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Tabla 5


Funcionarios condenados durante los años 2012 y 2013

Delitos

Año 2012

Año 2013

Lesiones

17

13

Tortura

0

2

Desaparición Forzada

2

10

Homicidio

93

83

Tabla 6


Causas ingresadas y actos conclusivos en materia de protección de derechos fundamentales

Año

Tipo

Número

2013

CI

7706




AC

11.825

2012

CI

8.807




AC

5.647

Total

CI

15.739




AC

17.472

En particular, sírvanse proporcionar información sobre el resultado de las investigaciones y sobre los procedimientos disciplinarios y/o penales relativos a:

a) Los homicidios entre 1998 y 2013 de diez miembros de la familia Barrios, beneficiaria de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), entre los que al menos dos fueron considerados ejecuciones extrajudiciales perpetradas por policías del Estado de Aragua en sentencia de la Corte IDH de 24 de noviembre de 2011;

  1. Con respecto a la Familia Barrios, existen 09 casos por el delito de Homicidio, de los cuales 02 ya concluyeron con la sentencia condenatoria contra los agentes de la Policía del estado Aragua, Leomar José Rovira Mendoza, José Luís Riasco León y Marco Antonio Moreno Dorta, a cumplir la pena de 13 años, 04 meses y 25 días de prisión; así mismo en 02 causas penales se acusó a los agentes de la Policía del estado Aragua, Amador Mujica Alexis José, Sandoval Carlos Alberto, Montero Martínez Arturo y Ortíz Flores Ericson, Ronald Calderón, las cuales se encuentran en fase de juicio; otra causa se encuentra en fase intermedia; una se decretó archivo fiscal y 03 en Fase preparatoria; para estas 07 causas penales pendientes el Ministerio Público designó a las Fiscalías 14 y 20 del estado Aragua.

  2. La Defensoría del Pueblo en el marco de las medidas provisionales para proteger la vida e integridad personal de los ciudadanos Eloisa Barrios, Jorge Barrios, Rigoberto Barrios, Oscar Barrios, Inés Barrios, Pablo Solórzano, Beatriz Barrios, Caudy Barrios, Carolina García y Juan Barrios, las cuales fueron dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectúa constante seguimiento al cumplimiento por parte del Estado venezolano de dichas medidas a favor de la Familia Barrios.

  3. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo continúa realizando una serie de actuaciones con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en torno al caso, las cuales se describen a continuación:

a) Se realiza traslado a la sede del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, a los fines de constatar el cumplimiento de la medida, el avance de la investigación y la implementación de las medidas necesarias para que los miembros de la FAMILIA BARRIOS, que se hayan visto forzados a trasladarse a otras regiones del país, regresen a sus hogares;

b) Traslado a la sede del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, a los fines de constatar el cumplimiento de las medidas y el avance de la investigación;



c) Traslado a la sede de la Guardia Nacional Bolivariana del referido estado, a los fines de constatar el cumplimiento y ejecución de las medidas de protección, su duración y mecanismos de implementación.

b) Las presuntas torturas de las que fueron víctimas: José Francisco Matheus González el 1º de marzo de 2000 por una comisión de la policía de Zulia en la ciudad de Maracaibo; Johan Alexander Castillo en la sede del CICPC del Estado de Lara, el 15 de abril de 2006 en Barquisimeto; Germán Armando Peña Gómez, el 27 de julio de 2008 por funcionarios de la Policía Metropolitana, en la ciudad de Caracas; y Adelso Peña Carrillo, el 21 de octubre de 2010 en el calabozo del CICPC en la ciudad de Caracas;

