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h) Los casos de detenciones arbitrarias y tortura y malos tratos a manifestantes durante los días 15 y 16 de abril de 2013 presuntamente por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Informen, asimismo, sobre los resultados de la investigación realizada por la comisión mixta de la Asamblea Nacional sobre estos hechos;

  1. Con respecto a las irregularidades ocurridas con ocasión a los sucesos de abril de 2013, donde presuntamente se encuentran involucrados funcionarios de la GNB, es preciso referir la necesidad de obtener el señalamiento de casos y datos específicos, a objeto de proporcionar la información oportuna.

  2. La Defensoría del Pueblo en base a sus atribuciones y funciones referidas en la CRBV y en su Ley Orgánica, además de la legislación nacional vigente, realizó el seguimiento del proceso electoral celebrado el 14 de abril de 2013 y las reacciones de diversos actores de la sociedad venezolana, donde tras desconocerse los resultados por parte del sector de la oposición, se realizó una convocatoria por parte del líder de dicha corriente, para el lunes 15 de abril a protestar contra la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo, aunque el llamado fue a un cacerolazo, el discurso llamando a drenar la “rabia” pudo ser interpretado por algunos de sus seguidores como un llamado a la acción de calle. Así, se produjeron manifestaciones pacíficas y violentas, cierres de calles y autopistas y en la noche del 15 y, en los días subsiguientes, actos vandálicos, acoso y ataques a centros de salud, urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, sedes del PSUV y sedes de Mercal, entre otros.

  3. En un comunicado del día 16 de abril de 2013, la Defensora del Pueblo solicitó el inicio de las investigaciones correspondientes contra los autores materiales e intelectuales de las acciones de violencia generada en el país (...); e hizo un llamado a la paz y al aislamiento de los focos de perturbación; a la vez que estableció una serie de actuaciones de investigación precisas que le permitieron analizar y corroborar de primera mano los hechos de violencia acontecidos, y en consecuencia, efectuar actuaciones y recomendaciones dirigidas a la protección por parte del Estado, así como, al inicio de los procesos penales y civiles correspondientes por parte de las autoridades competentes.

  4. Las actuaciones de la Defensoría del Pueblo derivadas de los hechos ocurridos en fecha 15 de abril y días siguientes, se detallan en el Informe Especial “Elección Presidencial: 14 de abril de 2013”, disponible en la página web de la Institución.19

i) El homicidio de Manuel Felipe Araujo Fuenmayor el 17 de febrero de 2009, presuntamente cometido por un policía; y de los trabajadores José Javier Marcano Hurtado y Pedro Jesús Polito el 29 de enero de 2009, presuntamente cometidos por funcionarios del Estado de Anzoátegui;

  1. El homicidio de Manuel Felipe Araujo Fuenmayor del 17 de febrero de 2009, presuntamente cometido por un policía, en el Mercado de Mayoristas del estado Aragua, fue conocido por la Fiscalía 22 de esa jurisdicción, y el Tribunal 3ro. de Juicio del mismo estado, el cual condenó al ciudadano Víctor Salazar, por la comisión del Homicidio Intencional Calificado; quien a pesar que era funcionario adscrito a la Policía para el momento de la ejecución del delito de no se encontraba ejerciendo sus funciones policiales

  2. Con respecto a los ciudadanos José Javier Marcano Hurtado y Pedro Jesús Polito, la Defensoría del Pueblo, conoció del caso a través de los expedientes signados bajo los números P-09-00024 y P-09-00025, efectuando el seguimiento del caso ante la Fiscalía 19 del Ministerio Público del estado Anzoátegui, expediente 03- F19- 061-09. Por este caso el Tribunal Cuarto (4º) de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui dictó sentencia condenatoria a doce (12) años y nueve (09) meses de prisión a los funcionarios policiales acusados por el Ministerio Público, por los delitos de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en Grado de Complicidad Correspectiva y Homicidio calificado Frustrado en Grado de Complicidad Correspectiva, en perjuicio de las víctimas anteriormente mencionadas.

