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Legítimo, el manejo de recursos en
las radios comunitarias: Frank La Rue

* Exponen a relatores la situación de radiodifusoras en México
Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC

cimac@laneta.apc.org


Ante las acciones y omisiones del Estado mexicano que permiten que se registre aquí la mayor concentración de medios de comunicación en el mundo, organizaciones civiles presentaron el 23 de agosto un informe a los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.

En conferencia de prensa, representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc México) y la Organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Litigio OLE) entregaron al relator Frank La Rue, el Informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en México con énfasis en la radiodifusión comunitaria.

En el informe, que recibió La Rue a nombre de Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, las organizaciones documentaron el rezago en el que México se encuentra en materia de radiodifusión comunitaria, debido a que los distintos poderes de la Unión "abusan de la potestad que tienen para administrar el espacio radioeléctrico".

Lo anterior, lo afirmó Aleida Calleja, vicepresidenta de Amarc Mundial, quien detalló las acciones y omisiones que cometen las autoridades mexicanas en la materia, las cuales han derivado en la concentración de los medios de comunicación en perjuicio de las radios comunitarias.

Calleja explicó que la problemática "tiene que ver con el abuso del Estado mexicano de la potestad que tiene para administrar el espacio radioeléctrico, el cual es patrimonio común de la humanidad".

La administración del espectro, lejos de realizarse de manera democrática y con la finalidad de impulsar el desarrollo del país, obedece a un modelo comercial, que concentra "en unas cuantas manos" los medios de comunicación, poniendo en riesgo la diversidad informativa, "al dejar en un grupo el poder de emitir ideas e informaciones, que sólo contienen un punto de vista", aseguró la vicepresidenta de Amarc Mundial.

En este sentido, indicó que el Ejecutivo y el Legislativo han sido omisos en cumplir las recomendaciones de la ONU y la CIDH, las cuales le indican que no sólo reconozcan a las radios comunitarias, sino que les den condiciones para su desarrollo.

Su omisión ha derivado en que México sea considerado el país con la más alta concentración mediática del mundo, contexto en el que las radiodifusoras comunitarias podrían representar la aportación a la pluralidad informativa, sin embargo, la "discrecionalidad" en las leyes y en el actuar de las autoridades para asignar permisos restringe su participación.

"Pueden pasar años y la autoridad no tiene la obligación de contestar a la petición de permisos", que las cientos de radios comunitarias les dirigen, muestra de ello es que en el país sólo se tienen permiso 21 emisoras de este tipo.

Pese a la dificultad para que estas radios adquieran un permiso, la autoridad penaliza la radiodifusión no autorizada, aun cuando su licitud esté en trámite.

Otra dificultad es que una vez que logran el permiso, "tienen todas las obligaciones y casi ningún derecho", ya que a diferencia de las concesionarias, las radios comunitarias "no pueden hacer actividades económicas en tiempo aire", es decir no pueden tener publicidad, porque no tienen fines de lucro.

De acuerdo con Aleida Calleja, este hecho representa una violación a la libertad de expresión "por vía indirecta", pues, ejemplificó: "es como si le dijeran a un periódico puedes publicar, pero le restringen los medios para que puedan conseguir el papel".

Al respecto, Frank La Rue, de visita en México, junto con la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, debido a la ola de violencia en contra de las y los periodistas del país, rechazó que las radios comunitarias deban ser "pocas, pobres y de poca frecuencia", ya que dichas emisoras aunque no sean lucrativas deben generar recursos para su sustentabilidad y modernización. Por lo que, aseveró, que el manejo de recursos en las radios comunitarias es "legítimo".

De este modo, se fomenta el pluralismo y diversidad de los medios de comunicación, los cuales "deben ser balanceados, para garantizar que todas las comunidades, especialmente las indígenas tengan acceso a medios propios", es inadmisible que sean exclusivos de quienes tienen recursos para comprarlos, mencionó.


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¿Dónde están las jóvenes?
Gladis Torres Ruiz / CIMAC

cimac@laneta.apc.org


* Las mexicanas no cuentan con servicios de salud ni de educación Tampoco con oportunidades laborales
Como resultado de una serie de omisiones del Estado, los derechos humanos de las jóvenes mexicanas, de entre 15 y 29 años de edad, son constantemente violados.