  1. José Francisco Matheus González: En fecha 18 de julio de 2002, los Fiscales del Ministerio Público 11 y 45 del estado Zulia, presentaron Acusación por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Gravísimas y Abuso de Autoridad, contra 10 ciudadanos. En fecha 27 de octubre de 2003, se celebró Audiencia Preliminar ante el Tribunal 11 de Control del estado Zulia, en la cual declaró inadmisible la Acusación y decretó el Sobreseimiento de la causa; por lo que el Ministerio Público apeló contra la decisión judicial. Es así como, el 02 de febrero de 2004, la Sala 3ra. de la Corte de Apelaciones de esa entidad, decidió declarar con lugar el Recurso de Apelación y ordenó la realización de una nueva Audiencia Preliminar ante un Juzgado de Control distinto, la cual se realizó el 19 de octubre de 2004, ante el Juzgado 4to.de Control de esa región, y admitió totalmente la Acusación y ordenó la apertura a Juicio. Siendo la causa distribuida a diversos Tribunales, observándose que los Jueces de los Tribunales 1ro. y 10 de Juicio del estado Zulia, para la época, el 02 de junio de 2005 y el 21 de junio de 2006, respectivamente, se inhibieron de seguir conociendo de la causa, siendo ambas declaradas con lugar. Posteriormente, el 06 de abril de 2009, nuevamente la causa es objeto de inhibición, por lo que se distribuyó la causa al Juzgado 4to. de Juicio del mismo estado, el cual difirió en diversas oportunidades la apertura del Juicio Oral y Público, por la inasistencia de los acusados, entre otras causas.

  2. El 03 de junio de 2011, el Tribunal 4to. de Juicio ya identificado, decretó el Sobreseimiento de la Causa, por Prescripción de la Acción Penal; en consecuencia el Ministerio Público, el 14 de julio de 2011, apeló contra ese fallo; y es el 02 de octubre de 2012, cuando se celebró la Audiencia Oral, en la Sala 2da. de la Corte de Apelación del estado Zulia, siendo el 10 de octubre de 2012, que la Instancia Superior anuló la decisión emanada del Juzgado 4to. de Juicio de esa jurisdicción, y ordenó la celebración del Juicio Oral y Público, ante un Tribunal distinto, cuya causa fue distribuida al Tribunal 6to.de Juicio de esa jurisdicción, la cual fijó la Audiencia de Juicio Oral y Público, para el 26 de junio de 2014, que fue diferida, habiendo el dicho Juzgado fijado nueva fecha para el 06 de agosto de 2014.

  3. Johan Alexander Castillo: Cursa una investigación donde aparece como víctima ante la Fiscalía 21 del Ministerio Público del estado Lara, encontrándose en fase de investigación; y que tiene su origen por otra investigación que se le sigue a Johan Alexander Castillo por su presunta participación en los delitos de Secuestro y Resistencia de la Autoridad.

  4. Germán Armando Peña Gómez: En lo que respecta a las presuntas agresiones del 27 de julio de 2008, por parte de funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, la Fiscalía 83 del Ministerio Público de esa jurisdicción, se encuentra a la espera del pronunciamiento del Tribunal competente sobre el Sobreseimiento solicitado por el mencionado Despacho Fiscal.

  5. Adelso Peña Carrillo: Conocen las Fiscalías 34 y 39 del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, y se encuentra en fase de investigación.

  6. Matheus Gonzalez: En fecha 23 de marzo de 2000, el ciudadano Matheus González denunció a funcionarios de la Policía Regional del Estado Zulia, por presuntas agresiones físicas recibidas en el momento de la aprehensión, las cuales señala le ocasionaron la perdida de movilidad de sus brazos. El mencionado ciudadano estuvo detenido durante 11 días por acción de la Policía Regional del Estado Zulia, y el Grupo de Antisecuestro y extorsión (GAE) de la Guardia Nacional debido a estar presuntamente vinculado con el secuestro de la médica Maritza Serizawa. En la misma fecha se inició la correspondiente investigación defensorial.

  7. La Defensoría del Pueblo efectuó el seguimiento de la causa fiscal N° 24-F11-869-00 ante la Fiscalía Undécima del Ministerio Público, en la actualidad, Fiscalía Cuadragésima quinta (Derechos Fundamentales), ante el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, causa 4C-132-04 y Juzgado Décimo de Juicio del Circuito Judicial Penal, causa Nro. 10M-36-05 y Juzgado Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, causa signada con el número 6u-465-13.

  8. Vistos los constantes diferimientos del juicio la Defensoría del Pueblo formuló recomendaciones al Poder Judicial. El caso se encuentra actualmente en fase de juicio y se fijó la audiencia para el miércoles 06 de agosto de 2014.

  9. Son sometidos a juicios nueve funcionarios adscritos a la Policía Regional del Estado Zulia, imputados por el delito de lesiones intencionales gravísimas, leves y abuso de autoridad.

  10. Johan Alexander Castillo en la sede del CICPC del Estado de Lara, el 15 de abril de 2006 en Barquisimeto. En fecha 29 de abril de 2006 la Defensoría del Pueblo inició investigación por la presunta tortura del ciudadano Johan Alexander Castillo. Conoció que en fecha 15 de abril de 2006, funcionarios del CICPC practicaron un allanamiento en la vivienda de su madre, debido a que lo buscaban por estar presuntamente incurso en un secuestro de un estudiante de la ULA. Posteriormente, el ciudadano Johan Castillo se entregó voluntariamente ante el Comando Regional N° 4 de la GNB. De allí fue entregado al CICPC donde refiere haber sido torturado.

  11. La Defensoría del Pueblo ha mantenido el seguimiento de la causa 13-F21-1600-06, ante la Fiscalía 21 del Ministerio Público con competencia en Derechos Fundamentales, conociéndose que en fecha 03 de noviembre de 2007, se realizó acto de imputación por la presunta comisión del delito de tortura en contra de 4 funcionarios del CICPC.

  12. Caso Adelso Peña Carrillo. En fecha 12 de enero de 2011, se registró una denuncia en la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas, quedando signada bajo el N° P-11-00168, manifestó el ciudadano Adelso Peña Carrillo, que el 12 de noviembre de 2010, dos funcionarios adscritos al CICPC lo golpearon en el tórax, los costados y la cabeza con las manos, aunado a que con unas tenazas le colocaron electricidad en los codos y en las piernas”.

  13. Se libró oficio al Ministerio Público con la finalidad de elevar a ese órgano la denuncia, y que se diera inicio a la correspondiente investigación. La investigación fiscal está a cargo de la Fiscalía 34 del Ministerio Público, bajo el expediente N° 01-34NN-C-1212.

c) El maltrato del que fueron objeto Daniel Antonio Núñez y su hija de 16 años, Francis Daniela Núñez Martínez, en enero de 2011 presuntamente por parte de agentes de la Policía de Investigaciones de Caracas para forzarles a declarar como testigos de un tiroteo ocurrido cerca de su casa;

  1. Los hechos presuntamente ocurridos el día 29 de enero de 2011, relacionados con Daniel Antonio Núñez y su hija de 16 años, en horas de la madrugada, dicha causa está siendo investigada por la Fiscalía 81 del MP de Caracas, permaneciendo el Proceso Penal abierto.

d) Las amenazas de muerte en febrero de 2011 a la esposa e hijas del policía Jonny Montoya, quien denunció la corrupción creciente bajo el mandato del antiguo Jefe Superintendente de la Policía Municipal de Caracas;

e) Las presuntas torturas recibidas por el activista Luis Rafael Escobar Ugas mientras estaba bajo custodia policial el 19 de marzo de 2013 en Barcelona, Estado de Anzoátegui;

  1. En cuanto a los eventos relacionados con Luís Rafael Escobar Ugas, mientras estaba bajo custodia policial en Barcelona estado Anzoátegui, conoce la Fiscalía 19 del Ministerio Público del estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Puerto La Cruz, y se encuentra en fase de investigación. Se encuentra detenido en el Centro de Coordinación Policial Peñalver del estado Anzoátegui, Palacio de Justicia, en Barcelona, siendo importante acotar que el detenido ha sido atendido por Médicos Forenses, a objeto de garantizar sus derechos fundamentales vistas las afecciones de salud que ha presentado, estando su causa en la actualidad en Fase de Juicio.

  2. En cuanto a las presuntas torturas recibidas por el ciudadano Luis Rafael Escobar Ugas, titular de la cédula de identidad N° V-10.378.356, mientras se encontraba bajo custodia policial el 19 de marzo de 2013, en la ciudad de Barcelona del estado Anzoátegui, la Defensoría del Pueblo no ha recibido ninguna denuncia en ese sentido. Sin embargo, se han realizado distintas actuaciones para velar por el respeto de los derechos humanos del mencionado ciudadano durante su privación de libertad, dispensándole múltiples visitas a los sitios de reclusión para verificar sus condiciones físicas y de salud, entre ellas visitas realizadas en fechas 01-04-2013, 04-04-2013, 02-10-2013, 08-11-2013, 14-11-2013, 18-11-2013, 02-12-2013, 16-04-2014 y 13-06-2014, oportunidades en las cuales no se evidenciaron signos de tortura, ni formuló denuncia al respecto.

  3. En cuanto a la situación del ciudadano, se tiene conocimiento que se encuentra actualmente privado de libertad en una dependencia de la Policía Municipio Peñalver del estado Anzoátegui, cumpliendo una condena penal de cinco años y cuatro meses de duración, en razón de la comisión de los delitos de Lesiones Personales Intencionales Graves, Leves y Agavillamiento, Resistencia a la Autoridad y Perturbación de la Posesión Pacífica, en el proceso penal seguido en su contra bajo el expediente BP01-P-2011-9496, el cual se encuentra en ejecución ante el Tribunal de Ejecución número 1 del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui. Anteriormente, ha estado privado de libertad en dos sedes de la Policía del Municipio Simón Bolívar, de cuyos centros tuvo que ser trasladado por presentar problemas con otras personas detenidas.

  4. En relación con los procesos penales seguidos en contra del ciudadano, se conoce la existencia de otros, entre ellos una causa signada bajo el expediente N° BP11-P-002955, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del estado Anzoátegui extensión El Tigre, sobre el cual el ciudadano denunció retardo judicial, en razón de diferimientos injustificados de la audiencia preliminar.

  5. Sobre este proceso penal arriba citado, la Defensoría del Pueblo registró un expediente signado con el número P-13-00318, para investigar la denuncia de presunta vulneración del derecho al debido proceso, adelantando acciones ante los órganos jurisdiccionales del estado Anzoátegui, solicitó gestionar lo pertinente para imprimir celeridad a la causa, así como garantizar el traslado desde el sitio de reclusión a la sede del tribunal para la realización de la audiencia preliminar, siendo efectivamente realizada en fecha 25-11-2013, declarándose la inadmisibilidad de la acusación fiscal por extemporánea y la libertad plena en relación a esa causa.

  6. Por último, cabe destacar que la Defensoría del Pueblo atendió constantemente todas las consultas y requerimientos formulados por el ciudadano en mención.

f) Las muertes de una madre y su hija, y las heridas sufridas por sus otras dos hijas, en julio de 2013 cuando el coche en el que viajaban fue tiroteado por la Guardia Nacional Bolivariana;

  1. En lo que respecta a los fallecimientos de una madre y su hija de 13 años de edad, y las heridas sufridas por su otras 2 hijas adolescentes, el 04 de Julio de 2013 en el estado Falcón. Las Fiscalías 67 a Nivel Nacional y 17 del estado Falcón presentaron la acusación respectiva, siendo condenados por el Tribunal 6to. de Juicio del estado Aragua, por cuanto la causa fue radicada en ese jurisdicción, 13 funcionarios adscritos a la GNB, cuyos nombres son: José Jesús Carrasquero, Ronald Mujica, Alvaro Colina, Jesús Vílchez Márquez, Carlo Muñóz Vargas, Adrián Torres Méndez, Régulo Valero Pérez, Raúl Brizuela, Carlos Rubén Colina, Kelvis Elzaburú Pérez, Wilfredo Martínez, Dionys Escalona y Josehp Reyes Terán, a cumplir 15 años y 08 meses de prisión, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía, en perjuicio de Luiminer Zulay Pacheco Leen y María Gabriela Pérez Pacheco; Homicidio Calificado con Alevosía en grado de Frustración, en perjuicio de las otras 02 adolescentes; Uso Indebido De Armas Orgánicas y Quebrantamiento de Pactos y Convenios Internacionales y a dos de dichos efectivos a cumplir 07 años de prisión por tener el grado de Cómplices no Necesarios.

  2. La Defensoría del Pueblo inició las investigaciones pertinentes en fecha 05 de julio de 2013, efectuó los registros de los expedientes defensoriales, en consideración de la presunta vulneración del derecho a la vida de las ciudadanas Luimina Pacheco de Pérez y Maria Gabiela Pérez Pacheco, y la vulneración del derecho a la integridad personal de las ciudadanas Berta Minerva Pérez Pacheco y Luiminer Zulay Pérez Pacheco.

  3. De manera inmediata se trasladó a la sede del CICPC-Coro con la finalidad de verificar la situación acontecida. Realizó entrevistas a los funcionarios actuantes detenidos. Así mismo, se trasladó al Hospital General de Coro, con el fin de verificar la situación de salud de las ciudadanas heridas.

  4. Mantuvo seguimiento permanente de la causa fiscal MP-277-029, llevada por la Fiscalía 17 del Ministerio Público competente en Derechos Fundamentales, así como ante la instancia judicial correspondiente.

