México D. F., a 27 de octubre de 2014. Entrevista a José Antonio Abel Aguilar Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf)



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México D. F., a 27 de octubre de 2014.

Entrevista a José Antonio Abel Aguilar Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el programa de televisión Justicia electoral a la semana, que conduce la periodista Guadalupe Juárez.
Guadalupe Juárez: Amigos, un gusto, como siempre, saludarles. Bienvenidos a Justicia electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En esta ocasión hablaremos con el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Abel Aguilar Sánchez, de lo que son los tribunales constitucionales en materia electoral y lo que constituyen en el andamiaje democrático de nuestro país.
Así que, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Abel, qué gusto tenerte por acá en el estudio, aquí en la ciudad de México.
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Gracias, Lupita, al contrario. Un honor, un gusto estar contigo en este programa, muy reconocido, de Justicia electoral a la semana.
Guadalupe Juárez: Y empezamos, si te parece bien, por preguntarte, pareciera que es algo que no tiene nada que ver con nosotros, suena muy rimbombante, muy técnico, como muy alejado de la ciudadanía, el control constitucional en el Estado mexicano, ¿a qué se refiere?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Sí, Lupita, cómo no. Verdaderamente estos temas son muy técnicos y de repente los abogados nos complicamos la existencia con muchos tecnicismos. Trataré de explicarlo de manera sencilla.
Mira, partiríamos de la consideración de que los Estados modernos están constituidos como Estados constitucionales. Esto simple y sencillamente significa que los Estados contemporáneos tienen una norma superior, que es la Constitución, y esta norma, su contenido, sus principios, dentro de ellos los derechos fundamentales que contiene, debe de existir en cada Estado un sistema que garantice la protección de los mismos.

Es así que se establece un Sistema de Medios de Impugnación para defender estos principios y reglas que contiene la Constitución.


Diríamos que el control constitucional en el Estado mexicano lo integran, entonces, procedimientos, juicios que garantizan que la Constitución sea respetada. Y, ¿sea respetada por quién? Por las leyes, por las normas en general, por los actos y las resoluciones de todas las autoridades.
Hablando de la materia electoral, pues nos referiríamos a que este respeto se dé en cuanto a los derechos político-electorales y en cuanto a los actos y resoluciones de las autoridades electorales, institutos electorales y tribunales electorales de las entidades federativas.
Guadalupe Juárez: Es decir que, ¿tenemos que estar tranquilos los ciudadanos porque siempre habrá órganos que estén vigilantes de que las leyes se cumplan?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Así es. Diríamos, específicamente, de que la Constitución se cumpla, y de ahí el nombre de control constitucional. Precisamente esta labor, que ha habido un desarrollo histórico interesante, lo realizan los tribunales en materia electoral. Específicamente el máximo intérprete de la Constitución, diríamos el órgano que en la cúspide busca la tutela, la defensa de la normativa electoral, contenida en la Constitución, y de los derechos político-electorales es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aunque también aquí vienen otras complicaciones técnicas, porque diríamos que una labor la realiza —importantísima—, el principal Tribunal constitucional en nuestro país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diríamos que en la materia electoral quien vigila estas disposiciones en los casos concretos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior y de las Salas Regionales en el ámbito de su competencia.
Guadalupe Juárez: Y si hablamos de Tribunal constitucional, ¿ahí a qué nos estamos refiriendo?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Mira, nos referimos a estos órganos que existen en los diferentes países que tienen esta facultad de proteger, de garantizar el contenido de la Constitución, específicamente en el caso mexicano, nos estamos refiriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En otros países hay dos órganos, está por un lado el Tribunal constitucional, en sentido estricto, y hay una Corte Suprema de legalidad.
En el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ambas finalidades: funciona como Tribunal constitucional y también funciona como Tribunal Supremo de Legalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el ámbito electoral conoce de lo que son las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y desarrolla lo que se llama técnicamente un control abstracto de la constitucionalidad, que en resumidas cuentas no es otra cosa más que revisar la constitucionalidad de las leyes electorales.
