Ministro ministerio de cultura, juventud y deportes



Descargar 26.49 Kb.
Fecha de conversión10.04.2018
Tamaño26.49 Kb.


DIVISIÓN DE ASESORÍA Y GESTIÓN JURÍDICA
Al contestar refiérase

al oficio Nº 9 5 3 7

16 de agosto, 2004


DAGJ-2026-2004

Señor


Guido Sáenz González

Ministro

MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES


Estimado señor Ministro:



Asunto: Se autoriza al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para que contrate directamente la realización de varias obras de reparación y otros en “Edificios Academias” por ¢40.000.000,00.

Damos respuesta a su oficio DM 856-2004, del 6 de agosto pasado, recibido ante en este órgano contralor el 10 del mes indicado; manifiesta, para efectos de autorización de contratación directa, lo siguiente:




I. Antecedentes




  1. El edificio de Las Academias forma parte del Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica; en ese sentido, el Centro de Patrimonio realiza proyectos de restauración orientados a la conservación, protección y preservación del patrimonio dicho en cumplimiento de la Ley número 7555.

  2. Mediante Decreto Ejecutivo número 29582-C, del 24 de mayo del 2001, se incorporó al patrimonio histórico del país el edificio conocido como antiguo banco Anglo —que en adelante se llamará Edificios Academias—, inscrito a folio real 84.453-B-000, ubicado en distrito Catedral sita sobre avenida Central, calles 1ª y 3ª. Además, por Decreto Ejecutivo 30099-C, del 1º de noviembre del 2001, se establece la responsabilidad del Ministerio gestionante sobre la administración y mantenimiento del bien señalado.

  3. Por convenio multilateral con la Asociación de Academias de la Lengua Española, se indica que la sede de la Academia Costarricense de la Lengua estará en el primer piso del edificio de marras. Empero, tal infraestructura requiere ser intervenida para detener filtraciones de agua que han dañado áreas previamente restauradas en paredes, pisos y cielos, bajantes de lluvia sin salida a la tubería principal, cloacas llenas de sedimentos, incluyendo latas, botellas, pasta de cemento y material de fragua de trabajos anteriores; tuberías mal instaladas u oxidadas, cajas de registro sin identificar, tubos de alcarraza quebrados, piso mal instalado, desprendimiento del barniz de marcos, puertas y ventanas, sistema eléctrico funcionando a un 10%, sistema de voz y datos fuera de operación, y falta de planos mecánicos, levantamiento de planos de lo existente ajustados a la realidad, etc.; estas obras se estiman en ¢40.000.000,00 y representan la primera etapa de un proyecto que pretende restablecer la importancia de mencionado monumento arquitectónico.

  4. Como estudios premilitares se contó con el apoyo de la Municipalidad de San José, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estas instituciones terminaron hasta junio pasado el diagnóstico de la situación técnica del inmueble, para así poder proponer el pliego cartelario sobre bases seguras, considerando que la Academia Costarricense de la Lengua y otros organismos a los que se le dará espacio, como al Instituto de Cultura Hispánica, la Academia de Ciencias Genealógicas y la Academia de la Historia y Geografía, para mencionar algunas, requieren colocar tres bibliotecas de 30.000, 10.000 y 4.500 volúmenes de libros de diferentes niveles, demoler ciertas paredes y estructura adicionada en años atrás para darle forma al espacio solicitado.

  5. Por otro lado, por decisión del Despacho, se requiere que, al menos, una sección del edificio, entre ejes A-H- 0 y 1, sea habilitada para atender la actividad de la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos, a celebrase en noviembre próximo.

  6. Adicionalmente, técnicamente se estima que la no realización de los trabajos significaría el menoscabo en las condiciones de seguridad y pérdida de tiempo de vida útil del inmueble; esto daría con inversiones más complejas y costosas para la administración pública.

  7. Por esto, solicita autorización para pactar de modo directo las obras indicadas. Para esto, se promovería un concurso invitando al menos a tres potenciales oferentes seleccionados de registro de proveedores. Los recursos se encuentran asignados en la subpartida 530-Rehabilitación y Reacondicionamiento de Edificios Históricos del Programa 751-Centro e Patrimonio Cultural, del Ministerio.

  8. La gestión se complementa con una visita realizada al inmueble en mención, el viernes 13 de agosto pasado en horas de la mañana.


II. Criterio para resolver


Este órgano contralor está llamado a autorizar a la administración pública para que contrate de manera directa, mediante resolución motivada, en aquellos supuestos no previstos de modo positivo (en norma de rango legal), siempre y cuando, existan razones suficientes para considerar que, con la venia, se presenta la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o, por otro lado, de evitar daños o lesiones al interés público.


El precepto legal redactado en el artículo 2, inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa —en correlación con el 83 del reglamento general de dicha ley—debe ligarse con la aplicación oportuna de los principios de eficiencia y eficacia; ergo, con una actuación administrativa encaminada a la concreción del objetivo constitucional o legal que le ha sido encomendado. Lo anterior, se traduce en la tramitología de procedimientos, siempre sujetos a la legalidad, de modo expedito, oportuno, conveniente y razonable, siendo que, una conducta diferente, constituye ser una falta seria en contra de una correcta gestión pública, sea, aquella cuya razón de ser se ubica en el trabajo en pro de los derroteros institucionales que buscan satisfacer el interés público.