  3. Por último se conoció que los acusados en fecha 16 de abril de 2012, interpusieron ante la Corte de Apelaciones del Estado Anzoátegui recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia, dicho recurso fue declarado “Sin Lugar” siendo ratificada por el Tribunal Superior la Sentencia Condenatoria en contra de los funcionarios policiales involucrados en los hechos.

j) La detención arbitraria, internamiento forzoso y torturas sufridas presuntamente por Franklin Brito en un hospital militar en diciembre de 2009;

  1. En cuanto a la “supuesta detención arbitraria, internamiento forzoso y torturas presuntamente sufridas por el ciudadano Franklin Brito”, debe destacarse en primer lugar que no es cierto que el mencionado ciudadano haya sido objeto de aprehensión por algún funcionario, ni haya sido víctima de delito, siendo que el Estado Venezolano a través de diversas Instituciones que forman parte del Sistema de Justicia, realizó numerosas actuaciones a fin de garantizar que recibiera asistencia médica, preservar su salud, e inclusive en la búsqueda conforme a la ley soluciones a sus pretensiones, no obstante dicho ciudadano en diversas ocasiones se negó a recibir los cuidados médicos. En este orden, es necesario precisar que el ciudadano en mención, conforme a diagnóstico efectuado por especialistas forenses sufría “Trastornos de Ideas Delirantes” complementado con “Trastornos Paranoide de Personalidad Litigante”. Siendo el caso que el Ministerio Público tuvo conocimiento de la situación presentada con su persona en virtud de que este durante el mes de julio de 2009, se instaló en las afueras de la Sede de la OEA, ubicada en ciudad de Caracas), donde se mantenía voluntariamente en huelga de hambre aduciendo que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) no había anulado un acto administrativo que implicaba una perturbación del goce y disfrute de su fundo “La Iguaraya”, en el estado Bolívar.

  2. Al respecto, el Ministerio Público a través de una comisión integrada por la Directora de Protección de Derechos Fundamentales los Fiscales 127 de Caracas y 49 a Nivel Nacional con Competencia Plena, realizaron numerosas actuaciones en diversas oportunidades a fin de garantizar la vida del referido ciudadano, tales como: trasladarse al lugar donde este se encontraba para que desistiera de su actitud y mediar ante el INTI y Solicitarle su consentimiento para ser evaluado por un Médico Forense, a lo cual accedió siendo trasladado voluntariamente hasta la Unidad Nº 11 de Salud Baruta, donde los médicos recomendaron su traslado inmediato a un centro médico de salud en razón de encontrarse descompensado, siendo del mismo criterio sus médicos de confianza, negándose el protestante rotundamente a recibir atención médica hasta que no se resolviera su problema.

  3. En fecha 04 de diciembre de 2009, el MP hizo todas las gestiones tendentes a culminar con dicha situación (encontrarse éste en huelga de hambre desde hacía 154 días), por lo que el Consultor Jurídico del INTI hizo formal entrega del documento mediante el cual se revocó el acto administrativo (carta agraria) emitida sobre su terreno, en virtud de lo cual accedió a su traslado al centro de salud de su preferencia Hospital de Clínicas Caracas, encontrándose en presencia de su abogado Alfredo Romero. Sin embargo, luego, el ciudadano in comento abandonó dicho centro médico sin ser dado de alta, y por cuanto su salud seguía siendo deplorable, el 12 de diciembre de 2009, el MP interpuso Acción de Amparo Constitucional, a tenor de los dispuesto en el artículo 27 de la CRBV, a fin de salvaguardarle la vida, solicitando como medida cautelar de protección que recibiera la asistencia médica adecuada y el Tribunal 23 de Control de Caracas, en la misma fecha admitió y ordenó que Franklin Brito fuera trasladado de manera inmediata al Hospital Militar Carlos Arvelo.

  4. En fecha 13 de diciembre de 2009, la Directora de Protección de Derechos Fundamentales del MP, conjuntamente con varios Representantes Fiscales, integraron una comisión mixta con funcionarios del Despacho del Viceministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de la Dirección de Protección Civil Nacional y de la extinta Policía Metropolitana, para proceder lo antes posible al traslado del ciudadano a dicho Hospital Militar, donde en todo momento los funcionarios del MP velaron por el respeto de sus DDHH. Previo a ese procedimiento los funcionarios del MP les explicaron a los familiares sobre la decisión judicial emitida, permitiéndosele a su esposa acompañarlo dentro de la ambulancia, a pesar de haberse negado rotundamente.

  5. Seguidamente, el ciudadano mencionado fue hospitalizado en cuidados intensivos dada la gravedad de su salud, quien se mantuvo en comunicación constante con sus familiares a través de un teléfono celular, teniendo la posibilidad de recibirlos en el Hospital en cuestión, conforme a las mediadas propias de los servicios de cuidados intensivos.”. No obstante ello, el 11 de enero de 2010 la Comisión Interamericana (CIDH) dictó Medidas Cautelares a su favor, tales como permitir un tratamiento o monitoreo por parte de un médico de confianza o de la Cruz Roja Internacional, y que el paciente recibiera regularmente visitas.

  6. Representantes del MP el 28 de mayo de 2010, se trasladaron al referido Hospital, visto el empeoramiento de salud de quien en vida respondiera a Franklin Brito, y el 04 de junio del mismo año, previa solicitud de la hija de dicho ciudadano, fue evaluado por médicos de la Cruz Roja venezolana. Ahora bien, el MP en aras de salvaguardar la salud del paciente, hizo del conocimiento al Tribunal 23 de Control de Caracas, las condiciones de carencias en que se encontraba el Hospital Militar, lo cual estuvo aupado por él mismo y sus familiares, por lo que el mencionado Juzgado acordó que fuera, hacia el Hospital Carlos J. Bello (Cruz Roja), como en efecto se hizo en la misma fecha. No obstante, debe destacarse que en fecha 12 de agosto de 2010 el referido ciudadano decidió iniciar una huelga de suero, consumiendo agua por 10 días, lo que trajo como consecuencia que el 21 del mismo mes y año, fuera intervenido de emergencia por presentar Acidosis Metabólica, en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar, donde le fue diagnosticado “Inestabilidad Hemodinámica y Respiratoria”, por lo que estaba en condiciones críticas, entubado y con ventilación mecánica, falleciendo finalmente el día 30 de agosto de 2010. Se anexan marcado “G” actas donde consta la firma del referido fallecido, donde se dejó constancia de alguno de los eventos arriba señalados.

  7. Por último, apreciados los mencionados sucesos, el Juzgado 8vo.en funciones de Control en fecha 09 de febrero de 2012, acordó la desestimación de la denuncia efectuada posteriormente a su fallecimiento por la ciudadana Elena de Brito, siendo que los hechos narrados en dicho escrito no revisten carácter penal.20

k) Las torturas a las que presuntamente fueron sometidos Nehemías Etifaz Camacho Correa y Lisnardo Danielson Llorente García los días 14 y 15 de noviembre de 2012 por la Guardia Nacional Bolivariana;

  1. En cuanto al caso de Nehemias Etifaz Camacho Correa y Lisnardo Danielson Llorente García, conoce el Fiscal 4to. del MP con competencia en materia de Derechos Fundamentales, Indigenista y Ejecución de Sentencias del estado Amazonas, por lo hechos denunciados por los ciudadanos identificados, quienes manifestaron que en horas de la tarde del 14 de noviembre de 2012, fueron trasladados desde la Población de Santa María del Orinoco, estado Apure, hasta la sede del Comando Regional N° 09 de la GNB, junto con 06 personas más por presuntamente estar involucrados en la pérdida de 02 Fusiles Ak-103, siendo estos recibidos por un Capitán, encargado de la custodia de los detenidos; siendo el día 16 de noviembre presentados por ante la Jurisdicción Militar, cuando manifestaron estar presuntamente lesionados, de lo cual aún se sigue Proceso Penal.

