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CUADRO NO. 1

Mes al cobro

Monto base

Item 2

Item 3

Agosto 2012

12.560.000.66

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

4.800.000.00

Fact- 6768 Folio 1027



Setiembre 2012

12.560.000.66

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

4.800.000.00

Fact- 6804 Folio 1049



Octubre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6836 Folio 1037



4.800.000.00

Fact- 6835 Folio 1054





Noviembre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6894 Folio 1045



NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Diciembre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6953 Folio 1058



NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Enero 2013

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6966 Folio 1056



NO HA FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Febrero 2013

7.644.596.00

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Donde Item 2: Servicio de mantenimiento y limpieza de áreas públicas, total a limpiar por mes 427.814.81 metros cuadrados.


Donde Item 3: Servicio de mantenimiento y limpieza de alcantarillado pluvial se debe cotizar por unidad (tragante o caja de registro) a limpiar 50 unidades al mes.
Es decir, que dentro del cuadro de Excel que se remite por parte de MUTIASA, se están facturando reajustes de precios por servicios que no se demuestra que se hayan brindado (pues la empresa MUTIASA fue omisa en presentar facturas), servicios que a la vez tampoco están respaldados con facturas en el expediente de la contratación que al efecto lleva la Proveeduría, según revisión de la prueba, lo que hace necesario, en criterio de esta Asesoría, que el Concejo Municipal rechace la propuesta de pago de Ciento treinta y cuatro millones setecientos treinta y tres mil ochocientos tres colones exactos, por concepto de reajuste de precios presentado por Mutiasa (de forma aislada y no en consorcio) ya que no se aportó la prueba que exige el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su numeral 31, ni tampoco constan en el expediente administrativo la totalidad de los pagos y servicios conforme se detalló en el Cuadro no. 1 de este Informe CM-AL-0158-2015.
En ese marco, la suscrita recomendó al Concejo Municipal improbar parcialmente la Modificación Presupuestaria en lo que correspondía al monto del Reajuste, esto es, en relación al pago de la suma de ¢134.733.803.00 detallada en la Modificación. La referencia para pago que tenía el Concejo para esta erogación era la nota que se citó de previo en este Informe, emitida por la Proveeduría en la que se indicó: Adjunto copia de solicitud de pago de reajuste de precios por los servicios brindados desde marzo 2010 a febrero 2013 de acuerdo al contrato suscrito. El monto total solicitado es por ¢134.733.803 según cuadro resumen adjunto. En virtud de lo anterior hago constar que he revisado las variables y cálculos de acuerdo al cartel y oferta presentada, además se ha revisado el monto de cada una de las facturas presentadas por esa empresa. Adjunto además detalle de los índices revisados y cuadro resumen del cálculo realizado.” (ver folio 1082 del expediente Tomo III facilitado por la Proveeduría).

Acorde con lo expuesto, la propuesta de pago, que se aprueba por el Concejo, no fue acogida. Resulta claro que el expediente fue devuelto a la Administración, que para tramitar de nuevo la aprobación de este pago, tendría que tener la documentación que se echó de menos, lo que aportará la interesada si a bien lo tiene. Nunca se ha negado el derecho al cobro de reajustes de precios ni se ha desconocido la posibilidad de reclamo del contratista para lograr el equilibrio financiero del contrato, sino que se ha indicado que lo cobrado y lo aportado no se corresponde. Por eso se afirmó que se carece de pruebas para pagar lo pretendido.

Tenga en cuenta el Concejo Municipal que a este Órgano se traslada un cobro íntegro e indivisible de ¢134.733.803,00 correspondiente al cobro de Reajuste de Precios de una contratación cuyo total fue de monto de ¢155.407.999.00. (ver folio 648 del expediente administrativo facilitado por la Proveeduría).
Además el Concejo Municipal solicitó que la Administración analice con apoyo de su Dirección de Asesoría Jurídica, la legalidad del trámite de cobro que realiza MUTIASA en forma independiente de su participación consorcial y los aspectos que sobre el punto se detallaron en el Informe CM-AL-0158-2015.