  5. Sobre el caso, la Defensoría del Pueblo ha acompañado a los familiares de las víctimas en el proceso de indemnización propuesto por la Gobernación del estado Falcón, ante Ejecutivo Nacional, efectuando el seguimiento del proceso ante la Procuraduría General del estado Falcón.

  6. Respecto al caso, fueron condenados 13 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con penas que oscilan entre 7 y 15 años de prisión, tras admitir su responsabilidad en los hechos descritos.

g) El asesinato el 18 de mayo de 2010 de Elvis Mendoza Carvajal, beneficiario de medidas provisionales dictadas por la Corte IDH, presuntamente por oficiales de la policía del Estado de Portuguesa;

  1. En lo concerniente al Homicidio de Elvis Mendoza Carvajal, la Fiscalía 6ta. del MP del estado Portuguesa, ordenó la práctica de las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, tales como: Inspección Técnica del Sitio del Suceso, Necrodactília de Ley, Reconocimiento Legal, Experticia Hematológica, Levantamiento Planimétrico, Trayectoria Balística, Inspección Técnica a los proyectiles colectados; de igual modo, se procedió a citar a varios testigos presenciales, referenciales y familiares del occiso, figurando como imputados funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 2, General José Antonio Páez de Acarigua, continuando el proceso penal abierto.

  2. Con ocasión al caso donde fallecieran José Javier Marcano Hurtado y Pedro Jesús Hipólito, y fuera lesionado Alexander Rafael García, la investigación fue iniciada el 29 de enero del año 2009, por la Fiscalía 19 del Ministerio Público del estado Anzoátegui con Competencia en Materia de Protección de Derechos Fundamentales, lográndose obtener sentencia condenatoria, contra los ciudadanos Pedro José Carrasco, Rómulo José Guarepero Sánchez, José Enrique Larez Cedeño, Juan José Mirabal Rojas y Gabriel Febres Espinoza, adscritos a la Policía de Anzoátegui, por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en Grado de Complicidad Correspectiva, Homicidio Calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva, y Uso Indebido de Arma de Fuego, siendo condenados a cumplir una pena de 12 años y 09 meses de Presidio, estando actualmente en Fase de Ejecución, en virtud de la sentencia condenatoria definitivamente firme de fecha 06 de agosto de 2010, confirmada por la Corte de Apelaciones del estado Anzoátegui. En lo que respecta a los hechos objeto del presente caso, el 29 de enero de 2009, los Tribunales Ejecutores de Medidas Nros. 01 y 02 del Municipio Simón Bolívar de esa misma jurisdicción, se presentaron en la calle principal de la Empresa MMC AUTOMOTRIZ S.A., ubicada en la Zona Industrial Los Montones, de la ciudad de Barcelona, con el propósito de dar ejecución a las Medidas Cautelares Innominadas con motivos a 02 Acciones de Amparos Constitucionales, interpuestas por los Abogados Reynal José Pérez y José Miguel Medina Yegres, en su carácter de apoderados judiciales de la referida empresa, contra el Sindicato de Trabajadores de MMC Automotriz (SINGETRAM); previamente acordadas por Juzgados 1ro. y 4to. de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del estado Anzoátegui.

  3. Una vez que las prenombradas Juezas hicieron acto de presencia en compañía de funcionarios pertenecientes a la Policía de Anzoátegui, no siendo posible dar cumplimiento a la ejecución de las Medidas, debido al gran número de trabajadores que de manera contundente y exacerbada se mostraban contrarios al procedimiento judicial. Por lo que se apersonaron al sitio más funcionarios policiales, quienes utilizaron la fuerza pública para dispersar a los presentes e ingresar a las instalaciones de la empresa, presentándose un forcejeo entre trabajadores y funcionarios, quienes inmediatamente procedieron a lanzar bombas lacrimógenas, generando más alteración de los manifestantes, quienes a su vez lanzaron objetos contundentes contra la comisión policial, momento en el cual varios de los funcionarios activaron armas de fuego no permitidas para manifestaciones públicas contra de la masa de trabajadores. Lo que trajo como resultado los 02 fallecidos y el lesionado arriba identificados.

  4. El 21 de mayo de 2010 se inició la investigación defensorial de oficio. Se señala que la familia Mendoza tiene una medida de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  5. Desde entonces, se ha venido haciendo seguimiento del caso ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, expediente 18-F6-2C-046-09.
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