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Tabla 3
Inspecciones realizadas a los centros de privación de Libertad. Período 2002-2014


Años

Total de inspecciones realizadas
por la Defensoría del Pueblo a los centros de privación de libertad


2002

105

2003

1.123

2004

1.264

2005

1.591

2006

1.274

2007

1.382

2008

1.726

2009

150

2010

1.924

2011

1.137

2012

1.359

2013

880

2014*

1.197

Total

15.112

* Total de inspecciones efectuadas hasta el mes de mayo de 2014.

  1. Derivadas de estas inspecciones, se formularon recomendaciones y exhortos a diversas instituciones vinculadas con el régimen penitenciario pertenecientes a los diferentes poderes públicos. Del Poder Ejecutivo se realizaron recomendaciones principalmente a los Ministerios de Interior y Justicia, de Participación y Desarrollo Social, de Servicios Penitenciarios y a la Comisión Presidencial de Emergencia Penitenciaria; del Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control y Juicio, a los jueces y juezas de los Circuitos Judiciales Penales y a la Defensa Pública; y del Poder Legislativo, a la Asamblea Nacional.

Sírvanse proveer al Comité los informes especiales producidos por la Defensoría sobre temas incluidos en el ámbito de la Convención, si los hubiere.

  1. La Defensoría del Pueblo ha realizado, respecto a la perpetración de torturas, los siguientes informes:

Año 2008

  1. El CICPC. Investigación documental de violaciones de derechos humanos sobre la base de casos registrados por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Período 2000-2007.

Año 2010

  1. Boletín sobre Trata de Personas, Años 2008-2009. Presentado ante los órganos competentes del Estado.

  2. Informe relativo a los avances y denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo relacionado con la Trata de Personas. Presentado ante los órganos competentes del Estado.

  3. Informe sobre posibles denuncias en las que estuvieran incursos funcionarios de la Policía Estadal de Yaracuy. Presentado ante los órganos competentes del Estado.

  4. Boletín estadístico sobre denuncias recibidas y señalamientos de los órganos policiales involucrados en las mismas años 2005-2009. Presentado ante los órganos competentes del Estado.

  5. Informe Final de Investigación: Policía Nacional Bolivariana: Balance de su primer año de gestión. Presentado ante la PNB, comunidades y medios de comunicación.

Año 2011

  1. Casos de tortura registrados por la Defensoría del Pueblo. Años 2002-2010, en los que ha estado involucrado el CICPC. Reseña de casos correspondientes al mes de enero 2011.

  2. Informe sobre actuaciones del CICPC, en casos de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes atendidos por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Período Enero-Febrero 2011.

  3. Observaciones y recomendaciones al Protocolo de Actuación Institucional en materia de trata de personas (2011).

Año 2012

  1. Propuesta de Indicadores sobre Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Presentada ante el Subcomité de Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (INE).

Expliquen el papel desempeñado por la Defensoría en el seguimiento de la operación de requisición de armas realizada en la cárcel de Uribana el 25 de enero de 2013, que resultó en la muerte de al menos 60 reclusos del centro penitenciario.

  1. En ocasión a los hechos de violencia ocurridos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Uribana), ubicado en el estado Lara, durante el mes de enero de 2013, la Defensoría del Pueblo, a través de su Defensoría Delegada del estado Lara, participó en fecha 23 de enero de 2013, en una reunión interinstitucional convocada por la XIV Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas, a los fines de coordinar la requisa que realizaría el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en este centro de reclusión en fecha 25 de enero de 2013.

  2. En este contexto, la Defensoría del Pueblo consideró necesario el rescate del orden interno y el decomiso de las armas que se encontraban en poder de los internos, para garantizar la vida y la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encontraban privadas de libertad en ese centro penitenciario. Recomendó ceñir la actuación al principio de uso proporcional y diferenciado de la fuerza, y con respeto a los derechos humanos.

  3. El operativo planificado derivó en hechos de violencia, los cuales dejaron un saldo de 60 fallecidos (58 privados de libertad, un pastor evangélico y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana), 117 heridos (114 privados de libertad y 3 Guardias Nacionales) y el traslado de la totalidad de la población recluida a otros establecimientos penitenciarios ubicados en distintos estados del país.

  4. La Defensoría del Pueblo mantuvo presencia permanente en el centro penitenciario, brindó atención a los familiares de los privados de libertad heridos y fallecidos, articuló con los distintos organismos para la atención médica de los heridos y aseguró presencia en diversos centros de salud a objeto de verificar se les prestase la debida atención médica.

  5. Se instruyó a todas las Defensorías Delegadas Estadales mantener la debida vigilancia y realizar las actuaciones que resultaran pertinentes en los establecimientos penitenciarios que recibieron población de la cárcel de Uribana, cuyo incremento de población podría implicar desmejoras de las condiciones de las instalaciones y servicios, así como propiciar hechos de violencia carcelaria.

  6. La Defensora del Pueblo en fecha 27 de febrero de 2013, se reunió con los familiares de los reclusos del Centro Penitenciario en mención y reiteró su compromiso con los Derechos Humanos de los privados y las privadas de libertad.

  7. En el año 2014, la Defensoría del Pueblo ha mantenido una labor de vigilancia permanente sobre la situación de los privados de libertad internados en este recinto penitenciario, ha realizado el seguimiento de las causas penales que han sido iniciadas por el Ministerio Público respecto a los internos fallecidos y lesionados durante estos hechos de violencia, en concordancia con los parámetros institucionales establecidos para ello.

Pregunta 6. Teniendo en cuenta la firma en julio de 2011 del Protocolo Facultativo de la Convención por parte del Estado y su voluntad de ratificarlo, tal y como se indica en el párrafo 37 del informe periódico, sírvanse informar sobre las medidas encaminadas a la ratificación de este instrumento.

  1. El proceso de ratificación de instrumentos internacionales constituye un proceso complejo que amerita el análisis por parte de entes como la Procuraduría General de la República, Asamblea Nacional y la decisión presidencial, atendiendo a la independencia de Poderes el proceso de ratificación se realizará previo estudio.

Pregunta 7. Sírvanse aclarar si los requisitos para el establecimiento de la futura Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, prevista en los artículos 11 a 16 de la nueva Ley contra la Tortura, se ajustan a los criterios de independencia, transparencia y autonomía funcional necesarios para el adecuado cumplimento de sus funciones. Indiquen cómo se compatibilizarán las funciones de esta Comisión con el futuro mecanismo nacional de prevención previsto en el Protocolo Facultativo.

  1. La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes es una instancia que se encuentra plenamente operativa desde el 31 de agosto de 2013, fecha en la cual fueron juramentados sus integrantes en el seno del Poder Legislativo Nacional. En fecha 31 de octubre del año 2013 la Comisión aprobó su Reglamento Interno. La Comisión está integrada por 13 voceros, 12 de ellos pertenecientes a diversas instituciones del Estado y uno proveniente del seno de la sociedad.15 El 54% de los integrantes de la Comisión (7 de 13) no guardan ninguna vinculación con el Poder Ejecutivo Nacional.16

  2. Por disposición de la Ley Especial, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes está integrada a la estructura organizativa de la Defensoría del Pueblo, correspondiendo a la Institución Nacional de Derechos Humanos la responsabilidad de presidirla. Esto otorga a la Comisión las garantías de autonomía e independencia que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye a la Defensoría del Pueblo. Así, conforme al artículo 273 de la CRBV los órganos del Poder Ciudadano, incluida la Defensoría del Pueblo, son independientes y gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa.

  3. Igualmente, a la luz del artículo 282 de la CRBV, el Defensor del Pueblo goza de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no puede ser perseguido, detenido, ni enjuiciado por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En virtud de ambas disposiciones de rango constitucional, la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes es independiente y dispone autonomía funcional, financiera y administrativa. Su Presidente goza de inmunidad en el ejercicio de sus funciones.

  4. La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes tiene las competencias que el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura asigna al mecanismo nacional de prevención. Además, dicha Comisión fue incorporada a la estructura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en plena sintonía con lo previsto en el artículo 18.4 del Protocolo Facultativo. En virtud de lo anterior, la mencionada Comisión podrá fungir como Mecanismo Nacional de Prevención en caso de ratificación del Protocolo Facultativo, sacando el máximo provecho del trabajo desarrollado y la experiencia adquirida antes de la entrada en vigencia de dicho instrumento para nuestro país.

Pregunta 8. En relación con el párrafo 60 del informe periódico, sírvanse proporcionar información sobre la aplicación del Decreto de reorganización del poder judicial y cómo se han reforzado las garantías de independencia de los jueces y su mantenimiento en el cargo. En este sentido, faciliten información sobre: a) el acceso a la carrera judicial; b) las normas que rigen la inamovilidad de jueces y la forma en que pueden ser destituidos; c) el número de jueces provisorios y permanentes; d) datos acerca de casos en que se haya producido la remoción de jueces y otros operadores de justicia en el período a examen. Expliquen, asimismo, de qué manera la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece salvaguardias contra la injerencia de otros poderes.

  1. Esta respuesta será ofrecida por el Tribunal Supremo de Justicia durante el dialogo interactivo a realizarse con el Comité contra la Tortura.

Articulo 3

Pregunta 9. Sírvanse proporcionar datos anuales durante el período objeto de examen, desglosados por sexo, país de origen y edad, sobre:

a) El número de solicitudes de asilo registradas;

b) El número de solicitudes de asilo, refugio, u otra forma de protección humanitaria que fueron concedidas, indicando el número de casos, si fuere aplicable, en los que se concedió protección en aplicación del principio de no devolución;

  1. Desde 2003 la Comisión Nacional para los Refugiados ha procesado y decidido en primera instancia 9.692 solicitudes de refugio, de las cuales 1.629 fueron aprobadas y 8.063 negadas, de éstas 715 hicieron uso del Recurso de Reconsideración, lográndose conceder 254 favorablemente.

  2. Estas decisiones han permitido otorgar el estatus de refugiadas a 4.733 personas, de las cuales 1.893 son NNA y 672 mujeres, dos categorías que suman 2.565, es decir, 54% del total refugiadas.

  3. Cabe mencionar que el 99% de nuestros solicitantes de refugio son de nacionalidad colombiana, que huyen de los efectos del conflicto interno que vive ese país desde hace seis décadas.

  4. Sobre otras nacionalidades, tenemos los siguientes casos: Chile 2, Haití 3, Perú 3, Ecuador 1, Honduras 1, Liberia 6, Ruanda 2, Congo 1, Costa de Marfil 1, Nigeria 6, Irak 8, Gambia 1, Kosovo 1, Pakistán 2, Afganistán 5, Líbano 5, Burundi 1, Sierra Leona 2, Turquía 2, Palestina 2, Estados Unidos 1, y Sahara Occidental 5.

  5. En 2014 se han expedido 856 Documentos Provisionales, instrumento que le permite ingresar provisionalmente a territorio venezolano mientras se decide su situación.

  6. Respecto de la aplicación del motivo “sexo” previsto en el Artículo 5º de nuestra Ley Orgánica (LORRAA), constituyó un aporte significativo de la legislación bolivariana, que supera las convenciones internacional en materia de refugio, y abre paso a la protección internacional de personas discriminadas por la sexodiversidad y la violencia contra la mujer, muy especialmente.

  7. En mayo de 2010 establecimos el primer precedente en esta interpretación progresiva de la Ley, otorgando refugio a una mujer víctima de violencia de género; desde entonces se han beneficiado más de cuarenta (40) casos de mujeres violentadas y unos 6 casos por sexodiversidad.

c) El número de personas que fueron extraditadas o expulsadas y la lista de países a las que fueron expulsadas;

d) El número de apelaciones interpuestas contra decisiones de expulsión sobre la base del posible peligro que corra el solicitante de ser sometido a maltrato en el país de origen y los resultados de dichas apelaciones.

  1. Según información suministrada por Ministerio Público:

a) Año 2001: Se recibió una (01) solicitud de extradición planteada por el Gobierno de la República de Colombia, por el delito de secuestro, siendo ésta declarada procedente;

b) Año 2002: El Reino de España planteó al Estado venezolano, una (01) solicitud de extradición por el delito de tráfico de drogas, la cual fue acordada;

c) Año 2003: Durante este año fueron extraditadas cinco (05) personas, en virtud del pedido formal presentado por la República francesa (en dos casos: uno por tráfico de drogas y otro, por homicidio); un pedido de la República italiana y finalmente, 2 personas entregados a las autoridades de los Estados Unidos de América por el delito de Tráfico de Drogas;

d) Año 2004: En este año se acordó una (01) solicitud de extradición planteada por el gobierno de los Estados Unidos de América, por el delito de tráfico de drogas;

e) Año 2005: Fueron extraditadas cuatro (04) personas a pedido de los siguientes países: Austria (por el delito de estafa); Colombia (por los delitos de homicidio y peculado por apropiación) y Rumania (por el delito de hurto);

f) Año 2006: Fue declarada procedente una (01) solicitud de extradición, planteada por el Reino de Bélgica, por el delito de tráfico de drogas;

g) Año 2007: Se declararon procedentes dos (02) solicitudes de extradición planteadas por la República francesa y por la República del Perú. La primera por el delito de violación, mientras que la segunda, por el delito de Trata de Personas, respectivamente;

h) Años 2008, 2009 y 2010: No se produjeron extradiciones pasivas;

i) Año 2011: Durante este año fueron declaradas procedentes ocho (08) solicitudes de extradición, planteadas por los siguientes países: Rumania (por el delito de legitimación de capitales); España (por el delito de violación); Canadá (por el delito de tráfico de drogas); Portugal (por tráfico de drogas); Francia (2 personas por los delitos de tráfico de drogas y homicidio); República italiana (tráfico de drogas); El Reino de los Países Bajos (por el delito de homicidio) y Suecia (por el delito de tráfico de drogas);

j) Año 2012: Se produjeron nueve (09) entregas de personas por los siguientes delitos: una por los delitos de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y vejaciones, a la República Argentina; una a Grecia por el delito de tráfico de drogas; una a la República del Perú por el delito de secuestro; una a Lituania por el delito de fraude; una a la República Checa por el delito de tráfico de drogas; una a la República Dominicana por el delito de homicidio; otra a la República Checa por el delito de fraude; una al Reino de España por el delito de tráfico de drogas; y, una a la República italiana por el delito de asociación mafiosa;



k) Año 2013: Fueron declaradas procedentes siete (07) solicitudes de extradición, a los siguientes países: Perú (tráfico de drogas), Reino de España (legitimación de capitales y tráfico de drogas), Alemania (homicidio), Perú (violación), Reino de España (tráfico de drogas), República Checa (una extradición por falsificación y fraude y otra, sólo por el delito de fraude).

Pregunta 10. Sírvanse indicar si los solicitantes de asilo pueden tener acceso a asistencia jurídica independiente y gratuita durante el procedimiento de asilo, incluyendo durante la apelación. Aclaren, asimismo:

a) Si la apelación de una decisión de expulsión tiene efectos suspensivos;

b) Si el Estado ha adoptado protocolos de actuación con respecto a los solicitantes de asilo que incluyan un examen médico independiente, en el que se evalúen posibles traumas o secuelas, así como procedimientos de identificación de víctimas de violencia sexual o de género.

  1. De acuerdo con la Ley Orgánica de Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA), la condición de asilado o asilada tiene como presupuesto que el Estado venezolano otorgue tal condición a un extranjero por considerar que este es un perseguido (a) por sus creencias, opiniones o afiliación política, por actos que puedan ser considerados como delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos. El otorgamiento del asilo corresponde al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en ejercicio de la soberanía y de conformidad con los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados.

  2. El procedimiento previsto en la LORRAA prevé que el asilo pueda otorgarse a las personas que lo soliciten ente misiones diplomáticas, navíos de guerra y aeronaves militares venezolanas, sin que esto aplique a personas procesadas o condenadas por delitos comunes o delitos contra la paz, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Para el otorgamiento de la condición de asilado el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores consultará a las autoridades competentes. Otorgado el asilo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores notificara al Ministerio de Interior y Justicia a fin de la expedición del documento de identidad.

  3. Durante el proceso, la República Bolivariana de Venezuela garantiza las acciones necesarias para brindar protección, asistencia y apoyo jurídico a las personas solicitantes de asilo. Por otro lado, la LORRAA y su reglamento solo prevén la figura de expulsión para la condición de refugiado, con el procedimiento previsto en los artículos 1 al 20 del reglamento.

  4. Asimismo, de acuerdo con la Ley de Extranjería y Migración los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República, tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Pregunta 11. En relación con el párrafo 95, apartado d) del informe periódico, sírvanse indicar, durante el período objeto de examen, el número de entregas realizadas por el Estado parte mediante la aceptación de garantías diplomáticas o equivalentes, indicando la razón por la que se requirió dicha garantía, así como los casos en que el Estado parte haya ofrecido esas seguridades o garantías diplomáticas. ¿Cuál es el contenido mínimo de esas seguridades o garantías, dadas o recibidas, y qué medidas de supervisión ulterior se han tomado en esos casos?

  1. Esta respuesta será enviada con alcance al dialogo interactivo.

Artículos 5, 6, 7, 8 y 9

Pregunta 12. Con referencia al párrafo 101 del informe periódico, sírvanse indicar si el Estado parte:

a) Ha rechazado alguna solicitud de extradición presentada por otro Estado con respecto a una persona sospechosa de haber cometido un delito de tortura por haberse considerado que este delito era un delito político o infracción conexa;

b) Ha incoado un procedimiento judicial en aquellos casos en los que, por cualquier razón, ha rechazado una solicitud de extradición presentada por otro Estado con respecto a una persona sospechosa de haber cometido un delito de tortura. De ser así, proporcionen información sobre la situación y el resultado de esos procedimientos.

  1. No se ha recibido en el Estado Venezolano durante el período en estudio (2001 2013), solicitud de extradición planteada por otro Estado, en relación al delito de Tortura. Por tanto, al no haber sido recibida una solicitud de esta naturaleza, no ha existido pronunciamiento de rechazo a alguna petición de extradición, bajo el argumento de tratarse de delito político o infracción conexa.

  2. Al no haberse recibido en el Estado Venezolano durante el período en estudio (2001-2013), solicitud de extradición planteada por otro Estado por el delito de Tortura, no ha existido en consecuencia, procedimiento judicial alguno por este delito derivado de la negativa a acordar una solicitud de extradición.
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