Nº 54 / Resistencia, 07 de abril de 2014. Autos y vistos



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Nº 54 / Resistencia, 07 de abril de 2014.

AUTOS Y VISTOS:

El presente expediente Nº 1-23.441/13, caratulado: "SOSA MAXIMILIANO S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL", y;



CONSIDERANDO:

I- Que el Juzgado Correccional de la Primera Nominación de Resistencia, mediante resolución Nº 173/13 (fs. 93/95), denegó el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por Maximiliano Sosa, por tratarse de un caso de violencia de género, cometido en perjuicio de Nélida Ramona González, conforme las disposiciones de la Ley 24.632 que rigen la materia.

Esta decisión motivó el alzamiento de la defensa, a cargo del Defensor Oficial Nº 12, Alfredo Oscar Rendina, que interpuso el recurso de casación de fs. 98/100, el cual fuera concedido, elevándose la causa a esta Sala Segunda.

El recurrente se agravia por entender que el hecho no encuadra en un supuesto de violencia de género, porque en autos se le atribuye a su defendido el delito de Desobediencia Judicial, considerando que no se ha acreditado ningún tipo de violencia contra la supuesta víctima.

II- Así planteada la cuestión y analizados los agravios, los fundamentos del fallo, las constancias de autos y las disposiciones legales en juego, debe concluirse que corresponde proceder al rechazo de la presentación, por resultar sustancialmente improcedente.

En efecto, el caso aquí examinado resulta sustancialmente análogo al resuelto in re "Sánchez", Res. 10/14, en los cuales se ataca la decisión jurisdiccional de considerar el caso comprendido por las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (aprobada por Ley 24.632), bajo el argumento de que no se trata de un supuesto de violencia ejercido contra una mujer sino de un incumplimiento de una orden judicial por parte del imputado, razón por la que se le atribuye el delito de Desobediencia Judicial.

Sin embargo, si bien es cierto que el Requerimiento de Elevación a Juicio formulado por el Ministerio Público lo fue por ese delito, previsto por el art. 239 del Cod. Penal, del mismo surge que la supuesta desobediencia fue cometida precisamente por desconocer la orden judicial de prohibición de acercamiento al domicilio de la denunciante, dispuesta por el Juez del Menor de Edad y la Familia Nº 1 de esta ciudad, en los autos caratulados "González Nélida Ramona c/ Sosa Maximiliano s/ Violencia Familiar", Expte. Nº 2641/11 (fs. 42/47).

En ese contexto, debe considerarse que la conducta del imputado que diera origen a la decisión judicial de prohibir su acercamiento al domicilio de la denunciante se proyecta a la atribuida en autos, ya que no es más que la continuación de la anterior, ahora agravada por el incumplimiento de una orden judicial.

Al respecto, la Ley 24.632, que aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -"Convención de Belem do Pará"-, en su art. 7, inc. d), establece que el Estado debe "adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; y, en el inc. f), "establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos", medidas y procedimientos que, en el caso, fueron adoptados judicialmente, pero que habrían sido desconocidos por el imputado, de acuerdo a la imputación formulada, razón por la cual no puede afirmarse válidamente que la misma no tenga relación alguna con los supuesto contemplados en esta norma.

En tales condiciones, resulta de aplicación en el sub examen lo doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual, en tales casos, "...la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquel estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle", por lo que prescindir "...de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la "Convención de Belem do Para" para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos como los aquí considerados" (Cfr. Fallo "Góngora, Gabriel Arnaldo", causa Nº 14.092, 23/04/2013), precedente ya receptado por esta Sala (Cfr. in re "Incidente de Suspensión del Juicio a Prueba en autos "Jara...", Sent. 48/13).

Consecuentemente, dadas las razones señaladas, el recurso deducido en autos debe ser rechazado, conforme lo establecido en los arts. 470 y 449, tercer párrafo, del CPP, que impone proceder de tal manera al Tribunal de Alzada cuando fuere evidente que resulta sustancialmente improcedente, lo cual puede estar referido tanto a cuestiones de hecho como de derecho procesal o sustantivo planteadas en el recurso (Cfr. Cafferata Nores - Tarditti, Código Procesal Penal, de la Provincia de Córdoba, Comentado, Tomo 2, pg. 393; esta Sala in re "Alfonzo, Res. 162/13 y otros).

Por todo ello, la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia, reunida en Acuerdo del día de la fecha,



RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 98/100, sin costas, por haber intervenido la defensa oficial.

II- Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.
MARÍA LUISA LUCAS, PRESIDENTA - RAMÓN RUBÉN AVALOS, VOCAL SUBROGANTE - MIGUEL ANGEL LUBARY, SECRETARIO



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