Ahora, aunque la regla en materia de contratación administrativa es aplicar la licitación pública cuando se piensa en adquirir bienes y/o servicios, teniendo en cuenta que el numeral constitucional (182) no hace distinciones entre qué tipos de objetos son los ordenados a adquirir por el mecanismo indicado, aún así, es claro que los mismos Constituyentes de 1949 no iban a sujetar a la administración pública al procedimiento regla, en relación con aquellas posibles compras que, por uno u otro motivo de interés público (constitucional o legal), naturaleza del bien, montos, entre otros, no conviene someterlo a las normas propias del tipo de licitación comentada.

En ese sentido, es permitido, aunque se motive como una excepción no aplicar el procedimiento ordinario de adquisición (licitación pública), la utilización de otro tipo de procedimientos, ergo, licitación por registro, restringida o la misma contratación directa; trámites que responden precisamente a ese carácter de procesos excepcionales posibles de justificar desde la misma letra y espíritu de las compras estatales recogido en el artículo 182 de la Constitución Política (como respaldo de lo anterior, ver, entre otros, voto 6754-98, de las 15:36 horas del 22 de setiembre de 1998, de la Sala Constitucional).

La facultad dada al órgano contralor, en las normas enunciadas, de autorizar contrataciones directas en todos los posibles supuestos no recogidos en el resto de los incisos del artículo 2 de la Ley de la materia, responde a esa necesaria ubicación del caso concreto en “una norma de carácter legal”. Por otro lado, para que se pueda excepcionar de la aplicación de la regla de procedimiento ordinario, el principio de legalidad obliga a la Contraloría General a motivar ampliamente cuando decide, en su facultad discrecional, otorgar una autorización de contratación directa, según lo dispone el artículo 2, inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y su correspondiente numeral 83 reglamentario. Para que tal motivación se dé, es preciso contar con elementos de juicio fehacientes en aras de demostrar que existe una potencialidad evidente de lesionar el interés público de no actuarse como lo estima la administración interesada.

Así, en la especie, el señor Ministro pone en conocimiento de este órgano contralor una serie de problemas de infraestructura de “Edificios Academias” que, de no atenderse oportunamente, podría resultar —o generar— una mayor inversión de fondos públicos a futuro. En efecto, la nota indica, solo por citar algunos de los puntos dichos, que se deben detener las filtraciones de agua que están dañado áreas previamente restauradas en paredes, pisos y cielos rasos, que hay bajantes de lluvia sin salida a la tubería principal, cloacas llenas de sedimentos, tuberías mal instaladas u oxidadas, cajas de registro sin identificar, tubos de alcarraza quebrados y piso mal instalado.

Todo esto perjudica la infraestructura en sí del inmueble, bien que ha sido declarado parte del patrimonio histórico de Costa Rica, por lo que el Estado como tal, está llamado a protegerlo, alcanzado para ello las medidas que sean necesarias (en ese sentido, ver, por ejemplo, voto 3821-2002, de las 14:58 horas del 24 de abril del 2002, de la Sala Constitucional).

Siendo que el despacho debe coadyuvar en la salvaguarda del interés público y que es preocupante el deterioro que sufren las instalaciones del edificio de interés (verificado esto —en mucho— en visita realizada al inmueble el viernes 16 de agosto en horas de la mañana), en resguardo de un bien del patrimonio histórico del país, perteneciente por lo tanto a la hacienda pública, además de proteger el interés general, procédase con la autorización en los términos indicados por la solicitante.

III. Condiciones bajo las cuales se emite la autorización



  1. Redáctese un pliego de condiciones con los requerimientos técnicos mínimos a observar por parte de los potenciales oferentes. Este cartel debe establecer un sistema de calificación idóneo para seleccionar el contratista; en éste el precio será un factor importante.




  1. Cúrsese invitación a por lo menos tres potenciales oferentes. Para esto, basta con acudir al registro de proveedores e invitar de modo directo a los potenciales empresarios.




  1. Manténgase la cooperación de las instituciones señaladas por el Ministerio; sobretodo para la supervisión del trabajo por realizarse.




  1. Se deberá asegurar la existencia de contenido presupuestario para la erogación de los ¢40.000.000,00.




  1. Finalmente, esta autorización no debe entenderse como una venia implícita a los arrendamientos, u otros, que se hagan a favor de determinados sujetos (por ejemplo, se señala en la nota que en el primer piso se facilitará una sección para la organización de la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos). Esto queda librado, bajo principio de juridicidad, y de modo responsable, a la jerarquía ministerial.

Atentamente,

Lic. Manuel Martínez Sequiera

Gerente de División


Lic. Marco V. Alvarado Quesada

Gerente Asociado
Lic. Christian E. Campos Monge, M.Sc.

Fiscalizador

CECM/ds


NN: 9537 (DAGJ-2026-2004)

NI 16561


 Autorizaciones, aprobaciones y certificaciones.




La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal