos.26 A nivel nacional, los esfuerzos moralizadores tuvieron efectos limitados y como prueba basta señalar la insistencia de las medidas. Pero los resultados variaron de manera considerable de región en región.27
Profilaxis en la frontera

En aras de mantener una buena relación con Estados Unidos, el gobierno mexicano buscó con especial ahínco la moralización de la frontera norte. Desde las últimas décadas del siglo xix, en el país vecino habían cobrado fuerza grupos temperantes que pugnaban por legislar contra la elaboración y venta de bebidas alcohólicas, como el Partido Prohibicionista y la Unión Cristiana Femenina que, hacia 1890, conformaron la Liga Anti-Cantinas. En un principio, los éxitos fueron de carácter local, pero, en octubre de 1919, lograron la aprobación de la famosa Ley Volstead que hizo extensiva la prohibición a toda la Unión Americana y que entró en vigor a mediados de enero del siguiente año.28

Ante la presión, tanto del gobierno como de los grupos de interés de Estados Unidos, las autoridades mexicanas intentaron controlar el tráfico ilegal de alcohol a través de la frontera y de mantener estas actividades en el cauce del orden y, por su carácter ilegal, se emprendió una campaña particularmente enérgica en contra de los juegos de azar. En teoría, la labor en Baja California tendría que haber sido más sencilla que en el resto de las entidades fronterizas, pues, dada su calidad de distrito, el presidente contaba con amplias facultades para injerir en las cuestiones internas y las leyes dictadas para el Distrito y los Territorios Federales operaban ahí.29 Sin embargo, la empresa resultó en extremo complicada porque la industria del vicio estaba profundamente arraigada en la península.

Durante la época colonial y gran parte del siglo xix, Baja California se mantuvo alejada del centro de poder político y los principales polos de desarrollo económico. La traza de la frontera al término de la guerra con los Estados Unidos no modificó de manera inmediata la situación. En los últimos años de aquella centuria se registraron algunos acontecimientos al otro lado de la línea divisoria que impulsaron el crecimiento de ciertas poblaciones fronterizas. Sin duda, el caso más emblemático fue el de Tijuana, fundada en 1889 como resultado del auge que vivió la ciudad de San Diego, California, cuando se terminó de construir el ferrocarril transcontinental.30 Mexicali, en cambio, surgió cerca de una década más tarde a raíz del desarrollo agrícola del Valle Imperial.31

Muy pronto ambas poblaciones atrajeron a visitantes norteamericanos cautivados por las corridas de toros, las peleas de gallos y las carreras de caballos.32 Algunos sectores de la opinión pública de uno y otro lado de la frontera apuntaron con preocupación el contraste entre los asentamientos estadounidenses y los mexicanos: los primeros tenían teléfono, energía eléctrica, bancos y escuelas; en los segundos, las calles no estaban pavimentadas, las autoridades no tenían un edificio para ejercer sus función y, a falta de una cárcel, los transgresores de la ley eran atados de pies y manos a un gran mezquite.33 Sin embargo, desde el punto de vista económico resultó muy provechoso. En diciembre de 1907, Porfirio Díaz promulgó un reglamento que legalizaba en el Distrito Norte de la Baja California las apuestas para determinados juegos, como conquián, ecarté, malilla, póker común, tute y tresillo, siempre y cuando se verificaran en casinos, clubs o sociedades de recreo. Y si bien, prohibía los juegos en las plazas públicas, las calles y en los burdeles, se dejaba abierta la posibilidad para el establecimiento de barracas provisionales. En éstas también podían organizarse peleas de gallos.34 Diversos empresarios obtuvieron permisos para abrir casinos y organizar tanto carreras de caballos como corridas de toros. Finalmente, por presiones de la embajada americana, se prohibieron tales actividades a dos millas de la línea fronteriza.35 Esta disposición se mantuvo vigente hasta 1936.