Sobre ambos puntos (un nuevo cálculo de la Administración debidamente fundamentado y el análisis de legalidad del cobro tramitado por la empresa que no tienen autorización para cobro de facturas según el contrato) no se ha recibido documento alguno en la Secretaría del Concejo Municipal según revisión realizada.


Tampoco se ha aportado la documentación echada de menos en el informe CM AL 0158-2015 por parte del licenciado Navil Campos, quien indica que el recurso de revocatoria y apelación lo presentan los personeros de ambas empresas, es decir, Enlaces y Mutiasa.
CONTENIDO DEL RECURSO:
En lo fundamental se indica en el reclamo gestionado que:

El mecanismo del reajuste de precios es un derecho constitucional que protege a los contratistas del Estado con la finalidad de mantener el equilibrio económico del contrato. Luego de transcribir algunos extractos de resoluciones de la Contraloría en su favor señala que el reconocimiento de ajustes de precios no es una facultad de la Administración sino que es una obligación para mantener el equilibrio financiero del contrato.

El Concejo parte de que toda solicitud de reajuste debe ser demostrada por el contratista y que esto no se cuestiona en el recurso, pero reprocha que el Concejo obviara considerar que las variables establecidas que integran la fórmula para el reajuste de precios establecido en el cartel y el contrato son fijadas por ley (decreto de salarios mínimos, fijaciones del BCCR) y son hechos públicos y notorios, que están excluidos de cualquier ejercicio probatorio, por lo que el traslado de la carga probatoria que hace el Concejo a la empresa contratista es errado.

La Administración aprobó el cálculo solicitado considerando que se encuentra apegado a las condiciones establecidas en el cartel y en el contrato, lo que se puede constatar según indican, en el oficio PRMH-0601-2014 suscrito por el Proveedor Lic. Ennio Vargas. Apuntan, ya existe un acto que debe ser acatado y cumplido por la Administración Municipal. Expone, el trámite de aprobación de la modificación presupuestaria es una instrumentalización de la conducta de la Administración, por lo que no puede, asevera, cuestionarse por parte del Concejo Municipal el fundamento técnico de la decisión tomada.

En otro orden de ideas, las facturas por los pagos realizados en esta contratación constan en el expediente de la Municipalidad, en sus archivos, por lo que no puede trasladarse a la contratista la carga de demostrar un hecho que es resorte de la Municipalidad.

Finalmente, aduce no se le debe negar el pago de los reajustes porque este haya sido cobrado por MUTIASA y no por ENLACES CASUALES, ya que el contrato se refiere a cobro de facturas por la ejecución del contrato y no a reajustes de precios. Añade, en todo caso, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en el artículo 74 que los integrantes del consorcio responderán de madera solidaria como si fuesen una única contraparte por lo que tienen los mismos derechos frente a la Administración.


ANALISIS DE LOS REPROCHES PLANTEADOS:
Sobre el derecho al cobro de reajuste de precios y al equilibrio económico del contrato, ha de mencionarse que el Concejo Municipal no ha negado nunca que al contratista (a nivel general) deba reconocérsele esa posibilidad. El derecho al reajuste de precios está establecido en la Ley de Contratación Administrativa, en su numeral 18 y en abundante jurisprudencia administrativa y constitucional, por lo que no se pone en entredicho la existencia de dicha figura. En el informe CM AL 158 2015 acogido por el Concejo Municipal se determina con claridad, en el acápite intitulado “Breve análisis de la figura de los Reajuste de Precios” la legalidad de esta figura, más no como un derecho irrestricto y automático del contratista, sino que debe ser acreditado.