Todos los días, ellas enfrentan la falta de oportunidades y la negación de sus derechos básicos como el acceso a la educación, a los servicios de salud y al empleo. En el colmo de esta falta de políticas públicas, se les incluye en la generación mal llamada de ninis (que ni estudian ni trabajan).

Las jóvenes ocupan gran parte de su tiempo en el cuidado del hogar y de los otros; hijas, hermanas, esposas o nueras asumen el rol de “cuidadoras”, porque la sociedad las considera “mejor preparadas” que los hombres para esta tarea, afirmó Perla Vázquez, coordinadora general de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Y aunque no es su libre elección, las jóvenes sin oportunidades, se encargan de hacer un trabajo no remunerado, alimentar, cuidar y hacer quehaceres para terceros, mientras que otros salen a buscar empleo y otras opciones; es decir, se reproduce y reafirma la construcción de una cultura machista, dijo la especialista a Cimacnoticias.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2005, de cada 100 mexicanas de 15 años y más, 10 no sabían leer ni escribir, y de cada 100 hombres siete eran analfabetas.

Una quinta parte (21.7 por ciento) de las mujeres de 15 años y más que residen en localidades menores a 2 mil 500 habitantes no sabían leer ni escribir; frente al 16 por ciento de los hombres.

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2009, indica que las mujeres destinan 29.2 horas semanales a las actividades domésticas, mientras que los hombres sólo 7.8 horas en el mismo periodo.

Las mexicanas dedican casi 20 horas a las labores del cuidado de otros, mientras que los hombres ocupan 8.8 horas a esta tarea.

Por cada hija o hijo menor de cinco años, el trabajo en el hogar aumenta un 5.92 por ciento, mientras que por cada niña o niño de seis a 12 años de edad, la carga de trabajo crece 4.87 por ciento.

Además, las mujeres representan 70.49 por ciento de las personas que dan apoyo a otros hogares, mientras que los hombres sólo 29 por ciento.


Derechos femeninos
“En México las mujeres jóvenes son el principal blanco de violaciones a derechos humanos en materia de salud sexual y reproductiva, de violencia y feminicidio”, subrayó Perla Vázquez.

Las políticas implementadas por el gobierno federal, violentan todos los derechos femeninos, “todas las asesinadas, las desparecidas, las víctimas de violencia en el hogar, y a quienes se les niega el acceso a la interrupción de un embarazo, son jóvenes”, sostuvo.

El informe La juventud en Iberoamérica, tendencias y urgencias, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), puntualiza que en México el embarazo de mujeres de entre 15 y 19 años de edad, ha ido en aumento.

Ese hecho, se relaciona directamente con el nivel educativo y la deserción escolar. Destaca que a esas edades los embarazos son de mayor riesgo, ya que la mayoría de las jóvenes pertenecen a los sectores más pobres de la población.

En estados como Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero mueren más de seis mujeres, entre 15 y 24 años por cada 100 mil, a causa de complicaciones con el parto y puerperio, revelan cifras del Consejo Nacional de Población 2007.

Añaden que el 28.3 por ciento de las jóvenes sufre violencia económica: la pareja le reclama cómo gasta el dinero, no le da gasto, se gasta lo que se necesita para la casa o le prohíbe trabajar o estudiar. El 12.9 por ciento ha sido víctima en algún momento de su vida de algún tipo de violencia física.

Luego de que en abril de 2007 se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, en 17 estados del país se ejerció la violencia contra las jóvenes al negarles su derecho a decidir con el establecimiento en sus constituciones de la “protección de la vida desde la concepción”.
Asesinos por las calles
Imelda Marrufo, representante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, recordó que mientras que en los años más críticos del feminicidio (los 90), se registraron unos 60 asesinatos al año, en los primeros cuatro meses de 2010 han sido asesinadas 126 mujeres y los responsables andan por las calles.

Las denuncias de mujeres desaparecidas, dijo, no han cesado y de 2008 a la fecha se calcula que existen 91 mujeres desaparecidas, 55 de ellas son menores de edad.