Por otro lado, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones a raíz del estallido revolucionario, los afanes moralizadores llegaron con cierto retraso a Baja California. La península se mantuvo prácticamente al margen del movimiento, salvo por un breve episodio protagonizado por un contingente de hombres vinculados al Partido Liberal Mexicano que irrumpieron en el Distrito en enero de 1911 con el objeto de derrocar el régimen de Porfirio Díaz. Pocos meses más tarde, el gobierno federal recuperó el control. Durante ese lapso, ante la falta de recursos, aprovecharon los ingresos generados por las cantinas y las casas de juego.36 Tras el fracaso de este esfuerzo libertario, diversos jefes políticos de prácticamente de todos los bandos en contienda se hicieron cargo del Distrito, hasta que en diciembre de 1914 Esteban Cantú logró afianzarse en el puesto hasta mediados de 1920. A pesar de su actitud vacilante durante la etapa de la lucha de facciones, en 1917 fue ratificado por Venustiano Carranza. La distancia le permitió actuar con bastante autonomía.37

Cuando Cantú se hizo cargo de la administración, las finanzas públicas se encontraban en bancarrota.38 Para salir de la crisis, aumentó la carga de impuestos a los negocios que consideraba exitosos, como los expendios de bebidas alcohólicas, los centros de elaboración y consumo de drogas y las empresas agrícolas algodoneras. En el primer caso, los gravámenes se justificaron, según palabras del gobernador, “por razones de moralidad y salubridad” y, cuando en 1915 legalizó el tráfico de opio, puntualizó que los lugares de refinamiento empezaban a multiplicarse, que era imposible erradicar el uso del narcótico en ‘la raza amarilla’ y controlar el trajín en los laboratorios ni la amplia circulación de la droga, puesto que carecía de elementos policíacos y de fondos para crear un cuerpo de control eficaz.39

Durante estos años, se establecieron algunos de los centros de atracción de darían vida a la región hasta mediados de la década de los treinta, como el Hipódromo de Tijuana, el Casino Montecarlo y la cantina El Tecolote.40 De esta manera, se consolidó el grupo de empresarios estadounidenses que mantendrían el control de la industria del vicio en las ciudades fronterizas hasta mediados de los años treinta y que irían estrechando lazos con la élite política a nivel regional e incluso nacional, en el que figuraban personajes como Carl Withington, Marvin L. Allen, Frank B. Beyer (o Byers) y James W. Coffroth.41

El triunfo de la rebelión de Agua Prieta, en abril de 1920, modificó el rumbo del distrito. Mientras los gobernadores de casi todas las entidades secundaron a los insurrectos, Esteban Cantú se pronunció a favor de Venustiano Carranza, por lo que, en cuanto los sonorenses tuvieron el control de la República, destituyeron al gobernador. En esta coyuntura, la campaña moralizadora se convirtió en una eficaz herramienta de legitimación política. Los triunfadores intentaron demostrar ante la opinión pública nacional e internacional que el nuevo gobierno combatiría con arrebato los vicios en todo el territorio y sanearía finalmente la zona fronteriza.

Así, a la “época dorada” de la administración de Esteban Cantú, en la que abiertamente se toleraba la industria del vicio y se hacía gala de los beneficio económicos reportados, siguió un periodo de cerca de tres años durante el cual el gobierno federal atacó con vehemencia las actividades referidas –en especial, los juegos de azar– y contó, al menos en el discurso, con el apoyo explícito de los funcionarios.42 Pero ello no fue suficiente para poner fin a la floreciente industria.

La situación se modificó hacia finales de 1923, a raíz del estallido de la rebelión delahuertista. Hay evidencias de que Abelardo L. Rodríguez, designado como gobernador del Distrito en octubre, proporcionó a favor del presidente Álvaro Obregón cerca de setenta y cinco mil dólares que provenían justamente de la industria del vicio. Pasado el peligro, el primer mandatario intentó cerrar los centros de juego, pero el gobernador le recordó que los empresarios habían pagado impuestos por adelantado. A partir de ese momento, los esfuerzos profilácticos disminuyeron de manera considerable.43

Abelardo L. Rodríguez fue ratificado por el nuevo presidente y, a diferencia de sus predecesores, además de permanecer varios años en el cargo, pudo actuar con bastante más libertad.44 Plutarco Elías Calles y los presidentes del Maximato mantuvieron la beligerancia del discurso, pero disminuyeron las acciones concretas. Durante estos años, siguieron funcionando los viejos centros de juego, a los que 1928 se sumó el “legendario” Casino de Agua Caliente.45 También se autorizó la instalación de máquinas sorteadoras. Así, entre 1924 y 1929, el Distrito Norte de la Baja California experimentó una nueva “época de oro”. En julio de 1928, de acuerdo con el reporte del encargado de la oficina migratoria en Tijuana, “la corriente de turismo [era] enorme”: algunos días cruzaban la frontera “más de ocho mil carros e incalculable cantidad de personas”.46

