Índice de Forum 203



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Índice de Forum 203
Tercerización de servicios públicos: Ganancias de amigos y familiares

Patricio Cortés


Licitación 21 esconde acuerdos político-electorales: TV Azteca

Nelly Olivos


Legítimo, el manejo de recursos en radios comunitarias

Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC


Forum sigue gracias a usted
¿Dónde están las jóvenes?

Gladis Torres Ruiz / CIMAC


Faltan oportunidades para 4 millones

Gladis Torres Ruiz / CIMAC


Alerta en Juárez por Emilia González

Anayeli García Martínez / CIMAC


Total impunidad en zonas militarizadas

Redacción / CIMAC


Suicidios en la Border Patrol

Silvio González / Prensa Latina


Tormenta en el horizonte

Héctor Barragán Valencia


Infiernillo

Faustófeles


Desempleo, expresión de la crisis

José Luis Ortiz Santillán


¿Y tú cuándo Carlos Slim?

Eduardo López Betancourt


Felipe no es el culpable

Fausto Fernández Ponte


Colibrí: Bicentenario

Gari, Leduc, Neckro, Vizzuet y Güicho Winchester


Los inútiles fastos de Felipe Calderón

Luis Alberto García


Testimonio sobre Hidalgo

José Francisco Gallardo Rodríguez


A 200 años de distancia

Lilia Cisneros Luján


Recordando al general Obregón

Miguel Ángel Ferrer


Nava, el ineficaz

Jorge Meléndez Preciado


Desgarramiento

Sara Lovera López


Este país tan triste, desolado

Sergio Gómez Montero


Sentido del diálogo

Edna Lorena Fuerte


¿Legalizar las drogas?

Víctor Orozco


Tareas del movimiento popular

Napoléon Gómez Urrutia


Seguridad social

José Manuel Gómez Porchini


Cruelmente poco

Francisco Solís Peón y Mónica Cuervo Bernal


La retirada infausta de Iraq

Julio Morejón / Prensa Latina


De nuestros lectores
Felicitación del IMSS por los 19 años. Ing. Roberto Albiztegui Coello

Forum circula en Canadá. Myriam Hernández

Artículo esclarecedor de Gallardo. Ramsés Ancira

Esfuerzo titánico de Forum. Fernanda Campa

Un trecho muy largo. Salvador González Briceño

Toda nuestra solidaridad a Forum. Benigno Montes de Oca M.

Aclara su nombre correcto. Nohemí Castillo Rodríguez

Poza Rica, Pemex y el tráfico. Cristina Anaya

Recomienda Las buenas hierbas. Silvie Corona

Angélica, un verdadero ángel. Diego Alberto Prado Méndez

Oda a Miguel Aroche Parra. Gonzalo Martré


Las tandas del centenario, una lectura desde el presente: Pascual

Héctor Cortés Martínez


En cartelera

HCM
Libros

HCM
La decadencia del futbol mexicano nadie la detiene

José Manuel Flores M.


Tercerización de servicios públicos:
Ganancias de amigos y familiares

Patricio Cortés

pcortesc@yahoo.com.mx


* Entonces ¿para qué pagamos impuestos si el Estado declina obligaciones?: Irma Manrique Campos * El fenómeno es abrumador en Pemex: Fabio Barbosa Con el doble de inversión CFE tiene magras utilidades * Negocio muy jugoso de particulares en complicidad con funcionarios: Serrano Jiménez * Todo se concesiona: agua, recolección de basura, presas, salud, banca…
Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas es el sello del neoliberalismo, privatizaciones fueron y son comunes, así como la denominada tercerización de servicios; sin embargo, diversos economistas coinciden en que no es lo idóneo para las endeudadas finanzas públicas.

Un claro ejemplo de tercerización de servicios ha sido el sector energético donde Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE. Una empresa de clase mundial) cada vez ceden más funciones a particulares y sus finanzas se ven cada vez más comprometidas.

Se sabe que la CFE es una paraestatal que ha optado por tercerizar servicios y sus finanzas nos hablan de los resultados. En el año 2000 recibieron 76 mil 662.5 millones de pesos, para el 2010 se le autorizó un presupuesto 219 mil 364.1 millones de pesos. De acuerdo al informe anual de la paraestatal, las ventas en 2000 ascendieron a $97.4 mil millones, mientras en la Ley de Ingresos vigente se espera que obtenga 242 mil 798.6 millones de pesos; es decir, tendrá en números absolutos ganancias similares (poco más de 20 mil millones), pero con más del doble de presupuesto.

El informe de 2000 decía: “La CFE tiene una estructura financiera sana, ya que el activo fijo neto representa el 89% del activo total; solamente 7.5% (9.3% al cierre de 1999) está financiado con pasivos a largo plazo a favor de terceros. El pasivo total equivale al 35.3% del patrimonio (33.2% al cierre de 1999), lo que significa que por cada peso adeudado se tienen $3.00 propios. Esto se confirma también con la participación propia en los activos de 73.9% (75.1% al cierre de 1999)”. Hoy se sabe que está más que endeudada y su director de Operación, Néstor Moreno Díaz, enfrenta cargos en el vecino del norte por corrupción al otorgar contratos millonarios.

Irma Manrique Campos, destacada integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional, explica a Forum que todo esto es parte del proyecto privatizador, no tiene sustento económico pues no hay ahorro para el sector público con el esquema de tercerización de servicios sino al contrario.

Considera que de lo que se ha decidido tercerizar lo más grave es el sector financiero, que es donde se concentran más ganancias y ha resultado muy costoso su rescate. La economista opina que el Estado está renunciando a sus funciones y está dejando que las hagan los particulares, o sea ellos se queden con las ganancias en esto de adelgazar cada vez más al Estado. “¿Entonces para que pagamos impuestos?”, cuestiona tras calificar la situación de desesperante.

Por su parte, el también investigador del mismo instituto, Fabio Barbosa Cano expone “Es un fenómeno que se ha presentado siempre, pero ahora es abrumador. Yo los vi como miembro de la comisión de historia de Pemex, se conocen como contratos amarrados, como fue la construcción de la refinería de Azcapotzalco (1944), en el mismo contrato en que el banco autorizó el financiamiento, también impuso en las cláusulas a quien se le van a comprar los materiales, los insumos, qué tecnología se va a usar. Ahí el país está limitando sus posibilidades de desarrollo, de expandir el empleo en la industria”.

Nos narra que a partir de 1982, tras una de las más severas y decisivas crisis en México, se da una nueva correlación de fuerzas “con las tendencias más agresivas, más claramente empresariales del Partido Acción Nacional y los restos que había del sinarquismo y cercan al gobierno de la revolución y obligan a un repliegue de la participación del Estado en la economía. Ésta es la respuesta a este proceso que ha llevado a la destrucción de ramas enteras de la industria mexicana y a la pérdida de millones de empleos. Esto nos está llevando a una verdadera catástrofe”.

Ejemplifica con el caso del Ébano, perforado en 1901 y, obviamente, a más de un siglo la producción decayó. En 2007, Pemex licitó públicamente 400 pozos para la rehabilitación de viejos campos en el sector Ébano, Panuco, Cacalilao y lo ganó una asociación de Diavaz (españoles) y Sinopec que es una empresa del Estado chino.

“Este proceso de rehabilitación, de entrada a viejos campos para lograr nueva producción, en general ha sido exitosa desde el punto de vista de la producción. Estos campos estaban produciendo unos 3 mil 500 barriles diarios y actualmente están produciendo unos 256 mil barriles. Sin embargo, los mexicanos esperamos de la industria petrolera, en primer lugar empleos directos y sus efectos multiplicadores, eso no se está logrando y los habitantes de la región se quejan abiertamente de ello”.

El especialista en temas energéticos expone que el saldo de la subcontratación ha sido negativo: “El proceso de endeudamiento, de la etapa de los Pidiregas al momento, en la industria petrolera se ha agravado. Los números del balance de Pemex dicen que está técnicamente quebrada, el pasivo de Petróleos Mexicanos es mayor que su patrimonio. Esto no quiere decir que vaya a sufrir embargos, de ninguna manera. El flujo de efectivo de Pemex en números redondos es de 1.2 billones de pesos anuales, el total de la deuda de Pemex es de 1.4 billones de pesos”.

Reconoce que hay casos donde la subcontratación es necesaria: “Si se tratara de alguna innovación tecnológica, de algún software que no se haya desarrollado, de algún insumo verdaderamente escaso, se justifica la subcontratación. Pero este proceso ha alcanzado niveles inadmisibles que están poniendo en riesgo la viabilidad del país. Vemos difícil que puede mantenerse la cohesión nacional en las condiciones actuales”.

Ejemplifica: “Burgos (prácticamente concesionada) no está permitiendo que las empresas mexicanas se desarrollen ofreciendo un volumen mayor de insumos, tampoco está permitiendo que mano de obra mexicana incremente su participación y más importante aún: Burgos no está permitiendo obtener gas a precios más bajos que los que está ofreciendo el mercado internacional”.

La maestra Ana Luz Figueroa Torres, también del Instituto de Investigaciones Económicas, advierte a Forum: “Pemex es capaz de desarrollar y perforar pozos, entonces ¿por qué subcontratar a otros? Es por presiones políticas. A mi punto de ver no hay una justificación económica. Cuando se trata de contrataciones directas son expresiones de corrupción. Para las empresas extranjeras sí funciona porque ellas reciben sus ganancias. En Chicontepec no había argumentos ni técnicos ni económicos para subcontratar, por ejemplo”.

Sobre el clásico argumento de que se subcontrata por que no hay el capital para invertir y es mejor pagar poco a poco a la iniciativa privada, refuta la economista adscrita a la Unidad de Investigaciones del Sector Energético: “¿Cómo no van a tener dinero si el petróleo ha estado por la nubes? No hay argumento para decir que no hay dinero para invertir, es una política de un gobierno incorrecto. Los salarios han disminuido considerablemente y las prestaciones también”.

“Para que la renta petrolera beneficie a los mexicanos, Pemex tiene que invertir directamente (y no a través de contratos de obra y servicios) y con recursos financieros propios”, diagnostica la maestra Ana Luz Figueroa Torres.

La investigadora asegura que el promedio anual de inversión entre 1974 y 1982 era del 46.3% de los ingresos totales de Pemex, entre 2001 y 2008 fue apenas del 6.3% en promedio anual, limitando la modernización de la paraestatal.

“Pemex se transforma aceleradamente en una empresa contratista, ya que la inversión será progresivamente a través de contratos de obra en detrimento de la inversión directa. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2009, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios firmaron 29 contratos por más de 60 mil millones de pesos”.

El fenómeno de la subcontratación por parte de los gobiernos ha crecido tanto que en la Cámara de Diputados se creó, hace cuatro meses, la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público, presidida por el diputado Emilio Serrano Jiménez que, de entrada, asegura sobre este fenómeno: “Está afectando a los usuarios de los servicios y está contribuyendo a hacer un negocio muy jugoso a particulares en complicidad con los funcionarios”.

“Con la limpieza ya tiene años, luego el transporte, ahora hay clínicas y hospitales que dan servicio a derechohabientes del Seguro Social y despachos privados. ¡Está esto terrible! El presupuesto deberías alcanzar para mucho más, el problema es que de todo quieren hacer negocio, tanto los gobernantes, como sus familiares, amistades y compadres”, reconoce el diputado.

Al ser cuestionado sobre dónde ve que el problema es más grave, responde “Las guarderías, los hospitales, clínicas y la transportación marítima de Pemex”. Sobre que hará la comisión que preside, informa a Forum: “Primero, vamos a hacer la investigación de cuáles son los servicios tercerizados, en qué consisten, cuáles son los montos, quiénes los autorizan y a quién benefician estos negocios. Después ver la norma de la que se están sujetando y luego meterlos a una ley general para que se regule esta situación”.

Advierte una corrupción generalizada: “Donde le movamos vamos a ver que va salir toda la porquería y esto debe acabarse, no importando el color, los partidos o niveles de gobierno. Le echan la culpa a la imposibilidad de atender la demanda del servicio, pero es el negocio que hacen entre particulares y gobernantes”.

En muchos sitios se ha privatizado incluso la recolección de basura, lo cual ya ha provocado diversos problemas al momento en que los municipios se han visto en serios problemas, ya sea por el mal servicio o el alto costo: en Patzcuaro, Michoacán, la calles se inundaron de basura al no poder costearse las exigencias económicas del concesionario Centro Intermunicipal y Tratamiento de Residuos Sólidos (Citirs); en Cancún, Quinta Roo, la empresa Domos no ha dado el servicio adecuadamente al grado de dejar al punto turístico en riesgo de contingencia sanitaria. Cuernavaca, Morelos, y Zapopan, Jalisco, tienen graves problemas para pagar a los concesionarios, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Aun el recurso vital, el agua, está en una creciente privatización. En la ciudad de México el cobro ya está en manos privadas y se ha anunciado que pronto también su distribución, no sin antes incrementar sus precios, hubo manzanas de sitios populares como en Tláhuac, que fueron consideradas en el mismo nivel socioeconómico que las Lomas de Chapultepec.

El doctor David Barkin, autor del libro La gestión del agua urbana en México: Retos debates y bienestar, declaró a la revista Personae de marzo del presente año: “Podríamos hablar de las extraordinarias vergüenzas del manejo del agua de la primera ciudad mexicana en privatizarse que fue Aguascalientes, que va ser la primera ciudad mexicana que va a tener que cerrar sus puertas por falta de agua. La privatización no implica la solución y quita la responsabilidad social de la población, los convierte en mercancía y en clientes y no en corresponsales”.