  2. La Defensoría del Pueblo conoció del caso, desde fecha 15 de noviembre de 2014, vista denuncia presentada por funcionario del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, quien informó sobre la detención por parte de la Guardia Nacional de los funcionarios que custodian el Puesto de Santa María del Orinoco, adscritos al Ministerio antes señalado. Se informó que los funcionarios fueron detenidos por la supuesta pérdida de arma de guerra, señalando su preocupación por el estado en que se encuentran los detenidos, en virtud de que tuvo conocimiento de que presuntamente fueron maltratados físicamente por funcionarios adscritos al Comando Regional Nº 9 de la Guardia Nacional. La Defensoría Delegada del estado Amazonas efectuó el registro del expediente P 12 00298.

  3. A tal efecto, la Defensoría Delegada del estado Amazonas se trasladó a las instalaciones del Comando del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, conjuntamente con el Fiscal Cuarto con Competencia en Derechos Fundamentales del Ministerio Público, entrevistó a los detenidos y constató su estado físico, el suministro de alimentación y bebidas, así como la comunicación con sus familiares.

  4. Se solicitó al Ministerio Público el inicio de la correspondiente investigación fiscal, y la práctica de los exámenes médicos forenses a los detenidos para corroborar su estado físico.

  5. Se ha venido efectuando el seguimiento de la investigación penal iniciada, a cargo de la representación fiscal cuarta con competencia en la materia de Derechos Fundamentales, bajo la causa signada Nº F2-56-77. En fecha 10 de julio de 2014, la Defensoría Delegada del estado Amazonas, solicitó a la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, la realización de diligencias necesarias, a los fines de hacer constar el hecho punible y la individualización de los autores y/o participes del hecho delictivo.

l) Los presuntos actos de tortura y maltrato por parte de oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana contra detenidos durante las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 4 de febrero de 2014, como los perpetrados contra Daniel Quintero el 21 de febrero de 2014 en Maracaibo; Juan Manuel Carrasco el 13 de febrero en Valencia; José Alejandro Márquez el 23 de febrero; Luis Alberto Gutiérrez Prieto el 19 de febrero en San Antonio de los Altos; o los golpes recibidos por Marvinia Jiménez el 24 de febrero en Valencia.

  1. Presuntos actos de torturas y maltratos por parte de funcionarios de la GNB en las manifestaciones ocurridas desde el 4 de febrero de 2014, donde fungen como víctimas:

  2. Daniel Alejandro Quintero Cedeño: El Ministerio Público dictó orden de inicio el 05 de marzo de 2014, en virtud de la denuncia del referido ciudadano, de la cual no se desprende que haya manifestado expresamente haber sido torturado. No obstante, una vez recabados y analizados los elementos de convicción, el 21 de Mayo de 2014, se solicitó ante el Tribunal competente el Sobreseimiento de la causa, según lo previsto en los artículos 300, numeral 4, y 302, todos del COPP, estando a la espera del pronunciamiento judicial correspondiente.

  3. Juan Manuel Carrasco: Se encontraba en el distribuidor “El Trigal”, en Valencia, estado Carabobo, el 12 de febrero de 2014, junto con 02 amigos, siendo presuntamente bajados por funcionarios de la GNB, por medio de la fuerza física del vehículo que abordaban, y fueron objeto de maltratos. Se comisionaron a las Fiscalías del Ministerio Público 39 y 80, ambas a Nivel Nacional con Competencia Plena y a la Fiscalía 28 del estado Carabobo, lográndose el 23 de febrero de 2014, celebrarse ante el Tribunal 3ro. de Control de esa jurisdicción, la Audiencia de Presentación del ciudadano Luís Alejandro Blanco Cedeño, Sargento Primero, con la precalificación del delito de Trato Cruel, así como de Luís Neil Mejías Aponte, Jefe del Servicio Médico del Desur, y Kimberly Carolina Pirona Ruiz, Teniente, todos de la GNB, precalificándoseles los dos últimos por los delitos de Quebrantamiento de Principios y Pactos Internacionales y Encubrimiento en el delito de Trato Cruel, quedando bajo Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de presentaciones periódicas cada 30 días ante el Palacio de Justicia del estado Carabobo y acudir al llamado del Tribunal cuando éste lo solicite. El 10 de abril de 2014, se presentó acusación ante ese Tribunal 3ro., quedando pautada la Audiencia Preliminar, para el 14 de mayo de 2014, la cual no se llevó a cabo por la incomparecencia de las víctimas, estando a la espera de la nueva fijación.

  4. Luís Alberto Gutiérrez Prieto: En fecha 19 de Febrero del año 2014, se encontraba junto al ciudadano Gencis Frois Pinto Colmenares, en el kilómetro 15 de la Carretera Panamericana, cuando fueron aprehendidos en flagrancia por funcionarios adscritos al Destacamento Oeste de la Guardia del Pueblo, siendo estos presuntamente lesionados por dichos funcionarios y posteriormente presentados ante el Tribunal 1ro. de Control del estado Miranda, precalificándose los delitos de Instigación Publica, Lesiones de Carácter Leve, en Grado de Complicidad Correspectiva y Daños a Bienes Públicos. Con motivo a las presuntas lesiones ocasionadas contra dichos ciudadanos, fueron remitidas las actuaciones al Ministerio Público, siendo el caso distribuido a la Fiscalía 24 de la misma jurisdicción, la cual inició la correspondiente investigación, el 18 de marzo del año 2014,cuyo Proceso Penal aún permanece abierto.

  5. José Alejandro Márquez Fagundez: El caso de su fallecimiento es conocido por las Fiscalías 12 y 125 del Ministerio Público de Caracas, presuntamente por acción irregular de funcionarios de la GNB, por lo que se están realizando distintas diligencias con el apoyo de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, estando a la espera de las resultas correspondientes para dictar el Acto Conclusivo que a que haya lugar.

  6. Marvinia Jiménez: El lunes 24 de febrero de 2014, estaba de paso por las adyacencias del sector La Isabelica, Valencia, estado Carabobo, donde se encontraban un grupo de manifestantes quienes fueron perseguidos por efectivos de la Guardia del Pueblo, debido a las alteraciones de orden público suscitadas, siendo presuntamente golpeada por una efectiva militar. El Ministerio Público solicitó Orden de Aprehensión ante el Juzgado 8vo. de Control de esa jurisdicción, contra la funcionaria Josneid y Nayari Castillo Mendoza, encontrándose la causa en Fase de investigación.

Pregunta 22. Sírvanse facilitar información sobre el sistema interno de quejas a disposición de las personas privadas de libertad, así como información sobre las medidas adoptadas para velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos se investiguen de forma pronta e imparcial por un órgano independiente. En este sentido, clarifiquen:

a) Cómo el Estado garantiza la confidencialidad y la independencia del sistema de denuncias de tortura y malos tratos en los casos en los que la víctima está privada de libertad y cómo garantiza su protección frente a posibles represalias;

  1. El Estado garantiza la efectiva protección de las víctimas de hechos punibles en aquellos casos en los que su integridad física o psicológica se vea amenazada, mediante la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, que junto a la Ley contra la Tortura en su artículo 16, reconoce la confidencialidad del sistema de denuncias de tortura y malos tratos en los casos en los que la víctima está privada de libertad, a través de la información obtenida en las visitas a centros de reclusión o de entrevistas a familiares y víctimas; asimismo, el artículo 29 de la referida Ley de Protección, establece que el Ministerio Público deberá tramitar mediante un legajo reservado el requerimiento de protección, lo cual se mantendrá a lo largo de las gestiones correspondientes, y cubre toda actuación que emane de los distintos órganos que colaboren con ello. El Ministerio Público, podrá ordenar distintas medidas de protección, orientadas a garantizar la confidencialidad de la víctima, partiendo de los artículos 21 y 23 de la mencionada Ley de Protección, con una serie de medidas claramente allí establecidas de estricto cumplimiento por parte del Ministerio Público como titular de la acción penal del Estado y principal representante de los intereses de las víctimas. Además, se han previsto tipos penales que sancionan la violación de la reserva que reviste toda actuación relacionada con las medidas de protección acordadas a víctimas y demás sujetos procesales, contenidos en el artículo 28 de la Ley contra la Tortura, y en el 48 de la Ley de Protección mencionada.

  2. Respecto a la independencia del sistema de denuncias de tortura y malos tratos, debe notarse que tanto la Ley contra la Tortura como la Ley de Protección atribuyen las competencias en materia de protección a víctimas de estos delitos, a órganos del Poder Ciudadano, independientes de otros Poderes del Estado. Así, por una parte, la Ley contra la Tortura en el artículo 11, atribuye a la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, adscrita a la Defensoría del Pueblo, competencias para velar por la garantía del derecho a la integridad física, psíquica y moral; mientras que, la Ley de Protección establece que la aplicación de la misma es competencia exclusiva del Ministerio Público y los Tribunales.

b) Si la Fiscalía tiene obligación de iniciar una investigación de oficio en caso de indicios de tortura o malos tratos, así como la obligación de solicitar un examen médico forense de la víctima en todos los casos. En relación con la disposición del Código Orgánico Procesal Penal que permite al Ministerio Público ordenar el examen médico del imputado o imputada, clarifiquen si el consentimiento previo de la persona se solicita en todos los casos. Asimismo, en relación con el párrafo 150 del informe periódico, clarifiquen cuál es el rol del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en los mecanismos de interrogatorio;

  1. Esta respuesta será proporcionada por el Estado venezolano durante el dialogo interactivo a realizarse con el Comité contra la Tortura.

c) Cómo se garantiza la independencia de la Oficina de Control de Actuación Policial, la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales y el Consejo Disciplinario de Policía, de manera que no exista conexión jerárquica o institucional entre los presuntos autores de torturas y los inspectores, qué órganos son competentes para intervenir en caso de indicios de tortura o malos tratos por parte de oficiales policiales y de qué manera se relacionan con la Fiscalía y el Defensor del Pueblo en el transcurso de la investigación;

  1. La Defensoría del Pueblo como órgano del Poder Ciudadano, conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene a su cargo “…la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos”.

  2. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 281.1.4 Constitucional las atribuciones de esta INDH, comprenden la facultad de velar por el efectivo respeto y garantías de los derechos humanos, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento.

  3. De igual manera, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana21 establece la competencia de la Defensoría del Pueblo para iniciar investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios o funcionarias policiales o solicitar el inicio de una investigación.

  4. En lo referente al sistema disciplinario del servicio de policía, la Ley del Estatuto de la Función Policial22, ha creado una instancia denominada Consejo Disciplinario de Policía, el cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80, es un órgano colegiado, objetivo e independiente de apoyo a la Dirección del cuerpo de policía nacional, estadal o municipal, según el caso, encargado de conocer y decidir sobre las infracciones más graves sujetas a sanción de destitución, cometidas por los funcionarios o funcionarias policiales.

  5. Al respecto, es menester señalar que en ejercicio de lo establecido en el artículo 14 de las Normas Sobre la Integración, Organización y Funcionamiento de los Consejos Disciplinarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y demás Cuerpos de Policías Estadales y Municipales23, en el cual se legitima a esta Institución Nacional de Derechos Humanos para que postules candidatos para integrar los Consejos Disciplinarios de Policía. En atención a ello, la Defensoría del Pueblo ha presentado las correspondientes postulaciones cuando el Ministerio con competencia en el servicio de policía ha convocado para la conformación de dichos Consejos, ello en aras de fortalecer la referida instancia.
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