Cuando una ley electoral federal o local es promulgada, es publicada, ahí diríamos los entes legitimados, que en materia electoral principalmente serían los partidos políticos, pueden interponer una acción de inconstitucionalidad para que la Corte, para solicitarle a la Corte que revise si esa ley está acorde a la Constitución. Y eso es, diríamos, no deriva de un caso concreto, y eso es lo que se conoce como control abstracto de la constitucionalidad en materia electoral.
En el ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el término es control concreto de la constitucionalidad porque deriva de casos concretos. Cuando los partidos políticos, los ciudadanos, acuden al Tribunal constitucional, interponen lo que son los juicios de revisión constitucional o los juicios ciudadanos; estamos hablando de casos concretos y ahí el Tribunal Electoral tiene la facultad de determinar la no aplicación de preceptos legales contrarios a la Constitución.
Entonces, tendríamos control abstracto, que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tenemos control concreto, que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Espero ser claro, porque son temas muy técnicos.
Guadalupe Juárez: Sí, claro. En el caso, por ejemplo, se acaba de aprobar la reforma político-electoral y hay muchas modificaciones. Por ejemplo, si alguien estuviera inconforme con, se me ocurre, candidaturas independientes o con la reelección; por ejemplo, que mucha gente dice: “No, es que cómo reelección”, ¿podríamos estar hablando de una figura, podría alguien presentar alguna queja?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Sí, por supuesto, por supuesto, Lupita, y tendrían —diríamos— esas dos vías.
A lo mejor con la figura de las candidaturas independientes tendría la alternativa, partidos políticos. Aquí los entes legitimados en acciones de inconstitucionalidad, que es un juicio, es un juicio ante la Suprema Corte, que lo pueden interponer —insisto, estoy hablando de acciones de inconstitucionalidad— lo pueden interponer partidos políticos o minorías legislativas, ya sean federales o estatales. El 33% de los senadores, el 33% de los diputados, partidos políticos, entre otros entes legitimados, pueden interponer un juicio de esta naturaleza contra normas electorales que consideren que son contrarias a la Constitución, y de esto conoce la Corte, pero a partir de la publicación de la norma, esa es la limitante, tienen solamente 30 días a partir de la publicación de la norma para controvertir esa norma como contraria a la Constitución.
Y otra vía que tienen son los diferentes juicios de los cuales conocemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el juicio ciudadano, el juicio de revisión constitucional, el juicio de inconformidad, el recurso de apelación; en fin, la gama de sistemas de medios de impugnación, con la diferencia de que tiene que derivar de casos concretos.
Por ejemplo, un tema de candidaturas independientes, una negativa de registro, que la impugnara el candidato afectado, bueno, lo controvierte ante el Instituto Electoral, derivado de la negativa; después está todo lo que le decimos cadena impugnativa, se va ante el Tribunal Electoral Estatal y después viene, puede venir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de alguna de las figuras, que en el caso de las entidades federativa sería el juicio de revisión constitucional en materia electoral.
Guadalupe Juárez: ¿Quién puede interponer un juicio, cualquier ciudadano o tiene que ser el partido como...?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Dependiendo del juicio constitucional de que se trate. La Constitución, la ley establecen una serie de supuestos; acciones de inconstitucionalidad, como lo comentaba, no es un ámbito en el que pueda interponerlo los ciudadanos, partidos políticos sí y minorías legislativas; pero en el ámbito de los demás juicios, que son del conocimiento del Tribunal Electoral, por supuesto, el juicio por antonomasia que pueden interponer los ciudadanos es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, que justamente es conocido popularmente como juicio ciudadano, y a través de este juicio se tutelan estos derechos político-electorales, el derecho de votar, el derecho de ser votado, el derecho de afiliación, el derecho de asociación política, el derecho de petición en materia electoral, el derecho a la libertad de expresión, el cúmulo de derechos que existen reconocidos en nuestro país.