A la salida de Abelardo L. Rodríguez, asumió el cargo su cercano colaborador, José María Tapia y a éste siguieron varios gobernadores que, en términos generales, dieron continuidad a la política seguida durante los últimos años.47 En 1931, Carlos Trejo Lerdo de Tejada publicó un libro en el que además de reconocer que las principales ciudades de Baja California vivían aún del juego, señaló que si éste se prohibía de golpe “automáticamente se produciría la bancarrota gubernativa más completa y la muerte del Territorio”.48 El gobierno federal, por su parte, siguió haciendo gala de los esfuerzos. Durante el informe que presentó ante el Congreso de la Unión en septiembre de 1932, justo antes de abandonar la presidencia, Pascual Ortiz Rubio anunció que dada “la afluencia de denuncias recibidas”, había girado “instrucciones precisas y terminantes” a los gobernadores “para que se sirvieran proceder con energía clausurando las casas de juegos prohibidos por la Ley”.49

¿Cómo explicar el fracaso de los esfuerzos moralizadores? ¿Y la distancia entre el discurso y la realidad? De manera un tanto esquemática, se suele plantear una dicotomía entre los esfuerzos del gobierno federal –en especial de Álvaro Obregón– por combatir los juegos de azar y la actitud de los funcionarios locales. Esta interpretación es, en parte, resultado de las fuentes. Como se advirtió en las líneas anteriores, en la época, las autoridades centrales insistían en su disposición para atacar el vicio y la falta de cooperación de los empleados tanto estatales como municipales.50 Retomando dicha visión, la historiografía ha apuntado a la corrupción de los funcionarios como el principal factor de pervivencia de los juegos de azar en el México posrevolucionario. Si bien, se trataba de un fenómeno ampliamente difundido a nivel nacional, en Baja California resulta particularmente escandalosa porque, entre otros, estuvo involucrado el gobernador Abelardo L. Rodríguez quien, años después de dejar el cargo, ocupó la presidencia de la nación.

En julio de 1922, por ejemplo, fue consignado un agente del Ministerio Público “por dedicarse a la explotación de juegos prohibidos por la ley”.51 Al año siguiente, Gobernación encargó al Departamento Confidencial una investigación sobre el Secretario de Gobierno del Distrito, José Félix Enciso, de quien se sospechaba recibía dinero de algunos propietarios de casas de juego. El reporte confirmó los temores. De acuerdo con los informantes, “en los cortes de Caja de un casino chino figuraba “una partida de 300 dólares mensuales como obsequio” para el mencionado funcionario; lo mismos sucedía en el Club Meridional de Mexicali y en el famoso Sun Set Inn.52 Hay, sin embargo, un caso que resulta emblemático. En marzo de 1924, Álvaro Obregón comisionó a Juan R. Platt, a la sazón tesorero de Ferrocarriles Nacionales, para que se encargara de cerrar los casinos en Mexicali y Tijuana.53 Menos de cuatro años después, este funcionario aparecía como representante de Wirt G. Bowman en el contrato que éste celebró con la Secretaría de Gobernación para el establecimiento de “un Club de Recreación y Deportes en la Ciudad de Zaragoza de Tijuana”.54 Pero también hay indicios de que funcionarios de primera línea, como Francisco R. Serrano, Secretario de Guerra durante el gobierno de Obregón, y el propio presidente Abelardo L. Rodríguez que, para finales de la década de 1920, era socio del Casino de Agua Caliente, se beneficiaron del negocio.55

A pesar de que la corrupción representaba un importante incentivo, no basta para explicar la difusión del fenómeno. Para ello, vale detenerse en otros dos aspectos. En primer lugar, la imposibilidad material e institucional de llevar a cabo la campaña profiláctica. Como se mencionó, el reglamento de juegos de 1907 dejaba abierta la puerta para la instalación de casas en las que podían practicarse determinados juegos.56 Y, aunque así se estableció en los contratos, en la práctica, resultaba muy complicado controlar el cumplimiento de semejante cláusula.57

