México y Nicaragua: estrategias y argumentos de actores religiosos conservadores en torno a la problemática del aborto



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México y Nicaragua: estrategias y argumentos de actores religiosos conservadores en torno a la problemática del aborto.
Por María Angélica Peñas Defagó y María José Franco.
Introducción

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y con especial virulencia el tema del aborto, han sido y continúan siendo un terreno de disputa de diversos actores como formas de control de social sobre las mujeres. Uno de los actores que históricamente ha constituido en América Latina un poder hegemónico al respecto es la Iglesia Católica. Como señala Juan Marco Vaggione: “La construcción del género y la sexualidad como “privadas” permitió que la Iglesia Católica sostuviera, con el apoyo del estado, el patriarcado de manera hegemónica como una forma de dominación de las mujeres. Por un lado, el estado basaba sus legislaciones sobre la doctrina católica dando fuerza legal a lo sostenido por la Iglesia. Familia nacional y familia católica eran consideradas como parte de la misma realidad y cualquier intento de modificar los principios católicos era considerado (lo es todavía por diversos sectores) como un atentado a la nación. Por otro lado, los siglos de influencia de la Iglesia Católica sobre la población latinoamericana generaron un proceso de ideologización donde el patriarcado y la heteronormatividad son presentadas y vivenciadas como las formas naturales. Esta influencia de la Iglesia sobre la población se manifiesta como un sistema de doble discurso entre las acciones privadas y las posiciones públicas que dificulta la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos.” (Vaggione: 2006; 2)

Grupos feministas y Organismos de Derechos Humanos cuestionaron este sistema de dominación cultural y moral, politizando lo privado y cuestionando la injerencia del poder eclesial. En este sentido, desde hace décadas, vienen bregando para que los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos como derechos humanos, como derechos básicos de todas las personas, que por tal merecen respeto y protección por parte de los Estados.

Según el plexo normativo internacional garantizan la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y otros.


En estrecha relación con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y en razones de igualdad de género en América Latina surge el tema del aborto, ya que el estatus legal que al mismo se le asigne en los diferentes ordenamientos jurídicos internos, incidirá de un modo directo en la vida y salud de las mujeres. Desde una dimensión sociológica, en los países donde el aborto esta jurídicamente penalizado, los índices de abortos clandestinos son muy elevados, deviniendo así el aborto en muchos países como la primera causa de muerte materna1. La criminalización del aborto, que da como resultado los abortos inseguros y la muerte de las mujeres resulta una violación directa del Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Si bien la clandestinidad del aborto atribuida a la tipificación legal del mismo no hace distinción de clase social, genera una desigualdad en lo referido al acceso real de oportunidades y a una atención médica adecuada al momento de la concreción del aborto, incumpliendo los derechos a la no discriminación y a la igualdad previstos en los Art.1º de la CEDAW, Art. 3º de PIDCP, Art.2º.2 de PIDESC. Estos hechos se reflejan en situaciones de desigualdad por las cuales las mujeres de escasos recursos apelan a prácticas caseras, corriendo con ello serio riesgo sus vidas, mientras que las mujeres que cuentan con recursos económicos suficientes como para poder acceder a centros médicos privados, obtienen niveles de asepsia y salubridad adecuados para su atención.


En este marco, en el presente artículo nos interesa mostrar y comparar las estrategias y los actores – fundamentalmente conservadores- que se movilizaron en torno a la posibilidad de despenalizar el aborto en dos contextos conflictivos diferentes en América Latina. Elegimos dos casos, el de México y el de Nicaragua, por considerarlos paradigmáticos en tanto expresan acciones y debates en torno al aborto en los que intervienen diversas organizaciones y argumentos - iglesias, organizaciones de la sociedad civil, políticos, entre otros- con algunas líneas de continuidad aunque en contextos muy diferentes y llegando a resultados opuestos.

Para ello, avanzaremos en este trabajo haciendo hincapié en las acciones impulsadas por estos actores, sin pretender agotar todos los sujetos involucrados sino algunos que tuvieron participación mediática.