Muchas presas también están concesionadas ya sea en su operación o en su construcción. Al respecto Claudia Campero, miembro de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, declara: “Se necesitan ver alternativas al manejo del agua más sustentables, mucho mejores desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, dejando los beneficios en las comunidades y no en las grandes hidroeléctricas”.

“Las presas necesitan un manejo muy delicado, pero se siguen abriendo grandes presas como el Zapotillo y La Parota que implican riesgos muy importantes para las comunidades que viven abajo, sufren la escasez mientras se acumula y luego sufren la inundación”, añade.

Lo cierto es que la presencia del Estado se contrae cada vez más (salvo en lo militar) y el dinero le alcanza cada vez menos, con servicios públicos en franca decadencia. ¿Qué más pruebas de que ese modelo no funciona?


Licitación 21 esconde acuerdos
político-electorales: TV Azteca

Nelly Olivos

nellyolivos@yahoo.com.mx


* La “inequitativa adjudicación” a Televisa y Nextel genera litigio * Múltiples voces denuncian “proceso de licitación a modo” * Viciado de origen el procedimiento * Desaseada sesión de la Cofetel
El acceso a bienes y servicios de calidad es un factor fundamental para el pleno desarrollo de las personas, principalmente cuando estos bienes y servicios están relacionados con la supervivencia, tal es el caso del agua, la salud, educación, pero no menos importante es el acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC), esto puede ser un legitimo negocio o un jugoso botín.

Se trata de una inigualable oportunidad de negocio con ganancias millonarias para quienes están en posibilidades de invertir en el sector de las telecomunicaciones, como las empresas Televisa y Nextel que resultaron favorecidas con el otorgamiento de la llamada licitación 21.

Resulta inimaginable el desarrollo de nuestras actividades diarias sin el uso de internet y de los teléfonos celulares. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), en su Estudios de infraestructura y adopción de las TIC por la población en México, a diciembre del 2009 había en nuestro país 9.5 millones de hogares con computadora, de los cuales 7.1 millones contaban con servicio de Internet.

La Amipci calculó que en 2009 había en el país 30.6 millones de internautas y que la principal limitante para tener acceso a internet es la falta de recursos económicos.

En la investigación citada anteriormente, se señala que en las áreas urbanas del país seis de cada 10 personas poseen un teléfono celular, lo que significa que en 80% de los hogares se cuenta con uno o más teléfonos celulares. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) calculó en 85.3 millones los usuarios de telefonía celular a marzo del presente año.

No obstante, nada de esto sería posible sin la autorización del gobierno federal, pues para poder brindar estos servicios se requiere de concesiones de diversa índole. Simplemente, hay que recordar que el espacio aéreo (donde viajan diversas ondas de telecomunicaciones, radio, televisión, etcétera) es propiedad de la nación y por tanto su uso es sólo una concesión que debe sujetarse a las leyes vigentes.

El 23 de noviembre de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Bases de licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el acceso Inalámbrico en el Segmento de 1710-1770/2110-2170 MHz, mejor conocida como licitación 21. Las empresas que resultaran concesionarias de dichas frecuencias podrán prestar prácticamente todos los servicios inalámbricos de telecomunicaciones, exceptuando los servicios de radiodifusión.

De manera intempestiva, el pasado 16 de agosto, dos de los cinco integrantes del pleno de la Cofetel, Gonzalo Martínez Pous y Mony de Swaan Addati, éste último presidente de la dependencia gubernamental, decidieron adjudicar a las empresas Televisa y Nextel un bloque de 30 MHz con cobertura nacional en 18 mil 314 millones 639 mil 100 pesos; de los cuales 180 millones 300 mil pesos deben pagarse en los próximos 45 días naturales, podemos decir que se trata de un enganche, y el monto equivalente al valor actualizado de la inflación de 18 mil 134 millones 339 mil 100 pesos en pagos anuales correspondientes al valor de los derechos.

Mientras que por otros 30 MHz, que eran parte de la misma licitación, Telcel y Telefónica tienen que pagar, inicialmente, 5 mil 68 millones de pesos.

Gabriel Sosa Plata, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, expone a Forum la importancia de la frecuencia concesionada en la licitación 21: “En estas frecuencias se va a desarrollar en parte importante el futuro de los servicios móviles en el país. Si ahora tenemos, por ejemplo, servicios saturados en algunas ocasiones y a determinadas horas, la idea es que con estas frecuencias haya una mayor velocidad para bajar, por ejemplo, videos, ver televisión en tiempo real, transmitir datos, etcétera”.