Sobre las pruebas, debe señalarse que si los ajustes se establecen a partir de la prestación de servicios y estos se respaldan con facturas, lo mínimo que debe revisarse son las facturas de cada servicio. En el caso concreto, la empresa MUTIASA nunca aportó facturas, sino únicamente un cobro de reajuste de precios. Tratándose de cobros de reajustes de precios que conducen a una erogación de recursos públicos, lo básico es acreditar la existencia de los cobros sobre los cuales se calcula el reajuste. En el asunto concreto, la Asesoría Legal del Concejo no se limitó a lo que aportó el contratista, sino que revisó el expediente que al efecto lleva la Proveeduría Municipal. Es de ese archivo, de donde se advierte la ausencia de facturas sobre las que se plantean cobros y es por esto que se le indica a la Administración que echándose de menos facturas sobre las que se cobran reajustes, no se puede tramitar el pago avalado por la Proveeduría. Por tal motivo, estima esta Asesoría que las facturas son necesarias y que sí se está ante un cobro carente de base probatoria. Tómese en cuenta que es un cobro total el que se gestionó ante el Concejo Municipal.


En relación al punto sobre la ejecución del Oficio PRMH-0601-2014 suscrito por el Proveedor Lic. Ennio Vargas. Apuntan, el cual dice el recurrente que es un acto que debe ser acatado y cumplido por la Administración Municipal, ha de aclararse que el aval que da el Proveedor mediante dicho Oficio es un acto de trámite que se traslada a la Dirección Financiera para que se incluya en algún documento presupuestario. Esto porque el órgano que dicta el acto

aprobatorio sobre el presupuesto es el Concejo Municipal, conforme a las competencias otorgadas en el Código Municipal artículo 13. De esta forma, no se está ante un acto que el Concejo deba ejecutar, sino ante una concatenación de actos, de los cuales uno de ellos fue el Visto Bueno del Proveedor, precisamente dispuesto en el Oficio PRMH-0601-2014.

Finalmente, el reajuste no se deniega por haberlo tramitado MUTIASA. Lo que se dice por parte del Concejo es que se instruye a la Administración para que la Asesoría Jurídica de la Alcaldía efectuara un estudio de la legalidad de del trámite de cobro que realizó MUTIASA en forma independiente de su participación consorcial. Esto porque se habría de suponer que era ante la Administración que la propia empresa (o empresas) interesadas, habrían de acudir a gestionar el cobro de los reajustes porque el Concejo no realiza la labor operativa sino la Administración.
RECOMENDACIÓN:

Con base en los razonamientos expuestos en el Informe CM AL 071 2016, se recomienda rechazar el recurso de revocatoria planteado contra el acuerdo adoptado en sesión 460-15, Artículo III Correspondencia Punto 7, ya que al gestionarse el cobro de Reajuste de Precios ante la Proveeduría por un total de ¢134.733.803,00; se incluyeron montos de facturas que no constan en el expediente de la contratación ni fueron aportados por la parte en su reclamo inicial ni en el recurso interpuesto. Tampoco se ha variado la propuesta de cobro por parte de quien recurre ante el Concejo Municipal ni ante la Proveeduría Municipal.

Las facturas son las que se detallan a continuación:


Mes al cobro

Monto base

Item 2

Item 3

Agosto 2012

12.560.000.66

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

4.800.000.00

Fact- 6768 Folio 1027



Setiembre 2012

12.560.000.66

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

4.800.000.00

Fact- 6804 Folio 1049



Octubre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6836 Folio 1037



4.800.000.00

Fact- 6835 Folio 1054



Noviembre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6894 Folio 1045



NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Diciembre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6953 Folio 1058



NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Enero 2013

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6966 Folio 1056



NO HA FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Febrero 2013

7.644.596.00

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

En caso de rechazarse el recurso de revocatoria el recurso de apelación debe ser elevado al Tribunal Contencioso Administrativo. Se debe notificar a los interesados y a la Administración.


Para finalizar indica que se debe comunicar el acuerdo que se tome a la administración para que Proveeduría tenga conocimiento y a los interesados.
El señor Alcalde Municipal indica que a raíz de la situación que se dio se giró instrucciones para que se realice la supervisión de los contratos, a fin de analizar y ver cómo trabajan las empresas que contrata la Municipalidad. Señala que hay que cumplir con el deber de in vigilando y se hace un seguimiento, para lo cual se toman fotografías de los trabajos que ahora se hacen.
El regidor Nelson Rivas manifiesta que es un informe muy objetivo. Hay tres elementos, el empresario: que no lo va a satanizar porque tienen su negocio y no está para empatar sino ganar. El otro elemento

es el empleado de proveeduría y cuando fue regidor la vez pasada, se fue insatisfecho porque sentía que faltaba algo, pero ahora le consta que ha habido cambios muy positivos y algunos puestos han sido cubiertos por funcionarios muy preparados. Hace la observación porque en esto la Proveeduría le ha quedado debiendo y siente la obligación de hacer el comentario al respecto. Dice el proveedor que reviso la información y leyó algo que no existe y eso es irresponsabilidad. Según el informe cuando el proveedor manifiesta que lo único que aportó fue una hoja de Excel y dice que revisó y vió, ese es el segundo error y al cual se manifestaba, porque quien comete un error comente el segundo. En razón de ello ahí tiene materia el señor Acalde en cuanto a valorar el tema de la Proveeduría.


Lo otro es la fiscalización, por tanto pregunta ¿a dónde está la fiscalización en un caso como estos?. ¿Cómo se hace y quién da seguimiento por ejemplo, cuando se hace una obra?. ¿Dónde está lo que él dice que hizo?, ¿demostró no solo con facturas sino con hechos?.
El señor Alcalde expone que esa empresa la sacaron por el seguimiento que le hicieron y quedo inhabilitada para dar esos servicios acá.
El regidor David León manifiesta que le parece muy bien el informe y es muy sustancial. No valoró lo que dice el regidor Nelson Rivas, de ahí que pregunta si habría alguna responsabilidad, porque esto no fue primordeal cuando hizo la revisión.
El regidor Minor Meléndez señala que esto es un tema viejito, va a votar el informe en dos sentidos, uno en el sentido que la empresa puede elevar su gestión a un órgano superior como derecho que tiene. En buen sentido que la empresa haga sus alegatos en el nivel superior. Lo otro era la inconformidad que mostraron los vecinos con lo que se estaba haciendo, porque al parecer no se hacía bien, respecto del mantenimiento de parques. Escuchando las comunidades habían muchas inconformidades.
La Licda. Priscila Quirós indica que en el informe se presenta un cuadrito y no hay facturas con respecto a algunos servicios. El contratista vino y cobro sobre esas supuestas facturas pero el contratista no aporto nada. Acá no fue solo el proveedor sino que el director avaló, pero son competencias que responden a la Alcaldía y es ella quién tiene que revisar las sanciones disciplinarias.
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME CM-AL-0061-2016 SUSCRITO POR LA LICDA. PRISCILA QUIRÓS – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:


  1. RECHAZAR EL RECURSO DE REVOCATORIA PLANTEADO CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO EN SESIÓN 460-15, ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA PUNTO 7, YA QUE AL GESTIONARSE EL COBRO DE REAJUSTE DE PRECIOS ANTE LA PROVEEDURÍA POR UN TOTAL DE ¢134.733.803,00; SE INCLUYERON MONTOS DE FACTURAS QUE NO CONSTAN EN EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACIÓN NI FUERON APORTADOS POR LA PARTE EN SU RECLAMO INICIAL NI EN EL RECURSO INTERPUESTO. TAMPOCO SE HA VARIADO LA PROPUESTA DE COBRO POR PARTE DE QUIEN RECURRE ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL NI ANTE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. LAS FACTURAS SON LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:




Mes al cobro

Monto base

Item 2

Item 3

Agosto 2012

12.560.000.66

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

4.800.000.00

Fact- 6768 Folio 1027



Setiembre 2012

12.560.000.66

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

4.800.000.00

Fact- 6804 Folio 1049



Octubre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6836 Folio 1037



4.800.000.00

Fact- 6835 Folio 1054



Noviembre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6894 Folio 1045



NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE



Diciembre 2012

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6953 Folio 1058



NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Enero 2013

12.560.000.66

7.700.666.58

Fact- 6966 Folio 1056



NO HA FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

Febrero 2013

7.644.596.00

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE

NO HAY FACTURAS EN EL EXPEDIENTE




  1. ELEVAR EL RECURSO DE APELACIÓN AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

  2. NOTIFICAR A LOS INTERESADOS Y A LA ADMINISTRACIÓN.

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.


  1. MBA. Karen Porras Arguedas – Presidenta Junta Directiva Nacional

Asunto: Invitación Asamblea Recom Filial Heredia, se realizará en Sala de Eventos La Finca, en San Joaquín de Flores, el día 22 de julio del 2016 a ´partir de las 8:30 a.m. mujeresmunicipalistas@gmail.com
// VISTA LA INVITACIÓN, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INSTRUIR A LA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE CONFIRME LA PARTICIPACIÓN DE LA REGIDORA GERLY GARRETA VEGA, NELSY SABORÍO RODRÍGUEZ Y ELSA VILMA NUÑEZ BLANCO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.


  1. Licda. Priscilla Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal.

Asunto: Informe CM-AL-0066-2016, recursos de revisión interpuestos por varios locatarios del Mercado Municipal.
Texto del Informe CM-AL-0066-2016 suscrito por la Licda. Priscilla Quirós Muñoz – Asesora Legal del Concejo Municipal, el cual dice:
En el proceso de aumento quinquenal de alquileres 2015-2019 el Concejo Municipal atendió recursos de revisión interpuestos por varios locatarios del mercado municipal, mismos que se tramitaron tanto de forma individual o conjunta. Tramitados los recursos y comunicados en alzada ante la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo, ese órgano en funciones de Jerarca impropio señaló que los recursos ordinarios presentados con motivo de lo resuelto en un recurso de revisión no tienen revocatoria ni apelación, tratándose de alquileres de mercados, porque el recurso de revisión no está previsto para ese supuesto, sino los recursos señalados en la Ley especial. Esto porque el procedimiento para establecer el monto de alquileres y para recurrir las decisiones del Concejo, están establecidas en una Ley Especial, que es la Ley 7027, de modo que gozan de un régimen de impugnación distinto, por cuanto concede un plazo de 15 días para formular la respectiva impugnación. A esta conclusión llegó el Tribunal Contencioso indicando que en el procedimiento de fijación de alquileres de mercado no se contempla un recurso extraordinario de revisión, por lo que respecto de lo que de este se resuelva no puede alegarse apelación.
Incluso debe agregarse que desde el 2015, mediante voto 523-2015 esta posición fue notificada a los recurrentes que presentaron un recurso de revocatoria con apelación en contra de lo resuelto en relación al recurso de revisión contra la fijación de alquileres del Mercado de Heredia para el quinquenio 2015-2019. Así las cosas, si el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda determinó que el recurso de apelación contra lo resuelto en un recurso de revisión interpuesto contra la fijación de alquileres del Mercado resulta improcedente y por tanto inadmisible, pues dicho supuesto no está contemplado en la Ley especial de la materia, no. 7027, se recomienda indicar al señor Carlos Picado Sánchez que en línea con la tesis del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, Voto 523-2015, el recurso de revocatoria y apelación pretendido resulta inadmisible, ya que en realidad el recurso de revisión no está previsto en la Ley 7027 ni se aplica al caso, tal y como se indicó a todos los recurrentes del proceso de impugnación tramitado en ese Despacho con expediente judicial 15-006846-1027-CA.
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