Faltan oportunidades para 4 millones
Gladis Torres Ruiz / CIMAC

cimac@laneta.apc.org


En el Año Internacional de la Juventud, las mexicanas jóvenes tienen poco que celebrar; cada día miles de ellas se enfrentan a la pobreza que se traduce en falta de acceso a la educación, a servicios de salud, empleo y oportunidades por el sólo hecho de ser mujeres.

Según información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2005, de cada 100 mujeres de 15 años y más, 10 no sabían leer ni escribir y, de cada 100 hombres 7 eran analfabetas. Una quinta parte (21.7 por ciento) de las mujeres de 15 años y más que residen en localidades menores de dos mil 500 habitantes no sabían leer ni escribir; frente al 16 por ciento de los hombres.

En México, la educación de la población difiere por sexo, edad y lugar de residencia. En la mayoría de los casos, las mujeres, y en particular las que habitan en localidades rurales, tienen un promedio educativo de primaria incompleta, mientras que en localidades de 100 mil y más personas, el promedio se traduce en la educación básica terminada.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, en México hay un total de 8 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian.

En opinión de varias organizaciones de la sociedad civil, las mujeres jóvenes siguen siendo el grupo social más vulnerable frente al desempleo, la falta de experiencia, factores culturales y la concentración de los nuevos puestos de trabajo en sectores como la construcción y la industria, se combinan en obstáculos para ellas.

El 41.4 por ciento de jóvenes de 15 a 24 años de edad en el país se encuentran desempleados, de ellos el 45.8 por ciento son mujeres, según la asociación civil Jóvenes Empresarios por México (JEM).

A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también reporta que las mujeres jóvenes tienen mayores dificultades para encontrar trabajo que los hombres jóvenes.

En 2009, la tasa de desempleo juvenil femenina fue de 13.2 por ciento comparada con el 12.9 por ciento para los hombres (una brecha de 0.3 puntos porcentuales, la misma brecha de género registrada en 2007). En materia de salud, la Fundación Mexicana para la Reproducción Familiar (Mexfam), documenta que uno de cada seis nacimientos en el país, ocurre en mujeres menores de 19 años de edad y se estima que un gran porcentaje de los nacimientos son embarazos no planeados y probablemente no deseados.

Mexfam subraya que aun cuando las y los adolescentes tienen información sobre los métodos anticonceptivos y su forma de uso, sólo la mitad de las y los jóvenes sexualmente activos usa algún tipo de anticonceptivo, a lo que se suma la demanda insatisfecha de anticoncepción, que es mucho mayor en la población adolescente que en cualquier otro grupo.

En el texto El embarazo de las adolescentes en México, Mexfam considera que para poder aprovechar el momento histórico del país, donde un gran porcentaje de su población es gente joven con potencial de desarrollo social y económico, es indispensable aumentar la edad del primer embarazo y el intervalo entre los mismos.

Es necesario también incrementar la oferta de métodos anticonceptivos para la población adolescente y que se promuevan de manera decidida los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes.

En materia de violencia, el INEGI reconoce que se ha encontrado que es mucho más significativa cuando se trata de mujeres jóvenes: 46 de cada 100 mujeres de 15 a 29 años de edad, declaró haber sido objeto de al menos un incidente de violencia en 2006; en particular 48 de cada 100 mujeres de 15 a 19 años de edad manifestó haber sufrido un incidente de violencia en ese periodo.

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud y la fecha fue conmemorada por primera vez en 2000. El año pasado se designó al 2010 como el Año Internacional de la Juventud.
Alerta en Juárez por Emilia González
Anayeli García Martínez / CIMAC

cimac@laneta.apc.org


* Hostiga el Ejército a la defensora de los derechos humanos * Documentó abusos de militares * Tiene medidas cautelares ordenadas por la CIDH
El hostigamiento contra la activista Emilia González Tercero refleja la ausencia de garantías de seguridad para que en México las y los defensores de los derechos humanos realicen sus actividades de manera libre y segura.

Emilia González Tercero es una defensora de los derechos humanos originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, región sitiada por el crimen organizado, la Policía Federal y el Ejército Mexicano.