Guadalupe Juárez: Y ahí es donde ya nos cae el veinte de que todo esto tiene que ver con nosotros, ¿no?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Así es.
Guadalupe Juárez: O sea, es un asunto que no está desligado, que no es nada más de quienes conocen tanto del tema, de que no es nada más para los especialistas.
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Claro, sí, sin lugar a dudas. Creo que el ciudadano sabe que puede votar, creo que el ciudadano también a través de la figura de los partidos políticos y también de la figura de las candidaturas independientes sabe que tiene la posibilidad de acceder a los cargos públicos en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, y justamente el órgano que tiene la encomienda por la Constitución de tutelar, de garantizar estos derechos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Guadalupe Juárez: Oye, ¿con qué elementos de control constitucional cuenta la Suprema Corte de Justicia?, para que sepamos de manera detallada de qué se trata.
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Sí, Lupita, cómo no.
Tiene varios juicios, varios procedimientos. Hablaríamos, como ya lo he señalado, de las acciones de inconstitucionalidad, que a través de esta figura la Corte tutela el contenido de la Constitución en relación con todas las leyes, en relación con reglamentos, en relación con disposiciones generales, no solamente en el ámbito electoral, sino en todas las materias.
Tiene también la Suprema Corte la figura de las controversias constitucionales. A través de esta figura la Corte dirime los problemas que se presentan entre niveles de gobierno, entre la Federación, los estados y los municipios, y también entre los poderes; hay conflictos de repente entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, entonces a través de la figura de las controversias constitucionales la Suprema Corte resuelve estos conflictos.
Claro, ahí la característica es que siempre tenga que ver con un precepto constitucional, que se esté incumpliendo algún precepto constitucional
Y diríamos, el otro juicio también, permíteme la expresión, el juicio por antonomasia constitucional de defensa de los derechos humanos es el juicio de amparo, que es del conocimiento de los jueces de distrito, de los tribunales colegiados y también el máximo intérprete: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el ámbito del Tribunal Electoral, pues estaría todo el Sistema de Medios de Impugnación, pero especialmente el juicio ciudadano y el juicio; o sea, el juicio ciudadano para tutelar estos derechos a los que nos referimos hace algún momento en relación con los ciudadanos, y el juicio para la revisión, perdón, el juicio de revisión constitucional en materia electoral, que ahí se tutela la constitucionalidad, la legalidad de los actos y resoluciones dictadas por las autoridades electorales de las entidades federativas —entendamos institutos electorales, ahora con la reforma político-electoral conocidos como OPLEs— y los tribunales electorales de las entidades federativas.
Guadalupe Juárez: Que son qué, organismos populares...
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Organismos Públicos Locales...
Guadalupe Juárez: Locales Electorales.
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Exactamente.
Guadalupe Juárez: Pero vienen a hacer la misma función, ¿no?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Sí. De hecho, la Constitución en la reforma político-electoral le reconoce el carácter de órganos constitucionales, autónomos e independientes en su funcionamiento; académicamente, pues se ha discutido mucho la naturaleza de estas organizaciones porque una actividad neurálgica, una actividad importantísima de los institutos es la capacitación y organización electoral, que ahorita ha entrado en el ámbito del Instituto Nacional Electoral, que académicamente se ha cuestionado hasta dónde está la autonomía, pero bueno, la Constitución los reconoce como tales.
Guadalupe Juárez: Ahí está la Constitución, por eso es tan importante que se observe, porque justamente la Constitución es la que nos dice para dónde vamos.
En el caso del Tribunal Electoral, ¿qué tan importante o qué tanto valor tiene que tengamos un organismo especializado?
Ya nos hablabas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de todas las atribuciones, pero, ¿por qué contar con otro órgano aparte para titular los derechos electorales?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Sí. Mira, creo que ésta fue una decisión política muy importante, a partir de 1996, recordemos que en esta fecha cambió prácticamente el sistema electoral en nuestro país, un sistema electoral que diríamos...
Guadalupe Juárez: Una reforma también que hubo, ¿no?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Así es. El sistema electoral que imperó en nuestro país de 1917 a 1977 fue un sistema en el que el gobierno organizaba las elecciones y tenía un sistema de autocalificación o calificación política; transitó después por un sistema de calificación mixta y a partir 1996, justamente, tenemos el sistema electoral actual, que es un sistema sustentado en organismos ciudadanos que organizan las elecciones, autónomos, y por otro lado los tribunales electorales; tribunales electorales a nivel estatal y a nivel federal que son quienes califican las elecciones, dirimen los conflictos.
Entonces, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, se reformó este sistema electoral y se consideró necesario a nivel federal tener un tribunal electoral especializado, incluso considerado la máxima autoridad jurisdiccional en esta materia, que es este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a este Poder de la Unión y con facultades muy amplias, que considero que a partir de una reforma posterior, 2007, tiene esta categoría de Tribunal constitucional en materia electoral.
Esta reforma constitucional fue muy importante porque se reformó la Constitución y ahí se le dio la facultad al Tribunal Electoral, a través de la Sala Superior y de las Salas Regionales, de inaplicar normas electorales contrarias a la Constitución.
Y después vino otra reforma también enorme en el año de 2011, que impactó todo el Sistema Jurídico mexicano, que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Que si me lo permites, aquí tendría que acotar rápidamente algunas cuestiones.
En sentido estricto, a partir de la reforma en materia de derechos humanos, todos los tribunales del país, todos los tribunales del Estado de México pueden inaplicar normas en el ámbito de su competencia, civiles, mercantiles, laborales, en el caso de los tribunales estatales electorales, si son contrarias a la Constitución. Cambió el sistema en nuestro país para transitar a lo que se conoce como un sistema difuso.
Pero yo lo que precisaría es que en este nuevo modelo, vigente a partir de 2011, aunque en la materia electoral, institutos electorales, tribunales electorales, también pueden inaplicar normas contrarias a la Constitución de naturaleza electoral, el máximo intérprete, la máxima autoridad, el último intérprete es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Guadalupe Juárez: Oye, y en el caso de, si hablamos de un Tribunal constitucional, ¿el Tribunal Electoral es un Tribunal constitucional?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Considero que sí, a raíz de esta reforma de 2007, a raíz de esta reforma de 2011.
Por supuesto que el Tribunal Electoral tiene facultades amplias en materia de constitucionalidad y diríamos actualmente de convencionalidad para inaplicar normas que contravengan los derechos político-electorales.
Por supuesto que en el ámbito de esta figura que te comentaba, control abstracto de la constitucionalidad, la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Suprema Corte, por supuesto, que en la revisión abstracta de las leyes electorales y en la resolución de lo que se conoce como contradicción de criterios entre el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, tiene la última palabra la Suprema Corte.
En sentido estricto, la Suprema Corte es el Tribunal constitucional del país, pero en materia electoral el Tribunal Electoral tiene estas facultades propias de esta materia.
Guadalupe Juárez: ¿Cómo se determina si una norma electoral es o no constitucional?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Es un ejercicio de análisis que tenemos que realizar los tribunales electorales, contrastando en los casos concretos la norma electoral contra el contenido de la Constitución, contra el contenido de los derechos político-electorales previstos en la Constitución, pero también previstos en los tratados internacionales.
Y por eso me refería a esta reforma de 2011. A partir de 2011 cambió el paradigma en nuestro país, porque ahora tenemos que juzgar con perspectiva de derechos humanos y en el ámbito electoral con perspectiva de derechos político-electorales.
Guadalupe Juárez: Claro.
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Entonces, los tribunales electorales tenemos que hacer esos análisis para revisar este contenido de estas normas electorales que se aplican en los casos concretos y determinar si son acordes con la Constitución y acordes con los tratados internacionales y en el ámbito interamericano, específicamente con la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Guadalupe Juárez: Te quiero preguntar también, ¿quiénes pueden solicitar una acción de inconstitucionalidad en materia electoral?, ¿quién viene, todo mundo puede venir?, cualquiera puede decir: “¿sabes qué?, yo creo que esto no está bien”.
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: No, Lupita. Solamente podrían, en el ámbito electoral solamente podrían venir los partidos políticos. Los partidos políticos una vez que se publica una ley electoral federal, una ley electoral estatal, ordenamientos de esta naturaleza, tiene 30 días para poder solicitarle a la Corte, no deriva de un caso concreto porque ha sido publicada la ley, pero esta ley no ha sido aplicada en algún asunto, en alguna decisión de un instituto electoral o en alguna decisión política, sino que la ley solamente ha sido publicada, que por ejemplo ahorita, justamente con motivo de la reforma político-electoral, todas las entidades federativas tuvieron la oportunidad, tuvieron un periodo legal para adecuar sus leyes.
Guadalupe Juárez: Armonizar, escuchamos mucho el término en los diarios, en los medios, ¿no?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Así es, exactamente. Entonces, los congresos locales hicieron estas adecuaciones y a partir de estas modificaciones los partidos políticos tienen estos 30 días para solicitarle a la Suprema Corte que revise, con los argumentos que en su caso plantean, si son acordes a la Constitución, si son acordes a los derechos político-electorales previstos no solamente en la Constitución, sino en tratados internacionales.
Guadalupe Juárez: Dime una cosa, ¿esto fortalece la democracia?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Considero que sí, sin lugar a dudas; sin lugar a dudas fortalece la democracia. La democracia concebida como sistema de gobierno, concebida como sistema de vida, reflejada esta aspiración política en la Constitución necesita, sin lugar a dudas, quién garantice su cumplimiento, y este cumplimiento tiene o esta garantía está en manos, en el ámbito de su competencia, de institutos, de tribunales electorales locales y en última instancia en el ámbito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Guadalupe Juárez: Decías hace unos momentos que en otros países las figuras son distintas. ¿Cómo lo estamos haciendo en México? ¿Lo estamos haciendo bien?
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Creo que sí. Quiero comentarte, y lo hemos escuchado en algunos ámbitos académicos, quizá un logro en el caso del Estado mexicano es que en un solo órgano, el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confluyen ambas facultades, la facultad de un Tribunal constitucional y la facultad de un órgano supremo de legalidad.
En otros países, claro, tienen su contexto especial, son dos órganos distintos, pero las diferencias de criterios generan lo que se llegue a conocer como choque de trenes, criterios de dos órganos máximos generan conflicto, tendrá su justificación.
En el caso mexicano un solo órgano realiza esta función.
En el ámbito electoral tenemos, si me lo permites, un Tribunal constitucional también especializado en materia electoral, que en el control concreto, en los casos concretos aplica el principio de constitucionalidad y el principio de legalidad. Pero sí, la última palabra en cuanto a las normas electorales la tiene la Suprema Corte de Justicia.
Guadalupe Juárez: Muy bien. Abel, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros en esta ocasión aquí en Justicia electoral a la semana, y me da gusto verte de nueva cuenta.
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Al contrario, Lupita, un gusto, un honor haber participado en este programa.
Guadalupe Juárez: Muchísimas gracias.
Magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez: Gracias.
Guadalupe Juárez: Gracias al Magistrado Abel Aguilar Sánchez, de la Sala Regional Guadalajara.
Y es así como llegamos al final de Justicia electoral a la semana. Lo espero en la siguiente emisión.
Y a nombre de todo este equipo de producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias, le deseo que tenga un muy buen lunes, buena semana, que la pase usted muy bien.
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