La característica fundamental de estos servicios es la movilidad, “se trata de servicios con una gran potencial a partir de la movilidad”, señala Gabriel Sosa Plata y continúa con su explicación “las autoridades reguladoras reservaron dos bloques de 30 MHz con el ánimo de que entraran al mercado de las telecomunicaciones nuevos jugadores que hicieran competencia a los jugadores actuales del mercado, principalmente Telcel”.

La Comisión Federal de Competencia (CFC) fue la instancia encargada de colocar un candado a la oportunidad de que nuevas empresas se adjudicaran la licitación 21, al establecer una serie de medidas de competencia encaminadas a limitar la acumulación de frecuencia en 80 MHz en las bandas de 800, 1700 y 1900 Mhz. En su comunicado 06-2009 la CFC señaló que:

“De esta manera, se evita la concentración excesiva de espectro por parte de algún agente económico y se asegura que los posibles nuevos competidores al mercado de telefonía móvil tengan acceso a este insumo esencial. Al mismo tiempo, las empresas establecidas tienen la oportunidad de incrementar su dotación de espectro por lo menos en una tercera parte, con lo que pueden seguir creciendo sin sacrificar la calidad de sus servicios”.

Con esta medida, quedó abierta la posibilidad de que se incorporaran empresas como Televisa, Nextel, Axtel, Alestra, Megacable, alrededor de 44 compañías manifestaron interés en la licitación 21. Incluso, señala el catedrático Gabriel Sosa, que comisionados del órgano regulador de la Cofetel hicieron un cabildeo en países europeos y asiáticos para que vinieran a invertir en nuestro país y no lo lograron.



¿Qué autoridad es la encargada de establecer los precios de concesión y qué elementos se toman en cuenta para fijar este precio?

—La Secretaría de Hacienda es la que estableció estos precios de reserva, los mínimos que se deben establecer, pues, para participar en la puja inicial. En cuanto a la forma en que se instauró este precio de 180 millones es un tema de transparencia que hay que discutir, pues no hay claridad en por qué se estableció ese precio mínimo. Es fundamental transparentar los criterios bajo los cuales se determinó ese valor.


Daño patrimonial
Más allá del precio mínimo establecido para otorgar dicha concesión, el diputado panista Javier Corral Jurado afirmó que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, impulsó una condonación total por dos años en el pago de derechos, “constituyendo esta exención fiscal un monto total de 5,680 millones de pesos, lo que sólo a Televisa le representará un beneficio directo por 1,800 millones de pesos.”

Gabriel Sosa Plata explica que “en esta competencia el resultado pudo haber sido mayor y esto pudo haber implicado un beneficio económico, evidente, para las arcas del Estado”. Esta licitación pudo haberse declarado desierta y volver a convocar a u nuevo proceso buscando condiciones más favorables para el gobierno.

No hay lugar a duda de que las autoridades organizaron un proceso de licitación a modo para favorecer al grupo formado por la alianza Televisa-Nextel, así lo han expresado innumerables voces de catedráticos, legisladores, ciudadanos, etcétera. La propuesta económica del grupo Televisa-Nextel fue muy baja, pero fue la única por lo tanto aceptada por los comisionados Gonzalo Martínez Pous y Mony de Swaan Addati.

De origen este proceso de licitación esta viciado, pues el comisionado Rafael del Villar votó en contra argumentando que los precios mínimos no fueron bien establecidos reduciendo la posibilidad de las otras empresas y dejándolas fuera de la licitación

Por su parte, el comisionado Ernesto Gil Elorduy se abstuvo de votar al conocer las medidas cautelares impuestas por un juez federal de Guerrero y por otro juez federal de Tamaulipas contra el proceso.

Con fecha del 19 de agosto la Cofetel emitió el comunicado de prensa 53/2010 donde da a conocer el emplazamiento legal promovido por TV Azteca Comercializadora SA de CV, en Tamaulipas, contra la licitación 21. Las medidas cautelares otorgadas a favor de la empresa televisora consisten en que:

“… las cosas se mantengan en el estado que se encuentran al día de hoy, sin que ello implique prejuzgar sobre la legalidad de la situación que se mantiene, como tampoco sobre los derechos del solicitante de esta medida, esto es, para que no se materialice el dictado del fallo, contrato o adjudicación de la licitación 21.”

Con la licitación 21 hay un beneficio social que se traducirá en más y mejores servicios, mejores tarifas, empleos, inversión, mayor recaudación de impuestos. Todo eso es bueno. Pero no podemos dejar de señalar los elementos inequitativos con los que se diseñaron las bases de licitación ni tampoco podemos dejar de pensar en los posibles acuerdos político-electorales que se esconden detrás de esta adjudicación.

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