Analizar las acciones conservadoras cobra sentido, principalmente, en tanto consideramos sus acciones se construyen en un contexto de avance del feminismo en materia de derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, teniendo en cuenta que la derecha religiosa es, simultáneamente, un movimiento nacional y transnacional, un análisis de sus acciones y estrategias en México y Nicaragua pretende aportar herramientas a las organizaciones de grupos feministas y de derechos humanos, anticipando posibles acciones y discursos conservadores en prominentes contextos de debate sobre estos derechos en otros países de América Latina.

Consideramos importante mencionar que el material a partir del cual se reconstruyen los contextos de estos dos países proviene, principalmente, de fuentes aportadas por medios masivos de comunicación, específicamente producciones de periódicos importantes en ambos países y que circulan en versión digital.

En el caso de México, se recopilaron notas de los periódicos El Universal, La Crónica de Hoy, La Jornada y la agencia de noticias mexicana CIMAC, así como de páginas Web de algunas organizaciones Pro vida, como las del Comité Provida México2, Yo Influyo3 y Vida Humana Internacional4 desde marzo a mayo de 2007, período en que el aborto se volvió un tema un debate importante a nivel nacional e internacional.

Respecto de Nicaragua, avanzamos en base a noticias publicadas en distintos medios gráficos de Managua, los periódicos El Nuevo Diario y La Jornada y la agencia de noticias mexicana CIMAC, Human Rights Watch y a material extraído de páginas Web de organizaciones Pro vida como Provida Liberal 5 y Adopción Espiritual6 y del Ministerio de la Familia7, desde marzo de 2006 a octubre de 2007.

En tanto no es posible comprender actores, argumentos y acciones de la derecha católica y sus aliados sin conocer algunos datos contextuales en esto dos países, presentamos a continuación una breve descripción de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México y Nicaragua:
Despenalización y penalización del aborto: los casos de México y Nicaragua

De acuerdo con los datos aportados por la ONG IPAS México, a partir de un análisis de datos oficiales de la Secretaría de Salud de México (SS), en el Distrito Federal se concentra 14 por ciento del total de defunciones por aborto a escala nacional y representa la tercera causa de muerte materna, mientras que en el plano nacional es la quinta causa. Asimismo, el promedio de muertes anuales por abortos inseguros es de aproximadamente 100 mujeres en el país y de siete mujeres al año, lo que equivaldría a una mujer cada 52 días en el DF. (Prominent Méjico; 23/04/07)

Asimismo, en México se realizan en la clandestinidad al menos 500 mil abortos anuales y los riesgos de muerte materna aumentan en las áreas empobrecidas del país. (Cimac, 29/09/06). En mujeres indígenas el riesgo se duplica y la muerte por aborto clandestino afecta más a las mujeres pobres que no tienen acceso a los hospitales. (Prominent Méjico; 23/04/07).

En cuanto a los procedimientos administrativos y legales sobre el aborto, hasta marzo de 2007, el DF había homologado las causales vigentes en varios estados del país que cuentan con reglamentos internos. Veintinueve de los treinta y dos carecen de ellos. Un ejemplo es el Artículo 148 del Código Penal del DF, que no penaliza algunas causas de aborto que otros estados de la República sí consideran delito.

Cabe aclarar que México tiene un régimen de gobierno distinto que el argentino. No obstante ser una República representativa, democrática, y federal, México tiene la particularidad de que cada Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior a pesar de estar unidos en una federación.

Es decir, en este país existe un panorama variado en relación a la legislación de la práctica del aborto. De acuerdo al análisis realizado por el investigador del CIESAS, Alberto Aziz Nassif, “(…) en todo el país es válida la causal que no se castiga por violación; en 30 estados no se penaliza el aborto "imprudencial" y en 29 el aborto se permite por razones que pongan en peligro la vida de la madre; en 13 estados se permite el aborto por malformaciones genéticas o congénitas y sólo en uno (Yucatán) por razones económicas (Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE)” (El Universal; 03/04/07)

En el marco de la denominada Ley Robles, aprobada el 18 de agosto del 2000 por la Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF), se aumentaron las causales de exculpación y se estableció un procedimiento para hacer efectivo el aborto, obligando al Ministerio Público a emitir una orden para realizarlo en un plazo de 24 horas. Esta ley tuvo como precedente la campaña "Acceso a la justicia para las mujeres", promovida en 1999 por el movimiento amplio de mujeres, donde participaron 20 ONGs.

Según testimonios de la ex secretaria de Salud del DF (SSDF), responsable de garantizar las condiciones sanitarias para la Ley Robles, A. Cristina Laurell, en el 2003, año en que se reconoció la constitucionalidad de dicha ley “(…) no se generó mayor incidencia de abortos en el DF. La mayoría de los abortos provocados que se realizaron fueron por la causal de violación y, en segundo lugar, por problemas de salud de la madre.” Además, según la SSDF, entre los años 2002 y 2006, se realizaron 66 interrupciones legales de embarazos, por violaciones y razones de salud. (CIMAC; 09/04/07)

El 24 de abril de 2007 ALDF votó la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del DF, que contempla una quinta causal de aborto, es el realizado dentro de las primeras 12 semanas. Con esta ley se permitió que la práctica del aborto se realice de forma gratuita en los centros de salud y hospitales públicos del DF, sin descartar a los hospitales privados que pueden ser requeridos. La reforma señala la objeción de conciencia, que permitirá a los médicos decidir, de acuerdo con sus consideraciones religiosas o éticas, si intervenir o no en la interrupción de un embarazo. Según los recuentos de votos realizados por sectores a favor de esta ley, la misma no tuvo dificultades para ser aprobada ya que contó con 46 votos a favor – aportados por el PRD, el PRI, Alternativa, Nueva Alianza, PT y Convergencia - 19 en contra – del PAN y del PVEM - y 1 abstención del diputado priista Martín Olavarrieta. (Expreso.com.mx; 11/05/2007)

Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD)8 en el mes de marzo del 2007 presentó en el Senado de la República una iniciativa para despenalizar a nivel federal el aborto. Así, la discusión en torno a la legislación del aborto se trasladó de la Asamblea Legislativa (ALDF) al Senado. (CIMAC; 21/03/07)

La aprobación de la ley es innovadora en la región latinoamericana ya que sólo en Puerto Rico, Cuba y Guyana la mujer puede abortar, bajo cualquier circunstancia, dentro del primer trimestre del embarazo. En tanto que en tres países, Chile, Nicaragua y El Salvador lo prohíben y no hay excepción alguna.

En el caso de Nicaragua, el 26 de octubre de 2006, se promulgó la penalización total del aborto proceso que culminó el 13 de septiembre del 2007 con la aprobación del nuevo Código Penal por parte de la Asamblea Nacional aprobó (Human Rigths Watch; octubre de 2007). De esta forma, se destituyó la figura jurídica sobre el aborto que estuvo vigente en el Código Penal desde 1891. Retrocediendo más de un siglo atrás en materia de derechos humanos, Nicaragua se convirtió en el quinto país, de los 193 que conforman las Naciones Unidas, donde está prohibido interrumpir el embarazo. Así las mujeres que se realicen abortos terapéuticos podrán ser castigadas con penas de cuatro a ocho años de prisión. De acuerdo a los datos aportados por la agencia de noticias CIMAC, también los médicos corren el riesgo de ir a la cárcel por infringir esa ley. (CIMAC; 28/05/07)

En este país, la medida fue aprobada en medio de la pasada campaña electoral que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2006, cuando ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias en ese momento en la Asamblea Nacional - el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)- se opusieron a la penalización del aborto terapéutico, respaldando de esta forma la posición de influyentes líderes religiosos locales, tanto de la jerarquía de la iglesia católica como de la evangélica. Además de estos actores, respaldó la medida el otro partido político de derecha, la Alianza Liberal Nicaragüense, mientras que, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) se opuso a esta reforma.

Sin embargo, según una encuesta de la empresa CID Gallup, divulgada a finales de febrero pasado, a nivel de la sociedad civil el 55 por ciento de las y los nicaragüenses está a favor del aborto en caso de que el embarazo represente un riesgo para la vida de la madre. Incluso, parte del gremio médico – la Federación de Médicos Pro Salarios, la Sociedad de Médicos Gineco-Obstetras de Nicaragua, entre otros - teme que con la penalización del aborto terapéutico se incremente el índice de mortalidad materna ya que es un procedimiento de necesaria existencia para salvar vidas y evitar complicaciones médicas severas en mujeres. (CIMAC; 28/05/07)

Al año 2005, el Ministerio de Salud nicaragüense estimaba que el 10 por ciento de los embarazos -un total de 7500 casos- terminaban en aborto o pérdida - de los cuáles apenas seis fueron catalogados como motivados por razones terapéuticas o médicas -. (Human Rigths Watch; octubre de 2007)

Este proceso de retroceso en torno al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que culminó en septiembre de 2007 encuentra su origen a principios de la década del `90 época en la que asume el gobierno Violeta Chamorro de perfil fuertemente conservador9.

El Código Penal nicaragüense, sancionado en 1893, penalizaba todo aborto salvo el que se efectuare por razones “terapéuticas”. A pesar de ello en la práctica el acceso al aborto terapéutico se venía restringiendo paulatinamente en el país. A fin de facilitar la implementación de la norma del Código Penal que permitía el aborto terapéutico, en 1989 el Ministerio de Salud instruyó a todos los centros hospitalarios a conformar un comité permanente, compuesto por médicos y trabajadores sociales, a cargo de determinar los casos que podrían acogerse al aborto comprendido en la ley. Un año después, con la asunción de Violeta Chamorro a la presidencia, se dispuso la disolución del único Comité que al momento se había conformado lo que restringió notablemente el acceso al aborto terapéutico. (Human Rigths Watch: octubre de 2007).
De actores, estrategias, alianzas y argumentos

En el marco de los contextos recientemente citados, compararemos en este apartado, los actores conservadores que se activaron, sus estrategias y argumentos frente a la reforma del Código Penal y de la Ley de Salud contemplando una quinta causal de aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, en D.F. (México) y a la penalización total del aborto, en Nicaragua.

A pesar de las diferentes normativas aprobadas en torno al aborto en ambos países, llaman la atención algunas líneas de continuidad como asi también las amplias diferencias entre estos procesos.

Entre los actores conservadores católicos que intervinieron en estos contextos, tanto en México como en Nicaragua, participaron representantes de la iglesia católica (arzobispos, párrocos, entre otros) y grupos Pro Vida del propio país - Provida, Somos Vida y Yo influyo.com, el Comité Nacional Provida de México, la asociación de Abogados Católicos, en el caso de México, en Nicaragua encontramos a la Asociación Nicaragüense por la Vida (Anprovida), y a la Alianza por la Vida. –. En ambos casos impulsaron acciones representantes de la comunidad internacional - del Vaticano y Vida Humana Internacional (VHI)-.

Es interesante destacar que estos actores buscaron establecer alianzas, no sólo con figuras de otras religiones e iglesias - de la Ortodoxa, la Anglicana, la Evangélica y la iglesia de la Santa Muerte, en México y la Evangélica y la Menonita, en Nicaragua – sino también con representantes de partidos políticos que dan cuenta del poder que aún siguen construyendo en nuestras sociedades – aunque en menor medida que en otras épocas- las instituciones religiosas de la mano de las políticas. En este sentido, en el caso de México, el PAN y el Partido Verde se expresaron tanto en el Congreso como en distintos medios masivos en contra de la despenalización de aborto. En cuanto a Nicaragua, las articulaciones con el poder político fueron mayores, no sólo porque consiguieron los votos de casi todos los partidos sino también porque el debate se dio en el marco de un proceso electoral. De esta forma lograron articular con la Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Liberal Constitucionalista, la Alternativa por el Cambio y el Frente Sandinista Liberación Nacional.

Así caracteriza el diario La Jornada la relación entre las instituciones religiosas y los partidos políticos en Nicaragua en el marco de las elecciones presidenciales de noviembre de 2006: “En estas elecciones la nueva Jerarquía católica sin el Cardenal Obando, aparentemente se mantiene al margen de los candidatos y aspirantes presidenciales. Sin embargo, logró un triunfo y mantuvo amarrado a todos los partidos políticos quienes el día Jueves 26 de Octubre, votaron casi en mayoría de 52 votos, ante una demanda de las Iglesias católicas y evangélicas, para que haya sido  suprimido del Código Penal  y su penalización  el aborto terapéutico (…) Los partidos temían una vez más al poder de la iglesia que pudiera  haber significado la pérdida de votantes en  las elecciones presidenciales en un país altamente influenciado de la Religión católica y evangélica (…) Una pequeña frase podría tal vez definir el norte que orientaría a los futuros electores de Nicaragua.” (La Jornada; 27/10/06)

En referencia a esta relación entre los partidos políticos –incluso de uno de los más progresistas como el FSLN- y la iglesia, el periódico El Nuevo Diario, recuperaba la palabra de Marta Blandón, directora para Centroamérica de IPAS10: “Nosotras hablamos con muchas diputadas y diputados del Frente Sandinista que nos decían: ‘Sí, ustedes tienen razón, pero es una orden del partido, no podemos votar en contra. Pero no se preocupen, voten por nosotros en las elecciones y cuando ganemos arreglaremos la cuestión'”. El problema ahora es que los sandinistas han contraído compromisos muy fuertes con la Iglesia.” (El Nuevo Diario; 23/01/07)

Grandes movilizaciones con alto contenido simbólico - en el caso de México con la consigna “Sí a la vida” y en el de Nicaragua, “Aborto es matar” -, seguidas de declaraciones de prensa y de publicación de notas en periódicos, denuncias contra Organismos de Derechos Humanos, fueron estrategias que se dieron los sectores religiosos conservadores en ambos países.

En el caso de México, también se realizaron instalaciones callejeras con leyendas y pancartas, se desarrollaron charlas desde el púlpito en las iglesias, pulularon publicaciones en páginas webs de las organizaciones Pro Vida, se difundieron expresiones en contra del aborto pronunciadas por personajes reconocidos de la TV, como el caso de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien públicamente ofreció apoyo a las mujeres que presentan embarazos no deseados y se entregaron contrapropuestas de ley a la Asamblea Legislativa. Además, paralelamente al tratamiento de la ley por la Asamblea, se llevaron a cabo reuniones de obispos y de conferencias episcopales donde, entre otras, se leyó una carta del Papa Benedicto XVI expresándose sobre la situación de México.

Como viene sucediendo en otros países de América Latina11 también en México se iniciaron procesos de judicialización. En este sentido, retomamos el concepto de “secularismo estratégico” de Juan Marco Vaggione para dar cuenta de los procesos a través de los cuales las religiones patriarcales politizan su agenda utilizando estratégicamente discursos seculares, científicos y legales, como forma de defender sus cosmovisiones (Vaggione: 2005;152).

En el caso de México estos procesos se materializaron en declaraciones públicas sobre la posibilidad de presentar recursos ante la justicia después de terminado el proceso de votación, en el emplazamiento que realizó el PAN al procurador general de la República para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Por otra parte, según se explicitaron en algunos medios de comunicación también tuvieron lugar en este proceso, amenazas a determinados legisladores que votaron a favor de la despenalizar el aborto (La Crónica de Hoy; 21/04/07); una amenaza de excomunión a los asambleístas que votaran a favor de la reforma, anunciada en un principio por la Arquidiócesis Primada de México, y que luego fue desestimada por la propia iglesia (El Universal; 30/07/07); mensajes amedrentadores en los celulares de asambleístas del PRD y páginas web jaqueadas, según informó CIMAC (CIMAC; 21/03/07).

Por otra parte, en Nicaragua, el abogado Asael Pérez miembro de la Asociación Nicaragüense por la Vida, realizó una denuncia contra funcionarios de Naciones Unidas que presentaron en enero de 2007, junto con organizaciones feministas y de derechos humanos, un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de penalización total del aborto. Pérez destacó entre sus argumentos que la ONU estaba incidiendo en las políticas internas del país. (La Prensa 01/05/07)

En este cruce de acciones y actores, los argumentos expresados por los sectores conservadores religiosos en ambos países giraron en torno a que el tema del aborto es una problemática que afecta a la familia y a la vida, en tanto que a su juicio, existe vida desde el momento de la concepción. Desde este lugar, la práctica del aborto es un crimen y un pecado que se realiza violando un derecho humano, en este caso, el de los niños por nacer.

Asimismo, llama la atención que en ambos países, desde una institución trasnacional como la iglesia, se denunció la intromisión de otros países y de organismos internacionales –principalmente norteamericanos- en temas de política nacional, como son los temas de aborto o el referido a reconocimientos de ciertos derechos a la comunidad homosexual.

Vinculado a ello, en el caso de México, también se criticaron supuestas malas interpretaciones de tratados y/o pronunciamientos de organismos internacionales que, a juicio de los sectores católicos, no se expresan a favor de despenalizar el aborto a pensar de que quienes están a favor de esta práctica los citen como referencia. Entre ellos podemos citar los caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Conferencia sobre la Mujer de Pekín, el Pacto de San José de Costa Rica, como así también algunas criticas de sectores conservadores se refirieron a algunas opiniones vertidas por la OMS toda vez que, a su juicio, realizaron alteraciones a drede en las cifras de aborto no deseado en el país.

En este punto nos resulta interesante ver como en el trasfondo de las denuncias de estos sectores existe un doble discurso, ya que mientras en varias oportunidades en pos de fundamentar sus posturas realizan interpretaciones casi gramaticales y unidireccionales de los convenios internacionales, en otras ocasiones los mismos instrumentos u organismos son fuertemente criticados, por ser considerados “antifamilia” o propulsores de culturas liberales e imperialistas respecto a los derechos sexuales y reproductivos, cuestiones de igualdad de genero y diversidad sexual. De esta forma, los discursos conservadores religiosos se valen de argumentos seculares como la cita de tratados de derechos humanos y conocimientos científicos del campo de la estadística para respaldar sus posiciones.

Finalmente, resulta llamativo que, en el caso de Nicaragua, algunos actores políticos utilizaron argumentos religiosos y de fe para fundamentar su postura en contra de la despenalización del aborto.

Este fue el caso del candidato a la Vicepresidencia por el FSLN y la Convergencia, Jaime Morales Carazo, quien recogió un discurso religioso y señaló, al referirse al tema del aborto, que en lo personal es católico y un liberal sin dobleces, que respeta las opiniones de la gente, pero también las de su religión y la de sus líderes espirituales, el Papa y el cardenal Miguel Obando. Además, se expresó en contra el matrimonio homosexual, generando una oposición entre las ideas que él caracteriza como foráneas, y por tanto negativas, y posturas nicaranguences, aparentemente no “contaminadas” con esas ideas extranjeras: “espero que durante la campaña electoral no se importen otras ideas exóticas de España, como el matrimonio entre homosexuales”. La secretaria de Comunicación del FSLN, Rosario Murillo, recalcó que la condición de creyentes de los miembros del FSLN les impide oponerse a la vida y apoyar el aborto: “Creemos que nuestra posición de fe, nuestra posición de creencia, es absolutamente coincidente con la cultura de este pueblo y con el corazón de la mayoría nicaragüense que también dice sí a la vida (…) el Frente Sandinista, las mujeres sandinistas, las madres, los jóvenes y las jóvenes sandinistas estamos en contra del aborto, decimos sí a la vida por un asunto de fe, de convicción religiosa, porque somos creyentes y porque hemos encontrado en Dios la fortaleza para enfrentar todos los problemas”. (El Nuevo Diario; 19/08/06)


A partir de lo expuesto, encontramos que, a pesar de las diferencias de contextos y procesos devenidos en ambos países, lejos de haber desaparecido las organizaciones religiosas conservadoras como actores políticos con pretensiones de regular sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como supuso en algún momento el proyecto de la modernidad, las mismas han sabido adaptar su discursos y estrategias a los cambios sociales, culturales y científicos de la época. En este sentido, toda vez que el feminismo y las organizaciones de derechos humanos lograron avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, estos movimientos se reorganizaron para intentar frenar posibles conquistas12.

Para finalizar, consideramos que es un desafío para nuestras sociedades latinoamericanas, y particularmente para los estados, implementar políticas y readaptar sus ordenamientos internos, con el fin de favorecer sociedades cada vez más democráticas e igualitarias en las que los derechos de las mujeres sean respetados, independientemente de los credos religiosos.


Bibliografía

  • Gil Domínguez, A. (2000): Aborto voluntario, vida humana y constitución Editorial Ediar. Argentina.

  • Human Rigths Watch (octubre de 2007): “Breve historia del aborto y la norma jurídica en Nicaragua”. En: http://hrw.org/spanish/

  • Vaggione, J.M. (2005): “Los roles políticos de la religión. Género y sexualidad más allá del secularismo” En: Vassallo, M. et. al. (2005): En Nombre de la Vida. Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba. Argentina.

  • Vaggione, J. M.; Peñas Defagó, M. A.; Franco, M.J. (2006): El aborto: las nuevas fronteras. Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir.


Medios Gráficos Consultados

CIMAC Noticias: (21/03/07). www.cimac.org.mx

CIMAC Noticias: (09/04/07). www.cimac.org.mx

CIMAC Noticias: (28/05/07). www.cimac.org.mx

El Nuevo Diario: (19/08/06). www.archivo.elnuevodiario.com.ni

El Nuevo Diario: (23/01/07). www.archivo.elnuevodiario.com.ni

El Universal: (03/04/07). www.eluniversal.com.mx

El Universal: (30/07/07). www.eluniversal.com.mx



Expreso.com.mx: (11/05/2007). www.expreso.com.mx

La Crónica de Hoy: (21/04/07). www.cronica.com.mx

La Jornada: (27/10/06). www.jornada.unam.mx

La Prensa: (01/05/07). www.laprensa.com.ni



Prominent México: (23/04/07). www.prominentmexico.org


1 En el caso de Argentina, se registraron 295 muertes de mujeres en el año 2004 y 279, en el 2005. El aborto fue la causa más frecuente en ambos años: en el año 2004, representó el 33.2% (94 defunciones maternas) y en el 2005, el 26.7% (79 defunciones maternas), según la Dirección Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

2 Sitio web www.comiteprovida.org

3 Sitio web www.yoinfluyo.com

4 Sitio web www.vidahumana.org

5 Sitio web www.providaliberal.blogspot.com

6 Sitio web www.adopcionespiritual.org

7 Sitio web www.mifamilia.gob.ni

8 Cabe señalar que el PRD viene ganando las elecciones para Jefe de Gobierno del Distrito Federal desde diciembre de 2000 a la actualidad.

9 Para más información ver: http://www.mujeresdelsur.org.uy/campana/camp_mabril4.htm, http://hrw.org/spanish/reports/2007/nicaragua1007/2.htm#_ftn14#_ftn14

10 IPAS: organización no gubernamental, con 35 años de vida, que promueve los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

11 Aunque con características y en contextos diferentes, en Argentina también se han implementado acciones de judicialización y de presión al poder político, por ejemplo, en las diversas denuncias que el presidente de la organización católica cordobesa Portal de Belén, Aurelio García Elorrio, realizó al ministro de Salud y Acción Social de la Nación, Ginés González García. Una de estas acciones tuvo lugar en febrero de 2005, tras las declaraciones del ministro en que expresaba su posición a favor de la despenalización de aborto. En esta oportunidad, el presidente de la organización pidió una ampliación de la denuncia “por haber hecho apología del crimen del aborto al sostener que se debía despenalizar dicha práctica”.


12 Para profundizar en el análisis de estos procesos puede consultarse el concepto de “politización reactiva” empelado por Juan Marco Vaggione (Vaggione: 2005; 147).


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