Aún más difícil era evitar que se practicaran en otros establecimientos como cantinas y casi imposible cuando se efectuaban en sitios clandestinos o en espacios públicos.58 En junio de 1923, por ejemplo, el inspector asignado al Club Agua Caliente informó que, muy cerca de dicho establecimiento, se llevó a cabo una barbacoa en honor de la policía americana. Alrededor de las 12:30, algunos de los asistentes empezaron un juego de dados prohibido por la ley, conocido como craps. Un representante del club solicitó personalmente al delegado municipal, quien se encontraba presente, que se suspendiera la partida. Si bien, en ese momento obedecieron las indicaciones, prácticamente de inmediato la reanudaron, por lo que los encargados del establecimiento, le pidieron que interviniera. Y así lo hizo, ocasionando un pleito con el referido funcionario, quien argumentó que el inspector no estaba autorizado para intervenir fuera del establecimiento y que lo único que buscaba era obligarlos a jugar en éste para sacarles dinero. Lo amenazó con meterlo a la cárcel, por lo que abandonó el lugar. Más tarde, los comensales se fueron a una cantina a jugar póker.59

Este episodio revela otro de las dificultades enfrentadas. En el reglamento de 1907 quedó establecido que, en caso de que se verificaran apuestas en las casas de juego autorizadas, la jefatura política nombraría un interventor encargado de garantizar el “correcto cumplimiento” de las disposiciones. Si bien, el salario de estos empleados sería pagado directamente por el gobierno, los establecimientos cubrirían una cuota para “contribuir a la vigilancia.60 En la práctica, también cubrían los sueldos de los policías encargados de garantizar el orden al interior de los casinos.61 Muy pronto, algunas autoridades advirtieron los riesgos que semejante práctica implicaba, porque los funcionarios mostraban mayor fidelidad a los propietarios de los negocios que al gobierno al cual supuestamente representaban.

Pero aún más importante, para explicar la persistencia de la industria del juego hay que analizar la dependencia real de los ingresos generados por ésta. Éste tampoco se trataba de un problema exclusivo de Baja California Norte, pero dada la ausencia de otras actividades productivas, el fenómeno se hacía aún más delicado y difícil de solucionar.62 El asunto, sin duda, llamaba la atención –y preocupaba– a los contemporáneos. En la mayoría de sus informes, los gobernadores del Distrito enfatizaban que, ante la falta de otros recursos, se veían obligados a recurrir a las contribuciones dadas por los dueños de los casinos referencia a la carencia de fondos. Cuando a finales de 1920, Luis Mauricio Salazar dejó el cargo tras su breve gestión, reconoció de modo implícito la pertenencia de la política fiscal de Esteban Cantú, al advertir al presidente de la República que sin las contribuciones de los casinos pronto aumentaría el desequilibrio entre ingresos y egresos.63

Los siguientes gobernadores enfrentarían una situación muy similar, por lo que acabarían autorizando “temporalmente” la explotación de juego, como lo muestra la extensa carta que envió Epigmenio Ibarra a Plutarco Elías Calles, Secretario de Gobernación, en agosto de 1921 para justificar el permiso otorgado para el establecimiento una feria “tan sólo por veinte días”. Ibarra sugirió que Tijuana desaparecería el día en que se acabara por completo con la “tolerancia”, si no se procuraba antes “transformarla dándole medios para que pueda vivir con independencia” y ése –aseguró– había sido su propósito desde su llegada”. En un principio, a pesar de encontrarse “maniatado por la falta de dinero”, rehusó todas las propuestas que le hicieron de recibir dinero por tolerar el juego, pero “después, viendo como los empleados sufrían por la falta de pago oportuno, cómo los habitantes carecían de agua que beber y con que bañarse, cómo habiendo buenas tierras no se cultivaba un palmo de terreno”, decidió, “con honda pena”, otorgar la concesión. Se proponía

obtener el dinero absolutamente indispensable para dar agua a la población y para construirle un edificio público; auxiliar al ayuntamiento en la compostura de las calles y en sus iniciativas y propósitos; atender a la instrucción de la mejor manera posible y, en una palabra, dar vida propia los pueblos aunque sea en pequeña escala […] Con vida propia, la población podría deshacerse sin grave peligro de las garras del vicio y así pienso extirparlo paulatinamente”.64

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