Desde hace 22 años Emilia ha documentado abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, pero además ha cuestionado el fuero militar y la vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran las y los defensores de los derechos humanos.

El 17 de junio de 2009, fue hostigada por primera vez. Ese día un grupo de militares la interrogó frente a su domicilio con el argumento de que estaban buscando “explosivos, armas o cohetes” e intentaron ingresar a su casa sin orden judicial.

En esa ocasión, un militar les dijo a ella y a un vecino (que se acercó): “Usted no sabe, señor, la cantidad de armas que hemos encontrado en las casas donde hay señoras de edad” y reiteró que si no los dejaba revisar su casa, “después irían federales y la destrozarían”.

Nuevamente, el 27 de julio pasado, 10 militares uniformados y armados se presentaron en su domicilio y le dijeron en forma burlona: “qué escondidita está tu casa”. La citaron al Campo Militar 5-C para rendir una declaración ante una agencia investigadora militar.

Sin saber el motivo de la cita, Emilia acudió el 16 de agosto con la condición de que no fuera en un cuartel militar. Logró que la declaración se tomara en las instalaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Acompañada por la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro y otras 30 personas, entre activistas, familiares de victimas de feminicidio, trata de personas y desaparición forzada, rindió su declaración. Las personas que la acompañaban tuvieron que permanecer en la calle porque así lo decidió el mayor, José Alberto Nájera Díaz.

Fue entonces cuando Emilia “ratificó” una denuncia que hizo a través de una nota periodística publicada el 19 de julio de 2009, en la agencia informativa Cimacnoticias.

De acuerdo con Luz Estela Castro éste es un hecho inédito porque el Ejército tomó como único elemento una nota para abrir una averiguación previa. Después de que se percataron de lo que sucedía a Emilia, quien tenía calidad de testigo, decidió ser querellante. No sin antes hacer algunas aclaraciones sobre su trabajo como defensora de los derechos humanos en la sierra tarahumara y su interlocución con el Ejército.

Asimismo, narró las irregularidades que se presentaron, las que calificó de intimidación, cuando se le notificó su comparecencia. Emilia destaca que los elementos castrenses le dijeron: “Si tiene miedo no entre señora. Están moleste y moleste los derechos humanistas y a la hora que se les llama les da miedo”.

La diligencia que duró cerca de tres horas, terminó por preocupar a las organizaciones sociales, pues –dijeron– se trató de una “intimidación” y porque información del Cedehm muestra que la entidad vive atemorizada por los constantes hechos violentos.

Uno de ellos y que alcanzó gran notoriedad fue el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar el 3 de enero pasado. Ella trabajaba contra la represión y por la aparición de su hijo Miguel Ángel, desaparecido presuntamente por un “levantón” del Ejército.

Esta vulnerabilidad, afirma Emilia, no ha terminado, sólo hay que recordar que el pasado 18 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida del hermano de Josefina, Rubén Reyes Salazar.

Estos casos no son los únicos. Cipriana Jurado Herrera, integrante del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera de Ciudad Juárez también ha recibido hostigamiento y amenazas por parte de los integrantes de las fuerzas armadas.

La también extrabajadora de la maquila, en abril de 2008 fue detenida por una denuncia supuestamente realizada desde 2005 por parte de Caminos y Puentes Federales por participar en protestas contra el feminicidio y los cazamigrantes.

En este contexto, organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas han documentado el tema concluyendo que es fundamental reconocer el trabajo de las y los defensores. Esto debido a que su papel en la sociedad es fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho, por ello estas instancias consideran que el Estado debe garantizar que tengan condiciones para realizar su trabajo en libertad y con seguridad.

Por su parte Emilia reafirma que seguirá con su trabajo. Actualmente, junto con el Cedhem y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, representa legalmente a los primos hermanos Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado. Los tres son víctimas de desaparición forzada a manos del Ejército, desde el 29 de diciembre de 2009 se desconoce su paradero, y ante la falta de una efectiva investigación en México, este caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que emitió medidas cautelares a favor de Emilia en marzo pasado.

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